Una revolución liberal para España, de Juan Ramón Rallo

Juan Ramón Rallo analiza la situación actual del Estado español y plantea una reducción del mismo, desde el aproximadamente 50 % del Producto interior bruto (PIB) hasta no más del 5 % del PIB. Aunque las propuestas concretas se centran en España el análisis es general y da ejemplos de múltiples países. Las propuestas son en su mayoría teóricas y sirven para ver que hay otros caminos para organizar la sociedad sin la necesidad de que el Estado sea tan grande. El autor escoge el camino de la libertad y la responsabilidad de las personas para organizar la sociedad, eliminando el control del Estado de casi todos los estamentos de la sociedad. Mi manera de pensar se acerca mucho de la del autor y por eso tengo cierto sesgo a aceptar sus ideas; no obstante, los riesgos de cambios tan profundos deben ser tenidos en cuenta. Es curioso cómo demuestra que el enorme peso de los Estados actuales es algo reciente, y cómo hubo mejoras en las condiciones de vida de las personas sin esos Estados tan grandes en épocas en las que la riqueza era menor de la que gozamos ahora. Sin duda la tecnología y el libre mercado tienen mucho que ver con ese crecimiento. Este libro se complementa con el buen análisis de la lucha entre mercado y Estado tratada en el libro de Carlos Rodríguez Braun, “Estado contra mercado”.

El libro abarca una cantidad enorme de temas, por lo tanto, cualquier mal interpretación del mismo en mi análisis se debe a mi estulticia y no a las buenas explicaciones dadas por el autor. Lo que escribo es sólo una pequeña parte de las muchas ideas que hay en el libro, destaco las que me han parecido más importantes o que me han interesado más. 

"El filósofo escocés David Hume ya dejó escrito a mediados del siglo XVIII que todo gobierno, por tiránico que sea, descansa en última instancia sobre el consentimiento tácito de sus súbditos". Lo anterior es muy importante para entender el desarrollo de los Estados hasta su tamaño actual. La gente lo ha querido, o al menos no ha aupado al poder a quienes tenían ideas que limitasen el poder y el tamaño de los Estados; algo que en las democracias es sencillo con el mero ejercicio del voto. 

Rallo es implacable con el Estado y afirma que éste "sólo puede ser una forma fallida y empobrecedora de organización social". No parece que la experiencia le dé la razón, los países democráticos, principalmente en Europa, Norteamérica, y países como Japón, Australia y algunos otros, han sido un ejemplo de prosperidad y eliminación de pobreza. Rallo argumenta que lo anterior ha sido posible a pesar del Estado, y del tamaño de estos, pero está por demostrarse que todo hubiera sido igual sin el crecimiento de estos Estados. 

Afirma Rallo que "temer y oponerse a los cambios saludables es una forma de apuntalar el estancamiento en la mediocridad"; la clave es saber cuáles son los cambios saludables, porque los cambios también pueden llevarnos a situaciones desagradables y no deseadas. Rallo piensa, igual que yo, que sus propuestas de más libertad son mejores y nos llevarán a una mejor sociedad, pero ¿y si no es así? ¿Y si la organización social mejor incluye la coacción que desarrollan los Estados democráticos? ¿Estamos dispuestos a pedir y conseguir más libertad, incluso a costa de unas sociedades que funcionen peor? La prueba y error es como mejor se pueden desarrollar esos cambios, y debemos recordar que cada sociedad tiene sus peculiaridades y que no todas van a reaccionar igual a los mismos estímulos; ni siquiera la misma sociedad va a reaccionar igual si ha trascurrido un tiempo y ha habido cambios dentro de esa sociedad.

"El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo quiere vivir a costa de los demás". La anterior frase de Bastiat es reveladora del pensamiento de mucha gente, diría que de la mayoría. El Estado es financiado por la sociedad y siempre habrá unos que aporten más de lo que reciben, y viceversa. Si no se entiende lo anterior no hay debate posible sobre el funcionamiento de una sociedad. Nada es gratis. No cabe duda que la existencia de unas buenas infraestructuras, educación, sanidad, justicia, ejército, y otros servicios, acabará beneficiando a todos y haciendo que ese beneficio sea mayor de lo invertido, por ejemplo, unas buenas infraestructuras pueden atraer más turismo, que acaba beneficiando no sólo a las empresas del sector sino a toda la sociedad. Es evidente que los Estados, sobre todo los democráticos, han funcionado a la hora de dar protección a la ciudadanía. Otro tema, que es precisamente de lo que trata este libro, es que haya mejores maneras de organizar y dimensionar el Estado.

En este libro, y en sus artículos, Rallo equipara los impuestos con el robo. Afirma que "todo el mundo rechaza el robo con intimidación, pero la mayoría de la gente sigue aceptando la legitimidad de los impuestos y la amenaza del uso de la fuerza contra aquellos que se nieguen a abonarlos". Me parece un grave error esa equiparación. Existe una coacción para el cobro de impuestos, los hay injustos y están sobredimensionados, pero no son un robo. Desde que nacemos nos aprovechamos de lo que existe en la sociedad: cultura, idioma, infraestructuras, seguridad, justicia y otras muchas cosas; nos integramos a un sistema que exige un pago (impuestos) para su mantenimiento. Equiparar lo anterior al robo minusvalora un delito como el robo.

