Rosa Díez, UPyD, contesta a Amaiur: La repugnancia y la hipocresía

Fuente: Santi González.

En defensa del orden constitucional

Acto de UPyD del que tuve conocimiento por Arcadi Espada y del que también leí donde Santiago González.

Palabras muy cabales y con las que estoy totalmente de acuerdo las pronunciadas por Rosa Díez.

MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

La principal diferencia entre la democracia y cualquier otro sistema político es que la primera se funda en un orden constitucional que garantiza a los ciudadanos sus libertades básicas y su igualdad ante las leyes. La Constitución es la clave de bóveda del edificio legislativo que desarrolla y ordena derechos y obligaciones que deben ser iguales para todos. Por eso atacar la Constitución vaciándola de contenido y debilitando su carácter de ley de leyes, es atacar la libertad, la igualdad y la propia democracia.

En estos últimos años los ciudadanos españoles estamos padeciendo una erosión constante de nuestro orden constitucional, y por tanto de nuestras libertades y de nuestra igualdad ante la ley. Nada hay más frágil que la democracia, cuyo mantenimiento y mejora exige de todos una vigilancia constante y comprometida. Resulta intolerable que los propios gobernantes elegidos para defender el orden constitucional sean quienes más empeño ponen en convertirlo en un caos sin sentido.

Hoy nos hemos reunido aquí, ante la sede del Tribunal Constitucional, para expresar nuestra protesta contra la manipulación de las instituciones encargadas de velar por el mantenimiento del orden constitucional, o lo que es lo mismo, de velar por los derechos y obligaciones iguales para todos, y por nuestra libertad personal. Nos hemos reunido aquí, ante la sede del más Alto Tribunal, para proclamar que sin justicia constitucional, no hay democracia.

La unidad de la Nación española que proclama nuestra Constitución no es otra cosa que la igualdad jurídica de todos nosotros tomados de uno en uno, como sujetos libres y miembros conscientes de la misma democracia. Y esta es, ciertamente, la unidad que pone en peligro la negación del orden constitucional a través de leyes y de acciones de gobierno que no nos consideran ciudadanos de la misma Nación sino que, imponiendo obligaciones y deberes diferentes, convirtiendo privilegios en falsos derechos y arbitrariedades en falsas obligaciones, nos dividen en rebaños enfrentados donde lo que importa no es la libertad y la igualdad entre ciudadanos personalmente diferentes, sino la identificación cerril con un pensamiento obligatorio y uniforme que llaman, sin serlo, “identidad cultural”.

Con la excusa de contentar a nacionalistas descontentos por definición, de potenciar disparatados derechos de lenguas y territorios a base de restarlos a las personas, de reparar viejas heridas sentimentales y resucitados agravios históricos, de imponernos por nuestro presunto bien leyes sectarias que casi nadie reclama, los partidos que gobiernan España y numerosas comunidades autónomas protagonizan constantes ataques contra la Constitución. Sus esfuerzos por controlar y manipular la justicia, la hacienda, los medios de comunicación y todas las demás instituciones públicas para ponerlas al servicio de sus intereses particulares, su contumacia en tomar decisiones claramente inconstitucionales, nos han conducido a una gravísima crisis política.

Naturalmente, la Constitución puede cambiarse para mejorar la democracia. Nosotros proponemos una reforma constitucional que mejore nuestro orden político a la luz de las experiencias de todos estos años. No somos partidarios de la inmovilidad o la fosilización de nuestra Constitución, sino de adecuarla a los retos del siglo XXI. Pero cualquier reforma que se proponga debe ser fiel y leal al orden constitucional, seguir los procedimientos establecidos por la propia Constitución para su reforma. Y lo que rechazamos es la práctica viciosa de cambiar la Constitución por la puerta de atrás, mediante reformas de Estatutos de Autonomía o por medio de leyes y decretos que chocan con su letra y su sentido. Como ciudadanos españoles, libres e iguales, exigimos ser consultados por quienes quieren cambiar la Constitución por la vía de los hechos consumados, burlando el “derecho a decidir” básico de la democracia, el de participar en la toma de decisiones sobre lo que nos afecta a todos y no sólo a una parte de nuestro país.

