Pasadas las tres y cuarto de la madrugada del 5 de agosto de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Oyarzun al policía municipal de San Sebastián MANUEL PERONIÉ DÍEZ, cuando regresaba a su domicilio tras cenar en un restaurante junto a su amigo Víctor Zabala Urturi y ambos se resistieron a ser secuestrados.
El atentado se produjo a cuarenta metros escasos de la plaza de San Esteban de Oyarzun, localidad que estaba celebrando sus fiestas patronales. Manuel Peronié y su amigo Víctor Zabala se disponían a montar en el vehículo del primero, cuando fueron interceptados pistola en mano por tres terroristas del grupo Donosti de ETA. Los dos amigos fueron obligados a permanecer sentados en el bordillo de la calle junto a un pequeño jardín situado a un costado de la carretera que comunica Oyarzun con Rentería, a la espera de que un cuarto terrorista trajese un vehículo que pretendían utilizar para secuestrarlos.
Durante la espera, que se prolongó por espacio de un minuto, los dos amigos preguntaron insistentemente por las razones de su secuestro, pero fueron obligados a permanecer en silencio bajo la amenaza de las armas. Sin embargo, en un momento de descuido, justo cuando iban a ser introducidos en el vehículo, Manuel y Víctor trataron de huir corriendo, al tiempo que pedían auxilio a gritos. En ese momento, uno de los secuestradores abrió fuego contra ellos. Manuel fue alcanzado en el torso y en la ingle, mientras Víctor huyó carretera abajo perseguido de cerca por uno de los terroristas que descargó su pistola contra él. Sin dejar de correr, a pesar de sus heridas, Víctor Zabala logró escapar e interceptar un vehículo que lo trasladó a un puesto de la Cruz Roja.
También fueron alcanzados por los disparos una pareja de jóvenes, Coro Izaguirre e Íñigo Bengoechea, que pasaban en una moto cerca del lugar de los hechos. Efectivos de la Cruz Roja recogieron el cuerpo sin vida de Manuel Peronié y trasladaron a los dos jóvenes heridos a la Residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián.
Víctor Zabala Urturi, de 45 años, era el delegado de ventas de la empresa Rank-Xerox en San Sebastián. Cuando llegó al hospital, no dejaba de repetir "¿Por qué, por qué?". Después de ser intervenido de sus heridas en el antebrazo y en la cadera, manifestó que hasta ver cómo asesinaban a su amigo no creyó en ningún momento que sus secuestradores estuvieran dispuestos a matarlos. "Mientras esperábamos la llegada del coche en el que querían meternos estuvimos intentando hacerles ver que se habían equivocado. Les dijimos nuestros nombres, dónde vivíamos, quiénes éramos... y todas esas cosas que uno dice cuando tiene miedo" relató. E insistían en preguntarles que qué querían hacer con ellos y qué habían hecho. "Pero nos ordenaron que nos callásemos y que permaneciéramos allí sentados. Era una zona poco iluminada, pero a nuestro lado pasaron algunas personas que, supongo, vieron las pistolas con las que nos apuntaban. Cuando llegó el coche les dijimos que no les acompañábamos, nos levantamos y, entonces Manuel, primero, y luego yo también, empezamos a gritar auxilio a la gente de la plaza. Vi caer a mi amigo y eché a correr. Uno de los dos me siguió disparando hasta que se le agotaron las balas. Estaba herido pero salí corriendo carretera abajo porque sabía que esa era mi única salvación. Paré un coche en la carretera y le dije a su conductor, un hombre joven, que me sacara de allí que me querían matar y que estaba herido".
Los terroristas huyeron en un coche en dirección a Rentería, pero a dos kilómetros de Oyarzuncolisionaron con otro vehículo y se salieron de la carretera, por lo que tuvieron que seguir la huida a pie campo a través. La Policía encontró en el interior del automóvil una metralleta con dos cargadores, una pistola Browning y abundante munición del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.
En protesta por el asesinato de Manuel, la Policía Municipal de San Sebastián y los trabajadores del Ayuntamiento iniciaron una huelga el mismo 5 de agosto. El alcalde de San Sebastián, el nacionalista Ramón Labayen, pidió a los donostiarras que mostrasen su solidaridad con Manuel Peronié.
