El 26 de noviembre de 1977 la banda terrorista ETA cometía su primer asesinato en Navarra. Sobre las 22:15 horas miembros de la banda dispararon por la espalda al comandante JOAQUÍN IMAZ MARTÍNEZ, jefe de la Policía Armada en Pamplona, cuando se dirigía a coger su automóvil aparcado cerca del coso taurino de la capital navarra. El cuerpo sin vida de Joaquín Imaz fue encontrado tendido al pie de un árbol y cubierto por una manta en los aparcamientos contiguos a la plaza de toros.
La víctima había recibido varias amenazas de muerte a las que no dio mucha importancia. En la última, pocos días antes de su asesinato, le decían que le quedaban pocas horas de vida. Pese a ello, se negó a llevar escolta porque no quería poner en peligro la vida de otras personas.
Tras los funerales por su alma, celebrados en la Iglesia de San Francisco Javier de Pamplona, la tensión saltó a las calles de la ciudad produciéndose graves incidentes. El féretro con los restos mortales del comandante Imaz fue sacado del templo a hombros de policías armados e inspectores del Cuerpo General de Policía, entre aplausos del público asistente que comenzó a dar vivas al Ejército, la Policía, España y Navarra. Tras introducirlo en un furgón fúnebre, se formó la comitiva, compuesta por todas las autoridades de Navarra y unos doscientos policías armados de paisano. Nada más terminar el entierro, una persona gritó preguntando dónde estaba el ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, y afirmando que los asesinos no eran sólo los de ETA, sino que también eran culpables Manuel de Irujo, senador de Navarra por el PNV, y el lehendakari Leizaola.
Mientras tanto, unas quinientas personas, que habían asistido al funeral en la Iglesia de San Francisco, a las que se fue sumando más y más gente, se manifestaron durante dos horas por las calles céntricas de Pamplona gritando "Navarra sí, Euskadi no", "Irujo, Leizaola, Navarra es española", "Menos amnistía, más policía", "ETA asesina", "Suárez dimite, España no te admite", etc. Desde la iglesia, los manifestantes se dirigieron al Gobierno Civil, interrumpiendo el tráfico durante el recorrido. A continuación, fueron al Palacio de la Diputación foral, donde pidieron que se colocaran las banderas de Navarra y España a media asta en los mástiles, que se encontraban vacíos. Cuando un empleado salió al balcón con las banderas, aparecieron tres diputados forales, uno de los cuales saludó brazo en alto a los manifestantes que comenzaron a gritar "Marco, Marco, Marco", en referencia a Amadeo Marco, vicepresidente de la Diputación. Desde el Palacio Foral, los manifestantes se dirigieron a la plaza del Castillo, en donde se encontraban las sedes del PNV, PSOE y Alianza Foral de Navarra. El edificio del PNV, que tenía izadas la ikurriña y la bandera de Navarra, fue escenario de gritos de los manifestantes contra Euskadi, Manuel de Irujo y el lehendakari Leizaola. Varias personas intentaron forzar la puerta de entrada del edificio, sin conseguirlo.
La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato del comandante Imaz en un comunicado a la delegación de Cifra en Bilbao en el que justificaba el mismo en los siguientes términos: "Hemos ejecutado al señor Joaquín Imaz Martínez por su calidad de máximo responsable de las fuerzas represivas de la Policía Armada en Navarra y por el destacado protagonismo que este miembro ha desarrollado, durante los últimos años, en su fanática labor represiva contra el movimiento obrero y popular vasco. Muestra de ello es la participación responsable y asesina que el señor Imaz y las fuerzas a su servicio han tenido en el acontecimiento de Montejurra, así como su brillante comportamiento en impedir la celebración del Aberri Eguna y el desenlace de la marcha de la libertad en Iruña".
