Víctimas, 14 de septiembre: Antonio Cedillo Toscano, Alfonso López Fernández, Jesús Ordóñez Pérez, Juan Seronero Sacristán, Félix Gallego Salmó y Ricardo González Colino

Libertad Digital.


En torno a las once de la mañana del martes 14 de septiembre de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en una emboscada en Oyarzun (Guipúzcoa) a los policías nacionales JESÚS ORDÓÑEZ PÉREZJUAN SERONERO SACRISTÁN y ALFONSO LÓPEZ FERNÁNDEZ. El también policía nacional ANTONIO CEDILLO TOSCANO resultó gravemente herido mientras intentaba repeler la agresión. Un camionero lo encontró arrastrándose en la carretera y lo subió a la furgoneta para llevarlo al hospital más cercano. Varios de los terroristas detuvieron el vehículo y, tras intimidar al conductor, no dudaron en rematar de un tiro en la nuca al agente herido. En el mismo tiroteo también sufrió graves heridas un quinto policía nacional, Juan José Torrente Terrón, que recibió disparos en el brazo derecho, el tórax, el muslo derecho y la pierna izquierda.
A las once de la mañana los cinco agentes se desplazaron hasta la venta Susperregui, en el caserío Franchilla, con objeto de tomar unos bocadillos a modo de almuerzo. Tres de ellos habían llegado vestidos de uniforme en un coche Z con distintivos oficiales, mientras que los otros dos vestían de paisano y viajaban en un Seat 131 Supermirafiori de color azul marino y sin ningún tipo de identificación policial. Hacía cerca de un mes que ningún miembro de las fuerzas de seguridad visitaba el establecimiento, tal y como relató la propietaria del mismo a la prensa tras el atentado. Sin embargo, durante veintitrés días consecutivos, cinco de los seis miembros del grupo Donostique tenderían la emboscada del día 14, subieron al Alto de Perurena, en las inmediaciones del caserío, para controlar el paso de vehículos policiales y ejecutar una acción terrorista en la que asesinar a todos sus pasajeros. Aquel día, los terroristas divisaron a los dos vehículos en su salida de la venta, circulando por la carretera que enlaza San Sebastián y Rentería, en dirección a esta última población. En las proximidades de las cuevas de Landarbaso (Aitzbitarte), a unos trescientos metros del parque Listorreta, los vehículos policiales se vieron obligados a aminorar la marcha en una curva muy pronunciada, reduciendo considerablemente la velocidad. En esa curva, al paso por una pequeña hondonada, y a unos ochocientos metros de la venta donde habían almorzado, los dos coches se vieron envueltos en un fuego cruzado desde varios puntos con armas automáticas. Dado lo accidentado del terreno y la escasa velocidad de los vehículos, resultaban un objetivo fácil para una emboscada. Los policías trataron de repeler el ataque abriendo fuego con sus pistolas, pero sin llegar a hacer blanco sobre ninguno de los terroristas. Dos de los agentes, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán, fallecieron en el acto siendo acribillados bajo el fuego cruzado. Los otros tres, Alfonso López Fernández, Antonio Cedillo Toscano y Juan José Torrente Terrón, fueron heridos, todos ellos de gravedad. Los dos vehículos quedaron empotrados contra el arcén y recibieron cerca de un centenar de impactos de bala.
Uno de los agentes de paisano, Antonio Cedillo, pudo disparar a los etarras a pesar de sus heridas cuando éstos emprendieron la huida. Después, se arrastró durante algunos cientos de metros por la carretera en dirección a Rentería, hasta que finalmente cayó al suelo dejando tras de sí un gran charco de sangre. Así lo encontraría un vecino de Rentería, José Elicegui, que vivía en un caserío a pocos metros del cruce de carreteras que enlazaba las poblaciones de Oyarzun, Astigarraga y la propia Rentería. Elicegui se dirigía a efectuar unas obras de reparación de un camino vecinal. Al ver al policía mal herido, el camionero detuvo su furgoneta Ebro, color azul, y lo recogió. El agente llegó a pronunciar unas palabras pidiendo ayuda: "ayúdeme, lléveme a un hospital". Cuando apenas llevaban recorrido un kilómetro, de camino a un centro sanitario, tres de los etarras que habían huido en un Renault 12 de color verde les salieron al paso y obligaron al conductor a parar, intimidándolo. Tras registrar el vehículo y comprobar que transportaba al policía herido, no dudaron en asesinarlo a sangre fría, disparándole un tiro en la nuca.
Los otros tres terroristas, que habían huido a pie de la escena del crimen, llegaron al cruce que comunica Astigarraga, Rentería y Oyarzun, donde robaron a punta de pistola un Seat 124 amarillo con matrícula de Barcelona. Tras de sí dejaban tres asesinados, dos heridos graves y dos vehículos completamente destrozados. Uno de los que había sobrevivido inicialmente a la masacre, Alfonso López Fernández, en el momento de ser atendido por miembros de la Cruz Roja sólo tuvo en mente a sus compañeros, indicando a los sanitarios que centraran sus esfuerzos en aquéllos, por revestir mayor gravedad que él. Sin embargo, durante su traslado al hospital de la Cruz Roja de San Sebastián, Alfonso López fallecía, ingresando ya cadáver en el centro hospitalario. El otro agente herido, Juan José Torrente Terrón, fue intervenido nada más llegar al hospital y, tras más de tres horas en el quirófano, fue ingresado en la Unidad de Vigilancia Intensiva en estado de coma y con pronóstico muy grave. Torrente Terrón tardaría más de nueve meses en recuperarse, aunque las secuelas físicas nunca desaparecerían por completo.