Actualmente en España "un trabajador con el sueldo bruto más común en España —15.500 euros que, en realidad, son 20.100 añadiendo las cotizaciones a la Seguridad Social que el empresario ingresa a su nombre— soporta una tributación anual de 9.200 euros anuales"; incluidos impuestos indirectos. Es decir, casi un 46 % de eso 20.100 euros se gasta en impuestos. No es un robo pero es excesivo.

El razonamiento del libro descansa en gran parte en la siguiente frase: "Sin propiedad y derechos correctamente determinados, es imposible que haya cooperación salvo en círculos sociales muy reducidos (como la tribu)". 

Rallo afirma que "el liberalismo conduce al establecimiento de relaciones simbióticas de cooperación que refuerzan las interrelaciones grupales (todas las partes salen ganando de su cooperación)". Si hay personas con menos inteligencia, capacidad de trabajo, habilidades blandas, o con cualquier otra carencia, que se vean perjudicadas por un sistema más libre pueden llegar a oponerse con fuerza y hacer fallar al nuevo sistema. Esto debe ser tenido en cuenta y no despreciado; no siempre el mejor sistema es el que acaba imponiéndose. Somos personas y muchas veces preferimos romper todo, aunque nos beneficie algo, antes que ver cómo otros se benefician más.

Me gusta el consejo de James Buchanan, quien "propuso observar la política «sin romanticismos», es decir, analizarla considerando los incentivos y restricciones reales de aquellos que detentan el poder en lugar de asumir que todos ellos son seres abnegados, angelicales y capacitados para satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos: en verdad, son simplemente un grupo de personas que tenderán a utilizar el monopolio de la violencia en beneficio propio bordeando todos los controles formales e informales que existan contra su abuso de poder". Lo anterior es mi principal argumento para limitar y controlar el poder del Estado. Para esto son fundamentales las personas independientes, y cuyo cargo no dependa de unas elecciones. Manuel Conthe, en su magnífico libro “Pensar con arte”,  afirma que son necesarias "voces valientes e independientes que, sin temor a críticas o represalias, expongan con ponderación y claridad sus opiniones e ideas, aunque sean contrarias a las dominantes". Y añado, que no sólo pensar, sino que tengan capacidad de actuar.

Estoy de acuerdo con Rallo cuando afirma que "una sociedad donde todo el mundo tenga acceso a ciertos servicios fundamentales sí parece preferible a una donde no todos lo tengan (nótese que este acceso universal no presupone igualdad social alguna: una sociedad muy desigualitaria pero donde todos los individuos fueran suficientemente ricos podría lograr un acceso global a todos esos servicios)". Desde mi punto de vista, la pobreza es el problema no la desigualdad, pero mucha gente piensa que la desigualdad sí es un problema.

Otro punto en el que difiero con Rallo es cuando escribe: "ilustra (el asumir con normalidad el pago de impuesto) hasta qué punto el Estado ha logrado disociar dos conceptos que son, en el fondo, muy similares: los impuestos y el trabajo forzoso (un impuesto sobre la renta del ciento por ciento sería casi idéntico a un régimen de esclavitud a tiempo completo)". Primero, un trabajo forzoso obligaría a las personas a desarrollar actividades no deseadas; y segundo, le impediría a las personas acceder a mayores rentas por su trabajo. Los impuestos, como el mismo nombre indica, son coactivos, pero compararlos con el trabajo forzoso me parece exagerado y errado.

La ventaja del mercado sobre el Estado a la hora de prestar servicios se da porque "nadie sabe cuál es el procedimiento y el diseño «óptimo» para prestar un determinado servicio a sus usuarios: y, en ese sentido, el mercado constituye un marco donde cualquier persona con una idea rompedora y superadora de las de sus rivales puede promoverla, implementarla y revolucionar el modo en el que tradicionalmente se han hecho las cosas; en el Estado, en cambio, los servicios se proporcionan de un modo monopolista, lo que evita cualquier tipo de experimentación descentralizada y provoca su cristalización en modos de producción que pueden ser nefastos y contrarios a los intereses de los consumidores."

Cuando hablamos de países democráticos, por ejemplo Suecia, con mucha libertad económica, Rallo afirma que: "De ahí que, en esa parte de la economía en la que no interviene el Estado, Suecia sea una economía muy capitalista: sólida estabilidad institucional, riguroso cumplimiento de los contratos, pocas regulaciones comerciales, ortodoxia monetaria, libertad de movimiento de capitales, elevada apertura comercial y baja fiscalidad para la empresa". Por eso fracasó el comunismo, y fracasan ideas similares (populistas en Venezuela, por ejemplo), porque controlan casi toda la economía y sólo se les escapa lo informal, que termina en delito en muchas ocasiones. 

Un ejemplo de que la existencia de Estados grandes no es condición necesaria para el crecimiento está en que "entre 1820 y 1913, la población occidental se duplicó y su renta per cápita real casi se quintuplicó." Por ejemplo, en Estados Unidos "el desglose del presupuesto de sus tres Administraciones Públicas, que en 1890 totalizaban un gasto equivalente al 6,2 por ciento del PIB." 