Al funeral, celebrado al día siguiente en la Iglesia de San Ignacio, totalmente llena de público, asistieron, además de la familia de Manuel Peronié, el delegado general del Gobierno en la comunidad autónoma vasca, Ramón Jáuregui, que había interrumpido sus vacaciones para poder asistir a las honras fúnebres; el director general de la Policía, Rafael del Río; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa; el alcalde de San Sebastián, Ramón Labayen; los concejales del Ayuntamiento donostiarra, así como el cuerpo en pleno de la Policía Municipal, cuyos componentes lucían en sus uniformes brazaletes negros. Previamente se había llevado a cabo en el cementerio de Polloe la inhumación de los restos mortales del policía municipal asesinado, acto al que sólo acudieron familiares del fallecido y compañeros del cuerpo.
Al término del funeral se organizó una manifestación silenciosa que recorrió las principales calles de la capital guipuzcoana. La marcha estuvo precedida por una dotación motorizada de la Policía Municipal, y estaba encabezada por el alcalde de San Sebastián y miembro del PNV, Ramón Labayen, y por concejales de este partido, del PSOE, Alianza Popular y Euskadiko Ezquerra. Seguía después la Policía Municipal, así como varios centenares de personas. Al pasar frente al domicilio de Manuel Peronié, situado en la calle Iparraguirre, los manifestantes se detuvieron durante un minuto para, posteriormente, seguir la marcha hasta la Inspección de la Policía Municipal, donde el público rompió a aplaudir a los miembros del cuerpo municipal, mientras algunos de los concejales del Ayuntamiento de San Sebastián abrazaban a los agentes municipales.
Los nombres de Manuel Peronié y de otro policía municipal adscrito al servicio de la brigada volante de San Sebastián, habían aparecido hacía varios meses en unos pasquines repartidos en el casco viejo de San Sebastián en los que se les acusaba de haber maltratado a un vecino que tuvo que ser asistido posteriormente a consecuencia de los golpes. Según fuentes de la Policía Municipal, Manuel Peronié se limitó a defenderse de la agresión y de los insultos de una persona que se interfirió en un servicio policial llevado a cabo de madrugada el mes de marzo de 1983. Esos pasquines fueron distribuidos con la firma de Herri Batasuna. Este fue el motivo por el que el concejal socialista de Oyarzun, Carlos García Cañibano, declarase que el asesinato de Manuel Peronié debía pesar sobre las conciencias de quienes habían publicado y distribuido dichos pasquines.
La Audiencia Nacional condenó en 1986 a Jesús María Zabarte Arregui a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Manuel Peronié, así como a otros 15 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Víctor Zabala. A las mismas penas fue condenado en 1989 Juan José Iradi Lizarazu. De los otros dos terroristas que participaron en el atentado no se sabe nada.
Manuel Peronié Díez, de 27 años y soltero, era agente de la Policía Municipal de San Sebastián desde un año antes de su asesinato. Estaba integrado en una brigada volante que patrullaba por las noches la ciudad. Veinticinco años después, en octubre de 2008, el Ayuntamiento de San Sebastián rindió homenaje al agente municipal y al jefe de la Guardia Municipal, el teniente coronel Miguel Garciarena Baraibar, asesinado el 27 de noviembre 1980, recibiendo ambos su primer reconocimiento público. Sus nombres figuran desde entonces en el recibidor de las dependencias del cuerpo policial, junto a una placa dedicada al sargento de la Guardia Municipal Alfonso Morcillo, también asesinado por ETA el 15 de diciembre de 1994.
En la madrugada del 5 de agosto de 1986 falleció en el Hospital de La Paz el guardia JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO, que resultó gravemente herido en el atentado que la banda terrorista ETA cometió el 14 de julio en la plaza de la República Dominicana de Madrid. De esta forma se convirtió en la decimosegunda víctima mortal del atentado, todos ellos jóvenes guardias civiles. Juan Ignacio se encontraba desde el día del atentado en la UVI de La Paz. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudo superar las graves heridas sufridas.
Juan Ignacio Calvo Guerrero, de 25 años, era natural de la Pola de Gordón (León). Estaba casado y tenía un hijo de corta edad. El agente había estado destinado en Mieres (Asturias) y había llegado a Madrid pocas semanas antes del atentado.
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