Víctimas, 27 de noviembre: Heliodoro Arriaga Ciaurriz, Miguel Garciarena Baraibar y Miguel Ángel San Martín Fernández

A primera hora de la mañana del lunes 27 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Villabona (Guipúzcoa) a HELIODORO ARRIAGA CIAURRIZ, brigada de la Guardia Civil retirado y conserje de la empresa metalúrgica Sacem.
Eran aproximadamente las 7:15 horas cuando Heliodoro, que acababa de abandonar su domicilio y se disponía a montar en su vehículo –aparcado en los soportales del edificio en el que vivía–, fue abordado por varios miembros de la banda que lo tirotearon a escasa distancia. La víctima fue alcanzada por cinco o seis impactos de bala en el pecho y el abdomen. En el lugar de los hechos se recogieron siete casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marcas FN y Geco.
Varios vecinos, que se asomaron a las ventanas al escuchar las detonaciones, sólo tuvieron tiempo de ver el cuerpo sin vida de Heliodoro, tendido sobre un charco de sangre, junto a su automóvil, un Simca 1200. Un vecino que residía en el mismo edificio que la víctima contó cómo vivió el atentado:
Estaba a punto de levantarme para ir al trabajo cuando escuché los disparos. Me asomé a la ventana sin observar nada anormal. Poco después salía de casa para tomar mi automóvil y dirigirme al trabajo (...) Ya iba a arrancar, cuando vimos el cuerpo caído. Estaba en el espacio que quedaba libre entre el coche Simca (propiedad del fallecido) y un R-6 aparcado al lado. Al acercarme vi que la cara mostraba una palidez cadavérica, aunque me pareció que su boca se movía algo. Es entonces cuando nos ocupamos de avisar a su mujer y también al médico, que tiene su vivienda cercana a la nuestra (ABC, 28/11/1978).
Su esposa, Natividad Aguirre Leustegui, fue de las primeras personas en acercarse, aunque no pudo hacer otra cosa que comprobar que estaba muerto.
Para cuando he bajado a la calle, mi marido ya estaba muerto (...) No lo comprendemos. No podemos entender el porqué de esta muerte. Desde que nos casamos hace once años, vivimos en esta casa. Mi marido nunca se ha metido con nadie, ni tan siquiera alternaba en bares o sociedades. Era hombre de hogar, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Cuando salíamos lo hacía conmigo y con nuestro hijo (ABC, 28/11/1978).
Los autores del atentado se dieron a la fuga en algún vehículo que les estaba esperando en las proximidades del lugar. La Guardia Civil del cuartel de Villabona montó, nada más conocerse la noticia, un amplio dispositivo de controles de carretera, sin conseguir ningún resultado. 
Los autores materiales del asesinato de Heliodoro no han sido juzgados. En el año 1982 José Manuel Arzallus Eguiguren fue condenado a 12 años como cómplice en el asesinato.
Heliodoro Arriaga Ciaurriz tenía 60 años y era natural de Viana (Navarra). Estaba casado conNatividad Aguirre Leustegui, vecina de Villabona y natural de Hernani, y tenía un hijo, Alberto, que tenía 10 años cuando su padre fue asesinado. Perteneció a la Guardia Civil hasta 1965, prestando servicio en Navarra, Logroño y Barcelona. Nunca estuvo destinado en Guipúzcoa como guardia civil. Dejó el Instituto Armado con 47 años y el grado de brigada y se trasladó a vivir a Villabona, donde conocería a Natividad, con la que se casó dos años después de instalarse en la localidad guipuzcoana. Desde que se retiró de la Guardia Civil, no volvió a tener ningún tipo de relación con este cuerpo. Cuando fue asesinado trabajaba en la empresa Sacem. Por Real Decreto 319/2005 de 18 de marzo, Heliodoro Arriaga fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo a subteniente de la Guardia Civil.
El 27 de noviembre de 1980 la banda terrorista ETA comete dos atentados con una diferencia de doce horas en San Sebastián y Logroño. En el primero de ellos, los terroristas tirotearon con pistolas y una metralleta al teniente coronel del Ejército y jefe de la Policía Municipal de San Sebastián MIGUEL GARCIARENA BARAIBAR.
Minutos antes de las nueve de la mañana, Miguel Garciarena salió de su domicilio y se dirigió al vehículo oficial, donde le esperaba José Antonio Díaz Montoya, su chófer, para conducirle a su despacho en la Jefatura de la Policía Municipal de San Sebastián. Cuando el coche se detuvo en el cruce de las calles Urdaneta y Easo para ceder el paso a los vehículos de la calle principal, dos individuos armados se colocaron frente al mismo y abrieron fuego contra sus ocupantes. A continuación se montaron en un coche, donde les esperaba un tercer terrorista, emprendiendo la huida. El tiroteo contra Miguel Garciarena provocó escenas de pánico entre los transeúntes, muchos de ellos niños de corta edad que acudían a un colegio cercano.
Garciarena fue alcanzado mortalmente en la cabeza, el cuello, el abdomen, mientras que Díaz Montoya fue herido en el brazo, pese a lo cual pudo conducir el vehículo hasta la casa de socorro. Ahí los médicos sólo pudieron certificar la muerte del militar. Presentaba ocho impactos de bala: tres en la cabeza, cuatro en el hemitórax, y otro más en el abdomen. José Antonio Díaz, chófer del Parque de la Policía Municipal, fue trasladado al Hospital de San Sebastián después de que se le aplicara una cura de urgencia en el antebrazo izquierdo, donde tenía una herida de bala con orificios de entrada y salida, y otra en la cabeza, en la que fue alcanzado superficialmente por un proyectil. En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. En el asiento trasero del Seat 600 quedaron alojados una docena de proyectiles.
El automóvil utilizado por los terroristas había sido robado a punta de pistola a primera hora de la mañana en la parte vieja de San Sebastián, y su propietario abandonado atado a un árbol en un lugar cercano al barrio de Igara, después de que lo despojaran de su documento nacional de identidad y lo amenazaran en caso de que diera aviso a la Policía antes de las nueve de la mañana.
Los policías municipales de servicio en aquel momento se retiraron de la calle al conocer la noticia del atentado, concentrándose en la Inspección, donde celebraron una asamblea. A primera hora de la tarde decidieron mantenerse en paro durante tres días en señal de duelo. Los restantes funcionarios y empleados municipales, en otra asamblea celebrada en el Ayuntamiento, aprobaron la suspensión de todos los servicios durante dos días.
A iniciativa del alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcaín, del Partido Nacionalista Vasco, a mediodía del mismo 27 de noviembre se reunió un pleno extraordinario y urgente. El portavoz del grupo Herri Batasuna recordó una moción presentada por su grupo en una ocasión anterior sobre las causas de la violencia, y anunció que no condenarían la "lucha armada" sin analizar sus motivaciones. Después de que los concejales de HB hubieran abandonado el pleno, se acordó por unanimidad la condena del atentado.
La capilla ardiente con el cadáver de Miguel Garciarena fue instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra. La viuda del fallecido colocó junto al féretro las condecoraciones militares que poseía. El funeral por su alma tuvo lugar al mediodía en la parroquia de la Sagrada Familia, en el barrio de Amara, en una iglesia completamente abarrotada. Presidieron el acto la viuda y otros familiares y asistieron el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja; el capitán general de la VI Región Militar; los gobernadores civil y militar; el alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcaín, y el diputado general de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, ambos del Partido Nacionalista Vasco, además de José María Benegas, del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y representantes de otros partidos políticos. El féretro con el cadáver fue introducido a hombros de policías municipales de diversas secciones, cubierto con la bandera blanca y azul de San Sebastián. Para sumarse al duelo habían llegado expresamente delegaciones de la Policía Municipal de Burgos y Canarias. La ceremonia religiosa fueconcelebrada por un hermano del fallecido, Joaquín Garciarena, de la orden de los capuchinos, y otros veintiún sacerdotes. Terminado el funeral, el párroco pidió por los altavoces que, respetando el deseo de la familia, no se alterase el carácter puramente religioso del acto, ni siquiera al abandonar la iglesia. El féretro fue introducido en un furgón, que lo trasladó hasta Vera de Bidasoa (Navarra), donde fue enterrado en el panteón familiar.
Por el asesinato de Miguel Garciarena han sido condenados por la Audiencia Nacional a 29 años de reclusión mayor José Antonio Esnaola Lasa, en 1985, y Nicolás Francisco Rodríguez, en 1990.
Miguel Garciarena Baraibar, de 63 años, nacido en Ezcurra (Navarra) y vascoparlante, estabacasado y tenía un hijo. Voluntario en la guerra civil, era teniente coronel del Ejército en situación de reserva e inspector de Policía en excedencia. Como teniente de la Policía Armada, estuvo destinado en Irún entre 1954 y 1957. Con el grado de capitán estuvo en San Sebastián, donde permaneció hasta 1968. Trasladado a La Coruña al acender a comandante, estuvo diez años al mando de la 81ª Bandera de la Policía Armada. En 1978 se incorporó a la Policía Municipal de San Sebastián como máximo responsable. Había recibido numerosas amenazas de muerte y por ese motivo se ausentaba largas temporadas del País Vasco. Tras un periodo de excedencia, se reincorporó a su puesto cuatro meses antes de ser asesinado. En octubre de 2008 el Ayuntamiento de San Sebastián rindió homenaje a Miguel Garciarena Baraibar, asesinado en 1980, y al agenteManuel Peronié Díez, en 1983, cuyos nombres figuran, desde entonces, en el recibidor de las dependencias del cuerpo policial junto al del agente Alfonso Morcillo, también asesinado por ETA.
Unas doce horas después, a las 21:40 de ese 27 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA hacía explotar un coche-bomba en la calle Ollerías de Logroño, provocando tres víctimas mortales. MIGUEL ÁNGEL SAN MARTÍN FERNÁNDEZ, comerciante, falleció en el acto. El inspector de Policía Carlos Fernández Valcárcel fallecería unos días después, el 2 de diciembre, mientras que el tercer amigo, Joaquín Martínez Simón, lo haría el 3 de enero de 1981. Sólo sobrevivió el cuarto amigo, José Luis Hernández Hurtado, que resultó herido en una pierna y en la cabeza. Otras cuatro personas resultaron también heridas por los cristales rotos por la explosión.
Miembros del grupo España de ETA habían recibido información de que un bar en Logroño era frecuentado por miembros de las Fuerzas de Seguridad. Para cometer el atentado, alquilaron un vehículo en Zaragoza en el que introdujeron tres ollas metálicas cargadas de Goma 2 y metralla, con un telemando para ser explosionadas a distancia. El coche-bomba fue estacionado cerca del bar y, cuando vieron que se acercaban los tres amigos, detonaron el artefacto. El coche-bomba saltó por los aires a 25 metros de altura y algunos de sus restos se hallaron a 50 metros de distancia.
En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Isidro Echave Urrestrilla a 66 años de reclusión mayor por el atentado. En 1996 fue condenado por el mismo atentado a tres penas de 17 años de reclusión menor el hoy arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa.
Miguel Ángel San Martín Fernández, conocido comerciante textil, tenía 51 años. Era propietario de Tejidos San Martín, en la calle Vara de Rey, próxima al lugar del atentado. Estaba casado y teníados hijos

