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Xavier Sala i Martín tiene poco de liberal

Manuel Llamas.



Anonadado me he quedado con algunas de las propuestas lanzadas por el economista catalán Xavier Sala i Martín para hacer frente a la crisis de deuda europea.

El profesor, que dice ser liberal, ha elaborado una detallada lista de 25 medidas para combatir los cuatro problemas básicos que aquejan a Europa: 1) sistema financiero, 2) deuda y déficit públicos, 3) falta de crecimiento y 4) el posible divorcio de Grecia. Sin embargo, curiosamente, algunas de sus ideas en poco o nada se diferencian de las defendidas por los socialdemócratas y socialistas europeos, con lo que, en realidad, lejos de contribuir a la salida de la presente, su materialización sentaría las bases de una crisis similar en el futuro.


A continuación analizaremos algunas de estas propuestas.


Sistema financiero


"El sistema financiero europeo debe ser auténticamente europeo: con un Banco Central Europeo y una moneda europea no es suficiente. Es necesaria una regulación común, un fondo de garantía común, un supervisor común y un recapitalizador común", defiende Sala i Martín. En concreto, aboga por crear una institución supervisora europea permanente que sustituya al "desacreditado" Banco de España en las tareas de supervisión.


Vaya, curiosa propuesta, como si la mera creación de un nuevo órgano burocrático de ámbito comunitario fuera suficiente para corregir los problemas estructurales derivados de la regulación y la supervisión bancarias, en manos del Estado. Una simple transferencia de competencias no cambiará absolutamente nada. Ni el BCE ni la autoridad bancaria europea (EBA) podrían garantizar que no se produjese una crisis similar en el futuro. No en vano fue la política monetaria de Trichet lo que sentó las bases de la burbuja inmobiliaria en España, mientras que los famosos stress test aplicados a las grandes entidades europeas acabaron resultando un absoluto fiasco pese a la supervisión comunitaria.


Sala i Martín parece, pues, ignorar la raíz de las crisis financieras: la expansión del crédito bancario sin necesidad de respaldo real (ahorro), resultado de la reserva fraccionaria; la laxa política monetaria que propiciaron el BCE y la FED, manteniendo los tipos de interés muy bajos durante excesivo tiempo, origen de la burbuja inmobiliaria en EEUU, Irlanda o España; el descalce de plazos estructural que padece el sistema financiero internacional, que lo aboca a un riesgo constante de insolvencia. Ninguno de estos tres problemas ha sido ni será corregido por las autoridades monetarias y reguladoras, sean éstas españolas, europeas o estadounidenses.


Por otro lado, el economista defiende crear un Fondo de Rescate Europeo para los bancos, así como un Fondo de Garantía de Depósitos comunitario. ¿Y? ¿Es que acaso existe alguna diferencia entre la socialización de pérdidas a escala nacional y la socialización de pérdidas a escala internacional? La inmoralidad y la ineficacia son idénticas en uno y otro caso. Sin embargo, el rescate privado de la banca, sin necesidad de que el sufrido contribuyente aporte un solo euro, no es una opción –o al menos una aspiración realista y defendible– para el catalán. Me refiero, por supuesto, a la posibilidad de transformar deuda bancaria en acciones; a obligar a los acreedores de las entidades insolventes a convertirse en los nuevos propietarios de las mismas, con las consiguientes pérdidas para los actuales accionistas (bail-in frente a bail-out).


En cuanto al Fondo de Garantía Europeo, Sala i Martín parece ignorar la diferencia esencial entre un depósito (préstamo del cliente al banco) y una cuenta corriente a la vista, que, en la práctica, también supone hoy en día un préstamo al banco gracias a la reserva fraccionaria, lo cual es claramente ilegal (el cliente debería pagar si lo que quiere es que el banco guarde su dinero sin usarlo para conceder créditos). La corrección jurídica de este último punto haría innecesario garantizar los depósitos, ya que éstos no serían prestados –el banco se haría cargo de la guarda y custodia de ellos–.