En el año 1979 la Audiencia Nacional condenó por este asesinato a Francisco Javier Martínez Apesteguia, alias Kiko, detenido por la Policía francesa en enero de 1979. Martínez Apesteguia había ingresado en ETA político militar a mediados de 1976. Un año después se encuadró en ETA militar junto con los grupos especiales (comandos bereziak). Con condenas totales que sumaban más de cien años de prisión, salió de la cárcel en marzo de 2000, habiendo cumplido sólo 21 años de prisión.
Joaquín Imaz Martínez tenía 50 años. Natural de Pamplona, estaba casado y tenía una hija de 7 años. En 1946 ingresó en la Academia Militar, siendo destinado al Sáhara, donde prestó servicio con el grado de teniente. Con el mismo grado desempeñó funciones en la Policía Armada en Santa Cruz de Tenerife y, a continuación, como ayudante del comandante de Bilbao. Tras ascender a capitán, se reincorporó al Ejército y fue destinado a Cataluña y, después, a Pamplona. Con el grado de comandante, volvió a la Policía Armada y fue destinado a San Sebastián durante un año. De ahí se trasladó de nuevo a su ciudad natal para hacerse cargo del mando de la 64ª Bandera de la Policía Armada.
A las tres y media de la madrugada del 26 de noviembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Vitoria a JOSÉ ANTONIO JULIÁN BAYANO, que gestionaba varios locales nocturnos en la capital alavesa, cuando se dirigía a cerrar uno de esos locales.
José Antonio había llegado en su vehículo a uno de los locales, el club Barbacoa, en la carretera de Pamplona situado a las afueras de Vitoria, y aparcó el mismo en la parte trasera del club. Antes de poder salir del coche fue tiroteado por varios miembros de la banda terrorista ETA. Los clientes y empleados del club escucharon los disparos y, cuando salieron, encontraron a José Antonio con medio cuerpo fuera del automóvil. Ninguno de ellos pudo ver a los asesinos de José Antonio, que recibió el impacto de cinco disparos y falleció en el acto. En el lugar del atentado la Policía recogió cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.
Poco después de las cinco de la mañana, el juez ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. A las pocas horas de cometer el atentado la banda terrorista lo reivindicaba mediante llamada telefónica al diario Egin. En el comunicado, ETA acusaba a la víctima de ser representante en la provincia del partido ya disuelto Fuerza Nueva, de colaborar con la Policía y de traficar con drogas.
El asesinato de José Antonio Julián fue cometido por miembros del grupo Tontorramendi de ETA. Dos de ellos, Agustín Muiños Díaz y Jesús María Ormaechea Antepara, fueron condenados por la Audiencia Nacional en 1985 a sendas pendas de 29 años de prisión. Otros dos miembros del grupo participaron, presuntamente, en el asesinato de José Antonio Julián: Ramón Aldasoro Magunacelaya, alias Ramón y El Rubio –detenido por el FBI en Miami en diciembre de 1997 en una operación coordinada con la Policía española, y extraditado a España en 1999– y Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, detenido en Francia en febrero de 2004 y entregado temporalmente a España en marzo 2010 para ser juzgado por diversas causas pendientes.
José Antonio Julián Bayano, de 43 años y soltero, era natural de Alarba (Zaragoza), aunque vivía en Vitoria desde hacía muchos años. Además de dos clubs nocturnos, donde había espectáculos de striptease, regentaba una barra americana en el centro de Vitoria. Según el testimonio de algunos amigos, había sido amenazado y le habían hecho pintadas en alguno de sus locales, además de quemarle una de sus discotecas en un incendio que, al parecer, fue provocado. Por ese motivo, José Antonio solía llevar una pistola encima.
A las nueve y cuarto de la noche del 26 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Lasarte al guardia civil jubilado JOSÉ HERRERO QUILES cuando salía de un bar de la calle Ignacio de Loyola acompañado por uno de sus hijos, Juan José, de 19 años. Herrero Quiles había estado por la tarde en el bar jugando su habitual partida de cartas. Mientras un etarra encañonaba al hijo, otro disparó dos veces en la cabeza del guardia civil.