Mientras los heridos eran trasladados al centro de la Cruz Roja, la Guardia Civil llevó a cabo unintenso rastreo de la zona y se recogió una gran cantidad de casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, munición habitualmente empleada por ETA. Los cuerpos sin vida de los policías asesinados en la escena del tiroteo permanecieron en el lugar de los hechos hasta la llegada de los forenses. Los cuerpos serían llevados al depósito de cadáveres del cementerio de Polloe una vez realizadas las respectivas autopsias. Esa misma noche, ETA militar reivindicaba la autoría del atentado a través de un comunicado enviado al diario Egin. Asimismo, ETA militar se hacía responsable de otros atentados cometidos a lo largo de la semana anterior contra una granja propiedad del Ejército en San Sebastián y contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango.
Al día siguiente de la masacre, el sargento de la Policía Nacional Julián Carmona Fernández se suicidaba disparándose un tiro en la sien, en presencia de varios de sus compañeros y del general Félix Alcalá-Galiano, en las dependencias del Gobierno Civil de Guipúzcoa. El sargento, de 45 años de edad, casado y padre de tres niños, había pasado la noche acompañando a los familiares de los asesinados y ocupándose de los trámites de las autopsias. Varios de los fallecidos eran amigos suyos y se le había encargado la tarea de acompañar hasta su lugar de origen uno de los cuerpos de éstos, circunstancias que unidas a la gran tensión que soportaban los miembros de las Fuerzas de Seguridad dieron lugar al dramático desenlace. Fue uno de los primeros casos de suicidio por lo que los expertos han denominado posteriormente como "síndrome del norte".
Los funerales de cuerpo presente por los cuatro policías nacionales asesinados tuvieron lugar a las siete de la tarde del mismo día de su asesinato en el Gobierno Civil de Guipúzcoa. El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo; el ministro del Interior, Juan José Rosón, y el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano, se desplazaron hasta San Sebastián para visitar la capilla ardiente y, posteriormente, asistir a dichos funerales. También estuvieron presentes el lehendakari, Carlos Garaikoetxea; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja; los gobernadores civil y militar; el alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcain y el diputado general Javier Aizarna. Partidos como el PSE-PSOE, UCD, PNV y AP enviaron representantes para arropar a los familiares y a los compañeros de las víctimas. Los funerales transcurrieron en un clima de gran serenidad, no pudiendo evitarse escenas de profundo dolor entre los parientes de los policías asesinados. Pese a la nutrida representación oficial, fue un apresurado funeral en el salón del trono seguido de un traslado rápido a sus localidades de origen. Es interesante señalar queeste sería el último funeral de víctimas de ETA realizado casi de noche y "por la puerta de atrás". En aquellas fechas preelectorales, aquellos cadáveres quemaban y se desembarazaron de ellos con una velocidad que hoy resulta bochornosa. La llegada de José Barrionuevo al Ministerio del Interior hizo que las cosas cambiaran de forma radical. Barrionuevo fue el primer ministro de la democracia que empezó a acudir a los lugares donde se cometían atentados de la banda para realizar ofrendas florales por las víctimas asesinadas.
El miércoles 15, un día después, a últimas horas de la tarde tenía lugar en Gijón el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de uno de los cuatro fallecidos, Juan Seronero Sacristán, en la Iglesia del Corazón de María. Allí la tensión entre parte de las cinco mil personas asistentes fue elevada, oyéndose gritos dirigidos a los terroristas, a los que se les llamó "asesinos", y escuchándose igualmente vivas a España y al teniente coronel Tejero. Un grupo de personas de avanzada edad trató de agredir al delegado del Gobierno en Asturias y otras autoridades civiles, mientras que grupos reducidos de personas profirieron gritos de ánimo y vivas al Ejército cuando vieron salir de la iglesia al gobernador militar de Asturias. Más o menos a la misma hora eran enterrados en el cementerio general de Valencia y en el de Mataró (Barcelona) Jesús Ordóñez Pérez Alfonso López Fernández, respectivamente, y llegaban al aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, los restos mortales de Antonio Cedillo Toscano. En el mismo avión en el que viajaba el cuerpo sin vida de Antonio Cedillo lo hacían su viuda y otros familiares. A la llegada del avión, los restos fueron transportados a la localidad de Olivares. Allí tuvo lugar el entierro de Cedillo Toscano, en torno a las ocho de la tarde, ante unas ocho mil personas tanto de Olivares como llegados de otras localidades de la comarca. Cientos de personas habían estado esperando durante horas la llegada del avión y recibieron a los familiares de Antonio con aplausos y vivas a la Policía. El pueblo de Olivares, que resolvió otorgar a Antonio Cedillo el título de hijo predilecto de la villa, amaneció ese día envuelto en banderas de España y pañuelos blancos con crespones negros en las ventanas y balcones. Los centros oficiales hicieron ondear sus banderas a media asta, colocando también crespones negros en ellas. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando un guardia civil, paralítico a consecuencia de un atentado terrorista, le dedicó su último adiós al policía asesinado. El alcalde de Olivares abonó personalmente el importe del desplazamiento del guardia civil para que éste pudiera despedirse del difunto, poco antes de que fuera enterrado en el cementerio de San Benito, en torno a las ocho de la tarde.
