Capitalism = Innovationism. Donald Boudreaux‏.



111 years ago today my paternal grandfather, Adrian J. Boudreaux, was born in the swamps of south Louisiana, in a town called Franklin (although I don’t believe that it was called “Franklin” when “Paw” – as I called him – was born).  It’s southeast of New Iberia, LA, about halfway from there to Houma, LA.
He was the youngest son of Alcide Boudreaux (1864-1962) and (omigosh! I’ve forgotten my great-grandmother’s name).  Paw dropped out of school in fourth grade.  He ran away from home at the age of 15 to New Orleans – where he polished his English (as cajun French was his native language).  At the age of 19 he married Teresa Flanagan.  They had two children: Donald (1924-2008) and Adrian Jr. (my father, 1935-2009).  After working a few odd jobs, Paw drove a street car in New Orleans and, later, a bus.  He retired in 1965.  “Maw” died in 1967 and Paw and died in 1975.  Paw smoked three packs of unfiltered Camels daily.  When he drank (which wasn’t often) he drank Dixie beer or Schwegmann’s beer.  His skin was leathery.  He never traveled farther west than east Texas, never farther north than north Louisiana, and never farther east than Mobile, Alabama.
I remember sitting many hours with him watching his favorite t.v. show, Gunsmoke.
When Paw was born, life expectancy at birth in America was 47 years.  He beat that by 28 years.
How immensely and wondrously the world has changed since Paw was born!  (And even since he died!)
To get a sense of just how poor life was just 111 years ago even for middle-class Londoners, you can’t do better than to watch the 1999 BBC program “1900 House.“  (I believe that pretty much all of this series is available on YouTube.)  One of my favorite scenes from “1900 House” is when the hired maid reveals her sudden realization that women were liberated not so much by political activitism as by appliances such as the vacuum cleaner.