Los asesinos, dos individuos jóvenes que aparentaban tener entre 20 y 25 años, huyeron a la carrera en dirección a la carretera nacional 634, mientras Juan José Herrero atendía a su padre, mortalmente herido, y pedía ayuda. Miembros de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladaron al herido a la residencia sanitaria de San Sebastián, donde falleció a las 21:30 horas, pocos minutos después de haber ingresado.
La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Era la cuarta víctima mortal en menos de 48 horas, pues el día anterior la banda terrorista ETA había asesinado, en dos atentados distintos en San Sebastián y Pasajes, a tres personas, lo que presagiaba el inicio de una nueva ofensiva de la banda tras más de dos meses sin víctimas mortales.
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Orotegui Ochandorena, Miguel Turrientes Ramírez y José Antonio Carrasco Alba a sendas penas de 29 años como autores del asesinato, y a Pedro María Rezabal Zurutuza a 19 años por complicidad en el atentado. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar Haizea de ETA, detenidos en Lasarte en enero de 1987 en una operación de la Guardia Civil.
José Herrero Quiles, de 67 años, estaba casado con Carmen Castro Fernández, y tenía dos hijos. Tanto la viuda, que se enteró del asesinato por una llamada telefónica de su hijo, como Carmelo Tomás Herrero, el menor de sus hijos, tuvieron que ser atendidos por sufrir dos episodios cardíacos. Carmen sufrió un conato de colapso cardíaco y fue ingresada en el mismo hospital al que había sido trasladado su marido asesinado, mientras que Carmelo sufrió un ataque cardíaco tras conocer la noticia.
Era el segundo atentado que sufría el guardia civil retirado, pues menos de dos años antes, en febrero de 1984, otro pistolero de la banda le disparó, también en la cabeza, cuando salía de oír misa en compañía de uno de sus hijos minutos después de las once de la mañana. Esa vez el etarra le disparó de frente y a quemarropa, pero la trayectoria de la bala, con entrada por la mejilla y salida por el cuello, no le afectó a órganos vitales. Aunque herido grave, consiguió salir adelante. Por este motivo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, señaló que a José Herrero lo habían "rematado dos años después, como si no soportaran que existiese" (El Correo, 28/11/1985).
El 26 de noviembre de 1993 fallecía en Bilbao JOSEBA GOIKOETXEA ASLA, sargento mayor de la Ertzaintza y militante destacado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuatro días después de que dos integrantes de la banda terrorista ETA, un hombre y una mujer, lo tiroteasen delante de su hijo de 16 años al que llevaba en su automóvil hasta la parada del autobús para ir al colegio. El chaval resultó ileso, pero Goikoetxea recibió dos impactos de bala: una le entró por la cabeza y quedó alojada en una vértebra cervical, mientras que la segunda le dañó la región lumbar. Permaneció en coma profundo hasta que falleció a las 17:30 horas del 26 de noviembre.
Esa mañana Joseba se dirigía desde su domicilio a la sede del PNV en Bilbao, donde trabajaba. En la calle Tívoli, cerca del Ayuntamiento de la capital vizcaína, tuvo que parar en un semáforo en rojo, momento que aprovecharon los terroristas, que le estaban esperando ahí, para que uno de ellos, el hombre, se acercase al vehículo y disparase a través de la ventanilla del conductor. Un testigo del atentado dio aviso a la Policía e, inmediatamente, una ambulancia municipal lo trasladó al Hospital de Basurto. Durante el trayecto, la víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria y al llegar al centro sanitario, hacia las 8:45 horas, su estado fue calificado por los médicos como de "irreversible".
El asesinato de Joseba Goikoetxea provocó una enorme conmoción, al reunir la doble condición de haber sido uno de los máximos responsables de la Policía Autonómica vasca –cuando fue asesinado estaba inhabilitado por sentencia judicial firme durante seis años por el caso de las escuchas ilegales al exlehendakari Carlos Garaikoetxea en 1986– y militante destacado del PNV.
