España, rescatada

Juan Ramón Rallo.

Escuchadas todas las partes, ya podemos formarnos una primera idea sobre el plan de rescate (sí, rescate) del Eurogrupo a España. Ahí van:

1. Es un rescate en toda regla pero sin condiciones al Gobierno: El PP se está esforzando sobremanera en sostener que no estamos ante un rescate porque la asistencia financiera no es idéntica a la prestada a Irlanda, Grecia o Portugal. En estos casos, la Troika rescató a los gobiernos que eran incapaces de emitir deuda en el mercado a tipos de interés competitivos. En nuestro caso,parece que no ha sido así, pero sólo lo parece. En realidad, el Gobierno había decidido recapitalizar con fondos públicos a la banca española… pero se sabía incapaz de emitir 100.000 millones de euros en el mercado sin que los tipos de interés se le fueran a la estratosfera. Por consiguiente, al final estamos en lo mismo: se le presta asistencia al Gobierno para sus objetivos de gasto (en este caso, de gasto dirigido a recapitalizar bancos). El Eurogrupo es taxativo a este respecto: el dinero se le presta al FROB, que actúa como agente del Gobierno. Sí, del Gobierno, no de los bancos.
2. El dinero no lo devolverá la banca, sino los contribuyentes: Esta excusa oficial es esencial por un doble motivo. Primero, sirve para aplacar los ánimos de una ciudadanía a la que se le ha añadido, de golpe y porrazo, unas deudas de más de 2.000 euros por cabeza para salvar a los malos inversores de la banca. Segundo, tratándose de una inversión que se espera que vaya a ser recuperada, no computa como déficit. En realidad, es todo puro teatro. Como ya ha sucedido con los 4.500 millones famosos de Bankia, no estamos ante una operación gubernamental dirigida a proporcionar liquidez a la banca, sino que va orientada a tapar colosales agujeros de estas entidades. El dinero no se le va a devolver al FROB (o al menos no en un futuro previsible… dentro de 20 años, quién sabe) y, por tanto, será el contribuyente español quien tenga que amortizarlo con Europa. Debería contar como déficit, pero se manipularán las cuentas a la griega con la connivencia de Eurostat.
3. No es positivo que haya sido un rescate sin condiciones: El Partido Popular ha pretendido convertir los intereses del partido en los intereses de la nación. Desde luego, un rescate condicionado habría sido una humillación en toda regla para el PP. Sería tanto como decirles que son unos completos inútiles incapaces de hacer una a derechas contando con mayoría española en casi toda España. La nación, en cambio, sí necesitaba que se le impusieran al Gobierno condiciones muy serias de reducción del déficit público por el lado de los gastos, pues tenemos un déficit público exorbitado: el 8,9% en 2011. El PP no quería una tutela, y al final se ha salido con la suya en perjuicio de los españoles.
4. El déficit no aumenta, pero la solvencia del Reino de España sí se resiente: El déficit a efectos de Eurostat es una mera argucia contable de importancia limitada a la burocracia bruselense. Lo que les interesa a los inversores es el monto total de deuda pública viva y su capacidad para amortizarla por parte del Gobierno. El rescate del Eurogrupo no eleva el déficit, pero sí eleva la deuda en unos 10 puntos del PIB. Aunque a corto plazo se despejan incertidumbres sobre cómo se iba a financiar el rescate bancario español (cabía el riesgo de que el Gobierno del PP quisiera emitir los 100.000 millones directamente en el mercado, lo que habría sido su tumba, como lo fue la de Irlanda) y probablemente contribuya a relajar la prima de riesgo, a medio plazo será sólo un nuevo clavo en el ataúd de la solvencia del sector público. Con este plan nos iremos, como mínimo, a una deuda sobre el PIB del 90% para finales de 2012. Con una economía esclerotizada como la española, el servicio de la deuda va siendo cada vez más inverosímil.
5. Los bancos no volverán a dar crédito a partir de ahora: Aunque otro brillante pretexto oficial para justificar este saqueo al contribuyente sea que, gracias a la inyección de capital, los bancos volverán a dar crédito a partir de ahora, este razonamiento es erróneo por dos motivos. Uno atañe al lado de la oferta de crédito, es decir, de los bancos: con estos 100.000 millones la recapitalización del sistema financiero español NO se ha completado. Faltan otros 50.000 millones que muy probablemente se lograrán en año y medio o dos años a través de provisiones contra beneficios de la banca. Pero de momento, no hay saneamiento total (lo único positivo que, acaso, pueda esperarse por esta vía es que los bancos comiencen a sacar a la venta todos los activos adjudicados y depreciados que tienen en sus balances, pero hasta el momento han acreditado una extraordinaria lentitud en este sentido). El otro motivo, más importante, atañe a la demanda de crédito: si ahora mismo no hay crédito en la economía española no es porque los bancos no tuviesen capacidad para extenderlo hasta la fecha (hay bancos perfectamente solventes que han limitado al máximo su exposición a España, y en general toda la banca seguía prestándole al Gobierno), sino porque no se fían de la viabilidad de la economía española. Esto no ha cambiado en absoluto, si acaso ha empeorado con los 100.000 millones adicionales de endeudamiento. España sigue siendo un sistema económico hiperendeudado y totalmente desequilibrado, cuya capacidad para generar suficiente riqueza con la que amortizar su losa de deuda es más que discutible. La potencial insolvencia del Reino de España significa que nuestra salida del euro es una posibilidad muy real y, ante tal contingencia, muy pocos se arriesgan a invertir (cualquier activo español puede perder de la noche a la mañana un 30%-40% de su valor). Mientras no haya un saneamiento del conjunto de la economía (Gobierno, familias y empresas) el crédito no volverá a fluir, pues seguirá tratándose de una operación altamente arriesgada que muy pocos querrán acometer. Por eso era tan importante que Bruselas atara en corto al Gobierno y, por eso, lo de hoy ha sido sólo un fiasco dirigido a que el contribuyente español pague las pérdidas de los bancos españoles.
6. Sí había alternativa a la socialización de deudas: La alternativa que de verdad hubiese contribuido a sanear nuestra economía y que no hubiese castigado al ya muy sufrido contribuyente es la capitalización de deuda (o bail-in). A saber, convertir a parte de los acreedores de los bancos insolventes en accionistas. Esta solución, mucho más justa y adecuada que la socialización de pérdidas, se ha descartado por miedo a que se generara un pánico bancario en España. Extraño argumento en un país cuya banca vive desde hace meses enchufada a la financiación del BCE en más de 300.000 millones de euros.

En definitiva, estamos ante un parche más a un problema muchísimo mayor y más complejo que el de inyectarles el 10% del PIB español a nuestras entidades financieras. El Gobierno del PP sigue careciendo de una visión global del problema (acaso porque no le interesan las soluciones liberales que de ahí se desprenden) y, por tanto, continúa improvisando y cargándole el muerto al contribuyente como ya lo hacía el de Zapatero. A corto plazo será un paliativo de la histeria que vivíamos en los mercados para financiarnos; a medio y largo plazo, un fracaso más.

Por resumirlo: los españoles debemos 100.000 millones más sin que nuestros políticos vayan a notar restricción alguna en su muy dispendiosa predisposición a gastar nuestro dinero. Y los únicos que de verdad salen bien parados de la operación son los acreedores de los bancos quebrados; es decir, justamente aquellos que en un sistema realmente capitalista habrían cargado con la responsabilidad de sus errores de inversión.