El 4 de abril de 1976 los inspectores de Policía JESÚS MARÍA GONZÁLEZ ITUERO y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ fueron secuestrados por ETA en Hendaya (Francia).
Jesús María y José Luis llevaban sólo seis meses en la Policía. Destinados en una comisaría de San Sebastián, habían cruzado a pie la frontera, tras comer en una pizzería de Guipúzcoa. Dejaron sus armas en el puesto de control aduanero de Irún, y de ahí se dirigieron al cine Varietés en Hendaya. Aquí fue donde los vieron vivos por última vez.
Tras comprobarse que los dos amigos no habían recogido sus armas en la aduana, se dio la voz de alarma. Al día siguiente, el cónsul de España en Bayona presentaba una denuncia por secuestro de los dos inspectores ante las autoridades francesas. La Policía francesa realizó una gran operación para intentar localizarlos. Hubo cerca de cuarenta detenidos, pero todo fue en vano. Parecía que a José María y a José Luis se les hubiese tragado la tierra. El único resultado positivo logrado por las fuerzas de seguridad francesas fue el hallazgo de la documentación de ambos agentes en el domicilio de un miembro de ETA.
Un mes después de la desaparición de los dos policías se publicaba en la prensa la noticia de que varias personas afirmaban haber presenciado cómo dos jóvenes, cuya descripción concordaba con la de los desaparecidos, habían sido abordados a la entrada de un cine de Hendaya por un grupo de hombres armados que les habían obligado a introducirse en un coche.
Ante la falta de resultados, el asunto quedó prácticamente archivado. Semanas antes de la aparición de los cuerpos, el padre de Jesús María González dirigió una carta al Rey rogándole que hiciese todo lo posible por esclarecer el asunto. Algo más de un año después de la desaparición, el 18 de abril de 1977, sus cadáveres aparecieron torturados y con un tiro en la nuca en la playa vascofrancesa de La Chambre d'Amour, en el término municipal de Anglet, entre Biarritz y Bayona.
Los cadáveres, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados por cinco adolescentes en un antiguo búnker construido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes estaban buscando con palas material bélico, que en dicha zona se encuentra con cierta facilidad debido a que los alemanes construyeron durante la Segunda Guerra Mundial varias fortificaciones en la costa. El grupo dio con una masa oscura que resultó ser un cadáver, a tan sólo quince centímetros de profundidad. A escasa distancia se encontraba el otro cuerpo. Inmediatamente dieron aviso a la Policía que procedió a levantar los cadáveres en presencia del juez. En sus ropas podían apreciarse restos de etiquetas españolas, primera pista de que podía tratarse de los policías españoles.
Aparecieron con los pies y las manos atadas, mutilaciones en los dedos y un tiro en la nuca. La autopsia revelaría que uno de ellos había muerto de dos disparos en la cabeza, efectuados a quemarropa, mientras su compañero presentaba un único impacto de bala.
ETA nunca reivindicó su asesinato, igual que ocurrió con los tres jóvenes gallegos secuestrados y torturados hasta la muerte en marzo de 1973 y con todos aquellos casos que despertaban especial rechazo social. Tampoco se sabe nada sobre quiénes fueron los autores del crimen.
La banda terrorista, como hizo otras veces, llegó a señalar que se trataba de una operación montada desde el Ministerio de la Gobernación para desatar una campaña represiva en Francia contra los refugiados vascos. Por otra parte, cierta información de prensa apuntó a las conexionesque podría haber entre el secuestro y asesinato de Jesús María y José Luis, y la desaparición del etarra Eduardo Moreno Bergaretxe, alias Pertur. Según esta versión, Pertur no habría sido asesinado por la banda terrorista ETA, sino por algún grupo de la extrema derecha en un contexto de colaboración entre organizaciones fascistas a escala internacional. En este caso, se trataría de neofascistas italianos. Estas informaciones, publicadas el 28 de julio de 1976 en el diario vespertino de la cadena del Movimiento Unidad, editado en San Sebastián, han sido de nuevo sacadas a la luz por el diario El País del 20 de marzo de 2011.
Según estas informaciones, en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Pertur, el comisario jefe de la Policía de Irún, Eduardo López Maturana, detuvo a su madre, Marta Bergaretxe, cuando trataba de cruzar la frontera en busca de noticias sobre su hijo. El comisario la retuvo ilegalmente tres días en su propio domicilio con la excusa de que quería protegerla de una amenaza que no precisó. Al mismo tiempo que el jefe de la Policía de Irún retenía a la madre dePertur, dos gendarmes comunicaban a Pierre Larzabal, el cura de Sokoa, y al letrado Abeberry, conocidos nacionalistas vasco-franceses, la propuesta, trasladada expresamente desde la comisaría de Irún, de que si aparecían los policías José Luis Martínez Martínez y Jesús María González Ituero, la madre de Pertur recobraría su libertad. Esta versión, en todo caso, abundaría en la autoría etarra del secuestro y asesinato de Jesús María y José Luis, aunque añadiría nuevas dudas sobre la desaparición de Moreno Bergaretxe.
Jesús María González Ituero tenía de 25 años cuando fue secuestrado y asesinado por ETA. Natural de Madrona (Segovia) era el segundo de los seis hijos del matrimonio González-Ituero. Se había incorporado al cuerpo de la Policía Nacional en septiembre de 1975, tras terminar el servicio militar.José Luís Martínez Martínez, era natural de Calatayud (Zaragoza) y tenía 31 años. Su infancia la pasó en Almería, pues su padre fue trasladado ahí cuando José Luis era muy pequeño. Una vez que terminó su servicio militar, ingresó en la Academia General de Policía. De ahí salió destinado al servicio 091 de San Sebastián, en el que llevaba sólo seis días cuando fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA.
