Principios liberales (II) por Carlos Rodríguez Braun

Continúa Rodríguez Braun con la serie de artículos sobre el liberalismo. Esta vez sobre que actos deben ser libres y cuales no.



ÁRTÍCULO:

Según John Rawls, todo el mundo tiene que tener un derecho a la mayor libertad posible, compatible con la misma libertad para todos los demás. Pero lo del derecho a la libertad es como decir que tenemos derecho a que no se violen nuestros derechos, lo que parece una necedad.

Y aún peor: tener derecho a la libertad comporta que la libertad no es nuestra, sino que alguien nos la da. Obviamente, si nos la da, también nos la puede quitar.

Así ha sucedido en la práctica, donde merced al “derecho-ismo” estamos rodeados de cada vez más derechos y cada vez menos libertad. Dice Anthony de Jasay: “El razonamiento borroso ha terminado colocando al derecho-ismo en el mismo laberinto redistributivo donde estaba el utilitarismo, al que condenó y al que deseaba, con razón, sustituir” (Inspecting the foundations of liberalism, Economic Affairs, marzo 2010).

Pero el problema fundamental es cómo resolver si los actos deben ser o no libres. Aparte de los derechos clásicos, llamados, no por azar, libertades (de prensa, opinión, religión, etc.), no está claro qué hacer con la contratación laboral o la sanidad o las pensiones.

La tesis de De Jasay defiende una presunción general a favor de la libertad si una acción es permitida, salvo que se demuestre por qué debe ser prohibida. “Pero, ¿por qué la presunción debe inclinarse a favor de permitir y no de prohibir? La respuesta deriva de la asimetría entre dos formas de validar una proposición, la verificación y la refutación. Si la carga de la prueba recayese en quien propone una acción, se vería obligado a demostrar que toda posible objeción a esa acción es falsa, es decir, que no hay razón suficiente en su contra”. Esto se torna crecientemente difícil cuantas más objeciones posibles haya.

En cambio, si es al revés, la cosa está más clara, porque los objetores saben lo que objetan y pueden plantear sus razones de modo que no sea desproporcionadamente costoso. “La verificación es, al menos, más factible que la refutación, con lo que la carga de la prueba recae sobre el oponente a la acción, y existe una presunción a favor de la libertad.

La posición contraria llevaría a lidiar no con una aguja en un pajar, sino con una brizna de hierba en una montaña de agujas: todo acto sería prohibido, salvo que se demostrase que hay razón suficiente como para permitirlo”.