Lecturas 27.11.2012

Otra guerra en Gaza y casi todo sigue igual, por Jordi Pérez Colomé.

Han sido ocho días justos de guerra, de miércoles a miércoles. Han muerto 162 palestinos -37 niños- y cinco israelíes. En el capítulo de ataques, hay empate. Según las cuentas del ejército israelí los dos bandos han lanzado 1.500 ataques.

Desde Gaza se han disparado 1.506 cohetes: 933 han caído en Israel, 406 han sido interceptados por el sistema Cúpula de Hierro -que solo intenta cazar los que van hacia zonas pobladas- y 152 han caído en Gaza por falta de puntería.

Escudos para perforar. 200 años de historia. Por Juan José Rosas Alaguero.

Este artículo muestra mi visión de la evolución de los escudos en la construcción de túneles en terrenos blandos, para ello me apoyo en tres ejemplos, separados en el tiempo casi 200 años.

Empezaré con el escudo utilizado en el primer túnel que atravesó el río Támesis en  1841, el segundoes el Holland Tunnel en New York realizado en 1935 y finalmente un túnel actual realizado en el puerto Miami (Florida) mediante la técnica EPB, espero que os guste.

Cuba- Lo más malo de la gente mala es el silencio de la gente buena, por Lilianne Ruíz.

La legalidad socialista es un conjunto de trampas para hacer caer a cualquiera que no siga el camino del régimen. Una acción de protesta pacífica puede ser traducida por un fiscal como “alteración del orden público”. De igual manera, si un hombre no se deja pasivamente dar una golpiza por tres agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, -que nunca se identificaron como autoridad antes de caerle a golpes- la “ley revolucionaria” traduce una acción de legítima defensa de la víctima como “resistencia al arresto”.

Johan Norberg’s book, In Defense of Global Capitalism (pages 144-145).

It is not the countries with abundant raw materials that have grown fastest, and often they are held back, because natural assets give rise to internal conflicts. No, the main reason for the 20 per cent [of the world's population] consuming 80 per cent of resources is that they produce 80 per cent of resources. The 80 per cent consume only 20 per cent because they only produce 20 per cent of resources. It is this latter problem we ought to tackle, the inadequate creative and productive capacity of the poor countries of the world, instead of waxing indignant over the affluent world producing so much. The problem is that many people are poor, and not that certain people are rich.

Perdiendo gas, por Antón Uriarte.

El ecologismo —fortalecido por la misma propaganda de las compañías eléctricas que predicaban la electricidad "verde" para evitar el "cambio climático" y el CO2— se creció e impidió el desarrollo de las nuevas técnicas de explotación de gas. Los precios, de importación, subieron, y ya desde el 2008 su consumo en las centrales comenzó a hundirse, por falta de rentabilidad frente al carbón. En el 2012, el gas natural en España, en gran parte licuado y traído desde Qatar (sede durante la próxima semana de la reunión mundial del cambio climático, qué casualidad...) sólo será la cuarta fuente de electricidad.

