Políticos opositando: ahí los quiero ver

por Arturo Pérez-Reverte.


Lo sugería el ex embajador Paco Vázquez hace unos días, de guasa. Aunque tiene razón: debería ser obligatorio. Como a registrador de la propiedad, pero con temario más amplio. Y quien no llegue, a tomar por saco. Búscate la vida, chaval. O chavala. Recogiendo melones, fregando suelos o podando setos, como la gente que no tiene más remedio; y que, sin embargo, a menudo está mejor preparada. Ignoro si de ese modo iba a resolverse algo, pero introduciría algo de justicia en el putiferio. Sentido común dentro del esperpento nacional. Porque oigan: en España deben hacerse oposiciones para médico de la Seguridad Social, arquitecto municipal, inspector de Hacienda, abogado del Estado, fiscal, juez, o cualquier puesto público. Hasta un profesor de instituto o catedrático de universidad deben hacerlas. Quien pretenda currar en los sectores de la sociedad dedicados a la función pública, debe enfrentarse a unas oposiciones que a veces son de una dureza terrible, en situaciones de extrema competencia y con años de estudio, preparándose. Y sin embargo, el aspecto más decisivo en nuestras vidas, la actividad política que determina el presente y condiciona el futuro, puede caer en manos de cualquiera. A veces, quizás, de individuos excepcionalmente preparados; pero también, y eso ya resulta menos excepcional, de cualquier analfabestia incompetente, varón o hembra, incapaz de articular sujeto, verbo y predicado, cuyo único mérito, o aval, es compartir ideología o intereses -a menudo una y otros van íntimamente relacionados- con un partido político concreto.
Porque echen cuentas, señoras y caballeros. Si no todos los médicos que salen de la facultad superan las pruebas de residente, ni todos los abogados las de juez, por ejemplo; si para conducir un coche hace falta superar un examen teórico, otro práctico y tests psicotécnicos; si tenemos la constancia experimental de que no todos valemos para todo, ni siquiera cuando se trata de gente preparada y con estudios, calculen, entonces, el control de calidad, las Iteuves posteriores y la psicotecnia que pasaría buena parte de las decenas de miles de políticos españoles en activo o en pasivo, algunos de los cuales -conozco a un concejal de cultura en esa situación exacta- no tienen ni acabado el bachillerato. Consideren los que habrían llegado ahí, donde están, medran y trincan, de exigírseles estudios, preparación, controles éticos y formación adecuada. De aplicárseles de un modo práctico, objetivo, antes de ocupar puestos de tanta importancia, tan bien pagados y con tantos privilegios, la idea de los antiguos filósofos griegos de que toda comunidad pública debe ser gobernada por los mejores. Y de establecerse si lo son. O si no lo son.
Eso, naturalmente, incluye a algunos de nuestros sindicalistas, ornatos del telediario. Cuando oigo expresarse a los más conspicuos, o los veo pasear la pancarta queriendo ponerse al frente de ciudadanos honrados que no sé cómo los toleran, con sus antecedentes, pienso que todo aspirante a líder sindical debería probar antes su conocimiento histórico de la lucha de clases y su capacidad oratoria para convencer al trabajador de que es necesario dedicar parte del sueldo -y no de subvenciones estatales embolsadas por la cara- a mantener una institución sindical imprescindible para la sociedad, cuyo único fin es defenderlo de las agresiones de empresarios y políticos. Y si, por reparto de pastel, ese mismo sindicalista puede acabar en el consejo de administración de una caja de ahorros -que tiene pelotas la cosa-, tampoco estaría de más que se le examinara antes de las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Como mínimo.
Así que, oigan. Puestos a suponer gente pública idónea, España decente, mundos felices donde comer perdices, permítanme imaginar una actividad política regida por el sentido común. O sea: militantes de partidos colaborando, faltaría más, en cuanto haga falta. Según su ideología, interés y conciencia; allá cada cual. Sin embargo, cualquiera que aspirase a figurar en una lista elegible por los ciudadanos, tendría que hacer antes unas oposiciones en las que se le examinase de cultura general como trámite previo. Y luego, según las especializaciones a las que aspirase -ministro de Trabajo, presidente de Gobierno y tonterías así-, de economía, derecho, política internacional, historia de España y ética, por ejemplo; aunque temo que aprobar ética muchos lo tendrían peliagudo. Y por supuesto, idiomas: inglés, un poco de francés, alemán. A no pocos de ahora -muchos impresentables de ambos sexos lo demuestran en cuanto abren la boca en el Parlamento- ni siquiera se les exige hablar bien el castellano.

