Existe, pues, un problema de consistencia entre el corto y el largo plazo. Vamos, pan para hoy y hambre para mañana: los agentes, todos ellos, son demasiado miopes para comprender las consecuencias últimas de sus decisiones, de forma que, por mucho que el Estado les prohíba una de las vías mediante las que degradar su liquidez, explorarán y encontrarán otras. Al final, la idea de que el control y la supervisión estatal es capaz de terminar con todas ellas es sólo un espejismo que sólo podría rozarse si el Gobierno tuviera un control casi absoluto sobre los mercados financieros.
Pero la historia no termina aquí. Que el Estado no pueda impedir que los agentes (deudores, acreedores y bancos) degraden masivamente su liquidez –y que ello degenere en forma de ciclos económicos– no significa que debamos contentarnos estoicamente con sufrir crisis tan devastadoras como la actual. Y frente a ello existen dos alternativas: la ingenua y liberticida de regular algunos aspectos menores del modelo de banca actual, salvaguardando sus privilegios, y la sensata y liberal de terminar con esos privilegios, que son los estimulan y sobredimensionan sus imprudentes prácticas.
La solución es más sencilla: dejemos que sean los agentes quienes asuman las consecuencias negativas de sus acciones, sin redes, asistencias y ayudas estatales varias. Démosles libertad para que degraden su liquidez, pero exijámosles también que paguen por su imprudencia. Si una entidad se endeuda a corto e invierte a largo y, al cabo de una semana, es incapaz de refinanciar los vencimientos de sus pasivos, que suspenda pagos y que sus acreedores experimenten pérdidas por haber confiado en un banco tan irresponsable. Lo que no tiene ningún sentido es lo que sucede ahora: que primero se exima a los bancos de que abonen sus promesas en oro y que, después, el banco central pueda refinanciar ilimitadamente las obligaciones a corto de los bancos privados que son pagaderas en un dinero que ese banco central puede imprimir a placer en régimen de monopolio. Y, encima, si aun así los bancos privados quiebran, son rescatados con el dinero de todos los contribuyentes.
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