Víctimas, 26 de noviembre: Joaquín Imaz Martínez, José Antonio Julián Bayano, José Herrero Quiles y Joseba Goikoetxea Asla

Libertad Digital.


El 26 de noviembre de 1977 la banda terrorista ETA cometía su primer asesinato en Navarra. Sobre las 22:15 horas miembros de la banda dispararon por la espalda al comandante JOAQUÍN IMAZ MARTÍNEZ, jefe de la Policía Armada en Pamplona, cuando se dirigía a coger su automóvil aparcado cerca del coso taurino de la capital navarra. El cuerpo sin vida de Joaquín Imaz fue encontrado tendido al pie de un árbol y cubierto por una manta en los aparcamientos contiguos a la plaza de toros.
La víctima había recibido varias amenazas de muerte a las que no dio mucha importancia. En la última, pocos días antes de su asesinato, le decían que le quedaban pocas horas de vida. Pese a ello, se negó a llevar escolta porque no quería poner en peligro la vida de otras personas.
Tras los funerales por su alma, celebrados en la Iglesia de San Francisco Javier de Pamplona, la tensión saltó a las calles de la ciudad produciéndose graves incidentes. El féretro con los restos mortales del comandante Imaz fue sacado del templo a hombros de policías armados e inspectores del Cuerpo General de Policía, entre aplausos del público asistente que comenzó a dar vivas al Ejército, la Policía, España y Navarra. Tras introducirlo en un furgón fúnebre, se formó la comitiva, compuesta por todas las autoridades de Navarra y unos doscientos policías armados de paisano. Nada más terminar el entierro, una persona gritó preguntando dónde estaba el ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, y afirmando que los asesinos no eran sólo los de ETA, sino que también eran culpables Manuel de Irujo, senador de Navarra por el PNV, y el lehendakari Leizaola.
Mientras tanto, unas quinientas personas, que habían asistido al funeral en la Iglesia de San Francisco, a las que se fue sumando más y más gente, se manifestaron durante dos horas por las calles céntricas de Pamplona gritando "Navarra sí, Euskadi no", "Irujo, Leizaola, Navarra es española", "Menos amnistía, más policía", "ETA asesina", "Suárez dimite, España no te admite", etc. Desde la iglesia, los manifestantes se dirigieron al Gobierno Civil, interrumpiendo el tráfico durante el recorrido. A continuación, fueron al Palacio de la Diputación foral, donde pidieron que se colocaran las banderas de Navarra y España a media asta en los mástiles, que se encontraban vacíos. Cuando un empleado salió al balcón con las banderas, aparecieron tres diputados forales, uno de los cuales saludó brazo en alto a los manifestantes que comenzaron a gritar "Marco, Marco, Marco", en referencia a Amadeo Marco, vicepresidente de la Diputación. Desde el Palacio Foral, los manifestantes se dirigieron a la plaza del Castillo, en donde se encontraban las sedes del PNV, PSOE y Alianza Foral de Navarra. El edificio del PNV, que tenía izadas la ikurriña y la bandera de Navarra, fue escenario de gritos de los manifestantes contra Euskadi, Manuel de Irujo y el lehendakari Leizaola. Varias personas intentaron forzar la puerta de entrada del edificio, sin conseguirlo.
La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato del comandante Imaz en un comunicado a la delegación de Cifra en Bilbao en el que justificaba el mismo en los siguientes términos: "Hemos ejecutado al señor Joaquín Imaz Martínez por su calidad de máximo responsable de las fuerzas represivas de la Policía Armada en Navarra y por el destacado protagonismo que este miembro ha desarrollado, durante los últimos años, en su fanática labor represiva contra el movimiento obrero y popular vasco. Muestra de ello es la participación responsable y asesina que el señor Imaz y las fuerzas a su servicio han tenido en el acontecimiento de Montejurra, así como su brillante comportamiento en impedir la celebración del Aberri Eguna y el desenlace de la marcha de la libertad en Iruña".
En el año 1979 la Audiencia Nacional condenó por este asesinato a Francisco Javier Martínez Apesteguia, alias Kiko, detenido por la Policía francesa en enero de 1979. Martínez Apesteguia había ingresado en ETA político militar a mediados de 1976. Un año después se encuadró en ETA militar junto con los grupos especiales (comandos bereziak). Con condenas totales que sumaban más de cien años de prisión, salió de la cárcel en marzo de 2000, habiendo cumplido sólo 21 años de prisión. 
Joaquín Imaz Martínez tenía 50 años. Natural de Pamplona, estaba casado y tenía una hija de 7 años. En 1946 ingresó en la Academia Militar, siendo destinado al Sáhara, donde prestó servicio con el grado de teniente. Con el mismo grado desempeñó funciones en la Policía Armada en Santa Cruz de Tenerife y, a continuación, como ayudante del comandante de Bilbao. Tras ascender a capitán, se reincorporó al Ejército y fue destinado a Cataluña y, después, a Pamplona. Con el grado de comandante, volvió a la Policía Armada y fue destinado a San Sebastián durante un año. De ahí se trasladó de nuevo a su ciudad natal para hacerse cargo del mando de la 64ª Bandera de la Policía Armada.
A las tres y media de la madrugada del 26 de noviembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Vitoria a JOSÉ ANTONIO JULIÁN BAYANO, que gestionaba varios locales nocturnos en la capital alavesa, cuando se dirigía a cerrar uno de esos locales.
José Antonio había llegado en su vehículo a uno de los locales, el club Barbacoa, en la carretera de Pamplona situado a las afueras de Vitoria, y aparcó el mismo en la parte trasera del club. Antes de poder salir del coche fue tiroteado por varios miembros de la banda terrorista ETA. Los clientes y empleados del club escucharon los disparos y, cuando salieron, encontraron a José Antonio con medio cuerpo fuera del automóvil. Ninguno de ellos pudo ver a los asesinos de José Antonio, que recibió el impacto de cinco disparos y falleció en el acto. En el lugar del atentado la Policía recogió cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.
Poco después de las cinco de la mañana, el juez ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. A las pocas horas de cometer el atentado la banda terrorista lo reivindicaba mediante llamada telefónica al diario Egin. En el comunicado, ETA acusaba a la víctima de ser representante en la provincia del partido ya disuelto Fuerza Nueva, de colaborar con la Policía y de traficar con drogas.
El asesinato de José Antonio Julián fue cometido por miembros del grupo Tontorramendi de ETA. Dos de ellos, Agustín Muiños Díaz y Jesús María Ormaechea Antepara, fueron condenados por la Audiencia Nacional en 1985 a sendas pendas de 29 años de prisión. Otros dos miembros del grupo participaron, presuntamente, en el asesinato de José Antonio Julián: Ramón Aldasoro Magunacelaya, alias Ramón y El Rubio –detenido por el FBI en Miami en diciembre de 1997 en una operación coordinada con la Policía española, y extraditado a España en 1999– y Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, detenido en Francia en febrero de 2004 y entregado temporalmente a España en marzo 2010 para ser juzgado por diversas causas pendientes.
José Antonio Julián Bayano, de 43 años y soltero, era natural de Alarba (Zaragoza), aunque vivía en Vitoria desde hacía muchos años. Además de dos clubs nocturnos, donde había espectáculos de striptease, regentaba una barra americana en el centro de Vitoria. Según el testimonio de algunos amigos, había sido amenazado y le habían hecho pintadas en alguno de sus locales, además de quemarle una de sus discotecas en un incendio que, al parecer, fue provocado. Por ese motivo, José Antonio solía llevar una pistola encima.
A las nueve y cuarto de la noche del 26 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Lasarte al guardia civil jubilado JOSÉ HERRERO QUILES cuando salía de un bar de la calle Ignacio de Loyola acompañado por uno de sus hijos, Juan José, de 19 años. Herrero Quiles había estado por la tarde en el bar jugando su habitual partida de cartas. Mientras un etarra encañonaba al hijo, otro disparó dos veces en la cabeza del guardia civil.