Sin papeles comparados


(Extractos)
«En España, desde la aprobación de la Ley de Extranjería del año 2000, los inmigrantes irregulares han tenido acceso a todo tipo de atención sanitaria en las mismas condiciones que los regulares o que los nacionales, con la única condición de su empadronamiento previo, pero en abril de este año el Ministerio de Sanidad anunció una modificación de las normas para restringir ese acceso.»
Alemania
«A los inmigrantes irregulares se les aplica la misma norma que a los peticionarios de asilo con menos de 48 meses de estancia en el país: sólo tienen acceso gratuito a la sanidad en caso de urgencia, maternidad o SIDA. El inmigrante debe acudir en primer lugar a los servicios sociales. Pero estos servicios, como todos los empleados públicos, salvo los médicos, tienen la obligación de denunciar la presencia de un inmigrante irregular. 
La alternativa para el inmigrante es acudir directamente a las urgencias hospitalarias o bien a alguna de las ONG e iniciativas religiosas que ofrecen atención sanitaria gratuita.
Aunque los médicos no están incluidos en la obligación de denunciar a los inmigrantes irregulares, lo hacen indirectamente al solicitar al seguro público que les reembolse el importe de la atención prestada.
Para obtener asistencia médica diferente a la de emergencia, el inmigrante irregular debe conseguir un documento (Duldung) que frena provisionalmente su expulsión y que se concede sólo en casos especiales (por ejemplo, cuando el inmigrante sufre una enfermedad que le impide viajar o cuando la embajada de su país de origen no ofrece los documentos necesarios).»
Francia
«Los inmigrantes irregulares que lleven más de tres meses en el país y se encuentren por debajo de cierto nivel de ingresos (598 euros mensuales por persona en 2007) pueden acceder a todos los servicios médicos públicos de forma gratuita. Francia ha creado un sistema administrativo específico para atender a este grupo: Aide Médicale de l'Etat –AME–. Los irregulares con menos tiempo de estancia sólo pueden acceder a los servicios de urgencias y a los análisis y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, SIDA o tuberculosis. Los niños tienen derecho a la atención sanitaria completa desde el primer momento.
Aunque aparentemente el sistema es muy abierto, según la organización Médicos del Mundo solo el 11% de los que tienen derecho al AME lo consiguen, bien porque no lo piden, bien porque las prácticas administrativas son crecientemente restrictivas. La atención a los irregulares se gestiona a través de las PASS hospitalarias (Permanences d'Accèes aux Soins de Santé), pero hay una gran diferencia entre los hospitales respecto a la existencia y funciones de este servicio.»
Italia
«Desde 1998 los inmigrantes irregulares tienen acceso a varios tipos de cuidados médicos públicos, de forma gratuita o pagando una pequeña tasa: atención urgente y "esencial", cuidados preventivos y cuidados relacionados con la salud pública (vacunas, enfermedades infecciosas, pediatría y maternidad).
Para acceder a esto servicios el inmigrante debe obtener el código STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), que no permite "trazar" sus datos y que debe renovarse cada seis meses, en un hospital o en la administración sanitaria. Los gastos médicos relacionados con esta atención a los inmigrantes irregulares corren a cargo del Ministerio de Interior, excepto en el caso del cuidado y prevención de enfermedades infecciosas, que se cargan al Fondo Sanitario Nacional. El inmigrante debe pagar una tasa, que también pagan los ciudadanos italianos, por atención médica de especialistas.
La poca claridad en la definición del término "cuidados médicos esenciales" da lugar a situaciones confusas en que la administración sanitaria intenta cobrar al inmigrante la atención prestada. Por otra parte, muchos inmigrantes irregulares no se acercan a los servicios sanitarios por miedo a ser deportados, como ocurre con los inmigrantes chinos, que utilizan habitualmente su propia red médica. Es muy importante la aportación de las ONG, como Caritas en Roma y NAGA en Milán, con sus propios servicios médicos para inmigrantes irregulares y con servicios de medicina no primaria a los que los inmigrantes irregulares no pueden acceder.»
Países Bajos
«En el año 1998 los Países Bajos modificaron sus normas para evitar que los inmigrantes irregulares tuvieran acceso libre a la sanidad pública, con el objetivo de reducir esta forma de inmigración. A partir de entonces, los irregulares sólo tienen acceso a la sanidad en condiciones de "necesidad" médica o de enfermedades contagiosas que puedan amenazar la salud pública.
La aplicación de la nueva norma se encontró con la resistencia de los médicos, que hasta ese momento no habían tenido que preocuparse por el estatus legal de sus pacientes y, en su mayoría, aplicaron y siguen aplicando una interpretación amplia del concepto de "necesidad" que, en la práctica, permite a los inmigrantes irregulares el acceso a casi todos los servicios médicos con la excepción de la salud mental o de los tratamientos de rehabilitación.»
