El proceso estatutario ha hecho estragos en la calidad de la cultura política catalana. Ha sido especialmente nefasto el último año, desde que se comenzó a descalificar al Tribunal Constitucional tras filtrarse un borrador de la sentencia del Estatut en el que se declaraban inconstitucionales una notable cantidad de sus preceptos. Ahí comenzó, a muchos niveles, una campaña para que este alto órgano dejara de lado su independencia y dictara, prevaricando, una sentencia política. Si esta finalidad se hubiera conseguido, el Estado de derecho en España hubiera entrado en una grave crisis.
Afortunadamente, el Tribunal Constitucional supo resistir tan duros ataques y ha aprobado una sentencia de la que, por supuesto, se puede discrepar, pero no negar que en sus razonamientos prevalece la razón jurídica, la única que puede utilizar un órgano jurisdiccional. El mal, sin embargo, ha cundido: en Catalunya parece que el Estado de derecho, el sometimiento del poder político a la ley, importa poco.
Esta semana estamos asistiendo a una lamentable serie de declaraciones sobre la interposición por parte del Defensor del Pueblo, cargo desempeñado en funciones por María Luisa Cava de Llano, de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de acogida de inmigrantes. De entrada el presidente Montilla ha descalificado a la Defensora: “Es un recurso que no tiene sentido. Cava es una antigua diputada del PP, está en funciones y debería haberse abstenido”. Sinceramente, president, lo que no tiene sentido es su declaración: ¿qué tiene que ver su antigua condición de diputada con el deber de abstenerse en el ejercicio de sus funciones? Nada, presidente, absolutamente nada. Es una declaración sin fundamento alguno.
Pero a Montilla se le adelantó su conseller Huguet, que aún la dijo más gorda. Sin saber, supongo, que el señor Enrique Múgica ya no era Defensor, le atribuyó la responsabilidad de interponer el recurso y lo llamó, por tres veces, en un alarde de auténtica memoria histórica, “falangista”. El derecho a la crítica forma parte de la libertad de expresión, pero faltar a la verdad no.
Que una personalidad como Enrique Múgica sea tachado de falangista por un conseller de la Generalitat es algo que nunca hubiera pensado que podía llegar a suceder. Múgica fue un luchador antifranquista desde su primera juventud, allá por los años cincuenta. Pasó por las cárceles franquistas; a pesar de ello nunca dejó de seguir enfrentándose a la dictadura, que algo tuvo que ver con los falangistas, y ha sido un personaje clave en el PSOE y en la nueva democracia. Una trayectoria coherente e impecable. Que tras pronunciar tan indigna barbaridad el conseller Huguet no haya sido destituido, no lo entiendo. Será, probablemente, que el “todo vale” se ha apoderado de la política catalana en este triste final de legislatura.