El recorte propuesto por el autor se basa en que "más del 80 por ciento del gasto público español se divide o en actividades que, como a lo largo del libro trataremos de demostrar, podría prestar de manera mucho más eficiente y barata el mercado (educación, sanidad o pensiones) o en actividades en las que el Estado no debería participar (promoción estatal de culturas, industrias, religiones...)." La propuesta del autor para el Estado en España se limitará a gastar el "2,2 por ciento del PIB en justicia, seguridad y defensa; 0,3 por ciento en infraestructuras e I+D básica; 0,5 por ciento en la burocracia estatal y una horquilla de entre el 1 por ciento y el 4 por ciento dirigida a asistencia social subsidiaria." Lo anterior se traduce en que el gasto del Estado pasaría de los 478.496 millones de euros (en 2011, 45,5 % del PIB) a 50.000 millones de euros (4,7 % del PIB). Rallo sostiene que es mejor que las administraciones más cercanas sean las que provean los servicios, tanto por sus incentivos y facilidades, como por disminuir la corrupción. En su propuesta la mitad del presupuesto (unos 25 mil millones de euros) serían gastados por entidades cercanas no sometidas al Gobierno central. Por lo tanto, es lógico que defienda una unión exclusivamente económica con Europa. Los empleados públicos sería pocos (400.000 frente a los aproximadamente 2,9 millones actuales), altamente cualificados y bien remunerados ("salario medio de más de 45.000 euros"). 

La recaudación se haría en forma de tasas mejor que en impuestos, y en caso de impuestos mejor "recaudados y gestionados por la administración más cercana posible al contribuyente." Además, habría que simplificar la maraña legal actual ("el manual «práctico» que elabora la Agencia Tributaria para ayudar a rellenar el IRPF de 2012 contiene 975 páginas") y proponer unos tributos sencillos y fáciles de comprender por cualquier persona. Los impuestos serían "proporcionales e iguales en todos los hechos imponibles gravados: por ejemplo, si se establece un impuesto sobre la renta, el tipo real debe ser el mismo no sólo para todos los niveles de renta, sino también para todas las fuentes de renta." Lo anterior supondría que más empresas invirtieran el país y que parte de la economía sumergida aflore, según las tesis del autor. Todo lo anterior implica que "probablemente un impuesto del 5 por ciento sobre la renta o del 6 por ciento sobre el consumo sería más que suficiente para recaudar 45.000 millones de euros." Rallo afirma que "ningún español sufriría un incremento de su carga fiscal."

Estado de derecho

La propuesta rebajaría el gasto en defensa, seguridad y justicia de 35.000 a 22.000 millones de euros. Se conseguiría restringiendo la intervención del Estado "a aquellas interacciones humanas que no tengan un carácter voluntario (uso de la fuerza de una persona sobre otra) y a aquellas en que las partes no logren ponerse de acuerdo acerca del órgano intermediador al que someterse." También se aligeraría el sistema por la eliminación de delitos "donde nadie ha empleado la violencia contra nadie", por ejemplo, la producción y distribución de drogas, la prostitución (no en el caso de que sea coactiva), juego y apuestas, maternidad subrogada, etcétera. Además, se establecerían "normas básicas que deberían ser poco exhaustivas, poco técnicas y bastante estables en el tiempo, de manera que todo el mundo las pueda conocer y aplicar con una razonable previsibilidad sobre sus resultados." Los efectos de la legislación excesiva pueden estar siendo letales a largo plazo, "volviendo la sociedad y a la economía mucho más frágiles ante los bruscos cambios de un entorno". Respecto al tema militar las premisas serían la no intervención exterior (Suiza es el ejemplo) y seguir en la OTAN si "ésta modificara sus pautas de comportamiento actuales convirtiéndose en una alianza exclusivamente defensiva para sus miembros." Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cederían terreno ante servicios privados de seguridad en, por ejemplo, urbanizaciones y autopistas privadas. Actualmente España tiene 5,2 agente por 1000 habitantes, frente a 3,3 de Francia, 2,9 de Alemania y 2,3 de Estados Unidos.

Servicios municipales

Partiendo de la premisa de que "lo que caracteriza a la ciudad no es sólo la contigüidad de muchas viviendas, sino la necesaria presencia de espacios comunes que aprovechan todos los residentes", Rallo propone "la copropiedad de los espacios comunes, incluyendo la copropiedad sobre las normas que regulan la convivencia en una ciudad." Rallo defiende que "en ausencia de Estado emergerían ciudades (...) regidas por órganos de gobierno privados" y que "esas ciudades serían fruto del libre y voluntario pacto entre las partes y no de la imposición unilateral de algunas de ellas sobre el conjunto"; me pregunto si pasaría eso realmente ya que no creo que se haya probado a gran escala; en el libro se dan los ejemplos de Home owners associations (comunidades de propietarios), los intentos de Free cities y la ciudad de Sandy Springs (100.000 habitantes), en el estado estadounidense de Georgia, que "es gestionada enteramente por una subcontrata privada" con buenos resultados. Por otro lado, existiría el riesgo de que algunas nuevas ciudades fuesen fuentes de violencia y exclusión. La propuesta implica que las "ciudades privadas serían autónomas entre sí, cada una de ellas podría establecer normativas diferentes que permitirían a cada individuo mudarse a aquel municipio con un marco jurídico más acorde con sus valores y preferencias: la competencia entre ciudades minimizaría los costes de los servicios y maximizaría su calidad." Me encantaría que se produjera lo anterior, pero podrían incurrir en altos costes de transacción, es decir, la información requerida para un cambio de esa naturaleza podría ser grande. "Asimismo, las ciudades podrían constituir consorcios, mancomunidades o provincias privadas dirigidas a producir aquellos bienes de naturaleza colectiva cuyo tamaño trascendiera al de un solo municipio"; además de que "un mismo ciudadano podría formar parte de distintas jurisdicciones en función de sus circunstancias y preferencias." En el caso ideal de cooperación entre ciudades todo iría como la seda, pero qué pasaría en caso de conflicto entre distintas ciudades, o entre distintas comunidades privadas dentro de las ciudades; ¿en caso de enquistamiento de esos problemas actuaría el Gobierno central de oficio? ¿Cuándo actuaría? ¿Podría legalmente una zona de la ciudad bloquear los servicios a otras, por ejemplo, el alcantarillado? ¿Imaginemos dos zonas que rodeen a una tercera, ¿le podrían exigir un pago coactivo por permitir la entrada terrestre o aérea a través de sus propiedades?

