Antonio Torrón, guardia civil, el comandante Barangua y el coronel Martín-Posadillo

Vía Libertad Digital.


Apenas dos semanas después del asesinato de Alberto Aznar Feix, la banda terrorista ETA volvía a asesinar en Portugalete (Vizcaya). A las 14:40 horas del 19 de julio de 1984, dos terroristas asesinaban de un tiro en la nuca al sargento de la guardia civil ANTONIO TORRÓN SANTAMARÍA en el portal de su domicilio.
El sargento de la Guardia Civil, adscrito a la compañía de especialistas fiscales en el puerto de Santurce, volvía de su trabajo vestido de paisano. En torno a las 14:30 horas llegó al portal de su domicilio. Pese a que solía tomar medidas de autoprotección, no se dio cuenta de que dos terroristas se le acercaron por la espalda. Le dispararon un único tiro en la nuca y se desplomó en el suelo prácticamente muerto. En el lugar de los hechos se recogió un casquillo de bala marca SF del calibre 9 milímetros parabellum. Los asesinos emprendieron la huida a pie por las calles de Portugalete, según contaron testigos presenciales, mientras unas vecinas trataban de evitar que se desangrara, tapándole la herida con una toalla. Una de ellas subió al domicilio para comunicarle a la esposa que su marido había sido asesinado.
Euskadiko Ezkerra (EE) y PCE-EPK manifestaron tras el atentado su más enérgica protesta por este atentado. Para EE, el asesinato de Antonio Torrón era una provocación contra las medidas de reinserción de etarras. Por su parte, la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi (PSE) reiteró su llamamiento al lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, para que asistiese a los funerales por la víctima. El ministro del Interior, José Barrionuevo, comentó en Radio Nacional de España con tristeza e ironía que el atentado era "una hazaña de valientes gudaris".
A primeras horas de la tarde se instaló la capilla ardiente en el Gobierno Civil de Vizcaya. El funeral se celebró al día siguiente, 20 de julio, en la Iglesia de los Agustinos de Portugalete, donde fue enterrado.
En agosto de 2009 fue detenido por la Policía Nacional el etarra Juan Manuel Inciarte Gallardo, aliasButo y Jeremías, nada más llegar al aeropuerto de Barajas. En situación de busca y captura desde julio de 1991, el etarra llevaba varios años afincado en México, de donde fue expulsado debido a su situación irregular en el país. La detención de Inciarte Gallardo comenzó a gestarse con una denuncia anónima en México que indicaba la presencia de un ciudadano extranjero que podría residir en el país de forma ilegal. Ante la posibilidad de que su nacionalidad fuese española y se tratase de un miembro de ETA, comenzó la investigación de la Comisaría General de Información, que comprobó la verdadera identidad del individuo. Las Fuerzas de Seguridad lo consideran presunto autor material del asesinato de Antonio Torrón, entre otros cometidos como miembro del grupo Vizcaya de ETA.
Antonio Torrón Santamaría, de 55 años, estaba casado con Pilar Gómez Heredia y tenía dos hijos: José Antonio, de 29 años, y María Pilar, de 27. Natural de Burgos, llevaba treinta años viviendo en Vizcaya, quince de ellos en Portugalete. Antonio iba a retirarse en marzo de 1985 y pensaba abandonar el País Vasco en esa fecha, según declaró su hija María Pilar. "Estaba contando los días que le quedaban hasta marzo de 1985". "Mi padre no estaba amenazado; jamás había hecho nada". Sin embargo, reconoció que su padre tenía miedo y tomaba medidas de precaución, cambiando con frecuencia de hábitos. "Nunca solía volver a la misma hora de su trabajo, y normalmente volvía en su coche, porque tenía miedo". El sargento de la Guardia Civil estaba destinado en la unidad del Servicio Fiscal en el puerto de Santurce, no muy lejos de su domicilio de Portugalete.
A las once y cuarto del 19 de julio de 1989, Henri Parot y Jacques Esnal, miembros del denominado grupo Francés de ETA, asesinaban en Madrid al comandante del Ejército de Tierra IGNACIO BARANGUA ARBUÉS y al coronel JOSÉ MARÍA MARTÍN-POSADILLO MUÑIZ cuando salían del Cuartel General del Ejército en un vehículo oficial conducido por el soldado Fernando Vilches Herranz, que prestaba su primer día de servicio y resultó gravemente herido.
El atentado se produjo en un momento en el que los rumores sobre la posible reanudación de las negociaciones, tras el fracaso de la Conversaciones de Argel entre el Gobierno de Felipe González y ETA, eran cada vez más fuertes, pese a los desmentidos del propio presidente del Ejecutivo. El mismo día del asesinato de los dos militares, el juez Baltasar Garzón declaraba en Estrasburgo: "Nunca ya deberá propugnarse tipo alguno de negociación o pacto con una organización criminal que ha anulado su propia capacidad de negociar políticamente" (El País, 20/07/1989)