Entre las reacciones políticas e institucionales que tuvieron lugar tras el terrible atentado hubo comunicados de numerosas fuerzas políticas. Prácticamente todos los partidos, salvo Herri Batasuna, condenaron la acción terrorista, calificando a los asesinos como "alimañas", "sádicos" o "siniestros". El PNV manifestó que ETAm trataba de imponer su dictadura a punta de pistola, a través de la creación de un caos preelectoral que sirviera como caldo de cultivo a sus designios totalitarios. Desde PSE-PSOE se hizo hincapié en que, en caso de llegar al poder, emplearían todas las medidas democráticas a su alcance para acabar definitivamente con el terrorismo. Alianza Popular y Euskadiko Ezkerra también se manifestaron duramente contra los asesinos. Por su parte, desde UCD de Guipúzcoa se hizo público un comunicado en el que se solidarizaban con las Fuerzas de Seguridad del Estado y añadían que "es al pueblo vasco y a las instituciones autónomas a quienes les corresponde valorar justamente el servicio prestado por las Fuerzas del Orden Público".
Entre las principales personalidades que se manifestaron al respecto destacaban los Reyes de España, que enviaron telegramas de condolencia a los familiares de los cuatro policías asesinados, así como un telegrama de pésame al general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano. Por su parte, el ministro del Interior Juan José Rosón manifestó, en declaraciones a Radio Nacional, que el atentado "rebasa todo comentario; las alimañas que lo cometieron jamás podrán tener la comprensión ni, en absoluto, el perdón de la sociedad [...] los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad van a redoblar sus esfuerzos para garantizar a los vascos su seguridad, y van a hacerlo sin estridencias, sin espíritu de venganza, cumpliendo la responsabilidad que tienen contraída con España entera". Rosón explicó en su intervención que en el atentado cometido contra los cinco policías nacionales veía "el preludio de una nueva campaña de terror". Ahondando en esa idea dijo: "Estoy seguro de que hoy ETA habrá intentado ganar votos para quienes la secundan. Pero cada vasco piensa que esas papeletas van teñidas con la sangre de unos hombres que han ofrecido su vida por la tranquilidad, por la seguridad ciudadana, aquí y en el resto de España".
Javier Solana, por entonces miembro de la Ejecutiva del PSOE y segundo en las listas electorales por Madrid con dicho partido, se mostraba igual de rotundo, utilizando unas palabras que con frecuencia los políticos han proferido con demasiada ligereza: "Si el PSOE sube al poder no habrá negociación con ETA (...)". En la misma línea, Felipe González apuntaba: "tengo la esperanza de que van a mejorar los niveles de cooperación con otros países en el caso de que nosotros ganemos las elecciones pero, desde luego, lo que tengo es la firme decisión de acabar con el fenómeno del terrorismo".
Sin embargo, tales muestras de condena no tuvieron lugar únicamente entre los miembros de la clase política, sino que en otros ámbitos, como el mediático o el eclesiástico, se dieron cita manifestaciones similares. Así, el obispo de San Sebastián, Monseñor Setién emitía una nota pública bajo el título "No puedo callar", en la que decía textualmente: "Mis queridos diocesanos: ante la muerte de los cuatro policías producida ayer martes, deliberada y brutalmente, no puedo guardar silencio, tengo que deciros con un gran amor hacia todos, y con un gran dolor también que tales acciones no pueden ser justificadas de ninguna manera por las conciencias cristianas (...) La dignidad de la persona humana, la del que mata y la del que es eliminado, reprueban tales actuaciones. (...)Con humildad, pero con firmeza, tengo que deciros como obispo responsable de vuestra fe cristiana, que estos caminos no son buenos y que Dios no los aprueba (...) Os lo repito, os hablo con un gran amor por cada uno de vosotros, con un gran amor por el pueblo entero. Quien así actúa no puede merecer la confianza de salvar el destino de este pueblo. Como obispo que os quiere a todos, a los muertos y a los que matáis, por el amor de Dios y por el amor a vuestros hermanos: ¡Dejad de matar!".
En los medios de comunicación vascos también se dejaron entrever comentarios de desprecio hacia la barbarie terrorista, apareciendo duras condenas del criminal atentado. El diario Deiaadvertía que "en las próximas elecciones nadie puede llamarse a engaño y debe saber que votar a Herri Batasuna es como votar a ETA", mientras que desde Tribuna Vasca se señalaba que "ni en las guerras más crueles se asesina al adversario herido", en clara referencia al asesinato a sangre fría del policía Antonio Cedillo.