Los asesinos, dos individuos jóvenes que aparentaban tener entre 20 y 25 años, huyeron a la carrera en dirección a la carretera nacional 634, mientras Juan José Herrero atendía a su padre, mortalmente herido, y pedía ayuda. Miembros de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladaron al herido a la residencia sanitaria de San Sebastián, donde falleció a las 21:30 horas, pocos minutos después de haber ingresado.
La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Era la cuarta víctima mortal en menos de 48 horas, pues el día anterior la banda terrorista ETA había asesinado, en dos atentados distintos en San Sebastián y Pasajes, a tres personas, lo que presagiaba el inicio de una nueva ofensiva de la banda tras más de dos meses sin víctimas mortales.
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Orotegui Ochandorena, Miguel Turrientes Ramírez y José Antonio Carrasco Alba a sendas penas de 29 años como autores del asesinato, y a Pedro María Rezabal Zurutuza a 19 años por complicidad en el atentado. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar Haizea de ETA, detenidos en Lasarte en enero de 1987 en una operación de la Guardia Civil.
José Herrero Quiles, de 67 años, estaba casado con Carmen Castro Fernández, y tenía dos hijos. Tanto la viuda, que se enteró del asesinato por una llamada telefónica de su hijo, como Carmelo Tomás Herrero, el menor de sus hijos, tuvieron que ser atendidos por sufrir dos episodios cardíacos. Carmen sufrió un conato de colapso cardíaco y fue ingresada en el mismo hospital al que había sido trasladado su marido asesinado, mientras que Carmelo sufrió un ataque cardíaco tras conocer la noticia.
Era el segundo atentado que sufría el guardia civil retirado, pues menos de dos años antes, en febrero de 1984, otro pistolero de la banda le disparó, también en la cabeza, cuando salía de oír misa en compañía de uno de sus hijos minutos después de las once de la mañana. Esa vez el etarra le disparó de frente y a quemarropa, pero la trayectoria de la bala, con entrada por la mejilla y salida por el cuello, no le afectó a órganos vitales. Aunque herido grave, consiguió salir adelante. Por este motivo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, señaló que a José Herrero lo habían "rematado dos años después, como si no soportaran que existiese" (El Correo, 28/11/1985).
El 26 de noviembre de 1993 fallecía en Bilbao JOSEBA GOIKOETXEA ASLA, sargento mayor de la Ertzaintza y militante destacado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuatro días después de que dos integrantes de la banda terrorista ETA, un hombre y una mujer, lo tiroteasen delante de su hijo de 16 años al que llevaba en su automóvil hasta la parada del autobús para ir al colegio. El chaval resultó ileso, pero Goikoetxea recibió dos impactos de bala: una le entró por la cabeza y quedó alojada en una vértebra cervical, mientras que la segunda le dañó la región lumbar. Permaneció en coma profundo hasta que falleció a las 17:30 horas del 26 de noviembre.
Esa mañana Joseba se dirigía desde su domicilio a la sede del PNV en Bilbao, donde trabajaba. En la calle Tívoli, cerca del Ayuntamiento de la capital vizcaína, tuvo que parar en un semáforo en rojo, momento que aprovecharon los terroristas, que le estaban esperando ahí, para que uno de ellos, el hombre, se acercase al vehículo y disparase a través de la ventanilla del conductor. Un testigo del atentado dio aviso a la Policía e, inmediatamente, una ambulancia municipal lo trasladó al Hospital de Basurto. Durante el trayecto, la víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria y al llegar al centro sanitario, hacia las 8:45 horas, su estado fue calificado por los médicos como de "irreversible".
El asesinato de Joseba Goikoetxea provocó una enorme conmoción, al reunir la doble condición de haber sido uno de los máximos responsables de la Policía Autonómica vasca –cuando fue asesinado estaba inhabilitado por sentencia judicial firme durante seis años por el caso de las escuchas ilegales al exlehendakari Carlos Garaikoetxea en 1986– y militante destacado del PNV.
La víctima había sido el máximo responsable de la unidad de Información de la Ertzaintza desde 1986 hasta 1993, y estaba considerado un hombre clave en la lucha antiterrorista en el País Vasco, por lo que había recibido amenazas y su nombre figuraba como potencial objetivo de ETA. En un comunicado de 1991 la banda lo calificó de "despreciable torturador y asesino de encargo"después de que, en agosto de ese año, se hubiese producido un enfrentamiento entre ertzainas y terroristas, que se saldó con el asesinato del agente Alfonso Mentxaka Lejona y la muerte del etarra Juan María Ormazábal.
Nada más difundirse la noticia, comenzaron a llegar al hospital dirigentes del PNV como Ricardo Ansotegui, Gorka Aguirre y Luis María Retolaza, y representantes de las instituciones vascas como el consejero de Interior, Juan María Atutxa. Este último, visiblemente consternado, ensalzó la figura de Goikoetxea describiéndolo como "un hombre vasco, abertzale, encarcelado por luchar contra la dictadura y que estaba luchando contra otra dictadura del más claro rasgo fascista" (La Vanguardia, 24 de noviembre). Destacar su cualidad de vasco era algo que, tanto en éste como en otros asesinatos de ertzainas, se había convertido en denominador común en las condenas de los políticos nacionalistas. Sin embargo, cuando el vasco asesinado era guardia civil, policía nacional o militar, los nacionalistas no citaban esta circunstancia, con lo que implícitamente despojaban a la víctima de esa condición.
El atentado había venido precedido de una campaña intimidatoria de la banda contra la Ertzaintza en el diario Egin y el entorno proetarra. Por este motivo Atutxa no dudó en responsabilizar de este atentado a Herri Batasuna –"que sirve como pantalla a esta banda terrorista" dijo el consejero–, a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y a los "carroñeros" Egin –que "venía calentando motores y lubricando gatillos de ciertas pistolas" desde hacía mucho tiempo–. De KAS el consejero de Interior dijo que "desde su pedestal de ocultación y anonimato más cobarde, están marcando la estrategia para que se produzcan hechos tan luctuosos y desgraciados como este". De hecho, a la campaña de Egin contra la Ertzaintza se había sumado con entusiasmo HB que, en agosto de ese año, pocos días después de que un grupo de jóvenes diera una brutal paliza a un ertzaina en Bilbao, había amenazado con responder "de forma adecuada" a la Policía vasca, a la que acusaba de "equipararse en brutalidad, intolerancia y chulería a las peores policías del mundo".
Atutxa evitó, sin embargo, valorar el atentado como un "ataque frontal al PNV", algo que sí hicieron dirigentes nacionalistas a título particular y como partido. En una nota hecha pública a última hora de la tarde la dirección del PNV dijo: "Sepa el diario Egin, sepa KAS y sepa ETA, que les consideramos un todo, que ha atentado directamente contra el PNV y que desde esta valoración serán tratados por este partido".
Herri Batasuna, por su parte, emitió un comunicado en el que señalaba que el asesinato era una consecuencia de que la Ertzaintza "por decisión política del PNV, quiere ser puesta en manos de la estrategia del Estado, convirtiéndola en un elemento represivo de primer orden contra las reivindicaciones de nuestro pueblo", pero Jon Idígoras quiso dejar claro que el atentado no podía considerarse un atentado contra el PNV.
El asesinato de alguien de este nivel dentro de la Policía Autónoma, ligado directamente al PNV, hizo que muchos analistas y comentaristas consideraran que con ello se demostraba que se había acabado la "ambigüedad" nacionalista en materia antiterrorista y que, por tanto, el partido y la Ertzaintza se iban a implicar plenamente en la lucha contra ETA.
En realidad, las cosas fueron bastante diferentes. Ya hemos visto en el caso del secuestro y asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios que, más que ambigüedad, el PNV lo que ha practicado ha sido la "guerra sucia". Las relaciones del partido con ETA no han sido tan malas como nos han querido hacer creer a lo largo de los sesenta, setenta y primeros años ochenta, más bien al contrario. Sin embargo hacia 1987 estas relaciones se empiezan a degradar. La escisión de EA coloca al PNV en una situación de debilidad que intenta paliar acercándose al PSOE de la mano del nuevo presidente, José Antonio Ardanza, uno de los pocos dirigentes nacionalistas que era sincero en su total rechazo a la banda. Además en estos años se negocian las trasferencias más importantes y la lucha contra ETA se convierte en una moneda de cambio.