La víctima había sido el máximo responsable de la unidad de Información de la Ertzaintza desde 1986 hasta 1993, y estaba considerado un hombre clave en la lucha antiterrorista en el País Vasco, por lo que había recibido amenazas y su nombre figuraba como potencial objetivo de ETA. En un comunicado de 1991 la banda lo calificó de "despreciable torturador y asesino de encargo"después de que, en agosto de ese año, se hubiese producido un enfrentamiento entre ertzainas y terroristas, que se saldó con el asesinato del agente Alfonso Mentxaka Lejona y la muerte del etarra Juan María Ormazábal.
Nada más difundirse la noticia, comenzaron a llegar al hospital dirigentes del PNV como Ricardo Ansotegui, Gorka Aguirre y Luis María Retolaza, y representantes de las instituciones vascas como el consejero de Interior, Juan María Atutxa. Este último, visiblemente consternado, ensalzó la figura de Goikoetxea describiéndolo como "un hombre vasco, abertzale, encarcelado por luchar contra la dictadura y que estaba luchando contra otra dictadura del más claro rasgo fascista" (La Vanguardia, 24 de noviembre). Destacar su cualidad de vasco era algo que, tanto en éste como en otros asesinatos de ertzainas, se había convertido en denominador común en las condenas de los políticos nacionalistas. Sin embargo, cuando el vasco asesinado era guardia civil, policía nacional o militar, los nacionalistas no citaban esta circunstancia, con lo que implícitamente despojaban a la víctima de esa condición.
El atentado había venido precedido de una campaña intimidatoria de la banda contra la Ertzaintza en el diario Egin y el entorno proetarra. Por este motivo Atutxa no dudó en responsabilizar de este atentado a Herri Batasuna –"que sirve como pantalla a esta banda terrorista" dijo el consejero–, a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y a los "carroñeros" Egin –que "venía calentando motores y lubricando gatillos de ciertas pistolas" desde hacía mucho tiempo–. De KAS el consejero de Interior dijo que "desde su pedestal de ocultación y anonimato más cobarde, están marcando la estrategia para que se produzcan hechos tan luctuosos y desgraciados como este". De hecho, a la campaña de Egin contra la Ertzaintza se había sumado con entusiasmo HB que, en agosto de ese año, pocos días después de que un grupo de jóvenes diera una brutal paliza a un ertzaina en Bilbao, había amenazado con responder "de forma adecuada" a la Policía vasca, a la que acusaba de "equipararse en brutalidad, intolerancia y chulería a las peores policías del mundo".
Atutxa evitó, sin embargo, valorar el atentado como un "ataque frontal al PNV", algo que sí hicieron dirigentes nacionalistas a título particular y como partido. En una nota hecha pública a última hora de la tarde la dirección del PNV dijo: "Sepa el diario Egin, sepa KAS y sepa ETA, que les consideramos un todo, que ha atentado directamente contra el PNV y que desde esta valoración serán tratados por este partido".
Herri Batasuna, por su parte, emitió un comunicado en el que señalaba que el asesinato era una consecuencia de que la Ertzaintza "por decisión política del PNV, quiere ser puesta en manos de la estrategia del Estado, convirtiéndola en un elemento represivo de primer orden contra las reivindicaciones de nuestro pueblo", pero Jon Idígoras quiso dejar claro que el atentado no podía considerarse un atentado contra el PNV.
El asesinato de alguien de este nivel dentro de la Policía Autónoma, ligado directamente al PNV, hizo que muchos analistas y comentaristas consideraran que con ello se demostraba que se había acabado la "ambigüedad" nacionalista en materia antiterrorista y que, por tanto, el partido y la Ertzaintza se iban a implicar plenamente en la lucha contra ETA.
