Las medidas aprobadas por el gobierno para evitar la suspensión de pagos y lograr el rescate de de los bancos y del Estado por parte de nuestros socios europeos ha probado ser un auténtico fiasco.
Pocas horas después de votarse el ajuste que según Rajoy era el que necesitaba España, la prima de riesgo sobrepasa los 600 puntos básicos. Para alejar el fantasma de la quiebra, el gobierno tiene que abandonar su empeño en mantener todas las promesas del Estado paternalista, planteamiento que le ha llevado a freírnos a impuestos y tratar de hacer recortes horizontales del gasto público en lugar de replantear seriamente cuáles son las funciones básicas que debe retener el Estado y cuales pueden y deben ser devueltas a la sociedad civil aligerando el peso del aparato estatal y dando dinamismo a la economía.
Para empezar el gobierno debería reformar el sector eléctrico. El gobierno del PP primero y del PSOE después pervirtieron el mercado energético subvencionando varias de las formas menos eficientes de producir electricidad. Una década después el coste eléctrico en España es de los más altos de Europa, lastrando así el poder adquisitivo de nuestras familias y la competitividad de nuestras empresas. Ahora el gobierno debe retirar tanto las subvenciones a la producción como las restricciones a la instalación de nuevas plantas de cualquier tecnología. El lugar de liar aún más el sector con nuevos impuestos que traten de compensar los desequilibrios creados, el ejecutivo debe liberalizar la producción y la compra-venta de electricidad. Rajoy y Soria no pueden pretender mantener los privilegios a unos cuantos productores en detrimento del conjunto de la sociedad española.
El grueso de las reformas pendientes está relacionado con el paternalista Estado del Malestar. Garantizar el acceso a servicios básicos a quienes no tienen dinero no implica que el gobierno se dedique a intervenir el mercado y a producir directamente los servicios. En el campo educativo España es uno de los dos únicos países de la OCDE en el que las 5 pruebas de PISA sus escolares puntúan sensiblemente por debajo de la media internacional. Aún así gastamos más dinero por estudiante que Finlandia, el país aclamado mundialmente por la calidad de su sistema educativo. Tampoco tenemos ni una universidad situada entre las 100 mejores del mundo a pesar de haber más que duplicado el gasto universitario en los últimos 10 años llegando a superar los 10.000 euros al año por estudiante. Sin embargo, en las escuelas de negocio, la rama de la enseñanza menos regulada y más alejada del control público, España tiene tres centros entre los diez primeros del mundo. Urge por lo tanto establecer procedimientos a través de los cuales políticos, burócratas y funcionarios pierdan su actual control sobre el sistema educativo en favor de los padres y los empresarios. Aquí cabe plantearse soluciones que vayan desde los cheques educativos hasta las privatizaciones pero sobre todo necesitamos abrir la oferta a la competencia para lo cual necesitamos una reforma legislativa que quite de un plumazo las mil y una barreras de entrada que estable la ley en la educación primaria, secundaria y universitaria.
En la sanidad necesitamos una reforma que permita a los ciudadanos elegir el modelo que desean costear y disfrutar. Desde la reintroducción de la desgravación por gasto en servicios sanitarios privados hasta la entrada de capital privado en los hospitales públicos, el campo para la mejora es inmenso. En los años de la burbuja el gasto público en sanidad creció un 67% sin que se observara una mejora en el servicio. Ahora toca llenar al sector de emprendedores que ganen dinero en la medida que sepan curar a los pacientes a un coste razonable. Los funcionarios llevan años eligiendo a través de MUFACE el proveedor al que pagan con su dinero y de manera invariable eligen una provisión sanitaria privada en una proporción de entorno al 85%, aligerando así el peso del estado y dando impulso a un importante sector privado.
También resulta necesario diseñar una reforma del sistema de pensiones que permita transitar del actual modelo de reparto a uno de capitalización personal. El sistema actual es la fiel reproducción de una estafa piramidal a lo Ponzi o a lo Madoff. La población cree estar ahorrando para su pensión cuando en realidad el gobierno está gastando su dinero en el pago de prestaciones actuales de tal modo que su pensión sólo se podrá pagar en el futuro si el gobierno encuentra suficientes personas a las que poder elevar la tributación el día de mañana. Con el paso progresivo a un sistema de capitalización cada ciudadano recuperaría la responsabilidad de ahorrar para garantizarse una renta digna tras finalizar su vida laboral al mismo tiempo que se evitar el modelo de crecimiento económico basado en expansiones insostenibles del crédito barato como el que vivimos entre 2001 y 2007.
Necesitamos en suma un drástico cambio de modelo que posibilitaría una enorme reducción del gasto público ayudando a equilibrar el presupuesto aún llevando a cabo la urgente reducción de los niveles impositivos confiscatorios y desincentivadores del esfuerzo personal establecidos por el PP. Si a estas reformas del Estado Benefactor que devuelven la responsabilidad de la producción de los servicios básicos a la ciudadanía le añadimos la eliminación de las trabas al desarrollo empresarial, España puede aún evitar la quiebra que tenemos ante nuestras narices.
