La crisis de deuda pública que llevamos más de un año sufriendo ha sido un duro varapalo para quienes han estado abogando por disparar el gasto. Nos prometieron que sólo había una manera de salir de la crisis: dejando que los políticos gasten el máximo dinero posible con cargo a la deuda del Estado. Así, decían, en poco tiempo íbamos a estar creciendo y con pleno empleo. Qué mal queda, tras defender esta tesis en público, que el resultado sea una crisis de solvencia de tremendas proporciones. A lo que en España se suma la cifra histórica de cinco millones de parados. Como en política y en economía jamás se reconoce un error, los defensores del keynesianismo, que es la ideología que se ha aplicado para llegar a esta situación, argumentan que el problema es que no ha habido suficiente gasto público. Que no hay crecimiento porque, pese a ejecutar los mayores planes de estímulo jamás vistos, hemos estado tímidos en el dispendio. Extraño razonamiento cuando se hace desde el borde mismo de la suspensión de pagos.
Por fin alguien en España ha decidido coger el toro por los cuernos. María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, ha anunciado un recorte del 20% del gasto público de la comunidad. Y lo ha hecho, además, con una importante carga política: no ha tocado el sacrosanto gasto social para el progresismo español. Este recorte es de unas proporciones jamás vistas en España. Si se hubiera aplicado, no sólo a Castilla-La Mancha, sino a todo el Estado, el ahorro hubiera sido de alrededor de 100.000 millones de euros. Una cifra que habría acabado con el problema del déficit público. Esto contrasta con el famosotijeretazo dado por Zapatero en mayo de 2010, en el que el ahorro fue casi 10 veces menor, y además lo hizo llevándose por delante a pensionistas, funcionarios y familias.
Ante esta valiente medida, el PSOE se ha lanzado, tal vez herido por el efecto electoral de la misma, a despreciarla. Rubalcaba habla ahora de los "recortadores", dando a entender que sigue pensando que el despilfarro es el camino correcto. El Partido Socialista criticó la medida argumentando que "destruiría 15.000 puestos de trabajo". Esto es falso. Al igual que un aumento del gasto público no crea empleo, tal y como se ha demostrado, una política de austeridad no lo destruye. Más bien al contrario. Al no gastar más de lo que es asumible, se deja de penalizar a las familias y a las empresas con mayores impuestos (presentes o futuros), y deja de canalizarse todo el ahorro disponible hacia el Estado, liberándolo para inversión privada. Los recortes de gasto público activan un proceso de saneamiento de las cuentas públicas, de mayor desahogo privado y de amortización de deudas, que genera un marco estable para el crecimiento y la creación de empleo. Aunque, eso sí, siempre hay unos empleos que es necesario destruir: los de los políticos que, mediante el dispendio desenfrenado, han terminado por hundir la economía española.
Vía Francisco Capella.
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