A las siete menos cuarto de la mañana del jueves 29 de junio de 1989, la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián a GREGORIO CAÑO GARCÍA, chófer de Joaquín Aperribay, presidente de la Sociedad Anónima Placencia de las Armas (SAPA) y vicepresidente de la Real Sociedad Club de Fútbol. Tres horas antes de este atentado los terroristas lanzaron contra el cuartel de la Guardia Civil de la población guipuzcoana de Deba varias granadas de carga hueca, que no alcanzaron su objetivo.
El objetivo de los terroristas era secuestrar a Aperribay, amigo personal del dirigente de Herri Batasuna Iñaki Esnaola. Así lo explicaba la banda terrorista en un comunicado enviado unos días más tarde al diario Egin, en el que decían lamentar la muerte de Gregorio.
Como cada mañana, Caño García estacionó el coche Opel Senator de la empresa junto al portal del número 22 de la calle Zubieta de San Sebastián, y se mantuvo a la espera de que el presidente de SAPA bajara de su domicilio. Mientras aguardaba la salida de Aperribay un terrorista, identificado posteriormente como Francisco Javier Balerdi Ibarguren -empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián-, se acercó al portal del domicilio de Aperribay. Gregorio Caño se percató de la situación y se dirigió hacia él. En ese momento, Balerdi sacó una pistola que tenía bajo la camisa y disparó contra el chófer, que quedó tendido boca arriba en la calzada. Había recibido cinco impactos de bala: tres en el abdomen, uno en el pecho, cerca del corazón, y otro en un muslo. Gregorio falleció cuando era trasladado en ambulancia a un hospital. En el lugar del asesinato la policía encontró un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.
Joaquín Aperribay era presidente de SAPA desde varios años antes del asesinato de su chófer. La empresa contaba en sus factorías de Andoáin y Plasencia con un total de 360 trabajadores y se dedicaba a la fabricación y reparación de carcasas de cañones y de misiles antiaéreos. Buena parte de su producción iba destinada al Ejército español, y el resto a la exportación. Después del intento de secuestro, Aperribay abandonó temporalmente el País Vasco junto a su familia. Durante una breve estancia en San Sebastián, en septiembre de 1989, recibió un paquete-bomba de parte de ETA que pudo ser desactivado por artificieros de la Policía Nacional.
El comité de empresa de SAPA emitió un comunicado, firmado también por el sindicato LAB en esa compañía, en el que condenaba el asesinato de su compañero. Sin embargo, pocas horas después el Secretariado Provincial de LAB en Guipúzcoa desautorizó a sus representantes en la SAPAmediante una nota pública en la que se decía que "no pueden valorarse de forma aislada los efectos generados por la lucha armada, sin analizar, con el debido rigor, las verdaderas causas que propician tales hechos".
Joseba Egibar, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), declaró que el asesinato es "la tarjeta de verano de aquellos que discurren con el amonal en las manos" y que ETA se estaba convirtiendo en una organización "inmovilista y retrógada, cada vez más aislada de la sociedad vasca". Por su parte, Rafael Larraina, miembro de la ejecutiva de Eusko Alkartasuna (EA), animó a los ciudadanos a exteriorizar su protesta contra estos atentados.
Joaquín Aperribay es padre del actual presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay Bedialauneta, un club que se ha mantenido siempre en silencio ante los asesinatos de la banda terrorista y ha mostrado un apoyo explícito por parte de sus jugadores a los presos de ETA. Con la frase de "no nos metemos en política", el club donostiarra no condenó en su momento el asesinato del exjugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría, o de seguidores y socios del club de toda la vida como Gregorio Ordóñez o Fernando Múgica.
Recientemente, el 8 de enero de 2011, varios jugadores del club apoyaron la marcha a favor de los presos de ETA autorizada por el juez Pedraz. Los futbolistas Mikel Aranburu, capitán del equipo, Imanol Agirretxe, Jon Ansotegi, Mikel González, Mikel Labaka, Markel Bergara, David Zurutuza y el portero suplente, Eñaut Zubikarai, no dudaron en mostrar públicamente su apoyo a la misma. En el caso de Zubikarai es sencillo de explicar, puesto que su padre, el etarra Cándido Zubikarai Badiola, está en la cárcel desde 1989 por participar en varios asesinatos, como el del empresario Sebastián Aizpiri Leyaristi y el de dos guardias civiles. Tampoco en este caso el club, presidido por Jokin Aperribay, condenó la actuación de sus jugadores.
La Audiencia Nacional condenó en 1993 a Francisco Javier Balerdi Ibarguren a 17 años de prisión por el asesinato de Gregorio Caño. Según el Ministerio del Interior, en el atentado participó un segundo terrorista, Juan Ignacio Ormaechea Antepara, que falleció en San Sebastián en agosto de 1991 en un enfrentamiento con la Guardia Civil. En la misma acción fallecieron también los etarras José Joaquín Leunda Mendizábal y Francisco Javier Icíar Aguirre.
Gregorio Caño García, de 49 años, era natural de Villa Mañón (León). Estaba casado y tenía tres hijos. Un hermano de la víctima señaló que Gregorio llevaba más de 20 años trabajando de chófer en SAPA.
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