Mientras esperaba mi vuelo a Brasil en el aeropuerto de Miami la semana pasada, leí un artículo de los diarios brasileños de esa mañana denunciando que el ministro de Turismo estaba usando indebidamente a un empleado gubernamental como chofer privado de su esposa. Para el momento en que llegué a Brasilia, 7 horas más tarde, el ministro ya había sido despedido.
Qué diferencia con lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos, y con lo que estaba ocurriendo en Brasil hasta hace poco.
Era la quinta vez que la presidenta Dilma Rousseff despedía a un ministro desde que asumió su cargo en enero. Casi todos ellos renunciaron bajo presión tras investigaciones periodísticas de supuestos delitos de corrupción.
En Ecuador, en cambio, el presidente Rafael Correa arremetió contra los medios independientes después de que estos informaron que su hermano Fabricio Correa había firmado contratos con su gobierno por más de $300 millones. Incluso luego de que su hermano confirmara la existencia de esos contratos, el presidente convocó a un referéndum nacional para controlar a los medios, acusándolos de “secuestrar” a la opinión pública con métodos “criminales”.
En Argentina, la noticia del día es la malversación de una parte de los $160 millones que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó al auto-denominado grupo de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo para un plan de construcción de viviendas, pero el gobierno parece más empeñado en culpar a los medios que informaron sobre el hecho que en indagar si sus funcionarios cometieron algún delito.
En Venezuela, la cada vez más amordazada prensa independiente ha revelado que el gobierno del presidente de Hugo Chávez ha desviado miles de millones de dólares —parte de los cuales terminaron en cuentas privadas en el exterior, mientras que cantidades más pequeñas fueron encontradas en maletas llenas de efectivo en aeropuertos extranjeros— pero la reacción del presidente ha sido culpar a los medios no oficialistas de ser “agentes de la CIA”.
Pero eso es mejor que lo que está ocurriendo en varios países vecinos, en que los presidentes hacen la vista gorda, y ayudan a crear una cultura del vale-todo. En vez de acusar a los medios, esos presidentes deberían seguir el ejemplo de Rousseff, y despedir a sus funcionarios que no merezcan la confianza de la sociedad.
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