El martes 2 de octubre fue entrevistado en el programa de Melchor Miralles "Cada Mañana Sale el Sol" el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández (la entrevista, aquí). El reconocido restaurador habló en tanto que vicepresidente de la patronal, institución que disfruta de subvenciones estatales que, tal y como consta en la propia página de la CEOE, integra y representa a más de 5.000 organizaciones de base que aglutinan a 1.450.000 empresarios y autónomos. También fue preguntado como empresario titular de la contrata de la hostelería del Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid.
Melchor Miralles le puso en evidencia al mostrar un ticket del menú completo en el que aparece el precio para un diputado de la Asamblea de Madrid: 3,55 euros. Mientras tanto, en otros establecimientos (por ejemplo, universidades privadas) donde la empresa "Arturo" tiene la contrata, un menú completo cuesta casi el doble. Hasta ahí, tal vez el problema es simplemente de mal gusto al cobrar menos a un diputado que a un universitario. Pero a nadie se le escapa que ese precio menor se debe a la subvención que recibe la empresa. Al intentar dar una respuesta coherente y vendible al periodista, Arturo Fernández afirmó que, en realidad, "eso son chascarrillos", que lleva 20 años siendo el restaurador del Congreso y la Asamblea y "si no hubiera una ayuda sería inviable poder atender a los señores diputados porque el negocio no da". Según afirmó, "no es una subvención a la comida de sus señorías sino una ayuda para mantener los cincuenta y tantos empleos que tiene en cada una de las cámaras". No es una subvención al menú sino "a la concesión". Y repitió en varias ocasiones "si no, es que sería inviable el negocio".
Bochornoso. No puedo evitar recordar las palabras de Adam Smith en La Riqueza de las Nacionescuando afirmaba que la "gente del mismo oficio rara vez se reúne (...) sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios". Aquí lo tenemos: el señor Arturo Fernández, escaqueándose y cerrando la conversación con un "a mí no me digan nada, soy titular de una contrata". Da mucha vergüenza repasar la página del grupo de empresas de Arturo Fernández y comprobar el número de contratas públicas que tiene la primera empresa hostelera de Madrid.
Se trata del ejemplo de empresario privado que tenemos en España. Estos son los que van a crear empleo en nuestro país a golpe de subvención y compadreando con diputados nacionales y autonómicos. Efectivamente, por alguna razón tiene la contrata desde hace 20 años. Si el negocio no es viable, cierre, don Arturo. No nos haga asumir sus pérdidas. Porque hay miles de empresarios de hostelería a quienes supuestamente representa que están cerrando porque no tienen el privilegio del poderoso y nadie les subvenciona los menús.
Adam Smith defendía al empresario austero que competía sin privilegios. De hecho, su obra es un monumento a la abolición de los privilegios empresariales. Un empresario debería ser libre para buscar su propio interés sin dañar la libertad del otro. Y esa salvaguarda es la competencia. Gracias a ella, lo que mantiene o derriba las empresas es su buen hacer, su capacidad para satisfacer las necesidades del consumidor soberano, no el privilegio. Mientras ese monopolio en forma de tan longeva contrata permanezca y además implique usar el dinero público para la mayor gloria de un único empresario, los capitales y la actividad empresarial hostelera no fluirán adecuadamente. Este fenómeno, que seguramente se reproduce en los chiringuitos de playa y concesiones diversas, es especialmente sangrante cuando el privilegiado dice representar a 1.450.000 empresarios y autónomos, sin privilegios. Cualquier persona con conciencia y vergüenza torera dimitiría de su puesto.
Obviamente, eso no es un empresario. Es cualquier otra cosa.
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