Víctimas, 17 de noviembre: Juan García León, César Uceda Vera y José Martínez Moreno

Libertad Digital.

Pasadas las seis de la mañana del 17 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN GARCÍA LEÓN, que conducía el primer vehículo de un convoy formado por dos Land Rover y un Seat 131 de la Guardia Civil. El convoy volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Star Bonifacio Echeverría de la localidad guipuzcoana. A unos ciento cincuenta metros de la misma, en un punto de la carretera en dirección a Ermua, cinco terroristas les tendieron una emboscada y atacaron el convoy con metralletas, fusiles de asalto y escopetas, además de con dos granadas de mano que no llegaron a explotar. Los asesinos de la banda estaban escondidos en dos sitios distintos: en unas escaleras situadas encima de la estación de servicio de Éibar y debajo de las denominadas Torres de Amaña, por lo que el convoy de la Guardia Civil se vio envuelto en un fuego cruzado.

Los etarras efectuaron más de cien disparos y el primer vehículo, el que conducía Juan García León, recibió el impacto de cuarenta y seis, ocho de los cuales hirieron mortalmente al guardia civil. En el mismo vehículo iba en el asiento del copiloto José Terradillos Piña, y sentado en la parte de atrás Juan Pinilla Méndez. Ambos resultaron ilesos. Gravemente herido, Juan García León fue trasladado en una furgoneta a la casa de socorro de Éibar, donde falleció poco después de llegar.

Los agentes Gregorio González Roldán y Juan Baños López también fueron heridos de gravedad.Gregorio González Roldán, que viajaba en el Seat 131 a unos veinticinco metros del primer vehículo atacado, tardó en curar de sus heridas casi tres meses. Su vehículo fue alcanzado por seis impactos de bala y sin control colisionó contra una valla situada al lado derecho de la calzada. Juan Baños López, que viajaba en el segundo Land Rover, a unos cincuenta metros del Seat 131, no fue dado de alta hasta cinco meses después. En este segundo Land Rover iban los agentes Jesús González Díaz, en el asiento del copiloto, y Juan Varela Utrera, en el asiento posterior.

Los guardias civiles del convoy, incluido Gregorio González Roldán, respondieron con sus armas a los terroristas, pero no llegaron a alcanzar a ninguno de ellos. Los etarras emprendieron la huida en un Citroën GS robado a las tres de la madrugada en Vergara, y a cuyo propietario, Jesús Arenaza Aguiriano que salía de un bar de la localidad, habían abandonado en un monte próximo en Arechavaleta atado a un árbol. El dueño del vehículo consiguió liberarse de las ataduras y dio parte a la Guardia Civil de ese pueblo en torno a las 7:00 horas. El vehículo se encontraría, posteriormente, con las llaves de contacto puestas y las puertas abiertas en la carretera que une Éibar y Elgóibar.

El funeral por Juan García se celebró a las 16:30 horas en la parroquia de San Andrés Apóstol. Asistieron el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja; el subdirector de la Guardia Civil, general González Lachantra; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, los concejales del Ayuntamiento de Éibar (a excepción de los de Herri Batasuna) y familiares del fallecido, así como numerosos compañeros de uniforme. Durante la homilía, el capellán castrense, que celebró el acto religioso, pidió a ETA que depusiese las armas o declarase la guerra abierta, para que se la pudiese hacer frente en igualdad de condiciones.

En 1983 fueron condenados a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García León, y a dos penas de 13 años de prisión menor por los asesinatos frustrados de Gregorio González y Juan Baños los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles. En la misma sentencia fueron condenados como cómplices Jesús María Retolaza Loidi a 7 años de prisión mayor –fue quien sometió a vigilancia los convoyes de la Guardia Civil, transmitiendo a ETA la información sobre movimientos, horarios e itinerarios–, y José Antonio Arluciaga Iribar a 13 años de prisión menor –que cobijó en su domicilio a los autores materiales del atentado, los trasladó a Vergara, donde robaron el vehículo utilizado en el atentado, y los recogió después del ametrallamiento del convoy, facilitándoles la huida–. Veintitrés años después del atentado, en marzo de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 18 años de reclusión menor a Pedro José Picabea Ugalde.

Juan García León, de 21 años, era natural de Málaga. Ingresó en la Guardia Civil a los 18 años y fue destinado al núcleo de reserva de la 152 Comandancia de Las Palmas, prestando servicio en el aeropuerto. Poco después solicitó voluntariamente el traslado al País Vasco, entre otros motivos para estar más cerca de la familia, ya que su padre, brigada de la Guardia Civil, estaba destinado en el Parque de Automovilismo de Madrid. García León llevaba quince meses destinado en Éibar y, poco antes de ser asesinado por ETA, había solicitado, y obtenido, el traslado a Santa Cruz de Tenerife. Estaba soltero pero se había prometido con una joven de Elgóibar.