Pero el principal problema se produce cuando el líder de ETA, el asesino Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin, fallece en Argelia en febrero de 1987. Tal como señalan todos los que lo conocieron,Txomin era un nacionalista "a secas" y tenía hilo directo con la dirección del PNV a través de alguien de plena confianza del partido, el dirigente Gorka Aguirre (llegó a ser secretario del EBB, el Euskadi Buru Batzar), de quien se dice que era su amigo (Carmen Gurruchaga e Isabel San Sebastián, El árbol y las nueces. La relación secreta entre ETA y el PNV, Temas de Hoy, 2000, pág 51). Ignoramos cómo era esta relación, pero la dura denuncia de Mario Onaindia en sus memorias proyecta inquietantes sombras sobre los términos exactos de la relación de estos "dos amigos".
Al morir Txomin, el PNV perdió, temporalmente, su ligazón con quien era la cabeza única e indiscutida de la banda, que iba a ser sustituida por una dirección colegiada que, además, había pasado a la total clandestinidad debido a la creciente presión policial francesa. A medida que la Policía Autonómica vasca se fue implicando en la lucha antiterrorista la tensión fue aumentando entre los nacionalistas. Aun así, hasta 1990 no se producen las primeras amenazas directas contra el cuerpo. El 04 de abril de ese año, la Ertzaintza desarticula buena parte de la infraestructura del grupo Vizcaya. A los pocos días, el "complejo ETA" activó el protocolo habitual de "criminalización". Primero, Gestoras pro Amnistía denunció torturas a los detenidos, después se generalizaron pintadas y carteles con calumnias y, enseguida, el 10 de mayo, Herri Batasuna, por boca de Tasio Erkizia, dio carácter oficial a la campaña cuando señaló que la Ertzaintza cumplía "la misma función represiva que el resto de policías y hace suyo el método de torturas" y exigía expresamente que la Policía Autonómica no actuase contra ETA.
En ese contexto es en el que se crea el caldo de cultivo que propicia el asesinato de Joseba Goikoetxea. Se multiplicaron las acusaciones y denuncias, se acuñó un término infamante para referirse a ellos (zipayo), se pasó al terrorismo de baja intensidad y, finalmente, se llegó al crimen. Pero esta escalada fue muy medida, muy calculada, con el objetivo final de doblegar al PNV, tal y como lo ha resumido perfectamente Florencio Domínguez Iribarren (Las raíces del miedo: Euskadi, una sociedad atemorizada, Aguilar, 2003, pág. 234-235):
El objetivo de esta presión violenta sobre el nacionalismo democrático era remover en cierta medida la posición del PNV tanto mediante la incidencia política de ETA (llevando a cabo acciones muy selectivas contra la Ertzaintza) como gracias a la kale borrocasegún afirmaba la Coordinadora Socialista Abertzale en un documento, el Karramarro II, de principios de 1997.
El documento ponía de manifiesto el uso controlado de la violencia contra el PNV, para conseguir que este partido dejara de ser un obstáculo añadido al conflicto que nos enfrenta al Estado, pero sin llevar a estigmatizar a ese partido como enemigo perpetuo. Es decir se trata de un ejercicio de la violencia muy medido, graduado con extremo cuidado para empujar al partido de Arzallus, pero sin crear situaciones irreversibles de enfrentamiento con el PNV.
De esta manera Joseba Goikoetxea fue trágica victima de una pugna temporal y puntual entre los dos sectores más importantes del nacionalismo vasco de raíces sabinianas: el personificado en el PNV y el de ETA. 
Joseba Goikoetxea Asla no era el primer miembro de la Ertzaintza asesinado por ETA, que en 1985 comenzó a atacar a la Policía Autonómica con el asesinato del teniente coronel Carlos Díaz Arcocha.
Goikoetxea, sin embargo, tenía una peculiaridad: era el mando que se había encargado decrear y dirigir la primera unidad antiterrorista de la Ertzaintza. Esta unidad tuvo una actividad destacada contra ETA entre 1989 y 1998, aunque posteriormente su eficacia fue descendiendo paulatinamente, coincidiendo con la etapa de radicalización política del Partido Nacionalista Vasco (PNV) tras el Pacto de Estella firmado en 1998" (Alonso, R., Domínguez, F. y García Rey, M., Vidas rotas, Espasa 2010, pág. 885). 
En el Año 1998 la Audiencia Nacional condenó a Lourdes Churruca y a José Luis Martín Carmona a 41 años de cárcel. En la misma resolución se condenó a 30 años a José Antonio Embeitia Ortuondo y a Andoni Ugalde Zubiri por ser partícipes en labores de seguimiento y vigilancia de la víctima. Por último, María Aranzazu Garbayo fue condenada a 8 años de cárcel por colaboración con banda armada –en su domicilio se refugiaron los terroristas tras asesinar a Joseba– y Juan Ignacio Sánchez Melendo a 5 años por un delito de falsificación de placas de matrícula.
El terrorista que efectuó los disparos, según el relato del fiscal de la Audiencia Nacional, fue Ángel Irazabalbeitia, que murió en Lujua (Vizcaya) en noviembre de 1994 en un enfrentamiento a tiros con la Ertzaintza. Fue Irazabalbeitia el que, acompañado por Lourdes Churruca y José Luis Martín Carmona, se acercó al lugar del crimen en un vehículo. Mientras Martín Carmona permanecía en el coche, Churruca e Irazabalbeitia se apearon del mismo y aguardaron a que llegase la víctima. Cuando Goikoetxea se paró en el semáforo en rojo, Irazabalbeitia se aproximó al vehículo y disparó contra la víctima.
Joseba Goikoetxea Asla tenía 42 años cuando fue asesinado. Natural de Bilbao, estaba casado conRosa Rodero en segundas nupcias y tenía tres hijos. De familia nacionalista, empezó a militar en el PNV con sólo 17 años. Su militancia le costó dos detenciones. La primera, en 1975, le supuso una condena de tres años y medio de cárcel, pena de la que fue amnistiado tras la muerte de Franco. En 1976 fue nuevamente detenido por distribuir la revista oficial del PNV, Euzkadi, que entonces era ilegal. Con la llegada de la democracia, trabajó activamente en las campañas electorales del PNV y en el referéndum del Estatuto de Guernica. A principios de los ochenta ingresó en la Ertzaintza y en 1986 se hizo cargo de la unidad de Información de este cuerpo policial. Con el tiempo esa unidad se incorporó al organigrama de la Consejería de Interior del Gobierno vasco.
El 26 de noviembre por la mañana, pocas horas antes de fallecer, el Gobierno había tomado la decisión de indultar a Joseba de la inhabilitación por las escuchas a Garaikoetxea en reconocimiento de sus méritos en la lucha antiterrorista. Los compañeros de Goikoetxea encendieron el día anterior a su fallecimiento, cuando todavía luchaba contra la muerte, una llama simbólica en los jardines de Albia, en Bilbao, cerca de la sede del PNV y del Palacio de Justicia. Los agentes, agrupados en la Plataforma Hemen Gaude (Aquí Estamos), colocaron también un libro para que los ciudadanos expresasen con su firma su rechazo a la violencia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Bautista Pardo, fue el primero en firmar. El segundo, Atutxa. Tras su fallecimiento, el PNV hizo un llamamiento para que se acudiese a la capilla ardiente que se había instalado en Sabin Etxea. Desde allí, el 27 de noviembre el féretro fue llevado a la Basílica de Begoña, donde se celebró el funeral a las siete de la tarde con la asistencia de miles de personas. Los dirigentes nacionalistas solicitaron a los ciudadanos que manifestasen su repulsa luciendo en los balcones y las ventanas ikurriñas con crespones negros. El mismo día del funeral, miles de personas secundaron la manifestación convocada por los sindicatos de la Ertzaintza.
Los restos mortales de Joseba Goikoetxea fueron inhumados en el cementerio de Derio (Vizcaya), en un acto familiar al que sólo asistieron, como representantes de las instituciones,  José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno vasco, y Juan María Atutxa, consejero de Interior.


