El propio Juan Ramón Rallo escribió las razones por las que se deberían cerrar, y concluye:
En definitiva, no existe ni un solo motivo razonable para mantener abierta ninguna televisión pública. Si los ciudadanos las demandan, no será difícil que algún empresario (o los propios trabajadores del canal público organizándose en cooperativas y arriesgando su patrimonio) retome el proyecto con financiación privada y voluntaria (sin carga para los contribuyentes); y si los ciudadanos no las demandan, es obvio que no tienen que sufragarlas coactivamente.La politización de las televisiones es vergonzosa, y la reciente polémica nos ha mostrado qué quieren los sindicatos, decidir quién puede ir a TVE:
Desde UGT exigimos que se suspenda de inmediato cualquier relación laboral con Juan Ramón Rallo, es más, demandamos por parte de nuestra dirección que sepa quiénes son y qué deben defender, y que en consecuencia impidan la presencia de este señor en nuestras instalaciones.Desde el Instituto Juan de Mariana, dirigido por Juan Ramón Rallo, han invitado a los representantes sindicales a debatir y a explicar su punto de vista:
Tan abierto al debate público se halla el Instituto Juan de Mariana que procedemos a usar esta nota de prensa como invitación formal a la sección sindical de la UGT en Televisión Española a participar en una tertulia en nuestra sede, también abierta al público, acerca de la necesidad de contar con una televisión financiada coactivamente por los contribuyentes en las sociedades modernas.Lo grave, como explica Juan Ramón Rallo, no es el veto de una persona sino que:
Lo grave ya venía siendo que las opiniones liberales no tuvieran cabida alguna en TVE y lo grave ha sido que, cuando por algún error de coordinación interna un liberal consiguió meter la cabeza en el ente estatal, las élites extractivas internas han tardado menos de una semana en cortársela. Ese es el muy privado servicio público que, tanto en TVE como en tantísimas otras burocracias estatales, se está haciendo con el dinero que periódicamente nos arrebatan por la fuerza. Y esa es la lección que deberíamos aprender de este asunto.Qué sentido tiene una televisión pública dominada por los políticos de turno que sólo sirve de altavoz para las opiniones que ha ellos les parecen adecuadas. Dejemos de gastar dinero en este tipo de instituciones y alejémoslas del control estatal. Que se pongan a la venta o se cierren, o se limite su uso a quien quiera pagar de manera voluntaria por este tipo de servicios.
Otra crítica que se les hace a los liberales es que no pueden defender la privatización de entes públicos y a la vez lucrarse con ellos. Otra vez Rallo da las respuestas apropiadas, y concluye:
Los liberales que presten servicios a través del Estado que no tengan un contenido antiliberal, sin usar los privilegios regulatorios en perjuicio de terceros y sin percibir más rentas del Estado de las que pagan al Estado no parece que puedan ser calificados de incoherentes. Los liberales que, en cambio, cobren más del Estado de lo que pagan se hallan en una situación más cuestionable, pero en tanto en cuanto presten servicios justificados por la mayoría de los contribuyentes y no perciban rentas absurdamente por encima de las que podría estar logrando en el mercado por actividades análogas, tampoco cabría entender que son incoherentes.Es evidente que mientras se paguen impuestos de manera obligada se tiene derecho a trabajar en cualquier ente público, independientemente de las críticas que se les haga.
Lo peor de todo esto es comprobar como los debates de ideas son perseguidos y no gustan a los gobernantes, por eso se da el ascenso de organizaciones populistas y peligrosas. Éstas, a pesar de sus mentiras, consiguen atraer a muchos votantes no tanto por lo que proponen como por lo que critican. Medidas como ésta en TVE dan alas a las posturas demagógicas y sin sentido que pueden llevar a España por un sendero peligroso.
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