Manuel Peronié, policía municipal, y la última víctima de República Dominicana


Pasadas las tres y cuarto de la madrugada del 5 de agosto de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Oyarzun al policía municipal de San Sebastián MANUEL PERONIÉ DÍEZ, cuando regresaba a su domicilio tras cenar en un restaurante junto a su amigo Víctor Zabala Urturi y ambos se resistieron a ser secuestrados.
El atentado se produjo a cuarenta metros escasos de la plaza de San Esteban de Oyarzun, localidad que estaba celebrando sus fiestas patronales. Manuel Peronié y su amigo Víctor Zabala se disponían a montar en el vehículo del primero, cuando fueron interceptados pistola en mano por tres terroristas del grupo Donosti de ETA. Los dos amigos fueron obligados a permanecer sentados en el bordillo de la calle junto a un pequeño jardín situado a un costado de la carretera que comunica Oyarzun con Rentería, a la espera de que un cuarto terrorista trajese un vehículo que pretendían utilizar para secuestrarlos. Durante la espera, que se prolongó por espacio de un minuto, los dos amigos preguntaron insistentemente por las razones de su secuestro, pero fueron obligados a permanecer en silencio bajo la amenaza de las armas. Sin embargo, en un momento de descuido, justo cuando iban a ser introducidos en el vehículo, Manuel y Víctor trataron de huir corriendo, al tiempo que pedían auxilio a gritos. En ese momento, uno de los secuestradores abrió fuego contra ellos. Manuel fue alcanzado en el torso y en la ingle, mientras Víctor huyó carretera abajo perseguido de cerca por uno de los terroristas que descargó su pistola contra él. Sin dejar de correr, a pesar de sus heridas, Víctor Zabala logró escapar e interceptar un vehículo que lo trasladó a un puesto de la Cruz Roja.
También fueron alcanzados por los disparos una pareja de jóvenes, Coro Izaguirre e Íñigo Bengoechea, que pasaban en una moto cerca del lugar de los hechos. Efectivos de la Cruz Roja recogieron el cuerpo sin vida de Manuel Peronié y trasladaron a los dos jóvenes heridos a la Residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián.
Víctor Zabala Urturi, de 45 años, era el delegado de ventas de la empresa Rank-Xerox en San Sebastián. Cuando llegó al hospital, no dejaba de repetir "¿Por qué, por qué?". Después de ser intervenido de sus heridas en el antebrazo y en la cadera, manifestó que hasta ver cómo asesinaban a su amigo no creyó en ningún momento que sus secuestradores estuvieran dispuestos a matarlos. "Mientras esperábamos la llegada del coche en el que querían meternos estuvimos intentando hacerles ver que se habían equivocado. Les dijimos nuestros nombres, dónde vivíamos, quiénes éramos... y todas esas cosas que uno dice cuando tiene miedo" relató. E insistían en preguntarles que qué querían hacer con ellos y qué habían hecho. "Pero nos ordenaron que nos callásemos y que permaneciéramos allí sentados. Era una zona poco iluminada, pero a nuestro lado pasaron algunas personas que, supongo, vieron las pistolas con las que nos apuntaban. Cuando llegó el coche les dijimos que no les acompañábamos, nos levantamos y, entonces Manuel, primero, y luego yo también, empezamos a gritar auxilio a la gente de la plaza. Vi caer a mi amigo y eché a correr. Uno de los dos me siguió disparando hasta que se le agotaron las balas. Estaba herido pero salí corriendo carretera abajo porque sabía que esa era mi única salvación. Paré un coche en la carretera y le dije a su conductor, un hombre joven, que me sacara de allí que me querían matar y que estaba herido".
Los terroristas huyeron en un coche en dirección a Rentería, pero a dos kilómetros de Oyarzuncolisionaron con otro vehículo y se salieron de la carretera, por lo que tuvieron que seguir la huida a pie campo a través. La Policía encontró en el interior del automóvil  una metralleta con dos cargadores, una pistola Browning y abundante munición del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.
En protesta por el asesinato de Manuel, la Policía Municipal de San Sebastián y los trabajadores del Ayuntamiento iniciaron una huelga el mismo 5 de agosto. El alcalde de San Sebastián, el nacionalista Ramón Labayen, pidió a los donostiarras que mostrasen su solidaridad con Manuel Peronié.
Al funeral, celebrado al día siguiente en la Iglesia de San Ignacio, totalmente llena de público, asistieron, además de la familia de Manuel Peronié, el delegado general del Gobierno en la comunidad autónoma vasca, Ramón Jáuregui, que había interrumpido sus vacaciones para poder asistir a las honras fúnebres; el director general de la Policía, Rafael del Río; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa; el alcalde de San Sebastián, Ramón Labayen; los concejales del Ayuntamiento donostiarra, así como el cuerpo en pleno de la Policía Municipal, cuyos componentes lucían en sus uniformes brazaletes negros. Previamente se había llevado a cabo en el cementerio de Polloe la inhumación de los restos mortales del policía municipal asesinado, acto al que sólo acudieron familiares del fallecido y compañeros del cuerpo.
Al término del funeral se organizó una manifestación silenciosa que recorrió las principales calles de la capital guipuzcoana. La marcha estuvo precedida por una dotación motorizada de la Policía Municipal, y estaba encabezada por el alcalde de San Sebastián y miembro del PNV, Ramón Labayen, y por concejales de este partido, del PSOE, Alianza Popular y Euskadiko Ezquerra. Seguía después la Policía Municipal, así como varios centenares de personas. Al pasar frente al domicilio de Manuel Peronié, situado en la calle Iparraguirre, los manifestantes se detuvieron durante un minuto para, posteriormente, seguir la marcha hasta la Inspección de la Policía Municipal, donde el público rompió a aplaudir a los miembros del cuerpo municipal, mientras algunos de los concejales del Ayuntamiento de San Sebastián abrazaban a los agentes municipales.
Los nombres de Manuel Peronié y de otro policía municipal adscrito al servicio de la brigada volante de San Sebastián, habían aparecido hacía varios meses en unos pasquines repartidos en el casco viejo de San Sebastián en los que se les acusaba de haber maltratado a un vecino que tuvo que ser asistido posteriormente a consecuencia de los golpes. Según fuentes de la Policía Municipal, Manuel Peronié se limitó a defenderse de la agresión y de los insultos de una persona que se interfirió en un servicio policial llevado a cabo de madrugada el mes de marzo de 1983. Esos pasquines fueron distribuidos con la firma de Herri Batasuna. Este fue el motivo por el que el concejal socialista de Oyarzun, Carlos García Cañibano, declarase que el asesinato de Manuel Peronié debía pesar sobre las conciencias de quienes habían publicado y distribuido dichos pasquines.
La Audiencia Nacional condenó en 1986 a Jesús María Zabarte Arregui a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Manuel Peronié, así como a otros 15 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Víctor Zabala. A las mismas penas fue condenado en 1989 Juan José Iradi Lizarazu. De los otros dos terroristas que participaron en el atentado no se sabe nada.
Manuel Peronié Díez, de 27 años y soltero, era agente de la Policía Municipal de San Sebastián desde un año antes de su asesinato. Estaba integrado en una brigada volante que patrullaba por las noches la ciudad. Veinticinco años después, en octubre de 2008, el Ayuntamiento de San Sebastián rindió homenaje al agente municipal y al jefe de la Guardia Municipal, el teniente coronel Miguel Garciarena Baraibar, asesinado el 27 de noviembre 1980, recibiendo ambos su primer reconocimiento público. Sus nombres figuran desde entonces en el recibidor de las dependencias del cuerpo policial, junto a una placa dedicada al sargento de la Guardia Municipal Alfonso Morcillo, también asesinado por ETA el 15 de diciembre de 1994.
En la madrugada del 5 de agosto de 1986 falleció en el Hospital de La Paz el guardia JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO, que resultó gravemente herido en el atentado que la banda terrorista ETA cometió el 14 de julio en la plaza de la República Dominicana de Madrid. De esta forma se convirtió en la decimosegunda víctima mortal del atentado, todos ellos jóvenes guardias civiles. Juan Ignacio se encontraba desde el día del atentado en la UVI de La Paz. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudo superar las graves heridas sufridas.
Juan Ignacio Calvo Guerrero, de 25 años, era natural de la Pola de Gordón (León). Estaba casado y tenía un hijo de corta edad. El agente había estado destinado en Mieres (Asturias) y había llegado a Madrid pocas semanas antes del atentado.