El 17 de noviembre de 1982 fallece en Madrid el teniente del Cuerpo de Músicas Militares CÉSAR UCEDA VERA, incapaz de superar las heridas sufridas un mes antes, el 21 de octubre, cuando fue acribillado a balazos en Bilbao por dos terroristas de la banda ETA. Tras ser tiroteado, la víctima fue llevada urgentemente al Hospital de Basurto, pero unos días después lo trasladaron a un hospital de Madrid donde acabaría falleciendo. Su estado fue calificado de "muy grave" desde el primer momento. César presentaba "cuatro orificios de entrada de bala situados uno en la espalda, en la región dorso-lumbar causante de la parálisis apreciada en la pierna izquierda, otros cuatro en el brazo derecho, así como dos balas alojadas en los dos hemitórax".

El 21 de octubre de 1982, a las 7:10 horas, el teniente Uceda salió de su domicilio para dirigirse al trabajo en el acuartelamiento de Munguía. Se subió a su automóvil y lo puso en marcha, justo en el momento en que dos miembros de la banda, que actuaron a cara descubierta, lo tirotearon. El coche, un Volkswagen, avanzó unos metros sin control y se estrelló contra una tintorería situada a unos diez metros del domicilio del militar.

El Ayuntamiento de Lejona, con la ausencia de los concejales de Herri Batasuna, condenó por unanimidad el atentado contra César Uceda en un comunicado hecho público el 21 de octubre.

En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Echeandia Zorroza a 26 años de reclusión mayor por un delito de asesinato con alevosía. Echeandia fue el encargado de seguir y controlar los horarios y hábitos de César Uceda. En cuanto a los autores materiales, sólo fue condenado en 1991 el etarra Manuel Murua Alberdi, alias El Casero, a 26 años de reclusión. Entre otros atentados, El Casero participó, presuntamente, en el secuestro y tortura de tres jóvenes gallegos residentes en Irún, que cruzaron la frontera y desaparecieron para siempre en algún lugar del sur de Francia.

César Uceda Vera, de 47 años, estaba separado, tenía nueve hijos y desde seis años antes vivía con una segunda mujer. Era natural de Andújar (Jaén), pero siendo niño se trasladó con su familia a San Sebastián, primero, y a Bilbao, después. Estaba adscrito al regimiento de Infantería Garellano número 42, de Bilbao, donde ingresó por oposición como brigada músico en 1970. En el momento del atentado era profesor de Armonía en el Conservatorio de Música de Lejona, del que fue cofundador, y perteneció a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en la especialidad de instrumentista de viento. César Uceda hizo la carrera de Musicología y había comenzado a estudiar la de Físicas. Una de sus hijas, María Uceda, contó de él que

Era un hombre polifacético: daba clases de matemáticas, era músico, militar y, además, empresario. Entró en el Ejército por oposición a los treinta y cuatro o treinta y cinco años; creo que era el último año que podía acceder (...) Supongo que se metió porque viendo los muchísimos hijos que tenía pensaría que era bueno para asegurar el futuro (...) Le gustaba mucho la docencia, amaba a sus alumnos (Arteta, I., Galletero, A., Olvidados, Adhara, 2006).

En 2006 el Ayuntamiento de Lejona creó un Premio con su nombre para Jóvenes Intérpretes.

A las 17:00 horas del 17 de noviembre de 1989 Jacques Esnal y Henri Parot asesinaban en Madrid al teniente coronel del Ejército de Tierra JOSÉ MARTÍNEZ MORENO y herían al soldado conductor Alfonso de los Reyes Cobertera Zurita. Fue el último asesinato de los cerca de treinta que cometió el sanguinario Parot durante doce años de actividad criminal antes de sudetención en Sevilla en abril de 1990.

El teniente Martínez Moreno se dirigía a su domicilio en el vehículo oficial tras terminar su jornada laboral en el Cuartel General del Ejército. Esnal y Parot pusieron el vehículo en el que viajaban a la altura del coche oficial cuando este se detuvo en un semáforo en rojo en la glorieta de Carlos V, frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Uno de ellos se bajó del vehículo y el otro disparó sin bajarse, acribillando a balazos al militar, que falleció en el acto. Los terroristas abandonaron el lugar a toda prisa en dirección a la avenida de la Ciudad de Barcelona. En el lugar de los hechos se recogieron un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, así como once casquillos y cinco cartuchos sin percutir que, según se publicó, correspondían a un arma automática de fabricación checa o soviética (ABC 19/11/1989).

Alfonso de los Reyes Cobertera, de 20 años, resultó herido en la región cervical, recibiendo el alta médica seis días después. A Alfonso le quedaba apenas una semana para licenciarse.