Suecia
«Los inmigrantes irregulares no tienen ningún acceso gratuito al sistema público de salud y en caso de usarlo tienen que pagar su coste. Todos los residentes legales en Suecia tienen un número de identidad sin el cual múltiples servicios públicos son inaccesibles, como los servicios médicos. En consecuencia, los inmigrantes irregulares acuden a los hospitales sólo en situaciones de extrema urgencia y en esos casos se les presenta una factura.
Además, los extranjeros, ya sean turistas o inmigrantes irregulares, pagan costes mucho más altos que los nacionales por el uso de los servicios médicos. Así, acudir a un médico de medicina general cuesta 15 euros para un sueco y 10 veces más –es decir, 150 euros– para un extranjero turista o inmigrante irregular. Dar a luz en el hospital es gratuito para la mujer sueca pero le cuesta 2.200 euros a la inmigrante irregular. En ocasiones el hospital niega el servicio a estas personas, consciente de que difícilmente va a cobrar su coste. La falta de atención queda sólo parcialmente paliada por la existencia en las grandes ciudades de servicios médicos ofrecidos por ONG.
Esta situación va a cambiar próximamente tras el acuerdo alcanzado en junio de este año entre el gobierno sueco y el Partido Verde, que ofrece a los inmigrantes irregulares el mismo tratamiento que a los peticionarios de asilo: atención gratuita en casos de urgencia para los adultos y atención completa para los niños y adolescentes hasta los 18 años de edad.»
Austria
«Tampoco en Austria tienen los inmigrantes irregulares acceso a la sanidad pública. Sin embargo, ya que la legislación sobre sanidad obliga a todos los hospitales a atender a cualquier persona cuya vida esté en peligro, estos inmigrantes son atendidos en caso de urgencia. A cambio, el inmigrante recibirá una factura que el hospital espera que pague y que, si el inmigrante algún día consigue regularizarse, se le presentará de nuevo como deuda exigible. Los inmigrantes irregulares tampoco tienen acceso a tratamientos contra enfermedades contagiosas, como el SIDA.
Como en otros países, varias ONG ofrecen asistencia médica gratuita, especialmente Caritas, Cruz Roja, AMBER-MED y Omega.»
Portugal
«Al igual que en Francia, los inmigrantes irregulares no tienen acceso a los servicios de salud hasta que no han pasado tres meses desde su llegada, aunque esta norma no se aplica a los niños, que tienen los mismos derechos que los nacionales. El inmigrante irregular tiene que demostrar ante su ayuntamiento que ha residido en él al menos durante tres meses para obtener un certificado de residencia, de muy corta duración (inscrição esporádica) y que debe renovarse con frecuencia. Conseguir este certificado no siempre es fácil, especialmente para los inmigrantes sin hogar. Los que no pueden presentar este certificado tienen sólo acceso a la asistencia de urgencias, bajo el supuesto de que pagarán por el coste del servicio médico. Sin embargo, los servicios de urgencia no pueden rechazar a nadie en función de su nivel de ingresos.
Como en otros países, las ONG católicas complementan la atención sanitaria pública a los inmigrantes irregulares.»
Reino Unido
«En este país el marco que regula la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares es confuso, aunque en principio se les aplica la misma norma que a los peticionarios de asilo con menos de 12 meses de estancia en el país: es decir, tienen derecho a la atención de urgencia, pero no a la "secundaria" (médicos especialistas). En cuanto a la atención médica primaria, un nuevo paciente debe ser aceptado por el médico, que puede rechazarlo por la razón que sea, sin necesidad de justificarlo. Aunque ninguna norma impide a los médicos generales tratar a los inmigrantes indocumentados, los servicios administrativos suelen rechazar esa atención. Los inmigrantes, al margen de su estatus legal, pueden acceder a los análisis y tratamientos de enfermedades infecciosas y de transmisión sexual, a lo que se añade ahora el SIDA siempre que el enfermo haya residido en el país durante al menos seis meses.Desde el otoño de 2011 la Agencia Fronteriza del Reino Unido puede rechazar una solicitud de entrada o de permanencia de un inmigrante que tenga una deuda de más de 1.000 libras en el sistema hospitalario.»
Conclusiones: 
«Todos los Estados europeos, con la excepción hasta ahora de España, aplican normas limitativas al acceso a la sanidad pública para los inmigrantes irregulares. En algunos casos ese límite implica un cierre completo, como en Austria y Suecia, y en otros es sólo un límite temporal que permite al inmigrante el acceso tras un tiempo de estancia en el país (tres meses en Portugal y Francia y 12 en el Reino Unido). En cualquier caso, todos los Estados ofrecen atención hospitalaria a los inmigrantes irregulares en el caso de urgencia médica, aunque la definición de "urgencia" no siempre es coincidente entre los diferentes servicios médicos nacionales. Con frecuencia, la normativa general que regula los servicios médicos, que obliga a los hospitales a atender a cualquiera que acuda a ellos en un estado de peligro para su vida, entra en contradicción con la normativa diseñada para evitar la estancia de los inmigrantes irregulares. En algunos países, como el Reino Unido, Austria y Suecia, se espera del inmigrante irregular atendido en el hospital que pague su factura médica. Si no es capaz de hacerlo, este impago puede ser la causa de que en el futuro las autoridades de migración impidan su entrada al país o no le concedan un permiso de estancia.»

