Controlemos a los controladores y a Aena por Gabriel Calzada

Reflexión de Gabriel Calzada sobre los controladores aéreos en España. Aboga por la privatización como mejor solución al conflicto.

Estoy totalmente de acuerdo con él, pero privatización total.

Destaco:

Al ministro le quedan al menos dos opciones. Una consistiría en establecer un sistema de auditoría permanente e independiente de la calidad de la actividad de los controladores que sirva para establecer premios y sanciones en un marco de incentivos y desincentivos con el objetivo del desempeño de su servicio en condiciones de eficiencia y seguridad. Pero la verdadera solución pasa por la privatización y liberalización del control del tráfico aéreo. De este modo, los controladores aéreos pasarían, como todas las demás profesiones libres, a estar controlados por los consumidores, al igual que lo estaría Aena.

 
 
ARTÍCULO:
 
Los controladores de nuestras vidas, desde la cuna hasta la tumba, entregaron hace tiempo la navegación aérea a un colectivo en régimen de monopolio.

Con gobiernos de todos los colores, los controladores aéreos han logrado ir consolidando su condición de clase privilegiada, lejos de los acuerdos voluntarios del libre mercado. En este contexto, los elevados sueldos que percibe este colectivo no son más que la consecuencia lógica de la posición de poder en la que el Partido Popular y el Partido Socialista lo han situado irresponsablemente dentro de una empresa, Aena, que no tiene que molestarse por ser mejor que la competencia, porque no la hay.

En este punto de la película ha aparecido José Blanco, decidido a cambiar la situación. Sus motivaciones pueden ser diversas, pero lo importante es que, por fin, un ministro de Fomento se atreve a recortar los privilegios empresariales y laborales concedidos por sus antecesores en el cargo a costa del consumidor y del sector aéreo.

El anuncio del plan de privatización parcial de los aeropuertos de Aena fue recibido con júbilo por muchos liberales, aunque quizá pecó de quedarse corto y no lanzarse a una privatización completa y transparente de los aeropuertos, cuando lo complicado no es tanto el grado de privatización, sino anunciarla y llevarla a cabo. Además, se perdía una fantástica oportunidad para colocar la navegación aérea, la otra pata de Aena, en el ámbito del mercado –como sucede en países como Suiza– y se prefirió arreglar los problemas del control aéreo con nuevas regulaciones.

En este contexto, el Gobierno aprobó la Ley 9/2010, en la que trata de evitar algunas de las ineficiencias y los vicios generados en el campo del control de la navegación aérea. La ley trata de mejorar la gestión de los recursos humanos y materiales de Aena. En especial, la ley trata de reducir el número de horas extras realizadas, que hasta ahora se pagaban a precio de oro, aumentando las horas corrientes de trabajo. Es muy posible que cualquier intento de privatización del control aéreo requiera primero una acción de este tipo.

Es obvio que ninguna empresa va a querer entrar en el mercado del control aéreo si tiene que asumir unos desorbitados costes salariales y lidiar con un colectivo bien organizado que gestionaba los recursos de manera ineficiente, porque su empleador no está bajo el imperio de la soberanía del consumidor, es decir, del mercado, y se daba el lujo de establecer una escasez artificial en su profesión, haciendo uso de su capacidad exclusiva sobre la formación de nuevos controladores.

Los controladores aéreos, como buen grupo de interés, han intentado presentar la cuestión como si se tratara de un atentado contra la seguridad movido por espurios intereses económicos. Aparentemente, la estrategia de este colectivo ha consistido en emprender una huelga de celo encubierta y presentarse ante la opinión pública como los penosos sufridores de una alta responsabilidad que les genera un alto estrés. Esta estrategia de imagen les habría dado la coartada perfecta para pedir numerosas bajas con las que ralentizar el tráfico aéreo, perjudicando así a los pasajeros, a las líneas aéreas y al sector turístico.

Así pretenden plantar cara al ministro de Fomento y chantajear a toda la sociedad con el objetivo de mantener sus privilegios. Los controladores cuentan con la ignorancia y el miedo de los pasajeros para ganar este pulso. La realidad es que en los sistemas de navegación aérea, cada vez más automatizados, existen múltiples niveles redundantes de seguridad, por lo cual su trabajo quizás no sea tan estresante como pretenden.

Muchos ciudadanos, incluido D. José Blanco, piensan que el estrés colectivo que han sufrido los controladores podría no ser más que una argucia para presionar a toda la sociedad. Todo apunta a que los controladores se saben imprescindibles en la situación actual y no van a renunciar a sus privilegios, como hicieron los nobles ante la convocatoria de los Estados Generales al inicio de la Revolución Francesa.

Ronald Reagan

Los controladores son conscientes de que sus elevadas rentas provienen de unas circunstancias laborales conseguidas bajo presión sindical en el pasado y que la forma de conservarlos no es ser más productivos, sino amenazar con el daño que pueden causar prestando el servicio de forma ineficiente en un marco en el que resulta complicado sustituirles y en el que ellos mismos controlan el acceso a la profesión. Ante este enorme pulso político, Blanco está tratando de emular a Ronald Reagan con la amenaza de usar controladores militares para sustituir a los civiles. La amenaza podría cumplirse con cierta facilidad en aeropuertos pequeños y con tráfico reducido, pero será mucho más complicado realizarla en los grades aeródromos y centros de control españoles.

Al ministro le quedan al menos dos opciones. Una consistiría en establecer un sistema de auditoría permanente e independiente de la calidad de la actividad de los controladores que sirva para establecer premios y sanciones en un marco de incentivos y desincentivos con el objetivo del desempeño de su servicio en condiciones de eficiencia y seguridad. Pero la verdadera solución pasa por la privatización y liberalización del control del tráfico aéreo. De este modo, los controladores aéreos pasarían, como todas las demás profesiones libres, a estar controlados por los consumidores, al igual que lo estaría Aena.

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