Antonio Ligero y Rafael Mucientes, policías nacionales asesinados por ETA en Vitoria


Vía Libertad Digital.


A las cuatro de la tarde del 6 de agosto de 1987 la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria mediante la explosión de un coche-bomba a los policías nacionales ANTONIO LIGERO HEC yRAFAEL MUCIENTES SANZ, en un atentado en el que también resultó herida por la metralla Obdulia Vega Solac. El atentado se produjo en plenas fiestas patronales de Vitoria en honor de la Virgen Blanca.
Los agentes formaban parte de una patrulla de rutina compuesta por dos coches de la Policía que transitaban por el Alto de Armentia. Miembros de la banda terrorista habían colocado un coche-bomba en la cuneta de una curva situada en la carretera que va desde el Alto de Armentia hasta el paseo de San Prudencio en Vitoria. El coche-bomba estaba cargado con treinta kilos de explosivo y cuarenta de metralla. En el momento en el que los coches se pusieron a la altura de la bomba, uno de los terroristas accionó el detonador a distancia. La explosión alcanzó de lleno al segundo turismo, que resultó materialmente destrozado, y sus dos ocupantes, Antonio Ligero y Rafael Mucientes, fallecieron prácticamente en el acto. Restos del turismo se esparcieron por los alrededores encontrándose trozos del mismo a un centenar de metros. En el lugar de los hechos se recogieron también bolas de rodamiento de considerable diámetro y tuercas que formaban parte de los cuarenta kilos de metralla del artefacto. Los agentes asesinados pertenecían a la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria, y llevaban varios años destinados en la capital alavesa.
Los dos policías nacionales fueron trasladados urgentemente al Hospital de Santiago, donde ingresaron cadáveres. Presentaban fractura de cráneo con salida de masa encefálica y graves quemaduras por todo el cuerpo. Fragmentos de la metralla que integraba el artefacto se incrustaron en viviendas situadas a centenares de metros del lugar de la explosión. Parte de esta metralla alcanzó la pierna de Obdulia Vega Solac, que fue dada de alta tras ser atendida en un centro sanitario de Vitoria.
La zona en la que se produjo el atentado era un lugar de esparcimiento de la capital alavesa. En el momento de la explosión, numerosas personas comían en restaurantes de los alrededores. Los cristales de domicilios y restaurantes quedaron hechos añicos y algunas puertas se desencajaron por la violencia de la explosión, escuchada en un radio de varios kilómetros.
A los pocos minutos de producirse el atentado llegó al lugar de los hechos Julen Elorriaga, delegado del Gobierno en el País Vasco. Su residencia oficial, Los Olivos, situada en el Alto de Urbieta, está muy cerca del lugar de la explosión.
Durante la celebración del funeral, un grupo de agentes de la Policía Nacional increpó a los representantes políticos presentes y reclamó que sus miembros fueran trasladados a otros puntos de destino en España. Por este motivo, la Dirección General de la Policía abrió expediente a una docena de policías. En esa época eran frecuentes las protestas sindicales por las pésimas condiciones y la deficiente calidad de los acuartelamientos de los policías destinados en el País Vasco, unido a que muchos agentes sufrían el denominado síndrome del Norte derivado de la alta tensión que padecían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el terrorismo y el rechazo social. En los días posteriores al asesinato de Antonio Ligero y Rafael Mucientes el Ministerio del Interior anunció la puesta en marcha de gabinetes psicológicos para atender a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco y en Navarra.
Un día después del asesinato de Rafael y Antonio, la banda terrorista ETA lanzó siete granadas contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaráuz (Guipúzcoa), hiriendo de gravedad por una esquirla en el cerebro a Borja Blanco Vega, un bebé de doce meses hijo de un guardia civil. Su hermano de siete años y la abuela del niño también resultaron heridos.
Diferentes sentencias de la Audiencia Nacional especifican que los responsables del atentado fueron José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto. Para ello contaron con la colaboración del matrimonio formado por Miren Gotzone López de Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa, que les alojaron en su domicilio desde finales de julio y les ayudaron a huir a Francia.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a 57 años de reclusión mayor a Juan Carlos Arruti Azpitarte, además de a otras penas de reclusión menor. En la misma sentencia fueron condenados a las mismas penas Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga porque "ayudaron a los miembros del comando en los preparativos". En enero de 2008 fue condenado José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, a 82 años de cárcel. En febrero de 2010, la Audiencia Nacional impidió que Arruti Azpitarte, Paterra, saliese de prisión -en la que está desde 1989 cumpliendo penas que suman un total de 403 años- al aplicarle la doctrina Parot. De este modo, la excarcelación de este asesino se verá aplazada hasta el año 2019.
María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, fue detenida en Francia en octubre de 2004. Con un currículum espeluznante como miembro de los grupos Araba y Madrid de ETA, ha sido la etarra que más lejos ha llegado en la cúpula de la banda, después de María Dolores González Katarain, Yoyes. Estaba huida desde 1981. El 24 de septiembre de 2010 el Consejo de Ministros aprobó continuar con el procedimiento de solicitud a Francia de la ampliación de extradición activa de Iparraguirre concretamente por el atentado del 6 de agosto de 1987. La etarra se encuentra actualmente en la prisión francesa de Fresnes en París, mientras Francia decide sobre otras solicitudes anteriores de extradición.
Antonio Ligero Hec, de 30 años, era natural de Conil de la Frontera (Cádiz), donde una calle lleva su nombre. Estaba casado y tenía dos hijos. Había ingresado en 1979 en el Cuerpo Nacional de Policía. En marzo de 1984 le fue asignado el destino de Vitoria. Antes de incorporarse a la Policía Nacional había sido mecánico naval.


Rafael Mucientes Sanz, de 37 años, era natural de la localidad vallisoletana de Mojados. Estaba casado y tenía dos hijas. Había ingresado en 1971 en el Cuerpo Nacional de Policía. Desde 1982 prestaba servicio en la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria.


Represión en Siria 06.08.2011





Conferencia: “Las realidades del castrismo examinadas desde diferentes escenarios”

Vía Miguel Galbán (III y III).