También propone introducir un impuesto sobre la deuda bancaria para penalizar a las entidades más apalancadas y desincentivar los endeudamientos excesivos. Nuevamente, Sala i Martín se centra en combatir los efectos y no la causa, que no es otra que el descalce de plazos: las entidades se endeudan a corto y prestan a largo, cayendo así en una iliquidez permanente que hace imprescindible contar con un prestamista de última instancia, el banco central.
Deuda pública y déficit
En este ámbito, Sala i Martín defiende la unión fiscal europea y la creación de eurobonos (deuda común europea); incluso que el BCE compre directamente deuda periférica para reducir la prima de riesgo de los países en problemas. ¡Grave error! La unión fiscal significa, ni más ni menos, que homogeneizar la presión tributaria en toda Europa; es decir, que el reducido Impuesto de Sociedades irlandés sea como el que padecen las empresas alemanas y francesas, o que el IVA español se equipare al portugués –más alto–. Se habla de unión fiscal cuando, en realidad, se trata de subir aún más los impuestos que soportan los europeos, y ello sin contar que tal monstruosidad borraría de un plumazo la sana competencia tributaria en el Viejo Continente.
En tal caso, y puesto que Sala i Martin apuesta por un superestado supranacional, el voto con los pies de los contribuyentes se traduciría no en la emigración a otro país comunitario, sino a otro continente.
En cuanto a los eurobonos, esa aberración jurídica que tan denodadamente defienden ahora Francia, España, Italia o Portugal (los díscolos de la UE), supondrían trasponer el nefasto sistema de financiación autonómica a la UE. Sobran los comentarios al respecto, se resumen en una frase: que paguen los contribuyentes del norte los excesos cometidos por los países del sur. Por lo que hace a que el BCE compre deuda al estilo de la FED, en última instancia socavaría al propio euro, ya que el balance del emisor se llenaría de activos tóxicos (deuda periférica). Además, el hecho de que la prima de riesgo esté alta es bueno para los países en problemas, ya que obliga a sus políticos a hacer reformas y ajustes para corregir sus deterioradas finanzas.
Sala i Martín propone posponer los objetivos de déficit público uno o dos años, tal y como defienden Rubalcaba, Cayo Lara y Rajoy, muy liberales todos ellos. Olvida el economista que retrasar el imperioso ajuste fiscal implica dificultar la recuperación económica. Los países bálticos recortaron de forma drástica el gasto público en 2008 y 2009; hoy son los únicos países europeos que crecen.
Crecimiento
Para fomentar el crecimiento, Sala i Martín defiende aplicar reformas estructurales –nada que objetar–, pero asimismo apuesta por reducir aún más los tipos de interés en la Zona Euro (del 1 al 0,25%), que Alemania y los países del centro sufran una inflación alta para así fomentar las exportaciones de la periferia y que el Banco Europeo de Inversiones financie, con dinero público, más infraestructuras en los países problemáticos. Medidas todas ellas propias del monetarismo más obsoleto y del keynesianismo más contraproducente. En primer lugar, bajar tipos no ha solventado ni solventará nada; de hecho, desincentiva el desapalancamiento de los agentes y retrasa la recuperación. En segundo lugar, la clave no es crear inflación artificial en el centro, sino liquidar las malas inversiones, fomentar el ahorro y flexibilizar las economías del sur para cambiar sus estructuras productivas y volver a generar riqueza cuanto antes. El problema, señor Martín, no es de demanda sino de oferta.
Grecia
Por último, el economista catalán dice que el BCE y los líderes de la Eurozona deben garantizar que por la puerta del euro solo salga Grecia, y hacer todo lo posible para evitar "ataques especulativos" contra España, Portugal e Italia. Es decir, la Eurozona debe "garantizar" que pondrá el dinero que sea necesario.
Una vez más, discrepo. Mucho me temo que, si no hace los deberes, España, tarde o temprano, también saldrá. No hay posibilidad de evitar tal salida, que, por otro lado, es una decisión unilateral de cada país, ya que no existen mecanismos de expulsión. Y ello con independencia de que se ponga ahora más o menos dinero.
Para terminar, una nota al pie: los mercados no "atacan", se defienden, señor Martín. Su exposición de 25 puntos la firmaría cualquier socialdemócrata europeo, lo cual me hace pensar que su supuesto liberalismo es mucho más endeble de lo que pensaba. Toda una desilusión.


© Instituto Juan de Mariana

El mito de la austeridad española en cinco gráficos

Manuel Llamas.



