Un lego en Economía me espeta con razón: “bastantes economistas —excluidos, claro, los abstractos en torre de marfil— os referís a la economía sumergida pero no soléis arriesgar cuantificación alguna ni implicaciones sobre la política económica”. Bueno, pues eso no es cierto.
Ya en 1991, el historiador de la economía catalana Francesc Cabana avisaba “de la realidad que no consta en las estadísticas y que por ello les merma exactitud”. Y el Círculo de Empresarios dedica a la economía en la sombra un monográfico en 2010, convocando a expertos en el tema —descuella el catedrático de Zaragoza José María Serrano, quien puede acabar su aportación con 18 referencias bibliográficas, más bien extranjeras— y advirtiendo de que “la economía sumergida plantea grandes desafíos para la política económica española”, por ejemplo en las cuentas públicas (evasión fiscal) o en el registro del “paro real”.
Insisto desde la Academia: el gran metodólogo de la Economía y profesor en Cambridge T.Lawson concluye: “la realidad existe”, una llamada dirigida a los abstractos tan abundantes también en nuestros pagos. Pero aunque es verdad que la cuantificación del peso de la sumergida en la economía española no es fácil, por su misma índole, hay ya un cierto consenso técnico que lo sitúa entre un 19% y un 22%, creciente en las crisis, por ejemplo, desde 2008. O sea que nada menos que una quinta parte del PIB escapa a la estadística oficial. Y con amplias divergencias entre sectores y entre comunidades autónomas.
Quizás todo ello justifique que a la hora de poner ejemplos concretos, que es adonde quiero llegar, abunden más las preguntas que las respuestas con ínfulas de exactitud cuantitativa. La primera podría ser: ¿cómo queda España en comparación internacional? Pues dentro de los países de la OCDE nos situábamos, en los noventa y ello ha cambiado poco, en la cola: Grecia, un 28,5%; Italia, un 27%, y nosotros, un 22,5%. En cuanto a renta / producción, ello implica que los datos de la estadística oficial tendrían que ser revisados al alza, incluso el ingreso efectivo por habitante, por ejemplo con relación a Estados Unidos o los países escandinavos, donde la sumergida nunca pasa de un 10%, o respecto a Francia con un 15%; no es moco de pavo ya que se trata de 12 o 7 puntos más en el ranking de rentas per capita, aproximadamente.
Y ¡ay!, el IPC tan clave para revisiones de pensiones, contratos y hasta —¿antes de la reforma laboral del PP?— los salarios nominales. Aun dejando de lado el escepticismo de las amas / amos de casa, su bondad estadística es bien complicada como se trasluce del estudio de Javier Ruiz-Castillo, quien dirigió el INE, publicado por La Caixa (traduzco) La medida de la inflación en España, de 1999, donde se puede ver la gran complicación técnica para un buen IPC, avisando de hasta 10 peligros estadísticos, la necesidad de ir revisando los 471 conceptos de consumos (en especial la intensa incorporación de servicios dentro de los presupuestos familiares e incluso del valor / uso de la vivienda propia o de otros equipos domésticos, coches, electrodomésticos, informática, etcétera). Su conclusión me cae acomodaticia ya que, a pesar de todos los problemas que acaba de plantear para la mejora, ensalza “las máximas garantías de precisión del INE”, pero culmina reclamando para este más recursos, también para investigación. ¿Qué diría de todo ello mi admirado Julio Segura, quien fue un buen e independiente director del INE? Lo que sí sé es lo que replicaba, con su sorna, el profesor Estapé ante, pongamos, una medición oficial de aumento del IPC en 2,89%: “¿Y si lo redondeáramos en un 3% y listos?”.
O el seguimiento de la producción industrial, esencial por ejemplo para el País Vasco (un 27% de su producto) o Cataluña, con un 22%. El IPI se confecciona a través de una compleja encuesta que me hace recordar las reservas que la junta de una agrupación industrial puso, hacia 1972, a la presentación de un estudio: “¿En qué cifras se han basado?”, nos preguntaron. “En las oficiales del INE, claro”, contestamos los autores. Mantuvieron su escepticismo: “¡Es que nosotros somos los que contestamos la encuesta y sabemos cómo!”. Cuando se aduce que el INE ya introduce correcciones, en general, con sus criterios más amplios, me queda un sentimiento de zozobra. ¿Cómo? ¿Con qué base? De modo que casi prefiero que no lo haga. En todo caso también en la industria, que alcanza a talleres y pymes y, en su caso, la construcción y rehabilitación, se evalúa el peso de lo sumergido entre el 18% y el 20% de modo que la variación del índice IPI se tendría que corregir por la dinámica de la irregular. ¿Y la medición de la inversión privada por ejemplo industrial y su dinámica? Ay, ay. ¿Central de balances, Banco de España?
Otros temas preocupantes son las mediciones de movimientos y de posición financiera con el exterior. Estos días el Servicio de Estudios del Banco de España ha informado de que entre enero y mayo han salido 166.000 millones de España (estos chicos siempre con buenas noticias). Uy, uy, ¿y la entrada, y la posición de capital con el exterior y su variación? Es obligado ver el último boletín de La Caixa, donde se advierte, sí, del alto volumen de deuda privada respecto al exterior, pero contrarrestada por activos contra el exterior de al menos dos terceras partes de la posición anterior deudora. Y ¿cómo se miden los complejos movimientos por el BE? ¿Y la dinámica de las Sicav? En fin, aconsejo tomar todo esto con gran cautela (y uno ha elaborado balanzas de pagos españolas e interiores, quizás unas 10, ¡el capítulo de capitales!).
No, no me puedo dejar las estadísticas de ocupación y paro. Para empezar, si aceptamos un 20% de producto sumergido, hemos de aceptar algo más de esta quinta parte como subestimación de la ocupación real, ya que la productividad aquí será menor, será en forma de medias jornadas (o completas), sustituciones o por horas —en la agricultura, construcción y “remiendos”, industria, servicio doméstico, hostelería...—, pero en todo caso sin declarar y como suma total un número de jornadas tan impresionante como escondido incluso por sindicatos y Gobiernos que no gustan confesarlo. Hay que tomar como sólido el registro del paro del Inem, pero ¿la encuesta de población activa, por teléfono y con una muestra que el INE va moviendo? Cuidado con la EPA que, por cierto, Eurostat se limita a recibir, bendecir y ponerle su sello: la hora de las llamadas y el problema general de las encuestas, más aún telefónicas, del que me advirtió hace unos años el relevante sociólogo de origen sefardí Aaron Cicourel (de la South California University: “En este Departamento ya no hacemos encuestas, cuyo resultado depende de tantas cosas incontrolables. O entrevista, larga y personal o nada...”. Sí, paso de la EPA; a efectos prácticos, nuestro paro efectivo es bastante menor que el “aireado”. Y ¿el juvenil de un 52% de ni-ni? Falso del todo: muchos estudiantes de FP y universitarios pasan como parados, a veces inscritos, mientras están en plena actividad, financiada en 4/5 partes por impuestos con vistas al capital humano personal y su futuro.
Acabo recogiendo una apreciación del profesor Serrano, especialista, pero por suerte también generalista: al aumentar el rigor fiscal y de cotizaciones sociales tiende a crecer el peso sumergido, como también en las crisis. Y, concluye, las cuantificaciones en este campo solo son estimaciones. Y uno no sabe el porqué a los empleados en esta ancha sombra se les llama “obreros informales”… ¡encima!
Jacint Ros Hombravella es catedrático emérito de Política Económica en la Universitat de Barcelona.
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