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Entrevista a Christopher Pissarides. J.P. Velázquez-Gaztelu

Pregunta. ¿Qué ha hecho mal España para tener una de las tasas de paro más altas del mundo?

Respuesta. Para entender lo que ha ido mal en este país hay que remontarse a finales de los años setenta y a los años ochenta, cuando se dio a los trabajadores unos poderes y privilegios que la economía no podía permitirse. Estoy a favor de apoyar a los trabajadores, de aumentar las rentas y de adoptar medidas para reducir la pobreza, pero solo si la economía se lo puede permitir. Para que los empresarios puedan crear empleo deben tener expectativas de beneficio. Por tanto, todo lo que se produzca debe compartirse entre el empresario y el trabajador. En los primeros años posteriores a la restauración de la democracia en España se otorgó a los trabajadores una parte de la producción demasiado grande.

P. ¿Qué opina de la dualidad entre trabajadores fijos y temporales que hay en España?

R. La creación de los contratos temporales en la España de los años ochenta fue una buena decisión, porque la economía crecía y era más fácil crear empleo. Pero la medida tuvo el efecto contrario cuando la economía comenzó a contraerse: los empresarios encontraron una excusa para no crear el empleo fijo esencial para incentivar una mayor productividad y una mejor formación. Ahora que estamos de nuevo en recesión hay muchas presiones para reformar el mercado laboral. Reformar los dos tipos de contrato es, desde luego, un movimiento en la buena dirección, pero no ha ido lo suficientemente lejos por la resistencia de los sindicatos.

P. ¿En qué dirección debería ir la reforma laboral?

R. Debería existir solo un tipo de contrato. Antes que nada, creo que los contratos deberían dejarse en manos del sector privado. El Gobierno no debería interferir. Lo que sí es asunto del sector público es la prestación por desempleo, que debería aplicarse a todo tipo de trabajadores y que debería ser gradual: nada al principio, un poco después de seis meses de trabajo, por ejemplo, y subir gradualmente la cantidad sin llegar demasiado lejos, hasta un máximo de 10 años.

P. ¿Cuándo podrá España crear empleo?

R. Los puestos de trabajo los crean los empresarios privados, y llegarán cuando se recupere la confianza en la economía. ¿Dará el contrato único resultados inmediatos? La respuesta es no. Los resultados vendrán gradualmente, pero vendrán.

P. ¿No cree que poner en marcha nuevos estímulos a la economía ayudaría a reducir el paro?

P. Sería peligroso volver a los estímulos, a menos que haya confianza plena en los nuevos acuerdos de disciplina fiscal. Los estímulos funcionarían bien si hubiera cooperación en la eurozona en materia fiscal. No funcionaría que un país perteneciente a una unión monetaria dejase de preocuparse por la situación de su deuda soberana y decidiera por su cuenta expandir su política fiscal para fomentar el empleo. Sí podría funcionar en un país como Reino Unido, que no pertenece a una unión monetaria, ya que puede influir en su tipo de cambio. En España, eso es imposible. Haga lo que haga fiscalmente, no tendrá influencia alguna en el tipo de cambio del euro.

P. ¿Qué papel deberían desempeñar los sindicatos en una sociedad como la española?

R. Lo más importante no es cuánta fuerza o cuánto poder tienen los sindicatos, sino cómo lo utilizan. La ley otorga todavía más poder a los sindicatos en Escandinavia, pero lo utilizan de forma cooperativa. Se preocupan más por la economía en general que por sus militantes. Parece que a los sindicatos españoles les preocupan más sus militantes con trabajo que los jóvenes con contratos temporales o las mujeres que quieren entrar en el mercado laboral. Abusan de su poder al negociar solo en beneficio de sus miembros. Los sindicatos británicos estuvieron en esa situación hasta los años ochenta, cuando el Gobierno les recortó buena parte de su poder. A pesar de tener el apoyo de los sindicatos, el Gobierno laborista siguió la misma línea porque llegó a la conclusión que era lo mejor para el país y para la economía en general.


Leer original en El País.

Los sindicatos han perdido 270.000 afiliados en un año por Calixto Rivero

Los sindicatos empiezan a sufrir en sus bases el rechazo a su actuación durante la crisis. Según los datos de afiliación a las centrales del Ministerio de Trabajo, 276.086 empleados dejaron de pertenecer a organizaciones como CCOO y UGT en un año. Si en 2008 sólo el 17,4% de los ocupados estaba afiliado a estas organizaciones, el pasado ejercicio sólo pertenecían a ella el 17,2% de los trabajadores.

Aunque los representantes de estas instituciones achacan el descenso a los despidos masivos, esta pérdida de confianza se explica fundamentalmente porque se dispara el desapego de los más jóvenes en las centrales. ¿La razón? Estos organismos se han dedicado sobre todo a defender a los empleados de más de 45 años, que tenían una indemnización por despido mayor. Sin embargo, no organizaron ninguna huelga en 2009, con los despidos masivos de trabajadores temporales.

Las cifras que revelan la confianza de los jóvenes en los sindicatos hablan por sí solas: 150.000 ocupados de entre 16 y 29 años se han dado de baja en estas organizaciones.

Sin nuevas generaciones

Es evidente que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el líder de UGT, Cándido Méndez, tienen un grave problema para captar a las nuevas generaciones: 40.721 empleados de entre 16 y 19 años dejaron su afiliación a los sindicatos desde que empezó la crisis. También se dieron de baja 164.914 ocupados de entre 25 y 29 años entre 2007 y 2009.

El abandono no se explica sólo porque haya caído la población activa, sino porque las centrales están perdiendo cada vez más peso entre los recién llegados a las empresas: en 2007 el 6% de los jóvenes ocupados estaban afiliados a los sindicatos, una cifra que escaló modestamente hasta el 7,3% en 2008. Sin embargo, en 2009 volvió a sufrir un fuerte retroceso: ya sólo el 5,7% de los jóvenes empleados pagan su cuota a estas organizaciones.

Las afiliaciones a centrales como UGT y CCOO han caído en picado sobre todo entre los jóvenes de entre 25 y 29 años. Si en 2007 el 12,2% de los empleados de estas edades estaba inscrito a un sindicato; en 2008, sólo el 10,9%. Y en 2009 sólo el 8,1% de los ocupados.

Los sindicatos –que a pesar de su escasa representatividad siguieron manteniendo el control de los convenios que regulan las condiciones laborales de 10,3 millones de empleados en 2009 (el 60%de los trabajadores)– siguen manteniendo poder entre los trabajadores de más de 45 años. Entre los empleados de mas de 45 años hay un 23,7% de trabajadores con carné de las centrales; una cifra que se reduce al 20,1% en el caso de los empleados con más de 55, los más cercanos a la jubilación.