Durante años, las Fuerzas de Seguridad trataron de detener a Manuel Urionabarrenechea, aliasManu, como responsable principal de la ejecución del atentado que acabó con la vida de los cuatro policías nacionales. A este sanguinario asesino se le imputaban multitud de crímenes. En varias ocasiones las Fuerzas de Seguridad estuvieron a punto de atraparlo. Así, por ejemplo, en octubre de 1988, Urionabarrenechea conseguía huir en un taxi robado, junto con Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y Juan Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, tras haber sido detectado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Amorebieta. Hasta en tres ocasiones logró eludir a la Policía. La última en agosto de 1989, cuando escapó de un cerco policial tendido para detener al grupo Araba de la banda terrorista. Escasamente un mes más tarde, el dieciocho de septiembre de 1989, Manuel Urionabarrenechea Betanzos, Manu, caía muerto durante un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil en una espectacular operación en la que resultaron detenidos veintiséis miembros de la banda terrorista ETA y en la que falleció, al igual que Urionabarrenechea, Juan Oyarbide, Txiribita. A estos dos terroristas se les imputaban dieciséis y veinticinco asesinatos, respectivamente. Manuel Urionabarrenechea había manifestado que jamás se entregaría y que se enfrentaría a tiros, tal y como hizo en varias ocasiones, hasta que tuvo lugar el momento de su muerte, no llegando a ser juzgado por el asesinato de Jesús Ordóñez Pérez, Juan Seronero Sacristán, Alfonso López Fernández y Antonio Cedillo Toscano, ni por los de las otras víctimas que se le imputaban.
El que sí sería juzgado y condenado por este atentado fue el etarra Jesús María Zabarte Arregui. Zabarte Arregui fue detenido tras un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil en Hernani (Guipúzcoa) el 15 de junio de 1984. Era el máximo responsable del grupo Donosti de ETA y durante los interrogatorios reconoció haber planeado asesinar al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, al tiempo que se responsabilizaba de la planificación o bien de la ejecución de un gran número de asesinatos, entre ellos los de los policías nacionales Antonio Cedillo Toscano, Juan Seronero Sacristán, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández.
Por el atentado que costó la vida a estos últimos, la Audiencia Nacional dictó sentencia en 1985. Según ésta, Jesús María Zabarte Arregui fue condenado al cumplimiento de cuatro penas de veinte años, por asesinato cualificado con alevosía y premeditación, y a doce años más por un delito de asesinato en grado de tentativa. La Audiencia Nacional lo consideró responsable de las tareas de vigilancia que hicieron posible la ejecución del atentado.
Antonio Cedillo Toscano, natural de Olivares (Sevilla), tenía 29 años y estabacasado con María Dolores García Rodríguez, cuatro años menor que él. Teníanun hijo que, en el momento del asesinato tenía dos años. Tras su fallecimientofue nombrado hijo predilecto de la localidad de Olivares. El 16 de abril de 1995, su viuda comentaba: "Abran los ojos, miren al cielo y si creen en algo, de una vez por todas comprendan que no se puede arrebatar de una manera tan injusta la vida de nadie. Me da vergüenza. Nunca en tantos años he pensado en la venganza, pero sí estoy esperando que se haga justicia. Y créanme señores gobernantes, que no es tan difícil. Basta con mirar los últimos asesinatos para ver que no es el camino. A la paz sólo se llega implantando Justicia".
Alfonso López Fernández, nacido en Argentina, tenía 30 años cuando fue asesinado. Estaba casado y era padre de un niño de 3 años. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía tres años antes.


Jesús Ordóñez Pérez, natural de Jaén, fue enterrado en Valencia por ser la ciudad en la que creció, habiéndose trasladado allí sus padres cuando era un niño. Tenía 25 años y estaba casado.


Juan Seronero Sacristán tenía 35 años. Nacido en Gijón, estaba casado conMaría Jesús Fonseca y tenía una hija. El 6 de septiembre de 2006, La NuevaEspaña publicaba unas palabras de su viuda en las que se mostraba optimista respecto al alto el fuego que había sido recientemente decretado por ETA: "Me parece perfecto que haya una tregua porque va siendo hora de que estos señores, por llamarlos de alguna manera, dejen de matar". Según LNE, María Jesús Fonseca "quiere pasar página y olvidar cuanto antes el horror de ETA y la mejor forma de empezar para ella es sabiendo que la banda armada ha dejado la violencia para siempre".
El Ministerio del Interior, en resolución de 18 de marzo de 2005, de acuerdo con el Real Decreto 308/2005, de 18 de marzo, otorgaba a los cuatro policías asesinados, junto a otros miembros de las Fuerzas de Seguridad fallecidos en actos terroristas, ascensos con carácter honorífico y a título póstumo. Antonio Cedillo Toscano, Juan Seronero Sacristán, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández eran así ascendidos al cargo de Oficial de Policía casi veintitrés años después de su asesinato. El Real Decreto según el cual se les otorgaba el ascenso "prevé que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, pueda conceder a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en quienes concurran méritos excepcionales o circunstancias especiales, el ascenso a la categoría inmediata superior de la escala a la que pertenezcan. La sociedad española tiene contraída una deuda de permanente gratitud con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su permanente labor en la garantía de los derechos fundamentales y de la seguridad pública. Esta deuda se ve especialmente acrecentada con aquellos funcionarios que han perdido su vida como consecuencia de un atentado terrorista".
El sábado 14 de septiembre de 1985, pasadas las diez y media de la mañana, la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria (Álava) al policía nacional FÉLIX GALLEGO SALMÓN, mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su vehículo particular. En el mismo atentado, Cándido Martín Franco, amigo de Félix Gallego, resultaba gravemente herido.