El ahorro económico en este punto sería nulo, pero el gasto estaría más enfocado a las necesidades de cada zona, es decir, "el sistema se volvería mucho más flexible y adaptable a sus preferencias, la reconfiguración de esos servicios municipales y de su precio en forma de cuota comunitaria podría ir tan lejos como lo reclamaran sus copropietarios."

Medioambiente

Mi postura es que debemos aplicar el principio de precaución porque no tenemos más que un planeta. Además, no es tan preocupante el cambio, inevitable con el paso del tiempo, como la velocidad del cambio. Si los cambios son muy bruscos no vamos a poder adaptarnos sin una pérdida excesiva de calidad de vida e incluso de vidas. Por otra parte, las medidas que se apliquen no deben ser más perjudiciales que los males que se intentan evitar. Es evidente que "mientras el ser humano siga existiendo, será imprescindible que continúe alterando el entorno (arando campos, extrayendo materias primas, generando electricidad, construyendo viviendas e infraestructuras, talando árboles para fabricar papel, etc.): la cuestión, por consiguiente, siempre será cómo y en qué grado conciliar los muy humanos fines de prosperar y vivir mejor con el también muy humano fin de salvaguardar el medio ambiente."

Según Rallo "cuando se privatizan los beneficios de explotar el medio ambiente pero se socializan las pérdidas, todas las personas tienden a deteriorar el entorno"; por lo tanto la propuesta es que los individuos asuman el costo por el uso de todos los recursos a su alcance. "Sólo cuando nos encontremos con externalidades muy difusas que no quepa internalizar y que resulte más asequible regular antes que soportar, podría el Estado subsidiariamente dictaminar unas siempre contingentadas normativas bajo el principio de la mínima intervención necesaria, aunque siendo conscientes de que probablemente el Estado también fracase a la hora de coordinar coactivamente a los individuos si éstos fracasaron previamente en sus negociaciones voluntarias." Rallo da los ejemplo del "National Trust del Reino Unido: una organización enteramente privada, fundada en 1895 con el propósito de preservar el legado natural y cultural del país" y de "los elefantes en Botsuana, Malaui, Namibia o Zimbabue, los cuales son propiedad de las comunidades locales que, al encargarse de explotarlos comercialmente y protegerlos de los cazadores furtivos, han logrado en apenas un cuarto de siglo cuadruplicar su población mientras ésta seguía declinando en el resto de África."

Infraestructuras

La propuesta de Rallo la defiendo totalmente: "Que sea el usuario, y no el contribuyente, quien pague por beneficiarse directamente del servicio." Defiende además la eliminación de la expropiación forzosa ya que, aunque nadie niega que "facilite enormemente la operativa a los promotores de infraestructuras, (...) no se colige que su ausencia imposibilite la negociación con los propietarios". Incluso da algún ejemplo de obras importantes sin la existencia de la expropiación forzosa (incluido Disney World). Tengo serias dudas de que a escala masiva pudieran desarrollarse ciertos proyectos sin la existencia de las expropiaciones. Rallo afirma que "el gran problema del sector público es que no puede realizar un correcto cálculo económico y empresarial en materia de infraestructuras". "¿cómo puede el Estado conocer con exactitud cuándo los «beneficios sociales» de una infraestructura superan a sus «costes sociales»? Simplemente, no es capaz." Ciertamente es muy complicado, por ejemplo, en los AVE se puede decir que, aunque la inversión no sea rentable directamente, sí se está creando riqueza para todo el país porque es bueno para el turismo y para la marca España. A la vez se puede decir que está beneficiando a un determinado número de empresas que se dedican a estos servicios turísticos, la ingeniería y la construcción.

Moneda y banca

Da ejemplos de sistemas monetarios libres en los que el oro funcionaba como dinero: Escocia de 1716 a 1845, Canadá de 1817 a 1933, Suecia de 1831 a 1901 y hasta setenta por todo el mundo. También explica el funcionamiento de la banca actual en la que los bancos privados "no crean dinero, sino deudas que recogen su compromiso de entregar una determinada suma de dinero: y esas deudas pueden ser tanto billetes (que en la actualidad tienen prohibido emitir) como depósitos a la vista (que en la actualidad sí tienen permitido crear)." Critica que el Estado mediante la inflación haya restado valor al dinero que impusieron a los ciudadanos, por ejemplo, "en 2012, la libra y el dólar habían perdido más del 95 por ciento de su valor desde 1914." No me convence la afirmación de que "el dinero impuesto por el Estado es mucho peor a largo plazo que el dinero escogido por el mercado y a corto plazo no reporta ninguna estabilidad o previsibilidad relevantes." ¿Ninguna? También advierte que otro de los peligros de la banca es el descalce de plazos; emiten deuda a corto plazo y utilizan ese capital para conceder préstamos a largo plazo, es decir, el dinero de los depósitos a la vista se usa para financiar hipotecas para viviendas. Rallo denuncia los privilegios estatales a la banca; esos privilegios son ciertos, pero a la vez los bancos han suministrado una cantidad enorme de dinero en forma de crédito que ha ayudado a ciudadanos y empresas a través de los bancos. 