Si la austeridad pública brilla por su ausencia en Europa, tal y como avanzó Libre Mercado, esta falta de contención en el gasto por parte de las administraciones publicas españolas es, si cabe, mucho más paradigmático, tal y como muestra el último boletín del Observatorio de Coyuntura Económica (OCE) del Instituto Juan de Mariana.
El estudio, bajo el título Del epejismo de los estímulos a la falsa austeridad pública: la política fiscal ante la Gran Recesión, entra en el debate actual sobre austeridad y crecimiento analizando las políticas presupuestarias aplicadas en EEUU, España y Alemania desde el estallido de la crisis en 2008. No en vano, estos tres países han seguido estrategias fiscales muy diferentes, obteniendo también resultados distintos para combatir la recesión. Así, EEUU y España optaron por políticas decididamente expansivas en el gasto hasta 2010, mientras que Alemania puso un mayor énfasis en la austeridad pública, si bien no pudo evitar que su déficit superase el límite máximo del 3% del PIB que marca la UE.
Dado el renovado debate sobre si mantener la austeridad o apostar por nuevos planes de estímulo (gasto público), el OCE concluye que la contención presupuestaria "no sólo no es un impedimento para el crecimiento, sino que retomar las políticas de expansión del gasto sería del todo contraproducente para generar una recuperación rápida, estable y duradera". Lo más relevante del informe radica en observar que la tan manida austeridad es, a día de hoy, un mito en el caso de España, tal y como reflejan los siguientes datos.
1. Uno de los mayores planes de estímulo del mundo
Entre 2008 y 2009, la mayor parte de los gobiernos de los países desarrollados, con EEUU y España a la cabeza, implementaron significativos planes de estímulo fiscal, aumentando el gasto público con el fin de impulsar el crecimiento económico.
Así, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implementó en 2008 y 2009 el denominado Plan E. Su coste ascendió al 1,9% del PIB en 2008 y al 2,3% en 2009, el más elevado de la UE y uno de los más significativos entre los países de la OCDE. De hecho, el plan de estímulo aplicado por España tan sólo es comprable al de EEUU, Arabia Saudí y China a nivel mundial.
A ello hay que sumar, además, el efecto de los estabilizadores automáticos -en recesión, el gasto estructural sube (prestaciones por desempleo) y la recaudación fiscal baja-, que en el caso de España supuso un impacto adicional del 4,9% del PIB en las cuentas públicas de 2009 (53.000 millones de euros), frente al 3,3% en la UE-27.
Por otro lado, aunque la consolidación fiscal comenzó en 2010, el informe señala que en países como España "difícilmente puede hablarse de austeridad cuando los descuadres presupuestarios continúan siendo de gran magnitud, con un déficit público del 8,9% del PIB en 2011".
2. El mayor descuadre fiscal de la historia
El aumento del gasto público bajo la excusa de estimular el crecimiento, sumado al efecto de los estabilizadores automáticos y el desplome de los ingresos desembocaron en un gran déficit público.
Desde 2007 hasta 2009, España y EEUU deterioraron su saldo público en 13,1 y 10,3 puntos porcentuales del PIB, respectivamente. Mientras, Alemania sólo lo hizo en 3,4 puntos. Desde entonces, la consolidación fiscal apenas ha conseguido mejorar este descuadre en 2,3 puntos porcentuales en el caso de España y 3,5 en el de EEUU. Como resultado, ambos países cerraron 2011 con un déficit público muy abultado.