Cuando el orden constitucional está en peligro, también lo está la libertad de todos y cada uno de nosotros. Es el momento de que los ciudadanos conscientes digamos de nuevo basta ya, como muchos miles dijeron no hace tanto frente al terrorismo y al nacionalismo obligatorio en el País Vasco. Es el momento de exigir el cese de todo ataque contra la Constitución, y el fin del desacato de los gobiernos a las leyes y sentencias que no les gustan.

Como ciudadanos que cumplimos las leyes y acatamos las sentencias de los tribunales de justicia, incluso las que no compartimos, exigimos a los gobernantes, comenzando por el Gobierno de la Nación, que también ellos respeten la legalidad y cumplan y hagan cumplir las sentencias de los tribunales, incluyendo la de este Tribunal Constitucional relativa al Estatuto de Cataluña. Porque un país donde los gobernantes se reservan cumplir o no la legalidad a su conveniencia no es un Estado de derecho, sino el reino de la arbitrariedad. Porque sin justicia constitucional, no hay democracia.

No denunciamos ataques abstractos. Mientras hoy nos concentramos ante el Tribunal Constitucional para defender la Constitución y protestar contra quienes la quieren vaciar de contenido, en Barcelona se celebra una manifestación contra la Constitución convocada expresamente por el presidente de la Generalitat; una convocatoria basada en las falacias de que la voluntad del pueblo y la nacionalidad sentimental están por encima del Estado de derecho y de la nación constitucional.

Con independencia de la opinión que cada cual tenga de los conflictos políticos y jurídicos creados por la irresponsable gestación de un Estatuto de Autonomía claramente inconstitucional --conflictos artificiales de los que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el máximo responsable--, la manifestación de Barcelona representa un ataque a la Constitución, y es un acto de desacato al orden constitucional que adquiere su máxima gravedad al estar liderado por el Gobierno y las instituciones de Cataluña.

Es una manifestación contra la separación de poderes y la autonomía de la justicia, contra la igualdad de los ciudadanos y contra el imperio de las leyes mientras sigan vigentes. En definitiva, es una manifestación contra la democracia.

Nosotros exigimos a la Generalitat de Cataluña que cumpla con su obligación democrática de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional; y exigimos al Gobierno de la Nación que haga cumplir la sentencia y promueva la derogación de todas las leyes que se han aprobado en desarrollo de artículos declarados inconstitucionales por el fallo del TC. Exigimos que cualquier solución a las deficiencias de la actual estructura territorial del Estado se discutan con transparencia en el Parlamento Nacional, con argumentos y propuestas políticas, impidiendo que el futuro de España, nuestro futuro, sea objeto de oscuros trapicheos celebrados a nuestras espaldas.

El objetivo de la política democrática no es hacer que unos se sientan más cómodos que otros a base de imponernos a todos sus sentimientos, haciéndolos obligatorios; el objetivo de la democracia no es restañar heridas imaginarias ni ganar retroactivamente guerras del pasado. El objetivo de la Constitución no es dar satisfacción a mitos y emociones que, por muy comprensibles y humanas que sean, van contra los principios de solidaridad, libertad e igualdad sin los cuales no hay democracia ni ciudadanía, sólo tribus enfrentadas y encadenadas a emociones primarias.

La política democrática debe perseguir el perfeccionamiento incesante de las instituciones, trabajar por un gobierno más eficaz y transparente, por un parlamento más representativo y reflexivo, por una justicia más autónoma y justa. La democracia es la consecución de más libertad personal y de más igualdad entre los ciudadanos con independencia de cuál sea su riqueza, su lugar de nacimiento o residencia, su profesión, su lengua materna, su sexualidad, sus creencias y sentimientos de identidad o pertenencia. Libertad e igualdad son los valores supremos que debe preservar y cultivar el orden constitucional de la democracia, y estos son precisamente los valores que están poniendo en grave peligro los ataques contra el orden constitucional de la España democrática que hoy hemos venido a defender.

