A las diez menos veinte de la mañana del 16 de noviembre de 1978, Henri Parot y otros miembros del grupo Argala de ETA asesinaban a tiros en Madrid a JOSÉ FRANCISCO MATEU CÁNOVES, magistrado suplente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo y antiguo presidente del desaparecido Tribunal del Orden Público (TOP). Era el segundo asesinato de Parot y su grupo después de haber acabado con la vida de José Luis Legasa Ubiría el 2 de noviembre, en venganza por la denuncia que dos años antes había hecho este empresario contra el aparato de extorsión de la banda.
Con información que les proporcionó Domingo Iturbe Abasolo, el grupo Argala hizo un primer viaje a Madrid para comprobar los datos sobre el domicilio del magistrado, sus horarios, itinerarios y demás rutinas. Con esos datos regresaron al sur de Francia y, pocos días después, volvieron a la capital, robaron dos motos y esperaron a José Francisco Mateu en las cercanías de su domicilio en la calle María de Molina, sabiendo que saldría del mismo en torno a las 9:30 horas. El magistrado era un hombre muy metódico y, como todos los días, dobló la esquina de la calle Claudio Coello para dirigirse a su trabajo. Apenas había recorrido doscientos metros desde el portal de su domicilio, cuando dos de los terroristas, que le esperaban agazapados entre dos coches aparcados en esa calle, se abalanzaron sobre él y le dispararon a quemarropa, provocándole la muerte en el acto. El rebote de uno de los proyectiles hirió de carácter leve en un tobillo al portero de un edificio cercano.
Tras tirotear al magistrado los dos pistoleros huyeron en las motos, en las que les esperaban otros dos terroristas. La Policía tardó quince minutos en llegar al lugar de los hechos debido al intenso tráfico que había a esas horas en Madrid. Sin embargo, la agencia Europa Press especuló con la posibilidad de que un grupo de apoyo a los autores materiales del atentado hubiera formado voluntariamente un atasco de tráfico en la zona, con el fin de facilitar su huida ya que, durante algunos minutos, no transitó por la calle Claudio Coello ningún vehículo. Estas especulaciones no fueron confirmadas por la nota oficial que hizo pública la Policía. En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, y una granada sin explosionar que los terroristas perdieron en su huida, además de un cargador. Según otras versiones recogidas de declaraciones a testigos presenciales, tras asesinar al magistrado los terroristas quisieron poner en marcha la moto y, al no poder, empezaron a cundir los nervios, pues varios transeúntes comenzaron a gritarles "asesinos, asesinos". Por ese motivo, tiraron la granada, que no explotó, y tras conseguir poner en marcha la moto, emprendieron la huida.
Inmediatamente después de la llegada de la Policía al lugar del atentado, José Francisco Mateu fue trasladado a la Ciudad Sanitaria La Paz, donde los médicos de guardia no hicieron otra cosa que certificar su defunción y ordenar el traslado del cadáver al pabellón de anatomía patológica del centro, donde le fue realizada la autopsia.
Uno de los hijos de José Francisco, Jaime Mateu, recibió la noticia del asesinato de su padre por los periodistas que se habían desplazado a la calle Claudio Coello, señalando que "esto ya se veía venir". Cuando le preguntaron si su padre había recibido amenazas recientes, respondió que sí, "de ETA y toda esa gente".
Por la tarde se instaló la capilla ardiente en el Salón de los Pasos Perdidos, en la sede del Tribunal Supremo. Al día siguiente, 17 de noviembre, a las doce de la mañana, José Francisco Mateu fue enterrado tras la celebración de la misa de cuerpo presente en la Iglesia de Santa Bárbara. El funeral transcurrió en medio de una gran tensión, con constantes gritos e insultos contra el Gobierno, hasta el punto de que el sacerdote oficiante tuvo que llamar al orden a los asistentes. Entre fuertes medidas de seguridad, con los alrededores tomados por las Fuerzas Antidisturbios, abandonó el templo el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, y demás autoridades que asistieron al funeral. Posteriormente, los restos mortales del magistrado fueron enterrados en el cementerio de La Almudena, de Madrid, entre escenas de dolor de los familiares y nuevos gritos contra el Gobierno y de "Ejército al poder".