Víctimas, 9 de agosto: José Antonio Díaz Losada y Francisco Casanova Vicente

Libertad Digital.


A última hora de la noche del martes 9 de agosto de 1994, la banda terrorista ETA asesinaba frente a su domicilio en Bilbao al albañil JOSÉ ANTONIO DÍAZ LOSADA. Hacia las 23:30 horas, el joven regresaba a su casa junto a su mujer y su hija de catorce meses en una furgoneta de su propiedad. José Antonio dejó a su familia frente al portal, mientras él se fue a aparcar el vehículo. Cuando se dirigía de nuevo hacia el portal de su domicilio dos individuos se le acercaron por la espalda y, sin previo aviso, uno de ellos le disparó en la cabeza, mientras el segundo cubría la acción. El proyectil penetró por el pómulo izquierdo y quedó alojado en la cabeza de la víctima.
El cuerpo de José Antonio Díaz quedó tendido en el suelo, aún con vida, mientras los dos etarras escaparon a pie hasta un vehículo donde les esperaba un tercer terrorista. Un miembro de la Ertzaintza, que vivía cerca del domicilio de la víctima y que presenció parte de los hechos, persiguió sin éxito a los dos terroristas. Cuando llegó al lugar la ambulancia de la DYA, el joven aún mantenía las constantes vitales. Falleció durante su traslado al Hospital de Basurto.
La banda terrorista ETA justificó el asesinato acusándole de estar vinculado con el tráfico de drogas. Es cierto que la víctima tenía antecedentes penales por consumo y tráfico de droga a pequeña escala, atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y robo con violencia e intimidación, según indicaron fuentes policiales y del Gobierno Civil, y en 1993, José Antonio había cumplido un año de cárcel por estos motivos. Sin embargo, vecinos, familiares y amigos coincidieron en señalar que, tras su estancia en la cárcel, había cambiado, había encontrado un trabajo como albañil y vivía dedicado a su mujer y a su niña de poco más de un año.
Su madre, Manuela, comentó que su hijo llevaba una vida muy normal. "Venía siempre pronto a casa, para poder estar con su mujer y su hija", aseguró. Además, no le constaba que su hijo hubiera recibido amenazas de ETA. Todos los vecinos coincidieron en que el joven "se había formalizado y había centrado su vida en los últimos meses" (...) Vivía dedicado "a su familia y su trabajo" como albañil. Uno de sus cuñados dijo que José Antonio "merecía otra oportunidad. Él yahabía pagado todas sus culpas. Toda la familia se volcó para que pudiera desengancharse y desintoxicarse. También había cumplido una condena de un año en la prisión de Basauri. ¿Qué más podía hacer? ¿Quién tiene derecho a matarle, sea de ETA o de lo que sea?" (El Correo, 11/08/1994)
En su papel de justiciera contra el tráfico de drogas, presunto o real, de sus víctimas, la banda terrorista ETA contaba con la colaboración de varios grupos de personas que se encargaban de apuntar y señalar a las personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, según fuentes policiales. La arbitrariedad con la que actuaban esta suerte de chivatos de la peor calaña ha sido la causa de innumerables errores de la banda. Por otra parte, y en el supuesto de que efectivamente esas víctimas hubiesen sido traficantes de drogas o tuviesen relación con ese mundo como consumidores, ETA se ha atribuido en estos atentados, por la gracia de Dios, un papel que nadie le ha otorgado. Así se manifestó el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en su condena del "brutal y absurdo" asesinato, en un comunicado en el que criticaban que una vez más la banda terrorista "haya asumido las funciones de juez y verdugo dictando y ejecutando penas de muerte contra personas supuestamente relacionadas con el mundo de la droga", y aseguraban que "el peor ‘caballo’ (heroína) que tiene la sociedad vasca es ETA, porque por donde pasa sólo deja sangre y dolor". En el mismo sentido se manifestó la plataforma Gesto por la Paz, que señaló que la banda terrorista "arrebata la vida a quien se le antoja". El portavoz del Partido Popular en el País Vasco,Gregorio Ordóñez, manifestó que el asesinato "deja una familia destrozada y, por eso, los únicos que no pueden hacer de jueces, sino de reos, son los asesinos de ETA".