El descuadre fiscal de España registró la siguiente evolución: mientras que el conjunto de las administraciones públicas gastó en 2007 un 3,5% menos de lo que ingresó (superávit), en 2008 gastó un 8,7% más de lo que ingresó; la situación empeoró considerablemente en 2009, ya que gastó un 22% más de lo que se ingresó; en 2010 este desequilibrio se redujo al 18%; y, pese a la "tan cacareada austeridad fiscal", este agujero apenas se redujo hasta el 16,8% en 2011 (déficit de 91.000 millones de euros, 8,9% del PIB).
3. La deuda pública se ha duplicado
Como resultado de estos abultados déficits, la deuda pública de España en 2011 es un 90% superior a la de 2007; en EEUU ha aumentado un 50% en el mismo período; mientras que en EEUU tan sólo ha crecido un 25%. Es decir, en términos de crecimiento de la deuda pública, "España es líder indiscutible".
4. El sector público gasta un 13% que en 2007
Por otro lado, un indicador relevante para observar la existencia o no de austeridad radica en la evolución del gasto público. Desde 2007 a 2011, el gasto público en España ha crecido en 4,4 puntos porcentuales del PIB, el doble que en Alemania (2,1 puntos). Así, "pese a la percepción mayoritaria de grandes recortes y austeridad fiscal, las Administraciones Públicas españolas gastaron en 2011 un 13% más que en 2007.
5. El gasto público se duplica desde el año 2000
Por último, si se amplía la perspectiva temporal, el gasto de todas las Administraciones Públicas españolas en 2011 fue casi dos veces superior que el del año 2000. O dicho de otro modo, el gasto público duplica hoy al efectuado en el año 2000.
Los efectos keynesianos
Estas políticas expansivas en España y EEUU han generado importantes problemas, según concluye el OCE:
  • En España, los planes de estímulo de la demanda por la vía de la política fiscal no consiguieron en 2008-2009 evitar la sangría laboral. "Lo que sí consiguieron fue mantener la expansión del número de empleados públicos, que solo se ha empezado a reducir a finales de 2011". El sector público aumentó el número de asalariados en 230.000 personas desde el inicio de la crisis, mientras que el privado lo redujo en más de 2.600.000 personas (la línea azul representa la evolución en términos porcentuales de los empleados públicos y la amarilla de empleados del sector privado).
  • Así pues, además de haberse mostrado ineficaces para mejorar la situación del empleo, "lo más grave es el coste que han supuesto", primero, en términos de fuerte deterioro de las finanzas públicas y, segundo, absorbiendo buena parte del escaso crédito del sistema financiero.
  • Además, "el gasto público ha contribuido a sostener algunos sectores de forma artificial y ha impedido (o frenado y pospuesto) el necesario ajuste de la estructura productiva, la liquidación de malas inversiones, y el desapalancamiento de la economía en su conjunto".
  • La estrategia de solucionar una crisis de excesivo endeudamiento privado con endeudamiento público es "netamente perjudicial y, en el mejor de los casos, inefectiva". El problema fundamental no radica en aumentar la demanda sino en "reajustar la estructura de la producción y mejorar las deterioradas posiciones financieras de los distintos agentes económicos, reduciendo deuda y aumentando el ahorro".
Por todo ello, el OCE concluye que abandonar el ajuste fiscal para aplicar las mal llamadas políticas de crecimiento, consistentes en estímulos de gasto, "no es el camino a seguir". Al contrario, "Europa -y particularmente España- debe profundizar en la vía de la austeridad presupuestaria a través de un recorte considerable del gasto público". Y todo ello, acompañado de políticas que "retiren trabas al funcionamiento y crecimiento del sector privado".