La propuesta de Rallo consiste en un sistema monetario y financiero libre, sin dinero impuesto por el Estado, sin privilegios para la banca, supresión de los bancos centrales, y establecimiento de la libre competencia bancaria. En su propuesta, Rallo supone que una banca libre al "verse desprovista de todos los privilegios que hoy le concede el Estado, se volvería mucho más prudente y estable (pues en caso contrario se vería abocada a la bancarrota)". ¿Seguro? Quizá no les importase arriesgar y ganar todo lo posible hasta reventar. ¿Cómo se evitaría que entidades enormes cuya caída afectase a toda la sociedad arriesgaran? ¿Eso sería una externalidad que quizá debería ser controlada por el Estado?

Sobre este tema recomiendo la recopilación de artículos sobre dinero, crédito, banca y finanzas de Francisco Capella.

Promoción de empresas

La idea central de Rallo es que cada empresa debería "intentar promover su plan de negocios orientado a generar valor para los consumidores. [...] Si es capaz de abastecer esa demanda a un precio que le permita cubrir sus costes, ganará dinero; si no, lo perderá." El Estado da subvenciones, rescata empresas, realiza obras públicas, y regula para limitar la competencia; en la propuesta de Rallo todo lo anterior se eliminaría. Lo importante es que el Estado proporcione "seguridad jurídica que garantice la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos"; éstas medidas se sumarían a todas las otras para los otros sectores de la sociedad que facilitarían la labor empresarial. 

Este punto me parece sencillo de implementar y debería ser puesto en marcha de inmediato. En un periodo de 10 años (2004-2014 aproximadamente) el gasto en subvenciones y ayudas a la inversión fue del 2 % del PIB. Todo ese gasto no debería ser desembolsado por el Estado.

Mercado de trabajo e inmigración

Rallo evidencia que es uno de los mercados más regulados; además, critica el salario mínimo (con efectos distintos en función de la productividad del país en el que se aplica) y la inflexibilidad regulatoria, culpable del alto desempleo en España, ya que no permitió ajustes vía reducción de horas o costes laborales como en otros países de Europa. 

Sobre la inmigración explica que es el "error teórico consiste en suponer que los inmigrantes son trabajadores sustitutivos de los nacionales, cuando los inmigrantes suelen ser empleados de baja cualificación y los nacionales no (el 88,5 por ciento de los trabajadores españoles tiene un título de educación secundaria o superior del que carece la gran mayoría de inmigrantes)." Esto lleva a la creación de nuevos empleos y el aumento de la demanda interna de bienes y servicios, por ejemplo, "entre 1820 y 1914 la población estadounidense se multiplicó por diez y los salarios reales lo hicieron por cuatro."

La propuesta consiste en que "el Estado debería simplemente retirarse del mercado laboral y permitir que los contratos laborales se negocien personalizadamente entre empresarios y trabajadores". Además, no debería estar restringida "la libre circulación de personas entre países apelando a sus efectos nocivos sobre el mercado de trabajo."

Mercado eléctrico

Es evidente que con una "energía más barata supone más crecimiento y más crecimiento engendra a su vez una mayor demanda de energía."

Muchos defienden que el sistema eléctrico es un monopolio natural, es decir, "de un tipo de industria que o bien debe ser copada por un monopolio estatal o bien por un monopolio privado fuertemente regulado por el Estado." Rallo explica bien el funcionamiento del sistema eléctrico (generación, trasporte y distribución, y comercialización); aclarando que la energía no es almacenable por lo que "sus comercializadores han de contar con la habilidad de adaptarse instantáneamente a una demanda"; lo anterior se logra con cierta sobrecapacidad en la generación y una gran interconexión de la red. Para evitar fluctuaciones en el precio "el comercializador cuenta con la posibilidad de adquirir en el mercado de futuros los volúmenes de electricidad que previsiblemente demandarán sus clientes", es decir, el precio de la energía se fija por un periodo de tiempo. Rallo presupone que "como los derechos de propiedad sobre el medio ambiente estarían plenamente asignados, las centrales no tendrían más remedio que internalizar la totalidad de sus costes". Describe los supuestos peligros de un mercado eléctrico libre, que serían la generación de un monopolio u oligopolio y que la competencia degenere en caos (apagones, quiebras y precios manipulados). 

Para Rallo la solución pasa por definir derechos de propiedad para evitar los problemas de externalidades generados por las redes de trasmisión. Presupone que la negociación será entre "un monopolio (único oferente: el propietario de la red de distribución) y un monopsonio (único demandante: el gobierno de la ciudad privada)". Además, da ejemplos de varios países que tuvieron un mercado libre y que no degeneró en monopolio. La situación ideal se da cuando "a través de la competencia de experimentaciones descentralizadas a escalas organizativas muy diversas (familia, municipio, pyme, gran corporación, etc.), [...] se descubre el mix eléctrico óptimo para los ciudadanos." Culmina aclarando que la ventaja de un mercado eléctrico libre no es tanto la caída de precios, ya que parte de los costes que no estaban incluidos lo estarán ahora (por las externalidades), como permitir un mix eléctrico más adecuado a las preferencias de los usuarios y un precio mínimo con todos los costes incluidos.