El atentado fue condenado por fuerzas políticas de todos los signos políticos, por centrales sindicales, personalidades públicas y diversos colectivos profesionales próximos a la Administración de Justicia. Sin embargo, el senador independiente Lluís María Xirinacs, hizo unas declaraciones que dieron lugar a una investigación de la fiscalía, instada por el Ministerio de Interior, por posible apología del terrorismo, al señalar que la violencia que había sufrido el magistrado Mateu Cánoves al ser asesinado era cualitativamente inferior a la que habían sufrido las personas condenadas por el Tribunal de Orden Público.
Al día siguiente del asesinato, ETA reivindicó el mismo mediante llamada a diferentes medios de comunicación de Bilbao. En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de José Francisco Mateu Cánoves.
José Francisco Mateu Cánoves, de 58 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y tenía siete hijos. Uno de ellos, Ignacio Mateu Istúriz, estaba en la Academia General Militar cuando su padre fue asesinado. Tras licenciarse y pedir una gracia especial, ingresó en la Guardia Civil. En 1986, Ignacio fue asesinado por la banda terrorista ETA en un atentado perpetrado con una bomba trampa en Arechavaleta (Guipúzcoa). José Francisco Mateu Cánoves ingresó en la carrera judicial en 1947 y estuvo destinado en diferentes juzgados. Posteriormente, como miembro del cuerpo de Magistrados de Trabajo, estuvo destinado en Lugo, Mieres, Orense y la Audiencia Provincial de Lérida. Formó parte del Tribunal de Orden Público desde su constitución en 1964 y hasta su disolución en 1977, primero como juez y, desde 1968, como presidente. Cuando fue asesinado era magistrado suplente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo.
A las 14:30 horas del viernes 16 de noviembre de 1979, dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en la localidad guipuzcoana de Mondragón a JUAN LUIS AGUIRREURRETA ARZAMENDI, administrativo en la empresa Pinturas Velasco. Los dos terroristas le esperaban ocultos detrás de una furgoneta y, cuando pasó Juan Luis, se colocaron detrás de él y abrieron fuego con sus pistolas. La víctima fue alcanzada por once disparos en distintas partes del cuerpo, cayendo al suelo herida de muerte. Juan Luis fue trasladado urgentemente en una furgoneta particular al centro asistencial de Mondragón, donde ingresó cadáver.
Tras cometer el atentado, los dos pistoleros de la banda se montaron en un Morris MG, en el que esperaba un tercer terrorista, y emprendieron la huida en dirección a Ondárroa. El vehículo había sido robado previamente y a su propietario lo habían dejado atado a un árbol.
El Ayuntamiento de Mondragón suspendió el pleno ordinario previsto para el día en que se produjo el atentado y, en sesión urgente, condenó el crimen y mostró su indignación por el nuevo atentado de la banda. La moción contó con trece votos a favor y cuatro abstenciones. Además, los concejales guardaron un minuto de silencio en repulsa por el asesinato.
Los CAA reivindicaron el atentado mediante una llamada al diario Deia y, posteriormente, emitieron un comunicado en el que acusaban a la víctima de ser confidente de las Fuerzas de Seguridad, dirigir a los grupos de extrema derecha y haber pertenecido a la Policía político-social. Su familia salió al paso indicando que era apolítico y desmintió los rumores que relacionaban a Juan Luis con los Guerrilleros de Cristo Rey.
La capilla ardiente se instaló a última hora de la noche en el propio domicilio de la víctima, y el funeral se celebró al día siguiente, sábado 17 de noviembre, a las seis de la tarde, en la Iglesia del Convento de los Padres Franciscanos.
En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Vicente Senar Huete a 22 años de reclusión mayor en concepto de cooperador necesario. En 1991 fue condenado a 28 años de reclusión mayor como autor material Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra. Tras cometer varios atentados con los CAA, la marca B de ETA, Paterra siguió su "carrera" como terrorista dentro de su hermana mayor, ETA militar. Fue detenido en septiembre de 1989 cuando se disponía a huir a Francia con otros dos miembros del grupo Araba de ETA –Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias Manu, y Juan Oyarbide, alias Txiribita– que resultaron muertos al enfrentarse a tiros con los agentes. Paterra ha sido condenado a penas que suman 1.200 años de prisión por, entre otros, catorce asesinatos cometidos como miembro de los CAA, primero, y de ETA, después. La aplicación de la doctrina Parot impidió que el asesino saliese de la cárcel en febrero de 2010, en vez de en 2019, cuando se completarán treinta años de cumplimiento efectivo de la misma.
