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Al ritmo de la canción, muchos gritan "¡Viva la legalización!"; pero no se entusiasmen los que creen que entonces la gente tomaría drogas como toma ahora una aspirina o pide un café con leche en una cafetería. Tampoco se vendería marihuana o cocaína en los semáforos, y ni mucho menos equivaldría a legalizar a los narcotraficantes.
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La idea, debatida por años, siempre ha surgido de intelectuales, sociólogos y grupos de ciudadanos preocupados por la violencia que genera ese negocio maligno. Pretenden convencer a los políticos y a los gobernantes de que se debe legitimar y regularizar la producción y el consumo de drogas sicotrópicas para reducir la criminalidad y enfocar todos los esfuerzos en la educación de los niños y los jóvenes con el fin de que sepan cuán peligroso es consumir alucinógenos.
Para satisfacción de esos combativos ciudadanos, el debate lo reabrió, hace pocas semanas, quien menos se esperaba que lo hiciera. Un duro exmilitar con visión futurista, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina; lo planteó seguramente sabiendo que soportaría rayos y centellas, como le pasó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en noviembre pasado, luego de que hiciera alusión a la idea en una entrevista con un diario británico.
Santos y Pérez no solo hicieron erizar la piel de ciertos funcionarios estadounidenses, sino que comenzaron a ser mirados con suspicacia por algunos países vecinos que no huelen lo que se cocina en su fogón: crimen despiadado y corrupción. Santos lo sabe muy bien porque Colombia vivió una época nefasta de la cual aún se recupera, mientras que Pérez ve las consecuencias de ese negocio maligno en su país.
El narcotráfico infiltra la sociedad y la política y representa una letal amenaza para la sociedad. Ahí está el caso de México, donde la guerra contra las drogas lleva más de 50.000 desde que asumió la presidencia Felipe Calderón, en 2006.
Santos y Pérez, desde plataformas distintas pero con pareja valentía, vencieron los temores que tienen ciertos dirigentes latinoamericanos a la sola mención del asunto, porque al hacerlo los culpan de cooperar con el narcotráfico. Los culpa sobre todo el Departamento de Justicia estadounidense, que siempre se ha negado a estudiar el tema; en cambio, señala con su dedo acusador a quien lo hace y niega la visa a quien ose contradecir su política.
Pero, ¡oh sorpresa!, el Departamento de Estado ha anunciado la disposición del gobierno de los Estados Unidos de tratar el tema en la Cumbre de las Américas de Cartagena. "Hay que valorarlo", ha declarado el subsecretario de Estado, Mike Hammer; pero para agregar: "Estamos dispuestos a discutirlo para expresar nuestra opinión de por qué no es la manera de enfrentar el problema". O sea, que lo que viene a decir Hammer es: "No sueñen. No lo conseguirán".
La guerra contra las drogas está perdida desde el mismo momento en que comenzó, hace más de 40 años, porque es un negocio en el que los que menos provecho sacan son los capos. Las grandes ganancias las obtienen los usufructuarios del poder: gobernantes, autoridades, mandos corruptos, banqueros, inversionistas y el sistema inmobiliario.
El modo de aniquilar la propuesta ha sido, es y será la satanización de la palabra legalización, así como a quienes la pronuncien, por mucho que el número de muertos ya no se pueda contar siquiera.
Ante la negativa del gigante del Norte, la lucha de quienes creen que la solución es legalizar las drogas deberá ser más académica que política.
raulbenoit.com
Para satisfacción de esos combativos ciudadanos, el debate lo reabrió, hace pocas semanas, quien menos se esperaba que lo hiciera. Un duro exmilitar con visión futurista, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina; lo planteó seguramente sabiendo que soportaría rayos y centellas, como le pasó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en noviembre pasado, luego de que hiciera alusión a la idea en una entrevista con un diario británico.
Santos y Pérez no solo hicieron erizar la piel de ciertos funcionarios estadounidenses, sino que comenzaron a ser mirados con suspicacia por algunos países vecinos que no huelen lo que se cocina en su fogón: crimen despiadado y corrupción. Santos lo sabe muy bien porque Colombia vivió una época nefasta de la cual aún se recupera, mientras que Pérez ve las consecuencias de ese negocio maligno en su país.
El narcotráfico infiltra la sociedad y la política y representa una letal amenaza para la sociedad. Ahí está el caso de México, donde la guerra contra las drogas lleva más de 50.000 desde que asumió la presidencia Felipe Calderón, en 2006.Santos y Pérez, desde plataformas distintas pero con pareja valentía, vencieron los temores que tienen ciertos dirigentes latinoamericanos a la sola mención del asunto, porque al hacerlo los culpan de cooperar con el narcotráfico. Los culpa sobre todo el Departamento de Justicia estadounidense, que siempre se ha negado a estudiar el tema; en cambio, señala con su dedo acusador a quien lo hace y niega la visa a quien ose contradecir su política.
Pero, ¡oh sorpresa!, el Departamento de Estado ha anunciado la disposición del gobierno de los Estados Unidos de tratar el tema en la Cumbre de las Américas de Cartagena. "Hay que valorarlo", ha declarado el subsecretario de Estado, Mike Hammer; pero para agregar: "Estamos dispuestos a discutirlo para expresar nuestra opinión de por qué no es la manera de enfrentar el problema". O sea, que lo que viene a decir Hammer es: "No sueñen. No lo conseguirán".
La guerra contra las drogas está perdida desde el mismo momento en que comenzó, hace más de 40 años, porque es un negocio en el que los que menos provecho sacan son los capos. Las grandes ganancias las obtienen los usufructuarios del poder: gobernantes, autoridades, mandos corruptos, banqueros, inversionistas y el sistema inmobiliario.
El modo de aniquilar la propuesta ha sido, es y será la satanización de la palabra legalización, así como a quienes la pronuncien, por mucho que el número de muertos ya no se pueda contar siquiera.
Ante la negativa del gigante del Norte, la lucha de quienes creen que la solución es legalizar las drogas deberá ser más académica que política.
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