Ciudadanos, nuestra libertad está amenazada por quienes creen que pueden dividirnos para acabar con la igualdad y la solidaridad entre nosotros, levantando fronteras artificiosas en nombre de mitos y prejuicios que encubren turbios intereses e impiden la regeneración de la política democrática.

Ciudadanos, ¡Basta ya de ataques a la democracia!

Ciudadanos, ¡Viva la Constitución!

Por esto voto a UPyD

En este artículo de Arcadi queda claro porque voto a UPyD, liderado por Rosa Díez. Por su claridad, por ir al fondo de los problemas y no quedarse en la superficie. A pesar de los posibles errores que puedan cometer, esta gente de UPyD es necesaria.

ARTÍCULO:

Querido J:

Estuve ayer presentando a Rosa Díez, que daba una conferencia en el Ritz de Barcelona. Unos días antes había tenido la amabilidad de enviarme su clara y enérgica propuesta. Como es natural los ojos se me fueron enseguida a una zona particular del texto: «Hay una frase que se atribuye a Josep Pla muy gráfica: “El catalanismo no debe prescindir de España porque los catalanes fabrican muchos calzoncillos, pero no tienen tantos culos”». Es una frase llamativa, como siempre que sale un culo, que pretende describir la importancia del mercado español para Cataluña. En cierto modo también le serviría a Alemania respecto a los pigs europeos, ahora que se quiere apretar tanto la goma del calzón. Pero yo nunca se la había oído a Pla; y suele contarme todo lo que dice por ahí. Me despisté, momentáneamente, del resto de la conferencia confirmando por enésima vez que internet nos hace más burros. El rastro de culos, calzones y Josep Pla atravesaba un par de foros en internet y acababa, como suele ser inexorable, en un periódico. Concretamente en Abc y en boca de un Antonio Cerdá, consejero de Agricultura de la Comunidad de Murcia. No sólo eso: Cerdá aseguraba que la afirmación cular estaba en una carta que Pla dirigió a Tarradellas poco antes de morir. Yo recordaba esa carta; pero ni un culo. Como no la tenía a mano, la pedí al Archivo Tarradellas de Poblet y la cordial y eficacísima Montserrat Catalán la puso en mi correo a los pocos minutos. En efecto, la famosa carta, de finales de agosto de 1977, cuando Tarradellas ya ha hecho su sorprendente y exitoso (según lo que Tarradellas cuenta a los periódicos) viaje a Madrid, donde se ha entrevistado con Adolfo Suárez. Pla lo felicita y le dice que se ande con cuidado: «La clase política salida de las elecciones no vale nada de nada.» Le recomienda que haga un gobierno de unidad, que hizo; que incluya a Manuel Ortínez, que sería su hombre, quizá su único hombre, de confianza; y que cuente también con Josep Maria Castellet, «xicot inteligente», lo que no hizo.

Pero ni rastro al dorso.