Juan Luis Aguirreurreta Arzamendi tenía 32 años y era natural de Mondragón. Estaba casado y tenía dos hijos de 5 y 3 años. Hasta 1971 había trabajado en una empresa de construcción y de ahí pasó a trabajar en el departamento de contabilidad de Pinturas Velasco. Su hijo, Mario Aguirreurreta Herrera, escribió una carta pública en febrero de 2009 en la que se quejaba de la utilización de las víctimas y de la división que se hace entre ellas:
"Cansado ya de sentirme como un títere en manos de todo aquel que quiere utilizar lo vivido por las víctimas del terrorismo para conseguir alcanzar una meta en su carrera como político, me decido a escribir estas líneas (...) Tengo 32 años y hace veintinueve que asesinaron a mi padre. En todo este tiempo he tenido que aguantar cómo han utilizado su muerte, unos para ganar votos en las urnas y justificar ciertas actitudes políticas, y otros para tener contra las cuerdas al Gobierno central, como ellos lo denominan. Por ello quiero que, a partir de ahora, cada vez que se acuerden de las víctimas para atacarse dejen al margen a uno de esos asesinados, a mi padre. Estoy cansado de las noticias sobre las ayudas que supuestamente nos llegan, tanto económicas como laborales o de apoyo emocional. Y quiero que se sepa que a mí nunca me han llegado. (...) Hasta la fecha, cada vez que en mi vida personal he prosperado he tenido que oír comentarios en mi entorno dando a entender que lo he hecho con la ayuda del Gobierno Vasco o del de España, o incluso de Europa. Y lo que nadie sabe es que para conseguir todo lo que he conseguido he tenido que luchar más que nadie porque a mí siempre me ha faltado la ayuda de un padre. En mi vida, a las zancadillas que todo el mundo se encuentra, ha de sumársele, además, el estigma de ser víctima del terrorismo de hace veintinueve años. En aquellos tiempos las víctimas éramos leprosos: todo el mundo huía de nosotros, nos daba la espalda. Y por si ese sufrimiento y ese aislamiento hubiera sido poco, ahora tengo que aguantar que mis queridos gobiernos, tanto el de Euskadi como el de España, consideren que hay dos tipos de víctimas: las de primera categoría y las de segunda. Bueno, de tres clases, me olvidaba de las supervíctimas mediáticas -todos sabemos quiénes son-: las de categoría especial. Por desgracia yo pertenezco a las de segunda categoría, ésas a las que llaman las víctimas olvidadas, las que son una carga para los dos gobiernos. Las que después de haber vivido el cobarde asesinato de un ser querido y de aguantar que se nos tratara como leprosos, debemos soportar ahora que nuestros gobiernos se rían de nosotros porque el crimen se cometió antes de 1984 (...) Me conformo con que quien me lea sepa que cuando a los políticos se les llena la boca hablando de las víctimas lo hacen de aquéllas que tuvieron la "suerte" de serlo a partir de 1984 o de las que todo el mundo sabe por ser mediáticamente un filón. Pero nunca de las anteriores a ese año (...) Sólo quierodecirles a los políticos de este país que no creo en uno solo de ellos, me da igual las siglas de su partido (...) Espero que, después de leer esto, los ciudadanos seáis conscientes de que cuando vuestros políticos hablan de las víctimas o de la forma de conseguir la paz lo hacen con el fin de ganarse vuestros votos (...) Estas líneas las escribo a título personal, manteniendo totalmente al margen a cualquier persona cercana, a pesar de que ellas posiblemente también firmarían esta carta (ABC, 11/02/2009).
A las dos menos cuarto de la tarde del día 16 de noviembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún al empresario vasco-francés JOSEPH COUCHOT, que había sido señalado dos meses antes en varias revistas españolas de información general como relacionado con la ultraderecha francesa y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), además de como colaborador de los servicios policales españoles. El empresario se encontraba en un restaurante del barrio de Behovia, en el límite de la frontera con Francia, cuando dos hombres y una mujer encapuchados y armados irrumpieron en el comedor y dispararon a corta distancia contra el ciudadano francés. Couchot cayó desplomado al suelo y allí fue rematado con un disparo en la cabeza.
A continuación los terroristas emprendieron la huida en un vehículo robado en Rentería, con su propietario encerrado en el maletero. El coche fue abandonado con su dueño dentro en la plaza de San Juan de Irún. En el momento del atentado, en el restaurante comían media docena de clientes, además de Couchot.