El 4 de abril de 1990, en torno a las cuatro de la tarde, es tiroteado en Pasajes (Guipúzcoa) el guardia civil BENJAMÍN QUINTANO CARRERO cuando regresaba a su domicilio. Varios disparos, efectuados a corta distancia por dos miembros del grupo Donosti de ETA, le causaron la muerte prácticamente en el acto.
El atentado tuvo lugar en la calle Blas de Lezo, a menos de cincuenta metros del domicilio de la víctima, donde la Policía recogió seis casquillos de bala, cuatro FN y dos SF del calibre 9 milímetros parabellum. Benjamín fue alcanzado por cinco de los seis disparos realizados. Su hijo mayor, que había oído los disparos desde su casa, bajó rápidamente para auxiliarlo. El dueño de un bar próximo relató a El País (05/04/1990) que oyó los disparos y se acercó. En ese momento vio a "un hombre en el suelo y un chico [su hijo] que le agarraba las manos y lloraba".
El guardia civil, que estaba adscrito al puerto de Pasajes, falleció poco antes de que llegase el equipo de rescate de la Cruz Roja. Había sido alcanzado en la cabeza y varias partes del cuerpo.
Benjamín Quintano Carrero, de 48 años, era natural de Torregamones (Zamora). Estaba viudo desde hacía cuatro años. Su asesinato dejó huérfanos de padre y madre a cuatro hijos: tres niñas y un joven, el mayor, de 22 años. Estaba destinado en Pasajes, aunque ese día regresaba del cuartel de Intxaurrondo tras realizar un servicio especial. Vivía en Guipúzcoa desde 1970 pero su entierro fue en Torregamones, donde también estaba enterrada su esposa.
El 4 de abril de 1994 la banda terrorista asesinó en Bilbao al guardia civil FERNANDO JIMÉNEZ PASCUAL. Hacía dos meses que ETA no cometía ningún atentado mortal. El último había sido el asesinato del coronel de Infantería del Ejército de Tierra Leopoldo García Campos en Barcelona el 7 de febrero de 1994.
Fernando había acudido ese día a su trabajo con el vehículo de su padre. Tras regresar a su domicilio, aparcó el coche y se dispuso a montar en el suyo, esperando a que bajara su familia. Vio un objeto sospechoso debajo del asiento y lo cogió, momento en que se produjo la explosión. El techo y el morro del vehículo, arrancados de cuajo, fueron proyectados a veinte metros de distancia. Entre los hierros retorcidos del habitáculo, destrozado por la explosión, quedó el cadáver del guardia civil. La explosión causó heridas graves a Silvia González Chaves, a la que la onda expansiva provocó un traumatismo craneofacial.
Su esposa, que oyó la explosión desde el domicilio familiar, bajó alarmada a la calle y encontró el cuerpo de Fernando ya sin vida. Un hermano de Fernando, que acudió al lugar del atentado, tuvo que ser ingresado en un centro sanitario después de sufrir un desvanecimiento al conocer la identidad del fallecido.
Fuentes de la lucha antiterrorista indicaron tras el atentado que, en fechas recientes, se había recomendado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) destacados en el País Vasco que extremasen las medidas de seguridad durante la Semana Santa, en previsión de posibles atentados de ETA. Esta tesis se vio reforzada hacía una semana, cuando el etarra José María Igerategi Gilisagasti, alias Ijitu, moría destrozado en pleno centro de Vitoria al estallar, por causas desconocidas, los treinta kilos de explosivo que transportaba en una bolsa.
El funeral por el alma del guardia civil asesinado se celebró al día siguiente, martes 5 de abril, en la parroquia de San José, ubicada a escasos metros del Gobierno Civil, donde la víctima prestaba sus servicios. Estuvo presidido por el ministro de Interior, Antoni Asunción.
Por el asesinato del agente fueron condenados en 1997 como autores materiales Carlos Emilio Cristóbal Martínez, José Luis Martín Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia. También fue condenado en la misma sentencia Andoni Ugalde Zubiri, en concepto de cómplice. Un año más tarde, en 1998, fue condenada María Teresa Pedrosa Barrenechea, también como autora del atentado. Todos ellos formaban parte del grupo Vizcaya de ETA. Presuntamente también participó otro miembro de este grupo etarra, Salvador Gaztelumendi Gil, alias Andoni, que pese a tener causa abierta en al Audiencia Nacional por este atentado, no pudo ser juzgado al fallecer en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Bilbao en septiembre de 1997.
Fernando Jiménez Pascual había nacido en Baracaldo y el 23 de abril habría cumplido 30 años. Estaba casado y tenía una hija de 6 años. Ingresó en el Cuerpo el 2 de febrero de 1990. El agente asesinado pertenecía al Servicio de Custodia del Gobierno Civil de Vizcaya, con la categoría de guardia segundo. En los últimos meses su labor consistía en controlar la identidad de los visitantes de la institución gubernamental. Sus restos mortales fueron trasladados a Salamanca, donde recibieron sepultura, por expreso deseo de su viuda, Elena, natural de la localidad salmantina de Mieza.
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