Vía Libertad Digital.
En el comunicado de reivindicación del asesinato el 21 de julio de 1979 del camarero Jesús María Colomo Rodríguez, enviado el 24 de julio a varios medios de comunicación del País Vasco, la banda terrorista ETA anunciaba el comienzo de una nueva ofensiva terrorista en respuesta a la aprobación del Estatuto en su primer trámite, y señalaba que proseguiría la "acción armada ofensiva contra todos los soportes del Estado español en Euskadi". No tardaron mucho en hacer realidad su amenaza. El 28 de julio de 1979 la banda terrorista ETA, en su rama militar, asesinaba a dos policías nacionales en Bilbao y dejaba heridos graves a dos guardias civiles en San Sebastián, que fallecieron al día siguiente, 29 de julio.
A media mañana del día 28, efectivos de la Compañía de Reserva de la Policía Nacional, con base en Basauri, habían establecido un control de carretera de los automóviles que transitaban entre Bilbao y Erandio y Las Arenas, paralelos a la ría. En un momento determinado, dos integrantes del dispositivo, el cabo MIGUEL ÁNGEL SARO PÉREZ y el agente EMILIO LÓPEZ DE LA PEÑA, se acercaron a un estanco situado a unos doscientos metros del dispositivo, para comprar un par de cordones de zapatos, varias postales y unas pastillas de jabón. Al salir del establecimiento, dos o tres miembros de la banda terrorista ETA-m, dispararon contra ellos desde un Renault 5, previamente robado a punta de pistola, que se dio inmediatamente a la fuga. El vehículo sería abandonado posteriormente en Las Arenas.
El intenso tráfico, habitual a esas horas a la entrada del barrio de Lutxana, y una curva pronunciada entre la tienda y el control policial impidieron que sus compañeros pudieran ver ni oír nada. Los policías, gravemente heridos, fueron trasladados inmediatamente al Hospital de Basurto y fallecieron poco después de ingresar.
El Consejo General Vasco emitió un comunicado condenando en términos muy enérgicos la acción terrorista, "incalificable desde una perspectiva humana, ética y política".
Horas después, en torno a las once menos cuarto de la noche, miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban la casa-cuartel del barrio donostiarra de Herrera, alcanzando a tres agentes. Dos de ellos, Moisés Cordero López y Antonio Pastor Martín, fallecieron en la madrugada y en la tarde del 29 de julio, respectivamente, en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián.
A las 14:30 horas del 28 de julio de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba en Guecho (Vizcaya) al guardia civil CARLOS PÉREZ DACOSTA y hería gravemente al agente Francisco Aguilera Granados, al explotar un coche-bomba al paso del vehículo particular, sin distintivos oficiales, ocupado por los dos miembros del Instituto Armado.
El atentado se produjo en la confluencia de las calles Santa Ana y Amaya del barrio de Las Arenas, casi en el límite del núcleo urbano. Los terroristas aparcaron el coche-bomba, cargado con unos 20 kilos de explosivo y metralla, junto a una señal de stop donde el automóvil de los guardias civiles debía detenerse, y fue activado con un mando a distancia.
La explosión pudo escucharse desde poblaciones próximas y alcanzó de lleno a Carlos Pérez Dacosta, que ocupaba el asiento junto al conductor. El otro guardia civil, Francisco Aguilera Granados, que conducía el vehículo, resultó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital de la Seguridad Social de Cruces, en Baracaldo. Además resultaron heridos numerosos transeúntes, tres de los cuales también tuvieron que ser hospitalizados, y se produjeron cuantiosos daños materiales.
El vehículo empleado por los terroristas para fabricar el coche-bomba era un taxi de color marrón, matrícula de Bilbao, robado por dos personas a punta de pistola tres horas antes en la localidad vizcaína de Amorebieta. El propietario fue rescatado en el monte San Miguel, donde había sido abandonado atado a un árbol.
La banda terrorista había desencadenado una oleada de atentados contra los miembros de los cuerpos de seguridad y sus familiares en vísperas de la visita de los Reyes al País Vasco, prevista para los días 30 y 31 de julio de 1991. Dos días antes del atentado que le había costado la vida a Carlos Pérez Dacosta, ETA había intentado reproducir la matanza de la casa-cuartel de Vic del 29 de mayo de 1991, haciendo estallar un coche-bomba cargado con 60 kilos de amosal y metralla junto a la casa-cuartel de Irún (Guipúzcoa), donde residían un centenar de guardias civiles con sus familias. Cuatro agentes y doce familiares, entre ellos algunos niños, resultaron heridos por la potente explosión que se produjo de madrugada. Un día después, otro coche-bomba estallaba a las dos de la madrugada en el barrio de Amara de San Sebastián, al paso de un coche patrulla del Cuerpo Nacional de Policía. La fortuna quiso que los agentes resultaran ilesos.
Francisco Aguilera Granados, de 21 años, era natural de Córdoba y llevaba destinado en el País Vasco desde el 1 de noviembre de 1990. Resultó gravemente herido, pero consiguió recuperarse tras ser intervenido en el Hospital de la Seguridad Social de Cruces, en Baracaldo.