José Antonio Díaz Losada, de 29 años de edad, era natural de Bilbao. Estabacasado y tenía una hija de catorce meses. A su funeral en la parroquia bilbaína de Nuestra Señora del Rosario celebrado el 11 de agosto, sin presencia de autoridades, acudieron cientos de personas, y muchas de ellas tuvieron que seguir la ceremonia desde el exterior.
Un día después del asesinato del empresario José María Korta Uranga, la banda terrorista ETA asesinaba en Berriozar (Navarra) al subteniente de Infantería del Ejército de TierraFRANCISCO CASANOVA VICENTE. La víctima recibió varios tiros en la nuca a las tres y cuarto de la tarde del miércoles 9 de agosto de 2000 mientras aparcaba su coche en el garaje de su domicilio ubicado en una zona residencial de la localidad navarra. El asesino se introdujo en el garaje tras el automóvil del militar, mientras un segundo terrorista esperaba en la puerta, y le disparó varias veces.
El subteniente Casanova regresaba del acuartelamiento de Aizoain y, tras abrir la puerta del garaje, había enfilado la cuesta de acceso al mismo. Detrás del vehículo entraron en el garaje dos terroristas. Uno de ellos se quedó en la puerta vigilando y el segundo se situó junto a la ventanilla delantera izquierda, sacó una pistola y disparó varios tiros que alcanzaron al subteniente en la nuca. A continuación, salieron a pie del garaje y, en la misma moto en la que habían llegado, emprendieron la huida. La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado sólo dos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. La esposa del fallecido, Rosalía, y uno de sus hijos, de 11 años, fueron las primeras personas que se acercaron hasta el cuerpo del subteniente, que falleció en el acto. Un vecino que también había salido de su casa al escuchar los disparos contó que vio a la mujer abrazada al cuerpo de su esposo llorando y gritando mientras el pequeño le decía que a su padre "le faltaba un ojo".
Nada más producirse el atentado, la Guardia Civil acordonó la zona mientras realizaba la inspección ocular y la toma de declaraciones a los testigos del asesinato. Además, se instalaron numerosos controles de tráfico en las salidas de Pamplona, controles que también se colocaron en carreteras cercanas a Guipúzcoa. A las seis de la tarde, el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver que fue trasladado, entre aplausos de los concentrados en la calle Askatasuna, al Instituto Anatómico Forense para realizarle la autopsia.
Este fue el primer atentado que ETA realizaba en Navarra desde que finalizara la tregua de 1998. El anterior, perpetrado el 6 de mayo de 1998, acabó con la vida del concejal de UPN en Pamplona Tomás Caballero.
El Ayuntamiento de Berriozar, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo Euskal Herritarrok, formación a la que pertenecía el alcalde, José Manuel Goldaracena, presentó en un pleno extraordinario un texto en el que se condenaba de forma "rotunda y enérgica" el asesinato del subteniente Casanova. José Manuel Goldaracena presentó un comunicado alternativo que contó sólo con el apoyo de los cinco concejales de su partido. Semanas después, los cuatro concejales del Partido Socialista (PSOE), los dos de Izquierda Unida (IU) y los dos de Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) presentaron una moción de censura contra Goldaracena, permitiendo que el socialista Benito Ríos se convirtiera en el nuevo alcalde de Berriozar.
En 2004, la Audiencia Nacional condenó a Alberto Viedma Morillas y Mikel Javier Ayensa Laborda, miembros del grupo Ekaitza de ETA, a 30 años de prisión mayor por un delito de homicidio terrorista con el agravante de alevosía, porque actuaron por la espalda y sin posibilidad de defensa, "con una frialdad que repugna a todo ser humano".
Ayensa Laborda fue el que se introdujo en el garaje y realizó los disparos, mientras Viedma Morillas le daba cobertura. Ambos etarras admitieron en dependencias policiales su participación en el atentado, aunque en el juicio se negaron a declarar. Ayensa reconoció, tras ser detenido por la Guardia Civil en Navarra en febrero de 2002, que intentaron acabar con la vida del militar en siete ocasiones durante los Sanfermines de ese año, pero que no pudieron hacerlo debido a que el militar debía de estar de vacaciones. En agosto, añadió, fueron otro día, pero tampoco apareció Casanova por su domicilio. El día 9, sin embargo, lograron su objetivo. Las declaraciones autoinculpatorias de los dos asesinos se produjeron con asistencia de letrado, con todos los derechos que la ley concede y sin objeción alguna, según precisaron los jueces en la sentencia condenatoria. La misma recoge que los dos procesados decidieron "de común acuerdo terminar con la vida" de Casanova. Para ello efectuaron diversas vigilancias del militar y comprobaron sus horarios de salida del cuartel de Aizoain, desde donde se trasladaba directamente hasta su domicilio, ubicado en la urbanización Zortziko de Berriozar, en la calle Askatasuna. De esta forma, alcanzaron la convicción de que "el lugar más idóneo para ejecutar la acción criminal" era el garaje de su vivienda.
Francisco Casanova Vicente, de 46 años, había nacido en la localidad riojana de Igea y desde su niñez vivió en Castejón (Navarra), pueblo del que eran naturales sus padres. El fallecido estaba casado con Rosalía Sáinz-Aja, y teníados hijos, Javier, de 11 años, y Laura, de 7. La familia residía desde diez años antes en Berriozar, localidad cercana a Pamplona. Casanova Vicente pertenecía a la escala básica de suboficiales de Infantería y estaba destinado en el acuartelamiento de Aizoain, donde realizaba tareas administrativas. Este cuartel se encuentra a unos pocos kilómetros de Berriozar y es base del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. Sus restos mortales fueron inhumados al día siguiente en el cementerio de Castejón, donde aún vivían sus padres. Previamente se había celebrado el funeral en la Iglesia de San Francisco Javier de la localidad con la asistencia de centenares de personas, entre familiares, militares, políticos y vecinos. La víctima pertenecía al grupo de jotas Ecos de Navarra de Berriozar, y en los días previos a su asesinato había estado ensayando para las fiestas municipales. Desde 2001 se celebra en Berriozar el Encuentro de Jotas Francisco Casanova en memoria del subteniente asesinado. Además, y desde 2003, la escuela de música de Berriozar lleva el nombre del militar asesinado.
Tras el asesinato de Francisco Casanova, Paco para sus vecinos, se constituyó en Berriozar el colectivo Vecinos de Paz, que tiene como objetivo denunciar y combatir el terrorismo etarra. En su carta de presentación dicen: "Somos personas con diferentes ideas políticas e inquietudes, como cualquier vecino de cualquier pueblo o ciudad, pero algo en común nos une: el posicionamiento en contra del terrorismo y de toda ideología que lo ensalce, disculpe o justifique; nos une la defensa de la vida y la libertad, y el apoyo a las víctimas". Gracias a Vecinos de Paz, y a las aportaciones privadas procedentes de toda España, se construyó en el pueblo un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo, que ha sido atacado en varias ocasiones. Además, el colectivo realizó el documental Berriozar: Puerta de la Libertad, que recoge las experiencias vividas tras el asesinato de Francisco Casanova y los esfuerzos para erigir el monumento a las víctimas. Entre otras cosas, se cuenta cómo las piedras con las que se levantó el monumento tuvieron que ser transportadas por un camionero de Cantabria porque el miedo a las represaliashizo que ningún transportista de la zona quisiera hacerlo. "Desde esa amarga y calurosa tarde de agosto, dijimos que Paco no quedaría en el olvido. Es por eso que desde el 2000, cada 9 de agosto, los Vecinos de Paz de Berriozar, le homenajeamos con jotas y música, aficiones que a Paco entusiasmaban", puede leerse en la página web del colectivo.

Víctimas, 8 de agosto: Demetrio Lesmes Martín, Antonio Nieves Cañuelo y José María Korta Uranga

Libertad Digital.


Poco después de las 14:25 horas del 8 de agosto de 1975, tres miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en el barrio de La Florida de Hernani (Guipúzcoa) al guarda jurado DEMETRIO LESMES MARTÍN, que regresaba andando de su trabajo en Aceros y Fundiciones del Norte, de la empresa Orbegozo, S.A.
Cuando se encontraba a doscientos metros de su domicilio se le acercaron dos individuos que intercambiaron con Lesmes varias palabras. Uno de ellos sacó una pistola y le disparó tres tiros, provocando que Demetrio cayese al suelo gravemente herido. Cuando estaba ya en el suelo, el otro terrorista sacó una metralleta y lo remató efectuando veinte disparos. En el lugar del atentado se recogieron quince casquillos de bala. Varios compañeros de trabajo oyeron los disparos y acudieron en su ayuda. Al ver que aún respiraba, pararon un vehículo y lo trasladaron al ambulatorio de Hernani, pero al comprobar que se encontraba cerrado, tuvieron que llevarlo hasta la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, donde ingresó cadáver.
Los etarras huyeron en un Morris donde les esperaba un tercer terrorista. El coche utilizado para cometer el atentado había sido robado en San Sebastián y se encontró en el paseo de los Fueros de esa localidad.
Hacía poco más de un mes, el 15 de julio de 1975, Demetrio había sido objeto de un atentado similar del que milagrosamente había conseguido salir ileso. Aquella vez, Lesmes Martín se dirigía en coche a la fábrica para incorporarse al turno de las diez de la noche, y los etarras le esperaban en una rotonda. Al verle pasar, lo siguieron y, cuando se encontraba ante la puerta de la fábrica, los terroristas abrieron fuego con una pistola y una metralleta desde las ventanillas del vehículo. Demetrio se tiró al suelo y salvó así la vida. Los que le dispararon ese día fueron los mismos que lo hicieron el 8 de agosto.
Demetrio Lesmes había comentado en repetidas ocasiones con sus compañeros que temía por su vida: "pronto vendrán a por mí", les había dicho cuando se producía algún asesinato de la banda. Cuando asesinaron al conductor de autobuses Carlos Arguimberri y al taxista Francisco Expósito, Demetrio dijo "esos se van acercando". La víctima había recibido varias amenazas anónimas que había denunciado ante la Guardia Civil.
Demetrio Lesmes Martín, de 55 años, era natural de Sotoserrano (Salamanca). Estaba casado y tenía tres hijas de 25, 20 y 18 años. Desde 1946 trabajaba en la empresa Orbegozo S.A. El funeral por su alma se celebró el 9 de agosto en la parroquia de San José Obrero de Hernani, con la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina, del presidente de la Diputación, Juan María Araluce Villar, que sería también asesinado por ETA el 4 de octubre de 1976, y de Marcelino Oreja, consejero nacional del Movimiento y procurador por Guipúzcoa.
El miércoles 8 de agosto de 1979, a las doce y cuarto del mediodía, la banda terrorista ETA ametrallaba un Land Rover de la Guardia Civil que circulaba por una carretera de uso interior del aeropuerto vizcaíno de Sondica, provocando la muerte del agente ANTONIO NIEVES CAÑUELO y graves heridas a otros dos guardias civiles, Juan Cortijo Durán y Benito Rodríguez Lara.
El Land Rover de la Guardia Civil estaba realizando el servicio cotidiano de vigilancia del aeropuerto. Antonio Nieves conducía el vehículo oficial de la Guardia Civil, y habían llegado al final de la pista de aterrizaje, a unos quinientos metros de la torre de control del aeropuerto, en un terreno correspondiente al municipio de Lujua (Vizcaya). A unos cincuenta metros, ocultos detrás de una tapia del cementerio británico, les esperaban dos terroristas con fusiles de asalto. Previamente, los terroristas -cuatro en total- habían secuestrado al encargado del cementerio, a su mujer y a una hija del matrimonio y les retuvieron en el interior de una capilla. Después llegaron otras tres personas -una monja y dos jóvenes- que también fueron retenidas.
Mientras dos terroristas vigilaban a los rehenes, otros dos se apostaron detrás de la tapia del cementerio esperando el paso de la patrulla. Cuando los tuvieron a unos cincuenta metros, comenzó el ametrallamiento del vehículo. Antonio fue alcanzado por los disparos, y el vehículo empezó a dar bandazos y una vuelta de campana, cayendo totalmente destrozado por un terraplén en el límite de la pista. El coche quedó situado boca abajo, y el techo del Land Rover quedó hundido sobre la parte que ocupaba Antonio.
Tras el atentado, los terroristas huyeron con el coche particular del guarda, un Seat 1430. En el lugar de los hechos se recogieron más de cincuenta casquillos de la marca Geco.
Las primeras personas que llegaron al lugar del atentado fueron el propio personal del aeropuerto, que trasladaron urgentemente a los tres guardias civiles al Hospital Civil de Basurto, pero Antonio ingreso cadáver. Sus compañeros Juan Cortijo Durán, natural de Navazuelas (Cáceres) y de 30 años de edad, y Benito Rodríguez Suárez, natural de Vega de Tera (Zamora) de 23 años de edad, consiguieron salvar la vida.
Antonio Nieves Cañuelo, de 23 años, era natural de Marmolejo (Jaén). Estabacasado y tenía dos hijos. La capilla ardiente se instaló en el cuartel de La Salve de Bilbao, donde al día siguiente se celebró el funeral por su alma. Tras finalizar éste, el féretro fue sacado a hombros por sus compañeros y sus restos mortales fueron trasladados en un furgón a su pueblo natal, donde fueron inhumados.
El martes 8 de agosto de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en Zumaya (Guipúzcoa) mediante la explosión de un coche-bomba aparcado junto a su vehículo al presidente de la patronal guipuzcoana (Adegi) JOSÉ MARÍA KORTA URANGA.
La víspera, cuatro miembros de la banda terrorista ETA habían muerto en Bilbao al estallar el explosivo que transportaban en un vehículo cuando se dirigían a cometer un atentado. Se trataba de Francisco Rementería, Ekain Ruiz Ibarguren, Zigor Aranbarri Garamendi y Urko Gerrikagoitia Aguirre. Según un comunicado de ETA, con su habitual lenguaje acartonado, "fue un accidente de combate que ocurrió cuando nuestros cuatro compañeros de lucha iban a realizar una acción" (Gara, 01/09/2000).
Como queriendo demostrar que la capacidad de la banda asesina seguía intacta, trece horas después ETA utilizó el mismo sistema, el coche-bomba, para asesinar a José María Korta. Eligieron, además, un objetivo que personificaba a toda la clase empresarial vasca, contra la que llevaba atentando los últimos meses. José María era un empresario considerado afín al Partido Nacionalista Vasco que se había manifestado siempre contra la violencia y se había negado a pagar el impuesto revolucionario y a que lo hiciesen los demás empresarios vascos. Hacía sólo tres semanas que José María había enviado una circular a las empresas asociadas a Adegi instándolas a que no cedieran a la extorsión. "Me da lo mismo que atenten contra mi vida profesional o personal (...) Tengo la intención de continuar al frente de nuestras empresas, invirtiendo aquí y generando nuevos proyectos que garanticen el futuro", había declarado.
Ese 8 de agosto Korta Uranga salió de la empresa y, cuando se disponía a montarse en el automóvil, un etarra activó a distancia el artefacto explosivo alojado en un turismo aparcado junto al suyo. Los terroristas estaban apostados en algún lugar con suficiente visibilidad, posiblemente en la carretera ubicada al otro lado del río Urola. En el momento en que observaron que José María salía de la nave y se acercaba a su coche, accionaron el explosivo por medio de un mando a distancia. La deflagración fue tan potente que el coche bomba quedó partido en dos mitades, una de las cuales cayó hacia el río Urola. Además, la onda expansiva provocó algunos daños en la fachada de la factoría.
El vehículo del presidente de la patronal guipuzcoana estaba aparcado en batería, mirando hacia el cauce del río. Junto a él se encontraba estacionado el coche-bomba, un Fiat Tipo de color blanco, con matrícula de San Sebastián, que había sido robado cinco días antes, el 3 de agosto, en Legazpia. La víctima tenía la costumbre de estacionar su coche todos los días en el mismo lugar, justo enfrente de la entrada principal de la nave.
El empresario, gravemente herido y en situación de parada cardiorrespiratoria, fue socorrido por trabajadores de Mecanizados Korta y de otra empresa del sector situada en el mismo polígono industrial. Una de las primeras personas en acudir tras la explosión fue Javier Korta, hermano de la víctima. Posteriormente, facultativos de DYA trataron de reanimarlo, pero murió cuarenta minutos después de la explosión. El cuerpo del presidente de Adegi quedó tendido en el suelo a unos diez metros del vehículo, cubierto con una sábana blanca, hasta pasadas las cuatro de la tarde, cuando el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver.
En la empresa Korta S.A., dedicada a la fabricación de piezas de alta precisión (engranajes, rodamientos y otros elementos) trabajaban cinco hermanos del fallecido, además de dos de sus hijos y varios sobrinos. Aproximadamente la mitad de la plantilla, formada por sesenta personas, se encontraba trabajando en el momento del atentado. Los restos mortales de José María fueron llevados al Instituto Anatómico Forense de Polloe. Tras practicarle la autopsia, fue trasladado al Ayuntamiento de Zumaya, donde quedó instalada la capilla ardiente hasta la celebración del funeral al día siguiente.
Apenas un mes después de su asesinato, el 10 de septiembre de 2000, la banda terrorista ETAcontinuó el acoso a la familia Korta, destruyendo con una bomba la discoteca Txitxarro en Deva, propiedad de un hermano del empresario asesinado, Narciso Korta, que había formado parte activa de las protestas contra Euskal Herritarrok y contra ETA tras el asesinato de José María. También continuó la campaña de extorsión a otros empresarios vascos, como Mikel Alberdi Mondragón, empresario guipuzcoano afiliado al Partido Nacionalista Vasco, cuyas oficinas en Legutiano sufrieron graves daños por la explosión de otra bomba colocada por ETA.
En 2003 la Audiencia Nacional condenó a 25 años de prisión mayor a Ibon Etxezarreta Etxaniz, y a 27 años de prisión mayor a Patxi Xavier Makazaga, por el asesinato de Korta Uranga.
José María Korta Uranga, de 57 años, era natural de Cestona (Guipúzcoa), donde fue enterrado. Estaba casado con Marian Zearreta y tenía tres hijos. Era un gran aficionado al esquí y el ciclismo, y simpatizante del Partido Nacionalista Vasco, aunque no estaba afiliado a ningún partido político. Realizó estudios en el seminario de San Sebastián y había pasado temporadas en Suiza aprendiendo francés. En 1971 se incorporó a la empresa familiar Korta S.A., dedicada a la fabricación de piezas mecánicas de alta precisión. En 1994 fue nombrado presidente de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (Adegi), cargo que ocupó hasta su asesinato.

Ed Copley

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