Víctimas, 25 de noviembre: Elías Elexpe Astondoa, José Manuel Ibarzábal Duque, Rafael Melchor García, Isidoro Díez Ratón y José Javier Urritegui Aramburu

Libertad Digital.


A las ocho de la tarde del sábado 25 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Amorebieta (Vizcaya) al taxista ELÍAS ELEXPE ASTONDOA en el caserío familiar Zubieta Barri. Su hija menor, Edurne, que acababa de subir a la segunda planta del caserío, oyó el motor de un coche que se detenía y, segundos después, dos detonaciones. "Al principio pensé que era el cartero, pero poco después sonaron dos disparos y cuando bajé encontré a mi padre en el suelo muerto" (El País, 28/11/1978).
Unos veinte minutos antes del atentado tres individuos jóvenes, dos de ellos armados, habían robado a punta de pistola un vehículo Seat 124 en las inmediaciones de la estación de Guernica. Los individuos hablaban entre sí en euskera, según relató a la Policía el propietario del coche.
Elías Elexpe se encontraba esa tarde en su domicilio escuchando las noticias de las ocho de la tarde en Radio Nacional, cuando alguien llamó a la puerta. Nada más abrir, un pistolero de la banda le descerrajó dos tiros que le provocaron la muerte en el acto. La Policía recogió posteriormente dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.
ETA militar reivindicó el 26 de noviembre el asesinato de Elías Elexpe, mediante un comunicado enviado a diversos medios de comunicación bilbaínos en el que acusaba al taxista asesinado de ser "colaborador de las fuerzas represivas y confidente" (Diario 16, 28/11/1978). En la misma nota, la banda terrorista se atribuía el atentado contra el Bar París de Sopelana (Vizcaya), ocurrido un día antes del asesinato del taxista, y otro llevado a cabo días antes en Villafranca de Ordicia contra el coche y el domicilio de la familia Apellániz, como advertencia a sus propósitos de trasladar la fábrica de su propiedad fuera del País Vasco.
Elías Elexpe Astondoa tenía 56 años. Estaba casado y tenía dos hijas, Pilar y Edurne. Natural de la localidad vizcaína de Aránzazu, en el valle de Arratia, era euskaldún, igual que toda su familia. Ésta comentó que Elías era de ideología de derechas, pero sin pertenecer a ningún partido concreto, y que había sido miembro de la Guardia de Franco. Por este motivo había sido amenazado en varias ocasiones, por lo que no solía abrir la puerta de su domicilio sin identificar previamente al visitante. Por este motivo se barajó la hipótesis de que Elías conociese a su asesino. El funeral por su alma tuvo lugar el 26 de noviembre en la parroquia de los Padres Pasionistas del barrio de Euba (Amorebieta).
El 25 de noviembre de 1985 la banda terrorista ETA asesinó a tres personas en dos atentados distintos con pocas horas de diferencia entre uno y otro. El primero de ellos tuvo lugar a las 8:20 horas en el barrio de la Paz de San Sebastián, cuando un microbús con seis militares a bordo fue ametrallado por tres miembros de la banda, provocando la muerte de JOSÉ MANUEL IBARZÁBAL DUQUE, marinero de segunda de la Armada, y RAFAEL MELCHOR GARCÍA, cabo primero radiotelegrafista. Los dos militares se dirigían a la Comandancia de Marina de Pasajes en el vehículo oficial que, tras el ametrallamiento, se estrelló contra un árbol.
José Manuel Ibarzábal, que conducía el microbús, salió corriendo, pero fue perseguido por uno de los terroristas, que lo acribilló a tiros hasta acabar con su vida. Rafael Melchor García intentó repeler la agresión "utilizando varias veces su pistola antes de ser alcanzado mortalmente" (El País, 26/11/1985).
Resultaron también heridos de diversa consideración otros tres ocupantes del vehículo: el cabo segundo Luis Ángel Carballo Bahamonde, el alférez médico Manuel Rodríguez Santisteban, yDaniel Asensio Foriza.
Tras cometer el atentado, los terroristas huyeron en un vehículo donde les esperaba un cuarto miembro de la banda. El coche había sido robado a punta de pistola en Rentería en torno a los ocho de la mañana. Su propietario, que permaneció en el maletero todo el tiempo, consiguió liberarse cuando los terroristas abandonaron el vehículo en el barrio donostiarra de Bidebieta gracias a una llave fija que se encontraba en el interior.
En 1990 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Erro Zazu, alias Pelos, y Estanislao Echaburu Solabarrieta, alias Iván, a sendas penas de 58 años de reclusión mayor por el asesinato de los dos militares, y a 25 años de prisión mayor por los cuatros delitos de asesinato en grado de frustración, además de a otros 10 años por un delito de detención ilegal.
En el ametrallamiento del autobús militar también participó Ángel María Galarraga Mendizábal, aliasPototo. El 14 de marzo de 1986 Pototo fue sorprendido por una patrulla de la Policía Nacional junto a Erro Zazu, Pelos, cuando preparaban un coche bomba en el paseo de La Concha de San Sebastián. El policía nacional José Antonio Álvarez Díez se acercó a identificarlos y recibió dos disparos a bocajarro. En el tiroteo posterior Galarraga resultó muerto, mientras que Pelos logró huir. Erro Zazu, por su parte, sería detenido un año después en una operación en Pasajes de San Pedro en la que, durante el enfrentamiento con la Policía, murió la etarra Lucía Urigoitia Ajuria.
José Manuel Ibarzábal Duque tenía 20 años. "Era un chico extraordinario. Siempre estaba pendiente de los demás. Nunca nos había causado ningún disgusto. Sólo tenía veinte años, era casi un niño", relataba su desconsolada madre, Felisa Duque (El Diario Vasco, 26/11/1985). Natural de San Sebastián, estaba cumpliendo el servicio militar en su ciudad natal. Gran deportista, había ganado el campeonato de bateles en el País Vasco. José Manuel erasimpatizante de Herri Batasuna, según confirmó el dirigente de la coalición proetarra Jon Idígoras, que expresó el dolor que le producía "la muerte de un compañero" pero señalando que no cambiaba "la valoración política que nosotros venimos haciendo de la situación, y el atentado no hace sino reafirmarnos en la necesidad de que exista una solución política". De hecho, todas las fuerzas políticas condenaron el atentado a excepción de HB. José Manuel, por otra parte, era familiar de Eugenio Ibarzábal, por entonces portavoz del Gobierno vasco, primo carnal de José Ramón Ibarzábal, padre de la víctima.
Rafael Melchor García, de 26 años, era natural de Castillo de Val (Burgos), aunque desde hacía seis años su familia vivía en Córdoba, ciudad a la que había sido trasladado su padre, José Melchor Tubina, practicante de profesión. Estaba casado con María del Carmen Guillermo y tenía dos hijos. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de San Rafael de su ciudad natal el 27 de noviembre, tras el funeral que se celebró en el Hospital Militar de Córdoba, donde se había instalado la capilla ardiente. Antes de ser trasladado a San Sebastián el cabo asesinado había prestado servicio en San Fernando y Vigo.