En este capítulo del libro se analiza muy en detalle el caso español y se dan muchos datos sobre potencia instalada y precios. Muy completo.

Investigación y desarrollo

La propuesta consiste dedicar "una partida equivalente al 0,3 por ciento del PIB que podrá destinarse, según las necesidades del ejercicio, o a infraestructuras físicas (carreteras, por ejemplo) o a infraestructuras del conocimiento (investigación básica)."

Es raro que se proponga eso porque el autor defiende, en la línea de Nassim Taleb, que "buena parte de los descubrimientos se producen por pura serendipia", además de que "es imposible internalizar hoy todos los beneficios futuros que una innovación contribuirá a crear, básicamente porque esos beneficios futuros son desconocidos en la medida en que resultarán de innovaciones complementarias futuras que hoy desconocemos por entero."

Define las patentes como "un monopolio temporal concedido por el Estado sobre unas ideas" y añade que "el objetivo de la patente no es el de permitir que el inventor use y disfrute de su invención, sino el de evitar coactivamente que otros agentes disfruten de la misma haciendo uso de sus propiedades." Por lo tanto, propone la eliminación de las patentes, lo que llevaría a que "la inversión individual de cada empresa en cada proyecto de I+D sería mucho más dosificada y gradual, por lo que su rentabilización sería mucho más rápida (técnicamente, pasaríamos de un proceso de investigación asentado en procesos integrales y cerrados a un proceso de investigación basado en procesos modulares y abiertos); por otro lado, el hecho de que el principal input de aquellos investigadores que busquen mejoras graduales sean las innovaciones previas de otros investigadores significa que sin patentes se reducirían enormemente los costes de investigación (no tendrían que pagar royalties por las patentes que deseen utilizar)." ¿En qué países se aplica? ¿Seguro que pasaría todo lo anterior? Cierto que el sistema actual tiene sus fallos y limitaciones, pero ¿no se podría estar creando algo peor? Rallo sí permitiría patentes para recuperar la inversión inicial en el caso de "innovaciones que no puedan subdividirse y descentralizarse, sino que, por fuerza, requieran de una fortísima inversión inicial", por ejemplo, para los medicamentos.

Educación

En el análisis de Rallo se afirma que "el control estatal de la oferta educativa implica que los centros de enseñanza no se configuran según las preferencias y necesidades de sus clientes (padres y estudiantes) sino según la conveniencia de los políticos y los burócratas." Pienso que si un partido llevase la reforma que propone Rallo, posiblemente no lo votase casi nadie, por lo tanto, la población tiene mucha culpa, para bien y para mal, en el estado actual de la educación.

La propuesta es que los beneficiarios de los servicios académicos paguen íntegramente los costes y que cada centro de enseñanza disponga de autonomía para configurar su propia oferta educativa. ¿Qué pasaría con las escuelas que enseñaran a los alumnos valores opuestos a los de cualquier sociedad civilizada, por ejemplo, el empleo de la violencia contra gente de otro credo religioso o de otra condición sexual? ¿Intervendría el Estado en esos casos? ¿Tendría el Estado que controlar de alguna manera a las escuelas privadas? Lo mejor de la propuesta es que permitiría a través de la prueba y error evaluar cuáles son los mejores sistemas y los que mejor se adaptan a cada alumno. Rallo afirma que "la educación es, desde luego, un bien económico muy importante, pero no más importante que otros que ya son objeto de libre pacto y cooperación dentro del mercado (como los alimentos o la vestimenta)."

En el capítulo hay muchos datos y ejemplos; hay uno que se refiere a la estimación de trabajadores sobrecualificados, lo que podría indicar un despilfarro en la educación por parte del Estado. Así, "en Occidente, esas tasas de sobrecualificación se suelen situar por encima del 20 por ciento (en España, casi el doble)". Además, da ejemplos de exitosas escuelas privadas con costes bajos en países pobres, estudiadas por James Tooley. En España "casi el 70 por ciento de los costes de la educación son los salarios de los profesores (en 2011, 34.300 millones de euros del total de 50.300 de inversión)". También se expone que un mayor gasto por alumno, a partir de cierto nivel, no implica una mejora en los resultados educativos. En España en "todos los estudios de PISA los centros privados obtienen una mejor puntuación que los centros públicos (incluso descontando el efecto derivado del nivel sociocultural de sus alumnos), los costes de una plaza escolar en los centros privados no concertados es aproximadamente la mitad que en los públicos: en 2010, unos 4.000 euros frente a los 7.800 euros de una plaza en la pública." Respecto a las ayudas, "las propias instituciones educativas u otras fundaciones benéficas privadas pueden encargarse de conceder becas a sus mejores estudiantes. Por ejemplo, las principales universidades privadas del mundo becaron en 2012 a alrededor de la mitad de sus alumnos, cubriendo como media entre el 40 por ciento y el 50 por ciento del total de las matrículas".

Al hilo de este tema, me interesa mucho el artículo de Ricardo Hausmann, el mito de la educación, en el que el autor pone en duda que la educación sea el motor del crecimiento de la productividad de un país. 

Cultura y arte

El autor defiende que el capitalismo ha permitido el desarrollo cultural gracias al incremento de la riqueza, mejora de las condiciones de trabajo, y las mejores opciones para captar capital. Además, da los ejemplos de entidades privadas, como el National Trust en Reino Unido y el National Trust for Historic Preservation en Estados Unidos, que ayudan a salvaguardar el patrimonio de esos países. 