El nombre de Couchot apareció en los medios de comunicación asociado a los GAL por primera vez el 3 de septiembre, concretamente en el semanario Tiempo. En el mismo se indicaba que Couchot había refugiado en su casa al industrial Víctor Manuel Navascués, a quien la Policía buscaba en aquellas fechas por su presunta participación en el asesinato del trabajador de Hendaya Jean Pierre Leiva el 1 de marzo de 1984. Se recogían también declaraciones de Daniel Fernández Aceña, presunto miembro del GAL en prisión cuando Couchot fue asesinado, en las que atribuía a Navascués la dirección del comando que asesinó a Leiva. Además, se insinuaba que Couchot estaba relacionado con Jean Philippe Labade, detenido también como presunto miembro de los GAL, y que había escondido en su domicilio de Anglet a los que habían atentado contra los etarras Tomás Pérez Revilla y Ramón Orbe Etxeberría el 15 de junio de 1984. El primero de ellos -un histórico de ETA que se llevó a la tumba parte del secreto de lo que pasó con tres jóvenes gallegos que cruzaron al sur de Francia, fueron secuestrados y torturados hasta la muerte, y nunca más se supo de ellos-, fallecería semanas después a consecuencia de las heridas sufridas. Meses después de la publicación de este reportaje, Víctor Manuel Navascués se personó en un juzgado y fue puesto en libertad bajo fianza.
El semanario vasco-francés Enbata y la revista Punto y Hora de Euskalherria se hicieron eco de estas y otras situaciones relacionadas, presuntamente, con Joseph Couchot. El mismo día de su asesinato, esta última revista publicaba una carta de la víctima en la que responsabilizaba al director de la misma de lo que pudiera ocurrirle. Couchot responsabilizaba al director de la publicación de "cuanto pueda ocurrir a mis cercanos, mis negocios y a mi persona como consecuencia del artículo antes citado". Por otra parte, una voz anónima en nombre de los GAL negó, en llamada telefónica a los medios de comunicación vascos, la pertenencia de Couchot a dicha organización.
No era la primera vez que la aparición de informaciones en la prensa era el preludio de un asesinato de ETA. Jesús García García y Alfredo Ramos fueron asesinados en enero de 1980 por la banda después de que en la revista Interviú Xavier Vinader Sánchez publicase una entrevista a Francisco Ros, un policía destinado en el País Vasco, en la que daba los nombres de personas vinculadas presuntamente a la ultraderecha. Meses después del asesinato de Couchot, el 16 de agosto de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en Castellón a Clément Perret, cuyo nombre también había aparecido en medios de comunicación españoles relacionándolo con los GAL.
En 1986 la Audiencia Nacional condenó a José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain Tellechea, integrantes del grupo Oker de ETA, a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Joseph Couchot. Años después, en 2002, fue condenada a la misma pena y por el mismo asesinato Idoia López Riaño, alias La Tigresa. El de Couchot fue el primer asesinato cometido por la sanguinaria terrorista, que suma 2.111 años de cárcel por su participación en 23 asesinatos, entre ellos la masacre de guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, el 14 de julio de 1986. Detenida en Marsella en 1994, La Tigresa fue extraditada a España en 2001 tras cumplir una pena de cinco años en Francia, acusada de asociación de malhechores. Pese a que en los procesos que se han seguido contra ella en España, la asesina no ha dado nunca muestras de arrepentimiento, ni ha tenido intención alguna de colaborar con la justicia, además de haber provocado diversos incidentes en la Audiencia Nacional, en junio de 2011 se ha visto beneficiada por las medidas de acercamiento a la prisión alavesa de Nanclares de Oca, después de que la etarra firmara la carta de arrepentimiento que el Ministerio de Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, exige a los miembros de ETA que quieran ser acercados al País Vasco.
En el asesinato de Joseph Couchot participó también el etarra Arturo Cubillas Fontán, que vive desde hace años protegido por la Venezuela de Hugo Chávez, trabajando en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo encargado de las polémicas expropiaciones de tierras emprendidas por el régimen bolivariano. La causa ha sido finalmente considerada prescrita, por lo que el etarra no podrá ser juzgado por este asesinato.
Joseph Couchot, de 49 años, había nacido en la localidad francesa de Anglet. Estaba casado y tenía empresas tanto en Francia como en España, por lo que además de su residencia en Biarritz, tenía otra vivienda en Fuenterrabía. En los meses anteriores a su asesinato había fijado su residencia en Fuenterrabía, ya que tenía algunos problemas con el Tribunal de Pau por asuntos de contrabando (ABC, 17/08/1985).
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