En realidad, las cosas fueron bastante diferentes. Ya hemos visto en el caso del secuestro y asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios que, más que ambigüedad, el PNV lo que ha practicado ha sido la "guerra sucia". Las relaciones del partido con ETA no han sido tan malas como nos han querido hacer creer a lo largo de los sesenta, setenta y primeros años ochenta, más bien al contrario. Sin embargo hacia 1987 estas relaciones se empiezan a degradar. La escisión de EA coloca al PNV en una situación de debilidad que intenta paliar acercándose al PSOE de la mano del nuevo presidente, José Antonio Ardanza, uno de los pocos dirigentes nacionalistas que era sincero en su total rechazo a la banda. Además en estos años se negocian las trasferencias más importantes y la lucha contra ETA se convierte en una moneda de cambio.
Pero el principal problema se produce cuando el líder de ETA, el asesino Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin, fallece en Argelia en febrero de 1987. Tal como señalan todos los que lo conocieron,Txomin era un nacionalista "a secas" y tenía hilo directo con la dirección del PNV a través de alguien de plena confianza del partido, el dirigente Gorka Aguirre (llegó a ser secretario del EBB, el Euskadi Buru Batzar), de quien se dice que era su amigo (Carmen Gurruchaga e Isabel San Sebastián, El árbol y las nueces. La relación secreta entre ETA y el PNV, Temas de Hoy, 2000, pág 51). Ignoramos cómo era esta relación, pero la dura denuncia de Mario Onaindia en sus memorias proyecta inquietantes sombras sobre los términos exactos de la relación de estos "dos amigos".
Al morir Txomin, el PNV perdió, temporalmente, su ligazón con quien era la cabeza única e indiscutida de la banda, que iba a ser sustituida por una dirección colegiada que, además, había pasado a la total clandestinidad debido a la creciente presión policial francesa. A medida que la Policía Autonómica vasca se fue implicando en la lucha antiterrorista la tensión fue aumentando entre los nacionalistas. Aun así, hasta 1990 no se producen las primeras amenazas directas contra el cuerpo. El 04 de abril de ese año, la Ertzaintza desarticula buena parte de la infraestructura del grupo Vizcaya. A los pocos días, el "complejo ETA" activó el protocolo habitual de "criminalización". Primero, Gestoras pro Amnistía denunció torturas a los detenidos, después se generalizaron pintadas y carteles con calumnias y, enseguida, el 10 de mayo, Herri Batasuna, por boca de Tasio Erkizia, dio carácter oficial a la campaña cuando señaló que la Ertzaintza cumplía "la misma función represiva que el resto de policías y hace suyo el método de torturas" y exigía expresamente que la Policía Autonómica no actuase contra ETA.
En ese contexto es en el que se crea el caldo de cultivo que propicia el asesinato de Joseba Goikoetxea. Se multiplicaron las acusaciones y denuncias, se acuñó un término infamante para referirse a ellos (zipayo), se pasó al terrorismo de baja intensidad y, finalmente, se llegó al crimen. Pero esta escalada fue muy medida, muy calculada, con el objetivo final de doblegar al PNV, tal y como lo ha resumido perfectamente Florencio Domínguez Iribarren (Las raíces del miedo: Euskadi, una sociedad atemorizada, Aguilar, 2003, pág. 234-235):
El objetivo de esta presión violenta sobre el nacionalismo democrático era remover en cierta medida la posición del PNV tanto mediante la incidencia política de ETA (llevando a cabo acciones muy selectivas contra la Ertzaintza) como gracias a la kale borroca, según afirmaba la Coordinadora Socialista Abertzale en un documento, el Karramarro II, de principios de 1997.El documento ponía de manifiesto el uso controlado de la violencia contra el PNV, para conseguir que este partido dejara de ser un obstáculo añadido al conflicto que nos enfrenta al Estado, pero sin llevar a estigmatizar a ese partido como enemigo perpetuo. Es decir se trata de un ejercicio de la violencia muy medido, graduado con extremo cuidado para empujar al partido de Arzallus, pero sin crear situaciones irreversibles de enfrentamiento con el PNV.
De esta manera Joseba Goikoetxea fue trágica victima de una pugna temporal y puntual entre los dos sectores más importantes del nacionalismo vasco de raíces sabinianas: el personificado en el PNV y el de ETA.
