El autor propone que la financiación privada participe en los programas de estímulo. Señala que empresas y bancos disponen de 170 billones en el mundo para invertir.
La crisis de la deuda soberana y monetaria de la UE alcanza ya su tercer año y los políticos están limitando cada vez más los esfuerzos de rescate del euro a dos líneas de acción: «austeridad» para los países asolados por la crisis y «financiación» de los países del euro (todavía) sanos del norte de Europa, especialmente Alemania. Ambos conceptos son apropiados y necesarios, pero no suficientes como para evitar el colapso de la moneda común o, quizás, incluso de la Unión Europea.
Mientras tanto, este estrecho enfoque en la austeridad y la ayuda financiera ha llevado a Europa a una triple crisis. En primer lugar, la crisis de la deuda soberana y del euro ha empeorado. En segundo lugar, las economías de la zona euro y la UE han sido empujadas a una recesión, liderada por los países deudores. Sus programas de austeridad evocan las imágenes de la Alemania de 1920. Y, en tercer lugar, la integración europea está sufriendo una grave crisis política.
El decrecimiento de las economías europeas está provocando que la crisis se agudice en los países más afectados por la misma: el desempleo aumenta, la riqueza se evapora y se recrudecen las tensiones sociales. Algunos medios de comunicación en estos países están diciendo que el diktat de Bruselas les ha llevado a la pobreza. Los países del Norte, aunque todavía son sólidos financieramente, también se sienten forzados a una posición no deseada, y es comprensible. Ellos no quieren arriesgar sus ahorros para ayudar a los países vecinos financiando las deudas acumuladas por ellos mismos «por no mantener la casa en orden». Europa está profundamente dividida.
El crecimiento económico es necesario para restaurar la confianza de los europeos en su moneda y su unión. Sin embargo, los programas de crecimiento patrocinados por los Estados son claramente el camino que no se debe seguir. Por un lado, crean más deuda pública y, por otro, ni siquiera pueden resolver la crisis de crecimiento, ya que esta no es económica, sino más bien una crisis estructural de competitividad. La única manera de resolver esta crisis es a través de reformas estructurales, incluida la reducción del gasto, los salarios y los costes.
La solución para salir de la crisis es un programa de crecimiento respaldado políticamente pero financiado privadamente que trabaje sobre los principios de la economía de mercado. Este programa tendría como objetivo ampliar y modernizar las infraestructuras europeas. La inversión necesaria para tal programa se estima en, al menos, 1 billón de euros. Para financiarlo, podemos aprovechar los 170 billones de euros que se estima que se encuentran en manos privadas en todo el mundo. Ahora depende de los políticos el ayudar a canalizar el capital privado hacia estos proyectos de infraestructuras. Pueden hacerlo aprobando regulaciones que fomenten la competencia y la inversión, y creando unas condiciones legalmente sólidas basadas en la economía de mercado y no en las convicciones ideológicas.
La lista de proyectos potenciales la lideran las infraestructuras en telecomunicaciones, y que precisa de autopistas de banda ancha para alcanzar el siguiente nivel tecnológico.
Estas inversiones se encuentran con el obstáculo de unas políticas gubernamentales de los países de la UE y que, por desgracia, se remontan a un tiempo pasado de monopolio, tanto postal como telefónico.
Si los políticos llevaran a cabo regulaciones innovadoras en línea con el mercado, esto podría desencadenar un crecimiento significativo: una inversión de más de 270.000 millones de euros en telecomunicaciones no sólo crearía cientos de miles de empleos en Europa, también aumentaría la productividad de los usuarios en el sector privado y público, ganaríamos en competitividad y Europa podría ver el desarrollo de su propia industria de IT.
Otro ejemplo es la energía. Durante los próximos años Europa tendrá que invertir 220.000 millones de euros en redes y almacenamiento. Esto requerirá de una política energética europea y la certeza regulatoria necesaria para desarrollarla. A día de hoy no existe ninguna de las dos. En otras áreas, los alcantarillados y los sistemas de tratamiento de aguas residuales requerirán una inversión mínima de 200.000 millones de euros, y la construcción/mantenimiento de carreteras requiere unos 180.000 millones.
Lamentablemente, la ideología predominante en Europa sostiene que la infraestructura debe mantenerse en manos públicas (de los gobiernos) en la medida de lo posible, con algunas diferencias de país a país. Por ejemplo, en Francia se suministra el agua por empresas privadas, pero el gobierno es responsable de la electricidad. En Alemania, es justo lo contrario: el agua es tarea del gobierno, mientras que la electricidad es proporcionada en gran parte por empresas privadas. Muchos países han financiado privadamente autopistas de peaje, pero por alguna razón esto no parece ser posible en Alemania, que es uno de los principales países de tránsito de Europa. La lista de este tipo de incongruencias sigue y sigue.
Este es el tercer pilar del programa de rescate europeo que falta. Un ambicioso proyecto de financiación privada de las infraestructuras en la UE, diseñado como un plan de crecimiento basado en la economía de libre mercado. Los otros dos son el cambio estructural creado por la austeridad para mejorar la competitividad y la disciplina presupuestaria en el sur, y la financiación puente suministrada por Alemania y los países del euro del norte para calmar a los mercados financieros.
Con estos tres pilares, Europa podría crear una economía altamente innovadora y productiva con unas excelentes infraestructuras, incluso en medio de la crisis. Como proveedores, las empresas privadas se beneficiarían del crecimiento y aumento de la productividad y los empleados se beneficiarían del aumento del número de puestos de trabajo de mayor calidad. El aumento de los ingresos en impuestos y reducción del gasto público podría ayudar a reducir la deuda pública. Un beneficio adicional sería la restauración de la confianza en el euro y la integración europea.
Profesor Roland Berger, fundador y presidente honorífico de Roland Berger Strategy Consultants.
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