Quince horas después, a las once y cinco de la noche del 25 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA volvía a asesinar, esta vez en Pasajes (Guipúzcoa) al guardia civil ISIDORO DÍEZ RATÓN, que fue ametrallado en el barrio de San Pedro de esta localidad, cerca del muelle. Isidoro y su compañero, el guardia civil Juan Corrales Pozas, tenían encomendada esa noche la vigilancia del puerto.
Ambos guardias civiles se apearon del vehículo oficial, en la zona de pescaderías del puerto de Pasajes, en torno a las once de la noche. Entraron en un bar próximo y, al salir del mismo, fueron ametrallados por varios miembros de ETA que les estaban esperando en la calle. Mientras que Juan Corrales intentó repeler el ataque y consiguió esquivar los disparos refugiándose en el bar, Isidoro Díez recibió un impacto de bala y murió media hora después en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, adonde había sido trasladado por una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA).
Los terroristas emprendieron la huida en un vehículo que había sido robado por la mañana en un garaje de San Sebastián, llevándose por la fuerza al propietario y a una segunda persona que le acompañaba. Ambos fueron encadenados a un árbol y abandonados en el monte de Ulía.
En el asesinato de Isidoro Díez Ratón participaron cuatro o cinco terroristas. En septiembre de 1989, fue juzgado y condenado por la Audiencia Nacional Pedro María Fernández Arguilea, aliasKepa Manejos, en el primer juicio celebrado tras el asesinato de la fiscal Carmen Tagle. La pena impuesta fue de 29 años de cárcel por atentado contra las Fuerzas de Seguridad con resultado de muerte, con los agravantes de alevosía y premeditación, y una segunda pena de 19 años por intento de asesinato en grado de frustración. Durante el juicio, Fernández Arguilea, miembro del grupo Pakito de ETA, fue expulsado de la sala cuando al finalizar el juicio manifestó que "quería rendir homenaje" a sus compañeros caídos. Detenido en 1987, en junio de 1994 Kepa Manejosapareció en Televisión Española con el rostro oculto para criticar la "lucha armada" y colocarse a favor de las instituciones: "No tengo miedo a que me expulsen de ETA porque, si se sigue con la lucha armada, me salgo yo, me desvinculo solo". ETA dijo entonces en un comunicado que había hecho "el juego vergonzosamente al Estado español". Su imagen tapada fue identificada y días después aparecieron pintadas frente al domicilio de su hermana en Pasajes en las que le acusaban de traidor. En junio de 1995, y con la oposición del Partido Popular, la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, le concedió el tercer grado penitenciario habiendo cumplido sólo 8 años de los 70 a los que fue condenado (El País, 26/07/1995).
Otros tres presuntos autores del ametrallamiento fueron Alejandro Auzmendi Ilzarbe, Luis María Zabaleta Mendía y Miren Bakartxo Arzelus. Los tres murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil de Pasajes el 15 de enero de 1986 cuando fueron sorprendidos después de ametrallar a un camión francés en el mismo punto de la autopista Bilbao-Behovia desde el que se habían perpetrado con anterioridad acciones similares. En una de esas emboscadas contra camiones franceses fue asesinado hacía poco más de un año el policía nacional Mohamed Ahmed Abderrahmán.
Meses después, en diciembre de 1986, fue detenido Ignacio Orotegi Otxandorena, condenado también por el asesinato de Isidoro Díez Ratón. Con penas que suman 253 años de cárcel por distintos atentados, Orotegi no salió de prisión, prevista para 2007, por aplicación de la doctrina Parot, retrasándose su excarcelación a 2016. Orotegi ha sido uno de los últimos presos en decir "no" a ETA y pedir perdón a las víctimas. En octubre de 2011 ha firmado un documento de arrepentimiento uniéndose a lo hecho anteriormente por históricos asesinos de la banda, comoTxelis y La Tigresa. Fuentes penitenciarias han señalado que, al menos en los últimos años, Orotegi ha sido un recluso ejemplar, por lo que fue trasladado desde la cárcel de La Lama a la de Zuera, en Zaragoza (ECD, 03/10/2011)
Isidoro Díez Ratón, de 39 años, estaba destinado en el Servicio Fiscal de Aduanas de la Guardia Civil. Era natural de Zamora, estaba casado y tenía cuatro hijos, con los que vivía en Irún. Llevaba nueve años destinado en Guipúzcoa.
Al día siguiente, 26 de noviembre, se celebró un funeral conjunto por los tres asesinados en los dos atentados del día anterior en la basílica de Santa María de San Sebastián con la asistencia del ministro de Defensa, Narcís Serra, entre otras personalidades.
En torno a las 23:00 horas del 25 de noviembre de 1991 dos miembros de la banda terrorista ETA irrumpieron en el pub Chaplin, barra americana del barrio de Larratxo de de San Sebastián, y acribillaron a balazos a su dueño, JOSÉ JAVIER URRITEGUI ARAMBURU, que se encontraba detrás de la barra. Los dos terroristas entraron en el pub a cara descubierta y armados con una pistola y un subfusil. En ese momento se encontraban en el interior del club cuatro mujeres, tres de ellas extranjeras. José Javier falleció antes de que llegasen las asistencias sanitarias. Cuando llegó la Guardia Civil, sólo se encontraba una de las testigos, pues las otras mujeres habían abandonado precipitadamente el local al carecer de documentación para residir en España.
Los pistoleros de la banda salieron corriendo del establecimiento y bajaron por unas escaleras hasta el vehículo en el que emprendieron la huida en dirección a Pasajes. El vehículo había sido robado a las siete y media de la tarde en Hernani y fue encontrado por la Policía a las 23:30 horas a un kilómetro del lugar del los hechos. Al propietario del mismo lo habían dejado atado a un árbol en el monte de Santa Bárbara.
La banda terrorista ETA asumió la autoría del atentado en un comunicado enviado al diario Egin el 3 de diciembre en el que acusaba a la víctima de estar vinculado con el tráfico de drogas. José Javier Urritegui llevaba sólo quince días regentando el pub. Su anterior propietario había sido acusado por chivatos de la banda de traficar con drogas, y su nombre figuraba en unos papeles que la Guardia Civil incautó al grupo Donosti de ETA cuando fue desarticulado meses antes, en agosto de 1991. Es decir: ETA asesinó a José Javier por error, pues su objetivo era asesinar al anterior dueño, que había abandonado San Sebastián y traspasado el negocio precisamente por las amenazas recibidas desde el entorno de la banda. Cuatro días después del asesinato de José Javier, el anterior propietario del pub se defendió en una entrevista emitida en la ETB en la que aseguró que "nunca podrán demostrar que yo haya estado relacionado con la droga" (El Diario Vasco, 28/11/1991).
En el año 1997 la Audiencia Nacional condenó a Mario Artola Mendibe y a Oroitz Salegi García a penas de 30 años de reclusión mayor por un delito de asesinato consumado, con la circunstancia agravante de premeditación. Mario Artola Mendibe, miembro del grupo Leizarán de ETA, fue detenido en enero de 1992 en San Sebastián, en una operación de las Fuerzas de Seguridad en la que el etarra fue herido en un tobillo tras oponerse a su detención haciendo uso de una pistola. Oroitz Salegi García fue detenido en San Juan de Luz por la Policía de Aire y Fronteras (PAF) francesa en mayo de 1992.
José Javier Urritegui Aramburu tenía 24 años y era vecino de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria. En febrero de 2011 el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, con motivo del 25 aniversario de su constitución como municipio, organizó un homenaje a las ocho víctimas mortales de la banda que tenían relación con la localidad. Entre los recordados ese día estaba José Javier Urritegui. En el acto se presentó y se leyeron algunos fragmentos del libro Ausencias, que reúne las semblanzas de los ocho asesinados por la banda.