La capilla ardiente del teniente coronel José Martínez fue instalada en el Cuartel General del Ejército de Tierra, donde fue velado por familiares y compañeros. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio sur de Madrid. Su padre, comandante de Artillería retirado de 93 años, asistió a las honras fúnebres, además de numerosas autoridades.

Tres días después del asesinato de Martínez Moreno, varios diputados electos del brazo político de ETA, Herri Batasuna, se encontraban en Madrid para recoger sus credenciales como diputados y senadores, obtenidas en las elecciones del 29 de octubre. Los batasunos se encontraban alojados en el Hotel Alcalá y la noche del 20 de noviembre, dos individuos entraron y dispararon contra Iñaki Esnaola –que había actuado como abogado defensor de los asesinos del teniente coronel Carlos Vesteiro, el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el soldado conductor Francisco Casillas en 1986–, Jon Idígoras Gerrikabeitia y Josu Muguruza Guarrochena. En el ataque resultó muerto Josu Muguruza y herido grave Iñaki Esnaola. Jon Idígoras resultó ileso. Josu Muguruza, tercero por la lista de Vizcaya y redactor jefe del diario proetarra Egin, había sustituido a Tasio Erkicia. En 1993 la Audiencia Nacional condenó al policía nacional Ángel Duce Hernández a casi cien años de cárcel por un asesinato consumado y otro frustrado. Estuvo también procesado Ricardo Sáenz de Ynestrillas, hijo del comandante asesinado, que fue absuelto por falta de pruebas. Ángel Duce falleció en 1997 en un accidente de tráfico mientras disfrutaba de un permiso penitenciario.

De las investigaciones policiales y judiciales sobre el atentado que acabó con la vida del teniente coronel Martínez Moreno se determinó que Jacques Esnal y Henri Parot se encontraban en otoño de 1989 en Madrid donde, por orden del dirigente de la banda Francisco Múgica Garmendia, buscaban un objetivo militar contra el que atentar. El dirigente etarra les había proporcionado, además, armas que guardaron en un zulo construido anteriormente. En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Parot a 51 años como autor del atentado. Su detención en Sevilla puso fin a una sanguinaria carrera que se inició el 2 de noviembre de 1978 con el asesinato del empresario José Luis Legasa Ubiría. Jacques Esnal, por su parte, cumple cadena perpetua en Francia desde 1997. Fue autor de veintiún atentados terroristas cometidos entre 1978 y 1989, que provocaron la muerte a treinta y ocho personas y heridas a más de doscientas. En 2002 fue condenado a 55 años de prisión mayor Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, por un asesinato consumado y otro frustrado.

José Martínez Moreno, de 51 años, estaba soltero. Estaba destinado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en la Inspección de Artillería.

Lecturas 17.11.2012

Los MBA y la educación superior en España, por Carlos Rodríguez Braun.

Cualquier universidad española, si tuviera las instituciones de Harvard, podría ser excelente, y seguiría siendo española. Pero sería una universidad privada, gobernada por un patronato de donantes, donde nadie más tomaría las decisiones; los profesores no serían seleccionados por ellos mismos sino por un comité de contratación; los alumnos pagarían el coste de su educación, y habría becas en función de la dedicación y el rendimiento; los contribuyentes no pagarían nada, y ningún burócrata, ningún político, ningún sindicalista, y ninguna entidad oficial nacional o extranjera tendría nada que decir sobre cómo se organiza la Universidad, ni sobre las matrículas, ni sobre la selectividad, ni sobre los programas, ni sobre las carreras, ni sobre nada; habría menos y mejores estudiantes, y habría menos y mejores profesores. Y podríamos hacer el ejercicio inverso: imaginar que sucedería con la Universidad de Chicago si mañana… Dios Santo, prefiero no pensarlo.

Todas las islas de la isla, por Raúl Rivero.

En otra, la activista de derechos humanos Ailer González hacía esta descripción de la razia policial: “Eran muchos y estaban por encima de la ley todo el tiempo, parecía fascismo, pura mafia. Luego me pasé la noche en un calabozo frío y mugriento, sin saber a dónde llevaron a los demás. Nunca nos dijeron por qué nos detenían, bajo qué acusaciones”.

Desahucios y parches jurídicos, por José García Montalvo.

La solución a largo plazo no es poner parches jurídicos sino formular una legislación integral para hacer frente al sobreendeudamiento familiar. El motivo por el cual se aceptan las daciones de los promotores es que su responsabilidad está limitada por la legislación mercantil. Las familias necesitan un procedimiento similar, pero menos gravoso, de suspensión de pagos y limitación de responsabilidad que genere una segunda oportunidad. A corto plazo hay que buscar fórmulas que produzcan los incentivos adecuados para que las entidades financieras renegocien con más intensidad las condiciones de las hipotecas incluyendo no solo cambios en el tipo de interés o el plazo, sino también quitas o la posibilidad de aceptar un alquiler social. Los beneficiarios deben ser obviamente los “deudores de buena fe”. Pero ante la imposibilidad de definir con claridad la buena fe no queda otra alternativa que imponer condiciones, como hacen los programas estadounidenses HOPE o HAMP o el actual Código de Buenas Prácticas en España. Evidentemente es muy difícil encontrar un conjunto de condiciones que garanticen la buena fe del deudor, pero en todo caso no sería razonable que estos programas generen incentivos que beneficien a aquellos que compraron con motivos especulativos.