Propone terminar con las subvenciones y los derechos de autor (copyright), lo primero es sencillo y, desde mi punto de vista, acertado; con la eliminación del copyright no estoy de acuerdo; Rallo afirma que "existen numerosas alternativas para que el autor pueda explotar su obra sin necesidad de prohibir su edición por terceros: venta por fascículos, sello de aprobación del autor sobre una editorial, venta de ejemplares firmados, acuerdos de exclusividad con distribuidores, conciertos, conferencias, etc." ¿Seguro que lo anterior es mejor y más justo que lo existente?

Pensiones

Actualmente el sistema consiste en "ir pagando y cobrando sobre la marcha (pay-as-you-go): las fuerzas productivas de hoy sostienen a los dependientes de hoy y las fuerzas productivas de mañana sostendrán a los dependientes de mañana." En España "cada trabajador abona a la Seguridad Social casi el 30 por ciento de su sueldo para sufragar las pensiones de los jubilados y, a cambio de ello, va devengando un derecho de prestación futuro". El problema principal de este sistema está en que "dado que los trabajadores actuales pagan las prestaciones de los pensionistas actuales, si el número de pensionistas crece mucho más rápido que el de trabajadores, sólo hay dos formas de mantener el sistema: o incrementando lo que produce y paga cada trabajador o reduciendo lo que cobra cada pensionista." También podría pasar que la edad de jubilación se vaya aumentando en función del crecimiento de la esperanza de vida. Por ejemplo, en España "el número de personas entre dieciséis y sesenta y cuatro años era en España casi ocho veces superior en 1961 al número de personas de más de sesenta y cinco; en 2011, esa ratio bajó de cuatro."

La propuesta de Rallo pasa por la capitalización del ahorro de manera individual, eliminando al Estado de las pensiones. Los beneficios de esto serían múltiples, ya que "cuanto mayor sea el volumen de inversión y de capital acumulado, mayor será la productividad de los agentes económicos, esto es, mayor será su capacidad de generar renta y de ahorrar, entrando así en un círculo virtuoso de prosperidad (más inversión lleva a más renta, más renta a más ahorro, y más ahorro a más inversión)." Ejemplo de lo anterior es Chile que en 1981 cambio el sistema público de pensiones por un sistema privado de capitalización.

Hay que tener cuidado al comparar el sistema chileno con otros sistemas, ya que aunque "a finales de 2011 los jubilados chilenos cobraban una pensión equivalente al 66 por ciento de su último sueldo, frente al 72 por ciento de la OCDE (o al 84,5 por ciento de España). El dato, sin embargo, es tramposo por dos motivos: por un lado, Chile ha experimentado en las últimas tres décadas un rapidísimo crecimiento económico (desde 1980, su renta per cápita real se ha triplicado, mientras que la de España ni siquiera se ha duplicado), de modo que es normal que la pensión labrada con el ahorro de los primeros años de salarios muy bajos no llegue a alcanzar los mucho más altos salarios actuales; y, por otro lado, tengamos en cuenta que el país andino ha logrado una tasa de reposición en las pensiones del 66 por ciento del último sueldo con sólo una cotización del 10 por ciento sobre el salario (la media de cotización a las pensiones públicas en la OCDE es del 19,6 por ciento y en España del 28,3) y con menos años de cotización (las mujeres se jubilan en Chile a los sesenta años): obviamente, a mayor ahorro y mayores años de cotización, mayor pensión y mayor tasa de reposición."

Rallo afirma que "cuando tienes riqueza, exponerte a riesgos es inevitable, la cuestión es disponer de la suficiente cultura financiera como para minimizarlos." ¿Seguro? ¿No tenían cultura financiera todos los inversores arruinados en la crisis de 2008? Taleb nos ilumina sobre este punto en su libro “¿Existe la suerte?Engañados por el azar”.

Por mi parte, he tenido experiencia en los dos sistemas, público (España) y privado (Perú). Mientras lo que coticé en España no creo que me sirva para cobrar nada, lo que cotizo en Perú se guarda hasta el día de mi jubilación o hasta que me vuelva a España. Es un sistema mucho más claro el peruano ya que tu dinero está en una cuenta y ves lo que se va ganando o perdiendo. De hecho, hay tres tipos de fondos en función el riesgo que uno quiera asumir.

Sanidad

Un dato importante es que "el gasto sanitario medio por persona no ha parado de crecer a lo largo del último medio siglo." Eso es un peligro ya que "aunque la salud sea un bien que los seres humanos ambicionen en grandes cantidades, no es el único bien que desean poseer: también aspiran a alimentarse, educarse, vestirse, poseer una vivienda, viajar, divertirse, comunicarse, etc. Debe haber, pues, un equilibrio entre los distintos sectores económicos que responda a las necesidades relativas de los ciudadanos." Ejemplo paradigmático de lo anterior es el incremento del gasto sanitario en Estados Unidos, donde, por ejemplo, "sólo el 10 por ciento de todos los gastos sanitarios del país son directamente soportados por el cliente (el otro 90 por ciento o los abona el Estado o las compañías de seguros); un porcentaje incluso inferior al de otros países con un sistema sanitario público dominante como España, donde esa cifra asciende al 20 por ciento del total." Además, el sistema americano, detalladamente analizado en el libro, se basa en seguros contratados por los empleadores (85 % de los seguros) y con los gastos en seguros exentos del pago de impuestos. Los sistemas sanitarios europeos, también ampliamente analizados, son públicos y se han basado en "la represión y el racionamiento burocrático del gasto ciudadano en sanidad." Estos sistemas son de distintos tipos: recaudación de impuestos para financiar la sanidad con acceso universal (España), modelo de mutualidades obligatorias (Alemania), y el modelo francés con mutualidades a elegir por el ciudadano. Estos sistemas conllevan "unos mecanismos de racionamiento que pueden ser a priori o a posteriori", por ejemplo, copagos y listas de espera que pueden incrementar el riesgo de mortalidad de los pacientes.