Joseba Goikoetxea Asla no era el primer miembro de la Ertzaintza asesinado por ETA, que en 1985 comenzó a atacar a la Policía Autonómica con el asesinato del teniente coronel Carlos Díaz Arcocha.
Goikoetxea, sin embargo, tenía una peculiaridad: era el mando que se había encargado decrear y dirigir la primera unidad antiterrorista de la Ertzaintza. Esta unidad tuvo una actividad destacada contra ETA entre 1989 y 1998, aunque posteriormente su eficacia fue descendiendo paulatinamente, coincidiendo con la etapa de radicalización política del Partido Nacionalista Vasco (PNV) tras el Pacto de Estella firmado en 1998" (Alonso, R., Domínguez, F. y García Rey, M., Vidas rotas, Espasa 2010, pág. 885).
En el Año 1998 la Audiencia Nacional condenó a Lourdes Churruca y a José Luis Martín Carmona a 41 años de cárcel. En la misma resolución se condenó a 30 años a José Antonio Embeitia Ortuondo y a Andoni Ugalde Zubiri por ser partícipes en labores de seguimiento y vigilancia de la víctima. Por último, María Aranzazu Garbayo fue condenada a 8 años de cárcel por colaboración con banda armada –en su domicilio se refugiaron los terroristas tras asesinar a Joseba– y Juan Ignacio Sánchez Melendo a 5 años por un delito de falsificación de placas de matrícula.
El terrorista que efectuó los disparos, según el relato del fiscal de la Audiencia Nacional, fue Ángel Irazabalbeitia, que murió en Lujua (Vizcaya) en noviembre de 1994 en un enfrentamiento a tiros con la Ertzaintza. Fue Irazabalbeitia el que, acompañado por Lourdes Churruca y José Luis Martín Carmona, se acercó al lugar del crimen en un vehículo. Mientras Martín Carmona permanecía en el coche, Churruca e Irazabalbeitia se apearon del mismo y aguardaron a que llegase la víctima. Cuando Goikoetxea se paró en el semáforo en rojo, Irazabalbeitia se aproximó al vehículo y disparó contra la víctima.
Joseba Goikoetxea Asla tenía 42 años cuando fue asesinado. Natural de Bilbao, estaba casado conRosa Rodero en segundas nupcias y tenía tres hijos. De familia nacionalista, empezó a militar en el PNV con sólo 17 años. Su militancia le costó dos detenciones. La primera, en 1975, le supuso una condena de tres años y medio de cárcel, pena de la que fue amnistiado tras la muerte de Franco. En 1976 fue nuevamente detenido por distribuir la revista oficial del PNV, Euzkadi, que entonces era ilegal. Con la llegada de la democracia, trabajó activamente en las campañas electorales del PNV y en el referéndum del Estatuto de Guernica. A principios de los ochenta ingresó en la Ertzaintza y en 1986 se hizo cargo de la unidad de Información de este cuerpo policial. Con el tiempo esa unidad se incorporó al organigrama de la Consejería de Interior del Gobierno vasco.
El 26 de noviembre por la mañana, pocas horas antes de fallecer, el Gobierno había tomado la decisión de indultar a Joseba de la inhabilitación por las escuchas a Garaikoetxea en reconocimiento de sus méritos en la lucha antiterrorista. Los compañeros de Goikoetxea encendieron el día anterior a su fallecimiento, cuando todavía luchaba contra la muerte, una llama simbólica en los jardines de Albia, en Bilbao, cerca de la sede del PNV y del Palacio de Justicia. Los agentes, agrupados en la Plataforma Hemen Gaude (Aquí Estamos), colocaron también un libro para que los ciudadanos expresasen con su firma su rechazo a la violencia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Bautista Pardo, fue el primero en firmar. El segundo, Atutxa. Tras su fallecimiento, el PNV hizo un llamamiento para que se acudiese a la capilla ardiente que se había instalado en Sabin Etxea. Desde allí, el 27 de noviembre el féretro fue llevado a la Basílica de Begoña, donde se celebró el funeral a las siete de la tarde con la asistencia de miles de personas. Los dirigentes nacionalistas solicitaron a los ciudadanos que manifestasen su repulsa luciendo en los balcones y las ventanas ikurriñas con crespones negros. El mismo día del funeral, miles de personas secundaron la manifestación convocada por los sindicatos de la Ertzaintza.