"Nos dejan sin futuro", por Carlos Rodríguez Braun.

Lamentan que “el sacrificio no es compartido por toda la sociedad” pero jamás exigen la supresión de los impuestos que pagan los ciudadanos corrientes. De hecho, se oponen al objetivo de lograr “cueste lo que cueste, el equilibrio de las cuentas públicas”, pero nunca consideran qué puede suceder con un déficit creciente ni qué ventajas tendría para las trabajadoras y los trabajadores la reducción de la coacción política y legislativa sobre el llamado mercado laboral. Protestan porque no hay crédito, pero no porque sí lo haya, y muy copioso, para el sector público. Sostienen que las prestaciones sociales y los derechos laborales “hace cien años no existían y fueron conquistados a base de huelgas muy duras”. Es falso: el crecimiento del Estado no fue ninguna “conquista social” sino al revés: el Estado conquistó la sociedad extendiéndose en todas partes con excusas benévolas y redistributivas, haya habido huelgas o no.

La codicia de la banca propició la concesión de hipotecas a insolventes, Íñigo de Barrón.

En opinión de algún veterano gestor de una antigua caja, que son las entidades que acumulan tienen la peor parte de este problema, estas entidades confundieron su “vocación social con entrar de lleno en el segmento hipotecario de los inmigrantes, así como las clases sociales más populares. Tomaron este camino, ya de por sí arriesgado, sin contar con los sistemas de control de riesgos adecuados. La mezcla ha sido una bomba”.

[...]

Una oferta de aquellos tiempos fue la “hipoteca bienvenida”. Era un producto financiero especialmente pensado para los inmigrantes y lo ofrecía, en 2005, la intermediaria financiera CreditServices. Con solo tres meses de trabajo en España, el inmigrante podía acceder a un crédito que cubría el 120% del valor de una vivienda. Todos los gastos y comisiones de gestión quedaban cubiertos y pasaba a ser propietario de un piso en España sin poner un euro. El crédito lo concedían entidades de Estados Unidos. La hipoteca bienvenida conseguía unos 50.000 clientes al año.

[...]

Todas las entidades realizaron campañas masivas, aunque no con la misma intensidad. Por eso no han caído todas las entidades, sino algo más de la mitad del sector y ningún banco ha recibido ayudas públicas. Las cajas aprovecharon la burbuja inmobiliaria para crecer apoyándose en las promociones inmobiliarias. Entre 1993 y 2008 pasaron de 14.000 a 25.000 oficinas mientras que los bancos redujeron las sucursales de 18.000 a 15.000.

[...]

Pero allí estaban los “vicios que todos nos sabemos”, como dijo Sáenz. Un elevado porcentaje del valor (en general, se considera arriesgado un préstamo que cubra más del 80% del valor del bien hipotecado), una tasa de esfuerzo alta (que el comprador tenga que dedicar más del 35% de su renta a pagar los plazos) y las tasaciones “forzadas” que subían los precios. Los desahucios son la mutación más salvaje de estos errores en cadena y las entidades prometen medidas severas para evitar más escándalos. No será fácil.

Forma canónica de Kronecker

Juan Miguel Gracia Melero y Lourdes Ortiz de Elguea Urtondo. 2010. Universidad del País Vasco.

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Víctimas, 16 de noviembre: José Francisco Mateu Cánoves, Juan Luis Aguirreurreta Arzamendi y Joseph Couchot

Libertad Digital.

A las diez menos veinte de la mañana del 16 de noviembre de 1978, Henri Parot y otros miembros del grupo Argala de ETA asesinaban a tiros en Madrid a JOSÉ FRANCISCO MATEU CÁNOVES, magistrado suplente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo y antiguo presidente del desaparecido Tribunal del Orden Público (TOP). Era el segundo asesinato de Parot y su grupo después de haber acabado con la vida de José Luis Legasa Ubiría el 2 de noviembre, en venganza por la denuncia que dos años antes había hecho este empresario contra el aparato de extorsión de la banda.