En torno a las once menos veinte de ese día, el policía Félix Gallego, agente de policía disfrutando de vacaciones, y su amigo Cándido Martín, chatarrero de profesión, se montaron en el coche de Félix, un Simca 1200 de color azul, aparcado en la calle Eulogio Serdán, en el casco viejo de Vitoria. Instantes después de subirse ambos, el vehículo hizo explosión originando graves heridas a Cándido Martín y provocando la amputación de ambas piernas, así como de un brazo, al policía nacional Félix Gallego. La explosión provocó daños en los vehículos aparcados en las cercanías y destruyó la práctica totalidad de los cristales del edificio colindante. Los restos del vehículo fueron proyectados a más de treinta metros de distancia y el brazo de Félix apareció en el jardín de una guardería cercana. Según fuentes policiales, el artefacto consistía en un sofisticado mecanismo conectado al pedal del acelerador, con una carga explosiva compuesta por unos tres kilos de goma-2. En ese mismo lugar había sido asesinado de un tiro en la nuca, el 29 de julio de ese mismo año, el subcomisario del Cuerpo Superior de Policía Agustín Ruiz de Retana, en un atentado reivindicado por ETA militar. Pocos meses después, el centro de Vitoria volvía a ser escenario del horror, con Félix Gallego agonizando y Cándido Martín, gravemente herido, aprisionado bajo el chasis del vehículo. Ambos amigos fueron trasladados con vida al Hospital de Santiago Apóstol, pero Félix Gallego falleció antes de que los médicos pudieran siquiera intervenirle. Presentaba "amputación traumática de ambas piernas a la altura de los muslos, heridas y erosiones múltiples y choque hipovolémico". Cándido fue sometido a una delicada intervención. Presentaba "heridas con pérdida de sustancia en la pierna izquierda, contusiones en la cabeza, el tórax y una muñeca, así como choque traumático, traumatismo craneal y contusión en globos oculares", siendo calificado su estado como de grave, pese a lo cual logró sobrevivir al atentado. Félix, sin embargo, elevaba a veintinueve el número de asesinados en actos de terrorismo en lo que llevaba transcurrido de año, de los que siete eran policías nacionales.
La capilla ardiente se instaló poco después del atentado en las dependencias del Gobierno Civil de Álava, por donde pasaron compañeros y amigos del fallecido. A las cinco de la tarde del día siguiente se celebró en la Iglesia de San Miguel, en Vitoria, el funeral por el alma de Félix Gallego. Pese a lo anunciado previamente, el ministro del Interior, José Barrionuevo, no pudo asistir a la ceremonia religiosa. Sí estuvieron presentes el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano; el director general del mismo cuerpo, Rafael del Río; los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra, Ramón Jáuregui y Luis Roldán; el consejero del Interior del Ejecutivo autónomo vasco, Luis María Retolaza; el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; el superintendente de la Ertzaintza, Juan Carlos García Oteiza; así como numerosas autoridades civiles y militares. El acto tuvo lugar en un clima de emoción y tensa calma, en el que el sacerdote oficiante, Félix Uriarte, señaló que trataba de rendir tributo al policía nacional muerto en atentado y darle el último adiós y manifestó que "esta espiral de violencia ciega, que conduce a nuestra propia destrucción, se repite con demasiada frecuencia (...) el odio criminal ha segado la vida de un esposo y un padre. Los que efectúan acciones tan crueles qué derecho tienen para disponer de la vida de otros hombres", preguntándose asimismo "si es con tiros y con bombas como piensan construir un País Vasco próspero y libre". Finalizado el acto, el féretro, cubierto con la bandera nacional, fue introducido en un furgón y trasladado a Santoña, localidad de origen de Félix Gallego, para ser enterrado allí.
Entre las reacciones que se sucedieron tras el atentado destacaron las de los sindicatos policiales. El Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) emitió un duro comunicado en el que, tras condenar el asesinato de Félix Gallego, consideraba que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoyaba indirectamente a ETA "para conseguir intereses políticos en materia de transferencias". También el Sindicato Unificado de Policía (SUP), a través de sus ejecutivas del País Vasco y Navarra, difundió un comunicado en el que solicitaba a la Ertzaintza "participación en la lucha antiterrorista", así como la creación de un órgano coordinador de información. En el comunicado el SUP advertía que una de las principales causas del descontento entre los agentes destinados en el País Vasco era la negativa por parte de los mandos a concederles traslados a otras regiones, asegurando que "siete de cada diez policías con destinos en País Vasco o Navarra han solicitado el traslado".
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, afirmó que "los terroristas sólo generan rechazo y hacen cada vez más difícil la recuperación y la convivencia [...] esta presión de los terroristas, que pretende alterar a base de muertes la política del Gobierno y los principios en que se inspira no logrará torcer su voluntad de acabar con el terrorismo, una plaga que sólo genera tragedias humanas y rechazo a Euskadi en todo el mundo y que está haciendo cada vez más difícil la recuperación económica y la convivencia democrática en el País Vasco". Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas manifestó que "no cabe negociación política con los terroristas porque en un Estado democrático no se puede aceptar que prospere la reivindicación de un grupo armado que ha asesinado a quinientas personas". Desde el PNV, tras haber abierto la puerta al diálogo con ETA, se vieron forzados después del asesinato de Félix Gallego a matizar sus declaraciones. Fue su presidente, Jesús Insausti, quien dijo que "primero habría que saber qué entiende ETA y qué entiende HB por negociación. En todo caso, lo primero que sería preciso para dialogar sería crear un clima que no sea de crispación".