Víctima, 24 de noviembre: Antonio Echeverría Albisu

A las dos y media de la tarde del 24 de noviembre de 1975 la banda terrorista ETA asesinaba en Oyarzun de un tiro a ANTONIO ECHEVERRÍA ALBISU, alcalde de la localidad guipuzcoana. Era el alcalde más joven de la provincia y ocupaba el cargo desde el 31 de agosto de 1974.
Esa tarde, un miembro de la banda llamó a la puerta de su domicilio, un chalet de cuatro plantas, dos de las cuales las ocupaban miembros de su familia –sus padres, una hermana casada y el marido de ésta–. La hermana de Antonio abrió, y el terrorista le dijo que tenía que darle un recado urgente de parte del alcalde de Hernani. Echeverría Albisu se asomó a la puerta y el pistolero le descerrajó un disparo en el pecho. A continuación se subió a un vehículo Seat 600 que le esperaba a escasos metros con otro terrorista al volante y se dio a la fuga. Tras ser atendido de urgencia por sus familiares, Antonio fue trasladado en una ambulancia a la Policlínica de San Sebastián, donde ingresó cadáver.
Al día siguiente, la banda terrorista ETA difundió un comunicado en el que reiteraba su amenaza a todos los alcaldes que no dimitiesen de sus puestos. Este asesinato y el comunicado fueron el pistoletazo de salida a una auténtica cacería contra cargos municipales y forales que se prolongaría durante varios años y que dejó una veintena de víctimas mortales en el período que va de 1975 a 1980. El siguiente en ser asesinado fue Víctor Legorburu Ibarreche, alcalde de Galdácano, el 9 de febrero de 1976, justo el día en el que vencía el plazo dado por la banda para que los alcaldes dimitiesen de sus cargos.
Por otra parte, dos concejales del Ayuntamiento de Oyarzun habían sido expulsados de sus cargos semanas antes por participar y alentar las huelgas que se habían organizado en la provincia en las "jornadas de lucha" promovidas por ETA militar tras la condena a muerte de miembros de la banda en septiembre de 1975.
En el asesinato de Antonio Echeverría participaron, presuntamente, José Miguel Retolaza Urbina, alias Ereki, José Joaquín Villar Gurruchaga, alias Fangio –que estuvo procesado por el atentado contra Carrero Blanco–, Isidro María Garalde Bedialauneta, alias Mamarru, y un cuarto terrorista sin identificar, según informó La Voz de España (17/03/1976), citando fuentes de la Policía que se refirieron a ellos como miembros de un "comando loco" de la rama militar de ETA-V Asamblea.
Antonio Echeverría Albisu tenía 33 años, estaba soltero y vivía con sus padres y una hermana en el caserío de Oyarriarre, en las proximidades de la plaza Mayor de Oyarzun. Además de alcalde, trabajaba como agente de la Propiedad Inmobiliaria con oficinas en San Sebastián y Rentería. Fue la primera víctima mortal desde la muerte de Franco, cuatro días antes, y la última de ese año 1975, que se saldó con 16 asesinados a manos de la banda terrorista ETA. En total, y hasta la muerte del dictador, la banda había asesinado a cuarenta y cinco personas. El resto de los asesinatos fueron cometidos después de la muerte de Francisco Franco. "Como la estadística demuestra abrumadoramente, el grupo terrorista ha asesinado sobre todo en democracia, ha aprovechado las facilidades inherentes a un sistema de libertades para matar" (José María Calleja,Contra la barbarie. Un alegato a favor de las víctimas, Temas de Hoy, 1997, pág. 30).