Los restos mortales de Joseba Goikoetxea fueron inhumados en el cementerio de Derio (Vizcaya), en un acto familiar al que sólo asistieron, como representantes de las instituciones, José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno vasco, y Juan María Atutxa, consejero de Interior.
José Manuel Ibarzábal Duque tenía 20 años. "Era un chico extraordinario. Siempre estaba pendiente de los demás. Nunca nos había causado ningún disgusto. Sólo tenía veinte años, era casi un niño", relataba su desconsolada madre, Felisa Duque (El Diario Vasco, 26/11/1985). Natural de San Sebastián, estaba cumpliendo el servicio militar en su ciudad natal. Gran deportista, había ganado el campeonato de bateles en el País Vasco. José Manuel erasimpatizante de Herri Batasuna, según confirmó el dirigente de la coalición proetarra Jon Idígoras, que expresó el dolor que le producía "la muerte de un compañero" pero señalando que no cambiaba "la valoración política que nosotros venimos haciendo de la situación, y el atentado no hace sino reafirmarnos en la necesidad de que exista una solución política". De hecho, todas las fuerzas políticas condenaron el atentado a excepción de HB. José Manuel, por otra parte, era familiar de Eugenio Ibarzábal, por entonces portavoz del Gobierno vasco, primo carnal de José Ramón Ibarzábal, padre de la víctima.
Rafael Melchor García, de 26 años, era natural de Castillo de Val (Burgos), aunque desde hacía seis años su familia vivía en Córdoba, ciudad a la que había sido trasladado su padre, José Melchor Tubina, practicante de profesión. Estaba casado con María del Carmen Guillermo y tenía dos hijos. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de San Rafael de su ciudad natal el 27 de noviembre, tras el funeral que se celebró en el Hospital Militar de Córdoba, donde se había instalado la capilla ardiente. Antes de ser trasladado a San Sebastián el cabo asesinado había prestado servicio en San Fernando y Vigo.
Ana Isabel Arostegi Legarreta, de 34 años, estaba casada con otro agente de la Policía Autonómica vasca, y era madre de tres hijos. Natural de Munguía (Vizcaya), pertenecía a una familia euskalduna muy arraigada en el municipio. Había formado parte de la decimotercera promoción de ertzainas y se convirtió en la primera mujer agente de ese Cuerpo víctima de la banda. Estaba afiliada al Sindicato Independiente de la Policía Vasca (ERNE, Ertzainen Nazional Elkartasuna) que emitió un durísimo comunicado en contestación a las declaraciones del lehendakari Ibarretxe al día siguiente del asesinato de los dos agentes. En esas declaraciones el lehendakari alabó la labor de la Ertzaintza y señaló que la sociedad vasca valoraba el trabajo que desarrollaban. El ERNE, en su comunicado público, señaló:
Francisco Javier Mijangos Martínez de Bujo, de 32 años, era natural de Bilbao. Estaba casado y tenía un hijo de diez meses. Igual que su compañera asesinada, pertenecía a la decimotercera promoción de la Ertzaintza y un hermano suyo era también agente de este cuerpo policial. Estaba afiliado al sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y apenas llevaba dos meses destinado en Beasain. Vivía con su familia en Miranda de Ebro (Burgos) como medida de autoprotección. Sus restos mortales fueron enterrados en Vitoria tras la celebración del funeral en la iglesia románica del monasterio de Nuestra Señora de Candepajares de Bugido (Burgos), próxima a Miranda de Ebro.