En 1990 la Audiencia Nacional condenó a cuatro etarras como responsables del atentado contra Félix Gallego y Cándido Martín. Las principales condenas recayeron sobre Juan Carlos Arruti Azpitarte, que acumulaba 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Félix, 20 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Cándido y 11 años de prisión por delito de terrorismo. Otros tres terroristas, Carlos Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta y Luis María Azkargorta Belategui, eran condenados a 37 años cada uno como cómplices de los delitos anteriores.
Sin embargo, en mayo de 1992 los cuatro etarras eran absueltos del delito de terrorismo por el Tribunal Supremo, para no penar dos veces el mismo delito, corrigiendo así a la Audiencia Nacional. Tras el fallo del Supremo, las condenas se veían reducidas de 61 a 50 años de cárcel en un caso, y de 37 a 31 en los otros tres restantes, por entender que tres de los condenados fueron castigados al mismo tiempo como cómplices y autores de colaboración con banda armada.
De los cuatro condenados en 1990, no todos corrieron la misma suerte. Así, Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta vieron cómo, al aplicárseles la doctrina Parot, sus respectivas excarcelaciones se veían aplazadas hasta 2019 y 2018 respectivamente. Arruti había sido juzgado y condenado por más de veinte delitos, sumando más de 400 años de condenas. La doctrina Parot también le fue aplicada a Gaztañaga Vidaurreta, detenido en 1988 y condenado a penas que sumaban 161 años. Su excarcelación, prevista para 2006, quedaba así pospuesta hasta 2018. No sucedió lo mismo con el histórico etarra Carlos Torrecilla Parra, ingresado en el centro penitenciario de Badajoz y que quedó en libertad en febrero de 2006 después de acogerse a la redención de penas que aún estaba vigente en el Código Penal. Torrecilla adelantó así en 13 años su salida a la calle, prevista el 12 de septiembre del 2019. Parra fue el último de los condenados por el antiguo Código Penal que salió de prisión sin verse afectado por la doctrina Parot. Por último el etarra Luis María Azkargorta Belategi abandonó la cárcel en 2003, tras concedérsele la libertad condicional en una decisión judicial no exenta de polémica. Tras haber cumplido catorce años de cárcel, la juez Ruth Alonso presentó el 14 de diciembre de 2003 un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que solicitaba abstenerse al considerar que su imparcialidad había sido "cuestionada a nivel objetivo" durante la polémica suscitada poco antes tras la excarcelación del miembro de ETA Félix Gil Ostoaga, quien posteriormente se suicidó. El TSJPV desestimó esta petición y respaldó la actuación de la juez, que decidió excarcelarlo. Los informes de la juez indicaban que la actitud de Azkargorta ante la violencia había cambiado por completo, y que su rechazo hacia ésta era ahora "claro y tajante, lo que resulta excepcional en internos de este colectivo". Según dichos informes Azkargorta Belategi mostraba un "contrastable distanciamiento" de los otros miembros de ETA recluidos en la prisión de Martutene, por lo que concluía que "su pronóstico de vida atenida a la legalidad penal es positivo".
El 1 de julio de 2007 daba comienzo un juicio en el que el sanguinario exdirigente de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, se enfrentaba a una solicitud por parte de la Fiscalía de 61 años de cárcel por este atentado. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Vicente González-Mota indicaba que Arizcuren, quien en 1985 utilizaba el alias de Navarro, "se dirigió el 14 de septiembre al domicilio en Vitoria del ya condenado por estos hechos Carlos Torrecilla Parra, donde preparó un artefacto explosivo confeccionado con 3 kilos de dinamita Goma 2 en un recipiente metálico de iniciación eléctrica, que colocaron en los bajos del vehículo de su víctima. Sobre las diez y media de esa mañana, el policía se introdujo en el vehículo en compañía de Cándido Martín Franco con intención de trasladarse a otra localidad y, tras iniciar una maniobra, el mecanismo de la bomba se accionó ocasionando la muerte al agente Gallego y heridas muy graves a su acompañante, además de cuantiosos daños materiales". El fiscal consideraba estos hechos constitutivos de los siguientes delitos: atentado con resultado de muerte, asesinato en grado de frustración y terrorismo con resultado de daños, solicitando para él una pena de 61 años de cárcel. Además, la Fiscalía pedía en su escrito que el acusado indemnizara económicamente a los herederos de Félix Gallego y a Cándido Martín.
Además de los ya condenados por este atentado, la Policía considera que hay otros terroristas responsables que aún no han podido ser juzgados por este crimen. Es el caso por ejemplo de Soledad Iparraguirre, alias Anboto, una histórica de la banda terrorista, acusada de casi una quincena de asesinatos, detenida cerca de Pau (Francia) el 3 de octubre de 2004 junto a su compañero sentimental y cerebro de la banda Mikel Antza. Soledad Iparraguirre estaba considerada por las Fuerzas de Seguridad como uno de los componentes del Comité Ejecutivo de la banda terrorista ETA junto con Iñaki de Rentería, Mikel Albizu Iriarte, alias Mikel Antza, Asier Oyarzabal y José Luis Arrieta, alias Azkoiti. En diciembre de 2010 fue condenada por el Tribunal de lo Criminal de París a veinte años de prisión, de los que deberá cumplir al menos dos tercios.