Cómo eliminar todo el déficit público sin subir impuestos

Por Manuel Llamas y Juan Ramón Rallo.

La inesperada subida fiscal aprobada por el Gobierno del PP, incumpliendo por completo su compromiso electoral, ha reabierto con fuerza el debate acerca de si otro ajuste es posible a fin de reducir el déficit público para alcanzar los objetivos marcados desde Bruselas. España cerrará 2011 con un déficit próximo al 8% del PIB -algo más de 80.000 millones de euros-, lo cual supone superar en dos puntos porcentuales el límite del 6% al que se comprometió el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Así pues, el Ejecutivo que ahora preside Mariano Rajoy tendrá que intensificar sus esfuerzos presupuestarios para alcanzar la meta del 4,4% de déficit previsto para 2012. Es decir, unos 40.000 millones de eurosmenos en el presente ejercicio. Para ello, el Gobierno ha optado, al igual que Grecia, Portugal o Italia, por combinar subida de impuestos y reducción de gastos.
El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó un plan fiscal para recaudar cerca de 6.200 millones de euros extra y recortar el gasto público en 8.900 millones, lo cual arroja un balance total de 15.100 millones. Este ajuste, de cumplirse, situaría el déficit a final de año en el 6,5% del PIB, por lo que el Gobierno lanzará nuevas medidas con el objetivo de recortar la brecha fiscal en algo más de 20.000 millones para alcanzar el citado 4,4% del PIB.
¿Cómo lo hará? Dado el plan inicial de ajuste presentado por el PP, es muy posible que Rajoy siga abogando por subir impuestos, como por ejemplo el IVA, y luchar contra el fraude fiscal, al tiempo que recorta gastos (reestructurando el sector público). De hecho, los populares ya están trasladando este ajuste combinado a sus comunidades autónomas. Castilla y León o la Comunidad Valenciana acaban de anunciar un esquema similar, centrado en recortes y aumentos tributarios.
Sin embargo, otro plan es posible, tal y como han mostrado Juan Ramón Rallo y Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital. A continuación, en un ejercicio similar al realizado en 2010, se presenta un posible ajuste alternativo, basado únicamente en la reducción del gasto público, no sólo para situar el déficit en el 4,4% del PIB sino para eliminar por completo el desequilibrio presupuestario en 2012(un solo año) sin necesidad de subir ningún impuesto, e incluso minorar el peso de la deuda pública hasta el 60% del PIB -y, por tanto, el coste de sus intereses-.
¿Cómo reducir 80.000 millones en un año?
La guía se divide en cuatro grandes bloques: recortes en la Administración General del Estado (Gobierno central); en los presupuestos de las CCAA; reestructuración y reforma de la administración local; e ingresos extra derivados de la privatización y venta de empresas y activos estatales.
Ninguno de los recortes descritos afecta en modo alguno a los servicios y prestaciones públicas básicas (prestaciones, pensiones, sanidad, educación...) ni implica reducciones de salario a los funcionarios, los temas más espinosos y polémicos de los ajustes de cara a la opinión pública.
A) Presupuestos Generales del Estado para 2011: 39.000 millones
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: 2.085 millones
  • Cooperación para el desarrollo: 1.971 millones.
  • Cooperación, promoción y difusión de la cultura en el exterior: 114 millones.
Ministerio de Economía y Hacienda: 1.477 millones
  • Incentivos regionales a la localización industrial: 179 millones.
  • Seguros de crédito a la exportación: 280 millones.
  • Servicios de transporte de ministerios: 47 millones.
  • Transferencias a RTVE: 631 millones.
  • Aportación patrimonial al ICO: 340 millones.
Ministerio del Interior: 127 millones
  • Financiación de partidos políticos: 127 millones.
Ministerio de Fomento: 5.262 millones
  • Dirección y servicios generales de vivienda: 18 millones.
  • Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda: 1.126 millones.
  • Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 214 millones.
  • Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 84 millones.
  • Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 344 millones.
  • Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 40 millones.
  • Adquisición de participaciones de la sociedad estatal de infraestructura y transporte terrestre: 799 millones.
  • Aportación patrimonial a ADIF: 574 millones.
  • Inversiones ferroviarias: 1.022 millones.
  • Inversiones en nuevas carreteras: 1.041 millones.
Ministerio de Educación: 107 millones
  • Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: 107 millones.
Ministerio de Trabajo e Inmigración: 8.098 millones
  • Fomento de la inserción y estabilidad laboral: 7.322 millones.
  • Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 6 millones.
  • Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 750 millones.
  • Sindicatos y patronal: 20 millones.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 5.935 millones
  • Desarrollo industrial: 585 millones.
  • Reconversión y reindustrialización: 704 millones.
  • Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 145 millones.
  • Explotación minera: 657 millones.
  • Promoción comercial e internacionalización de la empresa: 591 millones.