El 28 de julio de 2001 fallecía en Madrid el abogado y general de Brigada del Ejército JUSTO OREJA PEDRAZA, un mes después de que resultase gravemente herido por la explosión de un artefacto explosivo alojado en una bicicleta y activado por el etarra Aitor García Aliaga. El 28 de junio hacia las 8:30 horas, Oreja Pedraza salió de su domicilio en la calle López de Hoyos de Madrid para dirigirse al garaje donde le esperaba un soldado en el coche oficial. Cuando apenas había recorrido unos metros, el estallido del artefacto explosivo le impactó de lleno. Su esposa y el menor de sus cuatro hijos, que iban a salir de casa con él pero que a última hora cambiaron de planes, bajaron a la calle en cuanto oyeron la explosión.
Un vecino explicó que un joven depositó una mochila en una bicicleta tipo mountain bike, que estaba apoyada sobre una farola, y se marchó de allí a toda prisa. Uno o dos minutos después se produjo la explosión del artefacto que, según las primeras investigaciones, estaba compuesto por unos cuatro kilos de dinamita.
La explosión le provocó graves quemaduras en la mitad de su cuerpo. Además, la onda expansiva, que lo lanzó contra la pared de una sucursal del BBVA cuyos ventanales quedaron destrozados, le causó traumatismo craneoencefálico y ocular, fractura de muñeca y contusión pulmonar. El soldado que cada día recogía al general lo trasladó en el coche oficial hasta el Hospital de La Paz. Por la tarde, el general Justo Oreja fue trasladado a la Unidad de Quemados Críticos. Tras un mes de agonía, falleció en ese centro sanitario por un fallo multiorgánico.
Otras diecinueve personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar de la explosión resultaron heridas de diversa consideración. Trece fueron hospitalizadas, pero la mayoría recibió el alta médica durante las horas siguientes. Por la noche únicamente permanecía hospitalizada, además del general Oreja, una mujer que tenía múltiples erosiones en la cara y en las extremidades. La onda expansiva provocó, además, daños en unas setenta viviendas de una veintena de bloques, que se vieron afectadas sobre todo con la rotura de cristales y persianas pero sin que resultaran dañadas las estructuras de los edificios.
Seis horas y media después de la explosión de la bicicleta-bomba, los terroristas hicieron estallar en una calle próxima un artefacto colocado en el coche que utilizaron para huir del lugar del atentado. Cuando los Tedax inspeccionaban el vehículo, encontraron un segundo artefacto explosivo sin estallar que, muy probablemente, era una bomba-trampa con la que los asesinos de la banda quisieron asesinar a más policías. El automóvil, un Peugeot 405, fue robado en el mes de marzo en el barrio madrileño de Moratalaz, lo que afianzaba las sospechas policiales de que ETA disponía de cierta infraestructura en Madrid capital y probablemente también en localidades de la sierra norte de la comunidad.
El mismo 28 de julio el arzobispo castrense, José Manuel Estepa, ofició el funeral por Justo Oreja Pedraza en el patio de la sede del Ministerio de Defensa. A las exequias asistieron el presidente del Gobierno, José María Aznar, el ministro de Defensa, Federico Trillo, el líder de la oposición,José Luis Rodríguez Zapatero, y la totalidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El Gobierno concedió a la víctima la Gran Cruz del Mérito Militar a título póstumo, que fue recogida por la viuda de manos de Aznar, junto con la bandera de España y la gorra de su esposo. El 29 de julio los restos mortales de Justo Oreja fueron inhumados en la intimidad en el cementerio de Tres Cantos de Madrid.
En 2006 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 323 años de cárcel a Ana Belén Egüés Gurruchaga y a Aitor García Aliaga, detenidos en noviembre de 2001 minutos después de cometer un atentado contra el secretario general de Policía Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Juan Junquera, que resultó herido leve. La detención fue posible gracias a la colaboración de un ciudadano que sospechó de ellos y les siguió, dando aviso a la Policía. La sentencia consideró hechos probados que los dos etarras habían vigilado los hábitos del general Oreja Pedraza y colocaron la bicicleta-bomba junto al número 134 de la calle López de Hoyos de Madrid, bomba que fue activada por Aitor García Aliaga mediante un mando a distancia.
En diciembre de 2010, la Audiencia Nacional condenó por este mismo asesinato al etarra Juan Luis Rubenach Roig, mientras que el segundo acusado, Gorka Palacios Alday, fue absuelto por falta de pruebas. En su sentencia, la sección tercera de la Sala de lo Penal considera que la participación de Rubenach en estos hechos ha quedado "plenamente probada" (se encontraron huellas suyas en un vehículo utilizado en el atentado), pero no así la de Palacios, porque no existe "un dato fáctico que corrobore" su intervención. Gorka Palacios cumple una condena de 83 años por el asesinato del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa. El fiscal Pedro Rubira reclamaba para los dos acusados 319 años y como prueba contra Palacios esgrimió únicamente las declaraciones policiales de los integrantes del grupo Buru Ahuste de ETA, Ana Belén Egüés y Aitor García Aliaga, ya condenados en 2006. Rubenach y Palacios fueron entregados por Francia en marzo de 2010 en virtud de la reclamación del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional por varios delitos terroristas, entre ellos asesinato, lesiones y estragos.
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