Con información que les proporcionó Domingo Iturbe Abasolo, el grupo Argala hizo un primer viaje a Madrid para comprobar los datos sobre el domicilio del magistrado, sus horarios, itinerarios y demás rutinas. Con esos datos regresaron al sur de Francia y, pocos días después, volvieron a la capital, robaron dos motos y esperaron a José Francisco Mateu en las cercanías de su domicilio en la calle María de Molina, sabiendo que saldría del mismo en torno a las 9:30 horas. El magistrado era un hombre muy metódico y, como todos los días, dobló la esquina de la calle Claudio Coello para dirigirse a su trabajo. Apenas había recorrido doscientos metros desde el portal de su domicilio, cuando dos de los terroristas, que le esperaban agazapados entre dos coches aparcados en esa calle, se abalanzaron sobre él y le dispararon a quemarropa, provocándole la muerte en el acto. El rebote de uno de los proyectiles hirió de carácter leve en un tobillo al portero de un edificio cercano.

Tras tirotear al magistrado los dos pistoleros huyeron en las motos, en las que les esperaban otros dos terroristas. La Policía tardó quince minutos en llegar al lugar de los hechos debido al intenso tráfico que había a esas horas en Madrid. Sin embargo, la agencia Europa Press especuló con la posibilidad de que un grupo de apoyo a los autores materiales del atentado hubiera formado voluntariamente un atasco de tráfico en la zona, con el fin de facilitar su huida ya que, durante algunos minutos, no transitó por la calle Claudio Coello ningún vehículo. Estas especulaciones no fueron confirmadas por la nota oficial que hizo pública la Policía. En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, y una granada sin explosionar que los terroristas perdieron en su huida, además de un cargador. Según otras versiones recogidas de declaraciones a testigos presenciales, tras asesinar al magistrado los terroristas quisieron poner en marcha la moto y, al no poder, empezaron a cundir los nervios, pues varios transeúntes comenzaron a gritarles "asesinos, asesinos". Por ese motivo, tiraron la granada, que no explotó, y tras conseguir poner en marcha la moto, emprendieron la huida.

Inmediatamente después de la llegada de la Policía al lugar del atentado, José Francisco Mateu fue trasladado a la Ciudad Sanitaria La Paz, donde los médicos de guardia no hicieron otra cosa que certificar su defunción y ordenar el traslado del cadáver al pabellón de anatomía patológica del centro, donde le fue realizada la autopsia.

Uno de los hijos de José Francisco, Jaime Mateu, recibió la noticia del asesinato de su padre por los periodistas que se habían desplazado a la calle Claudio Coello, señalando que "esto ya se veía venir". Cuando le preguntaron si su padre había recibido amenazas recientes, respondió que sí, "de ETA y toda esa gente".

Por la tarde se instaló la capilla ardiente en el Salón de los Pasos Perdidos, en la sede del Tribunal Supremo. Al día siguiente, 17 de noviembre, a las doce de la mañana, José Francisco Mateu fue enterrado tras la celebración de la misa de cuerpo presente en la Iglesia de Santa Bárbara. El funeral transcurrió en medio de una gran tensión, con constantes gritos e insultos contra el Gobierno, hasta el punto de que el sacerdote oficiante tuvo que llamar al orden a los asistentes. Entre fuertes medidas de seguridad, con los alrededores tomados por las Fuerzas Antidisturbios, abandonó el templo el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, y demás autoridades que asistieron al funeral. Posteriormente, los restos mortales del magistrado fueron enterrados en el cementerio de La Almudena, de Madrid, entre escenas de dolor de los familiares y nuevos gritos contra el Gobierno y de "Ejército al poder".

El atentado fue condenado por fuerzas políticas de todos los signos políticos, por centrales sindicales, personalidades públicas y diversos colectivos profesionales próximos a la Administración de Justicia. Sin embargo, el senador independiente Lluís María Xirinacs, hizo unas declaraciones que dieron lugar a una investigación de la fiscalía, instada por el Ministerio de Interior, por posible apología del terrorismo, al señalar que la violencia que había sufrido el magistrado Mateu Cánoves al ser asesinado era cualitativamente inferior a la que habían sufrido las personas condenadas por el Tribunal de Orden Público.

Al día siguiente del asesinato, ETA reivindicó el mismo mediante llamada a diferentes medios de comunicación de Bilbao. En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de José Francisco Mateu Cánoves.

José Francisco Mateu Cánoves, de 58 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y tenía siete hijos. Uno de ellos, Ignacio Mateu Istúriz, estaba en la Academia General Militar cuando su padre fue asesinado. Tras licenciarse y pedir una gracia especial, ingresó en la Guardia Civil. En 1986, Ignacio fue asesinado por la banda terrorista ETA en un atentado perpetrado con una bomba trampa en Arechavaleta (Guipúzcoa). José Francisco Mateu Cánoves ingresó en la carrera judicial en 1947 y estuvo destinado en diferentes juzgados. Posteriormente, como miembro del cuerpo de Magistrados de Trabajo, estuvo destinado en Lugo, Mieres, Orense y la Audiencia Provincial de Lérida. Formó parte del Tribunal de Orden Público desde su constitución en 1964 y hasta su disolución en 1977, primero como juez y, desde 1968, como presidente. Cuando fue asesinado era magistrado suplente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo.