Félix Gallego Salmón había nacido el 13 de abril de 1949 en Santoña (Cantabria), por lo que en el momento de su muerte tenía 36 años. Estaba casado y era padre de cuatro hijos, de los que el menor tenía solamente nueve meses y los otros tres tenían, respectivamente 8, 4 y 3 años. Pertenecía a la 66ª bandera de la cuarta compañía de la Policía Nacional, con destino en Vitoria, y llevaba diez años viviendo en esta ciudad.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedía la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.
A la una y cuarto de la madrugada del lunes 14 de septiembre de 1992, un miembro de la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián (Guipúzcoa) al policía nacional RICARDO GONZÁLEZ COLINO, disparándole a bocajarro un tiro en la cabeza.
Ricardo, que estaba fuera de servicio y vestía de paisano, se encontraba a punto de comenzar una partida de cartas, en el Bar 19 de la calle Eguía de San Sebastián, del que era asiduo cliente. Junto a él, sentados a la mesa, estaban el dueño del bar y un amigo, cuando entró un encapuchado vestido con un chubasquero azul y, sin mediar palabra, le descerrajó un tiro en la nuca y escapó a pie, aprovechando la confusión de los compañeros de partida del agente asesinado. Ricardo falleció prácticamente en el acto, quedando la bala alojada en su cabeza. En la escena del crimen se recogió un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum.
El asesinato ocurría apenas unas horas antes de la reunión de la Mesa del Pacto de Ajuria Enea, convocada para ese mismo día en Vitoria por el lehendakari, José Antonio Ardanza. El atentado contra Ricardo se produjo a escasos doscientos metros de distancia del Bar El Puente, en el que en octubre de 1991 ETA había asesinado a dos guardias civiles. Pruebas de balística demostraron que el arma empleada para asesinar a Ricardo, se había utilizado anteriormente –el 17 de agosto de 1992- en el asesinato de otros dos guardias civiles, José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez, en el aparcamiento del hipermercado Mamut de Oyarzun. Esa misma arma fue utilizada, después del asesinato de Ricardo González, en varias ocasiones: el 19 de enero de 1993, en el atentado mortal contra el empresario guipuzcoano José Antonio Santamaría y el 21 de enero de 1993, en el asesinato del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez. Según informaron fuentes policiales tras el asesinato de Ricardo, en el atentado contra los guardias civiles en agosto de 1992 el modus operandi del asesino había sido ligeramente distinto, puesto que en esa ocasión iba a cara descubierta y el arma utilizada no había sido empleada en otros atentados hasta ese momento.
La Policía barajó la posibilidad de que el grupo responsable de dichos atentados contara con informadores en la zona. Tales informadores habrían sido los responsables de señalar las rutinas y los horarios de Ricardo González, quien solía mantener costumbres relativamente fijas.
La capilla ardiente por el policía asesinado quedó instalada en el Gobierno Civil de San Sebastián, adonde acudieron los padres del fallecido, que se desplazaron desde Zamora. El funeral se celebró el mismo día 14 en la Iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián. El director general de la Policía, Carlos Conde Duque, y el consejero de Interior, Juan María Atutxa, fueron los encargados de presidirlo en un ambiente de tenso dolor. Al acto asistieron también el delegado del Gobierno, José Antonio Aguiriano; los tres gobernadores civiles de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, José María Gurruchaga, Daniel Vega y César Milano; representantes del PSE-PSOE y del PP; el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza; así como otras autoridades civiles y militares, acompañando a los familiares y amigos de Ricardo González.
Los restos mortales de la víctima fueron trasladados a su localidad natal, Cerezal de Sanabria, en Zamora. Allí tuvo lugar otra misa funeral al día siguiente, teniendo que celebrarse en la plaza de la localidad, dado que las reducidas dimensiones de la iglesia no permitían albergar a todos los vecinos y familiares que fueron a rendirle su último adiós. Tras la despedida se procedió a dar sepultura al cuerpo sin vida de Ricardo González. En el entierro y según publicó La Vanguardiaun hermano del policía nacional asesinado trató de agredir a algunas de las autoridades presentes. El incidente se produjo a la salida del cementerio, cuando varios de los familiares y amigos de la víctima tuvieron que sujetar al hermano, que intentó agredir a algunas de las personalidades presentes, entre las que se encontraban el delegado del Gobierno en Castilla León, Arsenio Lope Huerta; el consejero de Presidencia del Gobierno regional, César Huidobro y el Gobernador civil de Zamora, Ángel Gavilán. A la salida del templo, los asistentes despidieron con una ovación el féretro de Ricardo González Colino.