  • Coordinación y promoción del turismo: 623 millones.
  • Apoyo a la pequeña y mediana empresa: 156 millones.
  • Infraestructuras en comarcas mineras del carbón: 289 millones.
  • Investigación y desarrollo tecnológico-industrial: 407 millones.
  • Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 369 millones.
  • Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 721 millones.
  • Transferencias al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 688 millones.
Ministerio de Ciencia e Innovación: 5.498 millones
  • Investigación científica: 682 millones.
  • Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 2.139 millones.
  • Investigación y desarrollo técnico-industrial: 2.426 millones.
  • Investigación y experimentación agraria: 79 millones.
  • Investigación oceanográfica y pesquera: 60 millones.
  • Investigación geológico-minera y ambiental: 26 millones.
  • Investigación energética, ambiental y tecnológica: 86 millones.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 388 millones
  • Competitividad y calidad de la producción agraria: 53 millones.
  • Competitividad y calidad de la producción ganadera: 135 millones.
  • Programa de desarrollo rural sostenible: 200 millones.
Ministerio de Cultura: 391 millones
  • Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 17 millones.
  • Promoción y cooperación cultural: 54 millones.
  • Promoción del libro y publicaciones culturales: 14 millones.
  • Fomento de las industrias culturales: 30 millones.
  • Música y danza: 107 millones.
  • Teatro: 56 millones.
  • Cinematografía: 113 millones.
Miscelánea: 9.398 millones
  • Imprevistos y funciones no clasificadas: 2.063 millones.
  • Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 335 millones.
  • Primas a las energías renovables: algo más de 7.000 millones. Se trata de una partida de gasto público diferida. Es decir, este gasto no consolida en presupuesto, pero es responsable del abultado déficit de tarifa que acumula el sistema eléctrico español. Ese déficit es sufragado mediante deuda pública y, por tanto, también es gasto. La eliminación de este sistema ahorraría al contribuyente más de 7.000 millones al año de gasto, igualmente, estructural, sólo que diferido en el tiempo vía emisiones de deuda.
Las partidas previas suman en total casi 39.000 millones de euros de ahorro anual. En sentido estricto, y puesto que las primas renovables se financian de forma distinta al resto, el recorte presupuestario ascendería a casi 32.000 millones, el 17,9% del gasto estatal consolidado para 2011 (algo más de 179.000 millones).
B) Presupuestos de las CCAA para 2011: 33.000 millones
Las autonomías, por su parte, presupuestaron para 2011 un gasto público total de 163.442 millonesde euros. Si el Estado es capaz de reducir su gasto en un 17,9%, resulta de recibo que las CCAA hagan, como mínimo, lo propio en sus respectivas cuentas. Es decir, la mera extensión de esta tijera a los presupuestos regionales arrojaría un ahorro próximo a los 29.000 millones de euros en un solo año.
Y ello, sin necesidad de recortar servicios básicos o sueldos públicos. No en vano, esto es, precisamente, lo que avanzó la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, mediante su particular plan de ahorro para 2012. En concreto, la secretaria general del PP pretende reducir el gasto público en más de un 20% este año "sin subir los impuestos": su presupuesto bajará de los 8.616 millones de euros en 2011 a unos 6.800 millones en 2012.
Y si Cospedal puede hacerlo, ¿por qué no el resto? La extensión del Plan de Castilla-La Mancha al resto de autonomías arrojaría como resultado un ahorro autonómico conjunto de casi 33.000 millonesde euros. Es decir, la extensión del ajuste propuesto en el bloque A es similar al aplicado por Cospedal, y viceversa, mostrando una reducción de gastos estructurales de entre el 18% y el 21% interanual (entre 29.000 y 33.000 millones de euros).
¿Qué partidas concretas se pueden suprimir?
Las siguientes partidas (sacadas de los presupuestos autonómicos de 2010) sirven a modo de ejemplo. Pese a ello, parte de semejante recorte ya lo estamos contabilizando para el Estado central, como el de Fomento de Empleo, ya que parte de su financiación proviene del Estado, pero aún así demuestra el gran margen existente para recortar gasto.
En total, las siguientes partidas suman casi 41.000 millones de euros.
Fomento del Empleo: 5.592 millones
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación: 2.722 millones
Cultura: 2.724 millones
Actuaciones de Carácter Económico: 29.792 millones
  • Agricultura, Pesca y Alimentación: 9.418 millones
  • Industria y Energía: 1.478 millones
  • Comercio, Turismo y Pymes: 2.105 millones
  • Subvenciones al Transporte: 371 millones
  • Infraestructuras: 12.096 millones
  • Investigación, Desarrollo e Innovación: 2.741 millones
  • Otras Actuaciones de Carácter Económico: 1.580 millones
C) Reestructuración de la administración local: 16.000 millones
Tal y como explica Diego Sánchez de la Cruz, un exhaustivo informe elaborado por UPyD en 2010 sobre financiación municipal muestra que la reestructuración de los ayuntamientos españoles arrojaría un ahorro anual próximo a los 16.000 millones de euros En concreto, reduciendo radicalmente el número de municipios, fusionando hasta el 95% de los mismos.