A las 14:30 horas del viernes 16 de noviembre de 1979, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en la localidad guipuzcoana de Mondragón a JUAN LUIS AGUIRREURRETA ARZAMENDI, administrativo en la empresa Pinturas Velasco. Los dos terroristas le esperaban ocultos detrás de una furgoneta y, cuando pasó Juan Luis, se colocaron detrás de él y abrieron fuego con sus pistolas. La víctima fue alcanzada por once disparos en distintas partes del cuerpo, cayendo al suelo herida de muerte. Juan Luis fue trasladado urgentemente en una furgoneta particular al centro asistencial de Mondragón, donde ingresó cadáver.

Tras cometer el atentado, los dos pistoleros de la banda se montaron en un Morris MG, en el que esperaba un tercer terrorista, y emprendieron la huida en dirección a Ondárroa. El vehículo había sido robado previamente y a su propietario lo habían dejado atado a un árbol.

El Ayuntamiento de Mondragón suspendió el pleno ordinario previsto para el día en que se produjo el atentado y, en sesión urgente, condenó el crimen y mostró su indignación por el nuevo atentado de la banda. La moción contó con trece votos a favor y cuatro abstenciones. Además, los concejales guardaron un minuto de silencio en repulsa por el asesinato.

Los CAA reivindicaron el atentado mediante una llamada al diario Deia y, posteriormente, emitieron un comunicado en el que acusaban a la víctima de ser confidente de las Fuerzas de Seguridad, dirigir a los grupos de extrema derecha y haber pertenecido a la Policía político-social. Su familia salió al paso indicando que era apolítico y desmintió los rumores que relacionaban a Juan Luis con los Guerrilleros de Cristo Rey.

La capilla ardiente se instaló a última hora de la noche en el propio domicilio de la víctima, y el  funeral se celebró al día siguiente, sábado 17 de noviembre, a las seis de la tarde, en la Iglesia del Convento de los Padres Franciscanos.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Vicente Senar Huete a 22 años de reclusión mayor en concepto de cooperador necesario. En 1991 fue condenado a 28 años de reclusión mayor como autor material Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra. Tras cometer varios atentados con los CAA, la marca B de ETA, Paterra siguió su "carrera" como terrorista dentro de su hermana mayor, ETA militar. Fue detenido en septiembre de 1989 cuando se disponía a huir a Francia con otros dos miembros del grupo Araba de ETA –Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias Manu, y Juan Oyarbide, alias Txiribita– que resultaron muertos al enfrentarse a tiros con los agentes. Paterra ha sido condenado a penas que suman 1.200 años de prisión por, entre otros, catorce asesinatos cometidos como miembro de los CAA, primero, y de ETA, después. La aplicación de la doctrina Parot impidió que el asesino saliese de la cárcel en febrero de 2010, en vez de en 2019, cuando se completarán treinta años de cumplimiento efectivo de la misma.

Juan Luis Aguirreurreta Arzamendi tenía 32 años y era natural de Mondragón. Estaba casado y tenía dos hijos de 5 y 3 años. Hasta 1971 había trabajado en una empresa de construcción y de ahí pasó a trabajar en el departamento de contabilidad de Pinturas Velasco. Su hijo, Mario Aguirreurreta Herrera, escribió una carta pública en febrero de 2009 en la que se quejaba de la utilización de las víctimas y de la división que se hace entre ellas:

"Cansado ya de sentirme como un títere en manos de todo aquel que quiere utilizar lo vivido por las víctimas del terrorismo para conseguir alcanzar una meta en su carrera como político, me decido a escribir estas líneas (...) Tengo 32 años y hace veintinueve que asesinaron a mi padre. En todo este tiempo he tenido que aguantar cómo han utilizado su muerte, unos para ganar votos en las urnas y justificar ciertas actitudes políticas, y otros para tener contra las cuerdas al Gobierno central, como ellos lo denominan. Por ello quiero que, a partir de ahora, cada vez que se acuerden de las víctimas para atacarse dejen al margen a uno de esos asesinados, a mi padre. Estoy cansado de las noticias sobre las ayudas que supuestamente nos llegan, tanto económicas como laborales o de apoyo emocional. Y quiero que se sepa que a mí nunca me han llegado. (...) Hasta la fecha, cada vez que en mi vida personal he prosperado he tenido que oír comentarios en mi entorno dando a entender que lo he hecho con la ayuda del Gobierno Vasco o del de España, o incluso de Europa. Y lo que nadie sabe es que para conseguir todo lo que he conseguido he tenido que luchar más que nadie porque a mí siempre me ha faltado la ayuda de un padre. En mi vida, a las zancadillas que todo el mundo se encuentra, ha de sumársele, además, el estigma de ser víctima del terrorismo de hace veintinueve años. En aquellos tiempos las víctimas éramos leprosos: todo el mundo huía de nosotros, nos daba la espalda. Y por si ese sufrimiento y ese aislamiento hubiera sido poco, ahora tengo que aguantar que mis queridos gobiernos, tanto el de Euskadi como el de España, consideren que hay dos tipos de víctimas: las de primera categoría y las de segunda. Bueno, de tres clases, me olvidaba de las supervíctimas mediáticas -todos sabemos quiénes son-: las de categoría especial. Por desgracia yo pertenezco a las de segunda categoría, ésas a las que llaman las víctimas olvidadas, las que son una carga para los dos gobiernos. Las que después de haber vivido el cobarde asesinato de un ser querido y de aguantar que se nos tratara como leprosos, debemos soportar ahora que nuestros gobiernos se rían de nosotros porque el crimen se cometió antes de 1984 (...) Me conformo con que quien me lea sepa que cuando a los políticos se les llena la boca hablando de las víctimas lo hacen de aquéllas que tuvieron la "suerte" de serlo a partir de 1984 o de las que todo el mundo sabe por ser mediáticamente un filón. Pero nunca de las anteriores a ese año (...) Sólo quierodecirles a los políticos de este país que no creo en uno solo de ellos, me da igual las siglas de su partido (...) Espero que, después de leer esto, los ciudadanos seáis conscientes de que cuando vuestros políticos hablan de las víctimas o de la forma de conseguir la paz lo hacen con el fin de ganarse vuestros votos (...) Estas líneas las escribo a título personal, manteniendo totalmente al margen a cualquier persona cercana, a pesar de que ellas posiblemente también firmarían esta carta (ABC, 11/02/2009).

A las dos menos cuarto de la tarde del día 16 de noviembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún al empresario vasco-francés JOSEPH COUCHOT, que había sido señalado dos meses antes en varias revistas españolas de información general como relacionado con la ultraderecha francesa y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), además de como colaborador de los servicios policales españoles. El empresario se encontraba en un restaurante del barrio de Behovia, en el límite de la frontera con Francia, cuando dos hombres y una mujer encapuchados y armados irrumpieron en el comedor y dispararon a corta distancia contra el ciudadano francés. Couchot cayó desplomado al suelo y allí fue rematado con un disparo en la cabeza.

A continuación los terroristas emprendieron la huida en un vehículo robado en Rentería, con su propietario encerrado en el maletero. El coche fue abandonado con su dueño dentro en la plaza de San Juan de Irún. En el momento del atentado, en el restaurante comían media docena de clientes, además de Couchot.

El nombre de Couchot apareció en los medios de comunicación asociado a los GAL por primera vez el 3 de septiembre, concretamente en el semanario Tiempo. En el mismo se indicaba que Couchot había refugiado en su casa al industrial Víctor Manuel Navascués, a quien la Policía buscaba en aquellas fechas por su presunta participación en el asesinato del trabajador de Hendaya Jean Pierre Leiva el 1 de marzo de 1984. Se recogían también declaraciones de Daniel Fernández Aceña, presunto miembro del GAL en prisión cuando Couchot fue asesinado, en las que atribuía a Navascués la dirección del comando que asesinó a Leiva. Además, se insinuaba que Couchot estaba relacionado con Jean Philippe Labade, detenido también como presunto miembro de los GAL, y que había escondido en su domicilio de Anglet a los que habían atentado contra los etarras Tomás Pérez Revilla y Ramón Orbe Etxeberría el 15 de junio de 1984. El primero de ellos -un histórico de ETA que se llevó a la tumba parte del secreto de lo que pasó con tres jóvenes gallegos que cruzaron al sur de Francia, fueron secuestrados y torturados hasta la muerte, y nunca más se supo de ellos-, fallecería semanas después a consecuencia de las heridas sufridas. Meses después de la publicación de este reportaje, Víctor Manuel Navascués se personó en un juzgado y fue puesto en libertad bajo fianza.

El semanario vasco-francés Enbata y la revista Punto y Hora de Euskalherria se hicieron eco de estas y otras situaciones relacionadas, presuntamente, con Joseph Couchot. El mismo día de su asesinato, esta última revista publicaba una carta de la víctima en la que responsabilizaba al director de la misma de lo que pudiera ocurrirle. Couchot responsabilizaba al director de la publicación de "cuanto pueda ocurrir a mis cercanos, mis negocios y a mi persona como consecuencia del artículo antes citado". Por otra parte, una voz anónima en nombre de los GAL negó, en llamada telefónica a los medios de comunicación vascos, la pertenencia de Couchot a dicha organización.