Los sindicatos policiales emitieron durísimas condenas del atentado cometido contra su compañero. La Unión Federal de Policía (UFP), lamentó que "haya declaraciones de políticos hechas tan a la ligera, sin sopesar los posibles resultados, como presumiblemente, en este caso, en que ETA demuestra su capacidad operativa poniendo cadáveres sobre la mesa". Estas palabras hacían referencia a las que, apenas dos días antes, había pronunciado el entonces presidente de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, quien había afirmado que ETA "se ha ido", aunque "podrán hacer cosas, pero ya no tiene proyecto, sus esquemas ideológicos han caído completamente y su capacidad operativa también y aunque puedan poner coches-bomba, esto ya no tiene una perspectiva de futuro y eso está claro". Arzalluz había efectuado tales declaraciones en un contexto particularmente delicado, dado que su partido mantenía negociaciones con Herri Batasuna y pretendía que el resto de formaciones políticas también tendieran puentes al brazo político de los asesinos. Por este motivo, en el comunicado fechado el mismo día del atentado, la UFP solicitaba abiertamente la cadena perpetua para los terroristas y, parafraseando a Arzalluz, aseguraba que con el asesinato de Ricardo ETA pretendía demostrar que "no se ha ido". El sindicato afirmaba además que "está claro que estos cobardes no hacen otra cosa mejor para el pueblo vasco que sembrar esta tierra de muertos". Por su parte, la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), pedía a los políticos firmantes del Pacto de Ajuria Enea "que piensen en las próximas víctimas de las ratas asesinas, piensen en ellos y en sus familias, y llegarán a la siguiente conclusión: en las cárceles encerrados a cadena perpetua no cometerán atentados (...) los partidos políticos dedican muchas horas a los del tiro en la nuca, discutiendo reinserciones sí o no, negociaciones sí o no, diálogo sí o no. Mientras tanto, servidores de la sociedad caen abatidos". Es imposible no estar de acuerdo con estos comunicados policiales contra la clase política en general, y los nacionalistas en particular.
Pero los sindicatos policiales no fueron los únicos que contestaron duramente a Arzalluz en relación con las palabras que había pronunciado poco antes del atentado. Así, el diario ABCdedicaba su portada del día 15 al político nacionalista, cuya foto ocupaba la mitad de la misma. La otra mitad le correspondía a la foto del féretro del policía asesinado, portado por sus compañeros. En el texto de portada que acompañaba a sendas imágenes, ABC titulaba: "Con la sangre de un policía español, ETA respondió a Arzalluz", y bajo éste, refiriéndose a la frase polémica del dirigente ("la violencia se ha acabado; ETA se ha ido"), decía: "Con esa frase el singular dirigente peneuvista pensaba plantear de nuevo la negociación directa o indirecta con la banda etarra sin otro resultado real que robustecerla y con un grave deterioro para la dignidad nacional".
El obispo de San Sebastián, José María Setién, en un comunicado destinado a ser leído en el funeral, calificó el asesinato como un "atentado brutal", lamentando que "las reiteradas llamadas y condenas hechas en contra de estas acciones criminales siguen siendo inútiles" y que "el derecho a la vida haya sido brutalmente aniquilado una vez más".
El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, manifestó desde Barcelona que el Ejecutivo no podía ceder ante el chantaje etarra, y que la muerte del policía nacional "hecha de forma cruel con un tiro en la nuca a una persona que estaba en descanso, me reafirma en que estamos en buen camino en la lucha contra el terrorismo". Serra señaló que el fin del terrorismo tendría que llegar, fundamentalmente, desde tres líneas de actuación diferentes: "La primera es la de un frente de consenso democrático, aislando a los que defienden la violencia, con lo que el Pacto de Ajuria Enea es un arma muy eficaz; la segunda es el frente policial y la tercera es la compenetración con terceros países para localizar a los terroristas", destacando "el importante papel que está jugando Francia en estos últimos meses".
El mismo día del atentado, tal y como estaba previsto, se reunieron los partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea, con la ausencia de Eusko Alkartasuna y Euskal Ezkerra. Tras ocho horas de reunión se acordó por unanimidad considerar "contraproducente" cualquier gesto de acercamiento a Herri Batasuna. Del mismo modo, los presentes manifestaron su voluntad de que "cualquier iniciativa particular de diálogo que un partido considere, en un momento dado, conveniente para alcanzar el fin que todos perseguimos, antes de ser puesta en práctica y sin merma de la autonomía de cada partido, deberá ser comunicada y debatida en la Mesa en orden a conseguir un mayor consenso". Esas palabras iban claramente dirigidas al Partido Nacionalista Vasco y, la prueba más clara del escaso valor que pudiera tener el pacto se vio reflejada en la contestación inmediata de Xabier Arzalluz. El líder nacionalista aclaró que su partido no renunciaba "a su libertad de diálogo", aclarando que "en las circunstancias" de ese momento concreto no iban a retomar las negociaciones con HB. Precisamente desde Herri Batasuna, Florencio Aoiz y Juan Cruz Idígoras aseguraron que la reunión era "un nuevo intento de cerrar la vía del diálogo". Eusko Alkartasuna, una de las dos formaciones que se abstuvieron de asistir a la Mesa, señaló que daba "la bienvenida a lo que se acuerde en la Mesa de Ajuria Enea, siempre que sea conforme a sus objetivos originales", pero recalcaba que el comunicado era "ambiguo y se ha realizado para salir del paso y evitar el desmarque, pero no resuelve las discrepancias reales existentes en los partidos que lo han suscrito". El presidente de la formación, Carlos Garaikoetxea, afirmó que su partido no se fiaba "de unos partidos que ya han defraudado anteriormente con sus actitudes partidistas a la sociedad". Euskal Ezkerra, la otra formación que no participó en la reunión del Pacto de Ajuria Enea, exigió a ETA "que silenciara las armas" para que el País Vasco no se convirtiese "en un pequeño Sarajevo".
Ricardo González Colino, de 38 años, estaba soltero y era natural de Cerezal de Sanabria (Zamora). Llevaba destinado en San Sebastián once años y en el momento de su muerte desempeñaba labores de radio patrulla en las unidades de seguridad ciudadana de esta ciudad, en la que estaba muy arraigado. Como a otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado caídos en actos terroristas, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada