LA HABANA, Cuba, mayo, www.cubanet.org -Cualquiera diría que en Cuba la política pretende ir hoy por un lado, mientras que las fuerzas represivas del ministerio del interior van por el lado opuesto. Claro que el tal distanciamiento es aparente, otro de esos decorados que suelen montarse aquí para los tontos útiles del exterior. Pero también es un síntoma. Indica que el régimen se acerca a un nuevo punto sin retorno en su proceso de decadencia. Y todavía más, sugiere que lo está haciendo a partir de la plena conciencia.
Nunca como ahora recibieron nuestros caciques tantos elogios juntos, y en tan poco tiempo, por parte de distintas representaciones de la ONU. Nunca antes fue tan notable su preocupación por entonar (o aparentar que entonan) con los programas y las proyecciones políticas de otros gobiernos del continente, elegidos democráticamente, y con su discurso de fatuo pero aún eficaz progresismo.
El apuro por sacarse de la manga un remedo de sociedad civil organizada, junto a la gran ofensiva mediática que hoy despliegan intelectuales y artistas cubanos en línea con el poder, así como distintas instituciones religiosas (entre otras) afines a sus planes, delatan el propósito de legitimar nuestra dictadura como un sistema compatible con las prácticas de la política a nivel internacional.
Sin embargo, al mismo tiempo, ha estado aumentando la represión de la Seguridad del Estado en las calles cubanas. Los índices de arrestos a disidentes, mes por mes, y la violencia sistemática e institucionalizada ante las manifestaciones de descontento, son hechos que hablan por sí solos. Incluso, se han ensayado nuevos métodos restrictivos, como la desconexión de los teléfonos y de otros medios de comunicación con el exterior, a los opositores, blogueros y periodistas independientes, cada vez que se arrima a nuestras costas un visitante de rango, o cuando ocurre aquí algún acontecimiento de repercusión noticiosa.
Es como si existiera una especie de acuerdo tácito para que el funcionariado ideológico se concentre en la tarea de lavarle la cara al régimen, a fin de que luzca presentable ante la opinión internacional, mientras que las fuerzas brutas se ocupan de apuntalar el éxito de la operación, garantizando que no se mueva ni una hoja del Morro hacia adentro, aunque para ello tengan que violentar todos los límites, sean éstos de la legalidad, la decencia, o el mero sentido común.
Sería un pacto de horror, cuyos más tenebrosos frutos tal vez estén por verse, a pesar de todo lo que ha mostrado ya. Y supone una deriva desesperada, por parte del régimen, que no sólo compromete sus deseos de perpetuarse en el poder, sino que en general abre una brecha muy peligrosa para el porvenir de Cuba.
Bien se sabe, porque abundan los ejemplos históricos en todas las épocas y latitudes, lo que sucede en un país cuando a las fuerzas policiales y a los demás organismos represivos se les otorga patente de corso para que mantengan a la ciudadanía bajo el control de sus botas, sin reparar en remilgos.
Es algo que aunque jamás dejó de hacerse aquí durante las últimas décadas, se hizo siempre desde un único mando central que englobaba todas las fuerzas y las presentaba, precisamente a través de una coartada política, como el poder del pueblo.
Los cuerpos armados, y en especial sus instancias que se responsabilizan con el dominio de las calles, no tuvieron antes esa autonomía de la que al parecer disponen hoy para ejercer el atropello público, digamos por propia iniciativa. Al punto que comienzan a mostrar toda la traza de un poder autárquico dentro del poder.
Hace poco, Cubanet hizo público el caso de un asalto de las brigadas de respuesta rápida a la vivienda de un periodista independiente, acción a todas luces perpetrada por iniciativa e interés particular de un oficial del ministerio del interior. El reporte (publicado el 7 de mayo, con el título Violento intento de desalojo de una familia), además de ofrecer pruebas gráficas de la agresión, deja al descubierto su carácter de pandillaje con beneficio privado para quien la organizó. Incluso, demuestra que la dirección política del municipio Plaza, donde tuvo lugar, no sólo estaba ajena a su ejecución sino que la desaprobó en forma manifiesta.
¿Sería este un caso aislado, o se trata de un nuevo resabio que tiende a hacerse común dentro del cada vez más enrarecido panorama represivo de la Isla?
De momento, lo único que nos consta es que apenas unos días después de aquel asalto, el máximo representante de la dirección política del municipio Plaza fue sustituido. En tanto, el hecho vandálico y su organizador permanecen impunes.
¿Será que la sustitución de uno y la impunidad del otro son casos que no se imbrican necesariamente? ¿O será que en efecto le abrieron las puertas a la perrera, y una vez suelta y a su aire, la jauría comienza a tornarse incontrolable?