No era la primera vez que la aparición de informaciones en la prensa era el preludio de un asesinato de ETA. Jesús García García y Alfredo Ramos fueron asesinados en enero de 1980 por la banda después de que en la revista Interviú Xavier Vinader Sánchez publicase una entrevista a Francisco Ros, un policía destinado en el País Vasco, en la que daba los nombres de personas vinculadas presuntamente a la ultraderecha. Meses después del asesinato de Couchot, el 16 de agosto de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en Castellón a Clément Perret, cuyo nombre también había aparecido en medios de comunicación españoles relacionándolo con los GAL.

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain Tellechea, integrantes del grupo Oker de ETA, a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Joseph Couchot. Años después, en 2002, fue condenada a la misma pena y por el mismo asesinato Idoia López Riaño, alias La Tigresa. El de Couchot fue el primer asesinato cometido por la sanguinaria terrorista, que suma 2.111 años de cárcel por su participación en 23 asesinatos, entre ellos la masacre de guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, el 14 de julio de 1986. Detenida en Marsella en 1994, La Tigresa fue extraditada a España en 2001 tras cumplir una pena de cinco años en Francia, acusada de asociación de malhechores. Pese a que en los procesos que se han seguido contra ella en España, la asesina no ha dado nunca muestras de arrepentimiento, ni ha tenido intención alguna de colaborar con la justicia, además de haber provocado diversos incidentes en la Audiencia Nacional, en junio de 2011 se ha visto beneficiada por las medidas de acercamiento a la prisión alavesa de Nanclares de Oca, después de que la etarra firmara la carta de arrepentimiento que el Ministerio de Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, exige a los miembros de ETA que quieran ser acercados al País Vasco.

En el asesinato de Joseph Couchot participó también el etarra Arturo Cubillas Fontán, que vive desde hace años protegido por la Venezuela de Hugo Chávez, trabajando en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo encargado de las polémicas expropiaciones de tierras emprendidas por el régimen bolivariano. La causa ha sido finalmente considerada prescrita, por lo que el etarra no podrá ser juzgado por este asesinato.

Joseph Couchot, de 49 años, había nacido en la localidad francesa de Anglet. Estaba casado y tenía empresas tanto en Francia como en España, por lo que además de su residencia en Biarritz, tenía otra vivienda en Fuenterrabía. En los meses anteriores a su asesinato había fijado su residencia en Fuenterrabía, ya que tenía algunos problemas con el Tribunal de Pau por asuntos de contrabando (ABC, 17/08/1985).

Lecturas 16.11.2012

Adapting to Climate Change Is Less Costly than Spending Trillions on Emission Targets, by Swaminathan S. Anklesaria Aiyar.

Damage caused by hurricanes has risen stridently in the last 50 years. But that's mainly because more buildings keep coming up in hurricane belts, covered by hurricane insurance. Weak construction collapses in hurricanes. But Bermuda experienced zero housing collapses even in a Category 5 hurricane because its building codes ensured hurricane-proof construction. Such adaptation is expensive, but is cheaper than giving up coal. With luck, new technology will provide cheap solar energy, ending the emission problem. If not, adaptation will be a viable alternative.

El bienestar del EstadoPublicado, por Juan Ramón Rallo.

La cuestión, empero, es bastante más sencilla: ¿por qué no dejamos que cada persona elija el proveedor que considera que ofrece un mejor servicio? Si la sanidad, la educación o las pensiones públicas son de mucha mayor calidad que el resto de alternativas privadas, ¿por qué no permitimos que la gente se descuelgue del Estado de Bienestar? Es decir, ¿por qué no permitir que, si reputa mejor otras opciones, deje de costearlo con sus impuestos?

Cuba: Informe Mensual de Violaciones de los Derechos Humanos - Octubre 2012.

Libertad en Madrid, por Carlos Rodríguez Braun.

Igualmente indefendible, aunque muy popular, es la idea de que las leyes son injustas si no nacen del "consenso del sector". Oiga ¿y quién es "el sector"? Y sobre todo ¿quién es el sector para imponer restricciones a la libertad? La lógica que subyace a esta fantasía es que la política representa a la sociedad: así, si los políticos hacen cosas con "consenso", eso significa que la sociedad está de acuerdo y los respalda. Pero esto nunca es así: los famosos "consensos" y "sectores" se limitan a acuerdos entre el poder y los grupos de presión, porque el conjunto de la sociedad nunca puede ser fielmente representado por nadie; es indudable que los consumidores no están todos en las llamadas asociaciones de consumidores.

Hablan Laritza Diversent, Ailer González, Andrés Pérez y Luis Manuel Fumero, detenidos frente a la Sección 21 de la Seguridad del Estado.

Los activistas fueron reprimidos por preguntar sobre la situación de la abogada, defensora de derechos humanos y periodista independiente Yaremis Flores, detenida también el miércoles y a quien la Seguridad quiere procesar bajo el cargo de "difusión de noticias falsas", que conlleva penas de entre uno y cuatro años de prisión.