El juicio a Garzón ha llegado al New York Times, que ha dedicado a su defensa un editorial insolvente y perdonavidas, perfectamente inscrito en la tradición de trato de la prensa extranjera respecto a España. Como todos los de su clan, el editorialista insiste en que Garzón ha sido llevado al banquillo por querer juzgar al franquismo. Sus concluyentes insinuaciones son las que podían esperarse: España tiene un déficit democrático. No voy a negarlo. En el año 1977, mediante su ley de Amnistía, España decidió que ni los franquistas ni los antifranquistas habían cometido ningún delito. No decidió el olvido y el perdón del indulto, como a veces se cree: decidió algo mucho más profundo, en beneficio de la estabilidad. Uno de esos momentos en que un Estado cierra los ojos. El editorialista del Times debería reconocer el instante porque América pasó por él cuando el presidente Obama mandó asesinar a Bin Laden en beneficio de la estabilidad y la venganza. El editorial de entonces, por cierto, no insinuaba nada sobre inaceptables ecos totalitarios. ¡Quia!: Obama era descrito como un líder strong and measured. Fuerte y mesurado.
El doble fondo socialdemócrata no conoce fronteras, pero ahora no es ese el asunto. El asunto es exponer de qué modo el déficit español pudo subsanarse y cómo el auténtico responsable del editorial del Times y de los desquiciados juicios de Garzón y a Garzón es el presidente Zapatero; el que de un modo etimológicamente irresponsable diseminó las noticias sobre la caducidad del pacto de la transición, pero sin atreverse jamás a tomar la decisión política correspondiente: la proposición a las Cortes de la derogación de la ley de Amnistía. Lo que había hecho el Congreso argentino con la ley de Punto Final.
Cada generación tiene el derecho de organizar su vida colectiva, sin las ataduras de sus viejos. Así pues el joven Zapatero podía suspender esa ley y hacer aprobar otra donde se distinguiera con nitidez entre los crímenes de Franco y los crímenes de ETA, y donde se especificara que los primeros quedaban acogidos a la imprescriptibilidad establecida por la ONU. Habría sido un bonito debate. Abierto en canal plus. De resultas hasta habríamos enterrado a Fraga sin tanta gaita. Pero no. El presidente se limitó a extraer los beneficios propagandísticos de la impugnación del olvido sin asumir la difícil responsabilidad subsiguiente. La responsabilidad se la dejó al ingenuo juez Garzón; que él resolviera, como la más alta instancia penal que es en sí. Su oportunismo y su falta de coraje le llevaron a favorecer ladinamente el camino del juzgado, cuando el único legítimo, eficaz y valiente era el de la política. Pena grande. Perdió la oportunidad de que el Times le echara el doble chafarrinón, strong and measured.
(El Mundo, 7 de febrero de 2012)
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