Acabé de leer la conferencia. Y ayer la diputada Díez, firme en su guión, volvió a sugerir la posibilidad de que Pla hubiese mezclado calzoncillos y culos. La ocurrencia tuvo éxito en el auditorio. Como en realidad lo tuvo todo su discurso, bien trabadas las ideas con los hechos, y pronunciado con una punta de pasión convincente. La diputada explicó el porqué de las reformas constitucionales que plantea su partido y el porqué de su oposición a la modalidad del recorte económico que ha planteado el presidente Zapatero. Pero sobre todo explicó algo especialmente importante: el porqué no es sostenible el actual Estado Autonómico. Esta es una de las frases que dijo: «El desarrollo autonómico sin ningún tipo de control sobre su eficiencia y su eficacia ha sido un generador de desigualdad que empeora la crisis económica y perjudica gravemente a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad por su voracidad, elefantiasis, mala gestión y competencia desleal y abusiva con los agentes económicos privados.» Y esta es otra, derivada: «No hay solución a la crisis económica y de modelo productivo si no abordamos la reforma del modelo de Estado». Un apotegma que será el eje de la oferta electoral de UPyD. Pero no se quedó en el apotegma. Un ejemplo. Datos que escuecen a los ojos: «¿Saben ustedes que en España hay más de 100.000 normas con contenido económico que dificultan la unidad de mercado? ¿O que en algunas CCAA hay hasta tres canales de TV que han producido unas pérdidas en 2008 de 1.600 millones de euros? ¿Saben que entre 2003 y 2008 hemos pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las que 344 son autonómicas? ¿O que la deuda de las empresas públicas de la CA Valenciana supera los 13.000 millones? ¿Y que Andalucía tiene 20.000 trabajadores distribuidos entre 54 empresas públicas que gestionan un presupuesto de 5.282 millones? (La Seguridad Social gestiona 101.878 millones con unos pocos más).»

Los datos, estando donde estaba, aún podían escocer más. Puede que haya comunidades autónomas con tres canales de televisión pública; pero Cataluña no está en ese grupo. La ciudad de Barcelona dispone en este momento histórico en el que escribo de nueve canales públicos de televisión. Seis canales autonómicos. Dos estatales. Y uno municipal. Pero espera: este septiembre empieza uno en pruebas: Esport 3, la cadena deportiva de TV3. Una apuesta eminentemente cultural. Diez canales en otoño, quan vénen ganes de TV3. No creo que haya una situación similar en un lugar del mundo donde alcance mi vista. La deuda de las televisiones autonómicas, según un reciente estudio de Deloitte supera los mil millones de euros. Es evidente que el modelo de televisión pública en España fue creado para una ecología comunicativa que nada tiene que ver con la actual. Para un país sin televisiones privadas y, sobre todo, sin internet. En el coloquio le preguntaron a la diputada Díez qué hacer con todo ello. Si dada la situación sería partidaria de privatizarlas. Sonrió con cierta melancolía.

—La gran mayoría de esas televisiones no valen nada. Nadie las compraría. Sólo cabe cerrarlas.

A la diputada Díez le gusta hablar. Asegura que el principal culpable es el presidente Bono, que la tiene puesta a una severa dieta de lengua en el Parlamento. Durante todo el coloquio sus respuestas fueron de una generosidad exuberante. Hasta que llegó la última pregunta. Si iban a hacer algo con Ciutadans. La diputada aceleró el paso y dejó una corta y cambiada:

—Sí, como con el PSC y con otros partidos siempre podemos coincidir en alguna inciativa concreta.

De aquí hasta el día de la votación autonómica, cada vez que venga a Cataluña, Rosa Díez va a encontrarse con esta pregunta en cualquiera de sus mil variantes. Es lógico. Muy lógico. Tanto Ciutadans como UPyD se reclaman practicantes de un nuevo modo de hacer política. Y el público no ve razón objetiva alguna, es decir, que forme parte de ese nuevo modo de hacer política, en la cizaña entre los dos partidos. El público sólo ve desencuentros personales, ceguera y vanidad. No es razonable que el líder de Ciutadans ofrezca a UPyD un pacto adosado a la pesada premisa de que él debe liderar la lista electoral resultante. No es razonable que Rosa Díez no pueda reprocharle la pesada premisa: hasta tal punto desprecia al partido que abrió políticamente el movimiento ciudadano, que ni siquiera quiere darle fe de vida por medio de una negociación electoral.

Es muy conocido cuánto aprecio al viejo maestro. Y cuán convencido estoy de la calidad de las propuestas interiores de UPyD. Al maestro le gustaban los artículos que se muerden la cola. A mí también. Creo que el constitucionalismo no puede prescindir de Cataluña. Y que en Cataluña no hay culo para dos calzoncillos.