LA HABANA, Cuba, 3 de abril (Laritza Diversent,www.cubanet.org) – Sonia Garro Alfonso, miembro de las Damas de Blanco y de la Fundación Afrocubana Independiente, fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana y será procesada por el órgano de instrucción de la Seguridad del Estado, informó el martes su hermana, Yamilé Garro.
Sonia, en una nota, logró enviar los datos del expediente de fase preparatoria, radicado bajo el número 9 del 2012 cuando aun se encontraba detenida en la unidad policial de la calle Séptima y 64, en el municipio Playa. Sin embargo, tanto ella como la familia desconocen el delito que se le imputa.
Sonia fuedetenida el pasado 18 de marzo en medio de un operativo realizado por fuerzas antimotines en su domicilio, ubicado en la Avenida 47 en Marianao, en el que resultó también apresado su esposo Ramón Alejandro Muñoz González, quien fue trasladado al centro penitenciario Combinado del Este, en la capital.
Vecinos de la pareja dijeron a Yamilé Garro que agentes de la policía política bajaron ese día a Sonia del ómnibus público en que viajaba y la obligaron a regresar a su casa. El incidente alteró a su esposo Muñoz González, quien subió al techo de su casa para protestar.
Las autoridades trajeron entonces grupos de “respuesta rápida” que comenzaron a insultar a Muñoz González como parte de los ya acostumbrados “mítines de repudio”. Un rato después llegaron miembros de las tropas especiales, quienes con cascos y escudos, rompieron la reja de entrada e irrumpieron en la vivienda disparando balas de goma. Sonia Garro resultó herida en una pierna y su esposo fue lanzado por los uniformados del techo a la terraza de la casa, desde donde fue bajado con una escalera y trasladado a una estación policial.
Yamilé Garro dijo que otras tres personas fueron arrestadas en la redada, aunque se desconocen sus nombres.
Sonia Garro Alfonso pertenece a organizaciones independientes de la sociedad civil, como la Fundación Afrocubana Independiente, a las Damas de Blanco y dirige un Centro Cultural Independiente. La Seguridad del Estado la amenaza a menudo con iniciar un proceso penal en su contra. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, fue objetos de más de 17 actas de advertencia por alteración del orden público.
Las actas de advertencia pueden motivar la imposición de “medidas de seguridad pre delictiva” y entre 1 y 4 años de privación de libertad, por “conducta antisocial” que, según el Código Penal, se aprecia en las personas que quebrantan habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, provocadores o perturban el orden de la comunidad.
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