Los etarras siguieron el vehículo oficial que, al llegar a la avenida Ciudad de Barcelona, se detuvo para hacer unas gestiones frente a una oficina de Renfe, cerca de la estación de Atocha. En ese momento, sin que a las víctimas les diese tiempo de apearse del automóvil, fueron tiroteados a través de la luneta trasera y de las ventanas laterales, provocando la muerte en el acto del coronel y el comandante, y dejando gravemente herido al soldado conductor. En el lugar del atentado se encontraron cinco casquillos del calibre 9 milímetros parabellum y veintiséis del calibre 7,62. Los terroristas hicieron los disparos desde un vehículo Peugeot 505 robado el 28 de mayo en Guipúzcoa, que se situó a la altura del coche oficial, y dispararon apostados desde las ventanillas.
El vehículo utilizado por los terroristas fue localizado poco después por la Policía a escasa distancia del lugar del atentado, aparcado en doble fila a la altura del número 27 de la avenida Menéndez y Pelayo, esquina con la calle de Ibiza. Un equipo de desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía revisó exhaustivamente el coche hasta descartar que hubiese alguna bomba-trampa.
El alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, y su primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano, se trasladaron al lugar del atentado, donde expresaron su absoluta repulsa por el crimen. A continuación, Rodríguez Sahagún se trasladó al Hospital Gregorio Marañón para interesarse por el estado del soldado herido.
Los cadáveres de los dos militares permanecieron en el interior del vehículo hasta que, en torno a la una de la tarde, el juez de guardia ordenó su levantamiento. La capilla ardiente de los dos mandos militares se instaló en el Cuartel General del Ejército.
El soldado Fernando Vilches Herranz, de 18 años, fue alcanzado por tres proyectiles. Uno de ellos quedó alojado en la segunda vértebra cervical y le produjo contusión medular. Fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde se le intervino de sus heridas, calificadas de muy graves. Fernando se había incorporado al servicio militar en el mes de mayo de 1979 y realizaba su primer servicio como conductor. Tardó ciento cuarenta días en recibir el alta médica, pero quedó con numerosas secuelas que le imposibilitaron para desempeñar "las funciones de la que, hasta el momento del hecho, era su profesión de carpintero y montador de cubiertas" (Sentencia nº 33 de la Audiencia Nacional del año 2001 por la que se condenó a Francisco Múgica Garmendia, aliasPakito, como autor por cooperación necesaria).
En 1993 la Audiencia Nacional condenó a dos penas de 28 años de prisión mayor a Henri Parot como autor material del atentado, y otros 19 años de prisión menor por el delito de asesinato frustrado. En la sentencia se consideran como hechos probados que la dirección de ETA había encargado a Parot y Jacques Esnal que cometieran atentados contra militares en Madrid, para lo que ambos se desplazaron desde Francia. Cuando vieron salir el vehículo oficial del Cuartel General del Ejército, lo siguieron, atentando contra él minutos después. Parot disparó cinco balas con una pistola Sig-Sauer contra el coche ocupado por los militares, mientras que Jacques Esnal lo ametralló con una Kalashnikov. Este último fue condenado a cadena perpetua en junio de 1987 por el Tribunal de lo Criminal de París junto a Jean Parot, hermano de Henri, por el asesinato en Benicasim del ciudadano francés Clement Perret, bajo la acusación de colaborar con los GAL.
Años después, en 2001, fue condenado Francisco Múgica Garmendia, como autor por cooperación necesaria del atentado, a dos penas de 28 años de prisión mayor, y a 19 de prisión menor por el asesinato frustrado del soldado Fernando Vilches.
Ignacio Barangua Arbués, comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra de 36 años, era natural de Zaragoza. Estaba casado y tenía una hijade 12 años. En el momento de su asesinato estaba destinado en la Dirección de Transportes del Mando Superior de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.


José María Martín-Posadillo, coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra de 56 años, era natural de Toledo. Estaba casado con María Isabel Franco y tenía tres hijos. Igual que el comandante Barangua, estaba destinado en la Dirección de Transportes del Mando Superior de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra cuando fue asesinado. El coronel fue enterrado en Zaragoza.

En marzo de 2005 ambos militares fueron ascendidos, con carácter honorífico y a título póstumo, por Real Decreto del Consejo de Ministros

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