Países como Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica o incluso Grecia han acometido profundas reformas en su estructura municipal de cara a reducir el número de ayuntamientos. Algunos, de hecho, han logrado reducciones radicales: en Gran Bretaña se pasó de unas 1.500 corporaciones locales a 400; en Alemania de 25.000 a 8.400; en Bélgica de 2.359 a 596; o en Grecia de 5.300 a poco más de 1.000 [...] tenemos nada más y nada menos que 8.112 ayuntamientos, casi tantos como Alemania con poco más de la mitad de su población, y en más del 80% de ellos viven menos de 5.000 personas [...]
D) Ingresos mediante venta y privatizaciones: 43.000 millones
Todo el ajuste previo serviría para eliminar el déficit público tan sólo por la vía del gasto. Pero, además, es posible elevar los ingresos a fin de minorar el abultado peso de la deuda pública española y, por consiguiente, el coste anual de sus intereses, lo cual también ayudaría a rebajar de forma sustancial la prima de riesgo. Es decir, el coste de la deuda bajaría por dos vías: menor nivel de endeudamiento y menor exigencia de intereses por parte de los inversores (prima de riesgo). Y ello, nuevamente, sin necesidad de subir los impuestos.
¿Cómo? Más allá de los presupuestos estatales, autonómicos y locales, el contribuyente sufre igualmente la carga de la una abultada administración paralela, cuyo gasto y deuda no se consolidan por completo en las cuentas públicas anuales. En concreto, en España existen más de 4.000 empresas públicas de toda índole y condición que escapan al control parlamentario: 2.357 empresas son de ámbito regional, 451 de ámbito estatal y el resto se reparte de forma muy diversa (y opaca) entre los municipios.
Todo este conglomerado arrastra una deuda de 57.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España: 32.285 corresponden a las empresas del Estado, 15.495 a las autonómicas y 9.390 a las locales. Así pues, su eliminación supondría un importante ahorro a medio y largo plazo.
A continuación, se detallan tan sólo dos operaciones muy concretas -y parciales- por las que el Gobierno central ingresaría de golpe, y también en el plazo de un año, más de 40.000 millones.
  • Un informe de la consultora Aguirre Newman estima que vender el 34% de los inmuebles improductivos o infrautilizados que posee la Administración General del Estado (sin contar autonomías ni ayuntamientos) supondría un ingreso superior a los 14.000 millones de euros para el Gobierno central.
  • Igualmente, la venta y privatización sólo de empresas estatales (excluyendo nuevamente autonómicas y locales) aportaría otros 29.000 millones de euros a las arcas públicas, según un estudio de Banco Santander. Entre otras, el Gobierno posee el 100% de Aena, Adif, Agencia Efe, RTVE, Loterías, Hunosa y Navantia; aparte, cuenta con sustanciales participaciones en grandes empresas como, por ejemplo, Hispasat, EADS, Ebro Foods, Enagás, IAG o Red Eléctrica, entre muchas otras.
En total, 43.000 millones de euros susceptibles de ser ingresados y que servirían para reducir la deuda del 70% del PIB actual hasta un nivel próximo al 65%. Extender esta dinámica al conjunto de empresas autonómicas y locales lograría, posiblemente, reducir la deuda al nivel máximo del 60% del PIB que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
RESULTADO: 88.000 millones menos y hasta 100.000 más
La suma de todas las partidas de ajuste arrojan el siguiente resultado: recorte del gasto público de hasta 88.000 millones de euros en 2012 (81.000 excluyendo la particular cuestión de las primas renovables), lo cual supondría eliminar de un plumazo todo el déficit público. España lograría así el ansiado equilibrio presupuestario; por otro lado, la venta y privatización de empresas podría reducir la deuda hasta un nivel próximo al 60% del PIB en 2012.
¿Es mucho o poco?
Aunque, a primera vista, un recorte de 80.000 millones pueda resultar una cifra colosal e inasumible para muchos analistas y, sobre todo, políticos, es preciso poner este dato en perspectiva. Y es que,apenas equivale al 17% del gasto público total del conjunto de las administraciones.
En 2009, las administraciones públicas españolas gastaron 485.200 millones, lo que supuso el 46% del PIB español (el nivel más alto en catorce años, y eso en plena crisis). De entre los gastos no financieros (los no destinados a pagar los costes de la deuda), casi un 30% correspondió a la Administración central y un 35% a la Seguridad Social (básicamente pensiones y desempleo). Mientras, a las CCAA les correspondía el 24% y a los ayuntamientos poco menos del 11%.
Por último, este ajuste alternativo, que Rajoy no se atreve a aplicar, es, precisamente, el que han llevado a cabo los países bálticos. Letonia, Lituania y Estonia sufrieron, al igual que España, un duro golpe fiscal y bancario tras el estallido de la Gran Recesión en 2008. Han sido casi los únicos países de la UE en apostar por un duro ajuste fiscal por el lado del gasto -junto a profundas reformas estructurales-, con recortes de hasta el 20% interanual. Tras la tormenta, hoy sus economías son las que registrarán el mayor crecimiento económico de toda Europa en 2012. En definitiva, otro ajuste es posible.