Rallo propone que la personas cuiden de su salud con tres instrumentos: "el ahorro propio, los seguros y las donaciones de terceros." Es decir, "serían en última instancia los pacientes quienes, demandando y rentabilizando los distintos tratamientos y distintos modelos de organización, determinarían adónde afluye la inversión y cuál es el modo más eficiente de proporcionar los servicios médicos. Los empresarios del ramo se presentarían ante ellos con distintos precios según las combinaciones de cantidad/calidad/comodidades de los servicios sanitarios y los pacientes escogerían (directamente o con asesoría externa) cuál consideran preferible."

En Suiza y Singapur se dan sistemas sanitarios que se aproximan a un sistema de libre mercado. En Singapur, por ejemplo, "el gasto sanitario privado asciende al 70 por ciento del total, y casi un 90 por ciento de ese gasto sanitario privado es sufragado directamente por ahorro personal y no por compañías de seguro". Se obliga a los ciudadanos "a ahorrar en una cuenta personal (llamada Medisave) hasta el 9,5 por ciento de sus salarios; esa cuenta de ahorro sanitario sólo puede utilizarse para cubrir desembolsos médicos —hospitalizaciones, enfermedades crónicas, vacunación, diagnósticos varios, tratamientos contra el cáncer o el HIV, etc.— y para contratar voluntariamente (al menos, hasta 2013) un seguro contra enfermedades catastróficas (conocido como MediShield), cuyas pólizas anuales son extraordinariamente reducidas (un joven de 29 años paga alrededor de 20 euros anuales y un adulto de 69 años, unos 220). Los saldos ahorrados en el Medisave también pueden emplearse para cubrir los gastos sanitarios de los familiares, y el monto no dispuesto en el momento del fallecimiento es reintegrado en efectivo a los herederos del causante." Lo anterior lleva a que el "gasto sanitario total sobre el PIB apenas asciende al 4,6 por ciento: menos de la mitad que en Europa y la cuarta parte que en Estados Unidos." Además, "la OMS califica al sistema de Singapur como el sexto mejor del mundo, por delante del español". También trata otros ejemplos de mercados libres como la industria odontológica en España, "completamente libre y desregulada" y que cumple con los estándares de calidad europeos, "respondiendo a las demandas de sus pacientes y a unos costes razonables y estabilizados."

Finaliza el capítulo respondiendo a distintas críticas (información asimétrica, riesgo moral, selección adversa, externalidades, y desigual acceso a la sanidad). Además, da cifras para el nuevo sistema libre: "tomando como referencia un gasto sanitario medio por español de entre 1.500 y 2.000 euros anuales, una persona estaría completamente asegurada si destinara un tercio de ese importe (entre 500 y 667 euros) a cubrir los gastos sanitarios de su año en curso, otro tercio a ahorrar para hacer frente al aumento futuro de sus gastos sanitarios y otro tercio para asegurarse contra el riesgo del deterioro de su salud no vinculado a la edad. En realidad, es probable que lo estuviera con bastante menos, atendiendo a las importantes rebajas de costes sanitarios a las que asistiríamos en ausencia de regulaciones estatales sobre la oferta."

Asistencia social

Debido a la naturaleza social del ser humano y de la búsqueda de niveles de protección superiores que se puedan conseguir con ahorros, seguros y la familia; Rallo justifica que "la asistencia social es un servicio más que es natural que cualquier sociedad reclame y promueva”.

La propuesta consiste en la formación de “sociedades de ayuda mutua, basadas en la existencia de derechos y obligaciones recíprocos entre sus miembros”. Estas sociedades no “sólo proporcionan una indemnización monetaria” sino que también proporcionaría ayuda humana, psicológica y espiritual. La diferencia con las sociedades caritativas es que éstas “no estarían gestionadas ni financiadas por los propios perceptores de la ayuda, de manera que éstos carecerían de derechos sobre los potenciales donantes." Aunque ambas sociedades “son modalidades de asistencia social que, por ende, comparten un objetivo común: ayudar a quien necesite ayuda” y tienen en común que la ayuda se dirige a las personas que la necesiten y la merezcan, además de que la ayuda “se orientaría preferentemente a su entorno social más cercano."

Hay ejemplos múltiples de este tipo de sociedades, por ejemplo, "a comienzos del siglo XX, se estima que uno de cada tres hombres en Estados Unidos pertenecía a una sociedad de ayuda mutua y que tres cuartas partes de la población inglesa que en 1911 pasó a estar cubierta por la recién creada Seguridad Social ya lo estaban por las más de 9.000 friendly societies existentes en el país.” Desde entonces “el Estado se ha erigido en una especie de proveedor monopolístico de la mayor parte de la asistencia social de los países occidentales, eliminando a la competencia privada y voluntaria que pudiera hacerle sombra."

No obstante, Rallo propone destinar en España a la asistencia social “un gasto equivalente al 2 por ciento del PIB”. Lo anterior “sumado al 2 por ciento del PIB de filantropía privada” permitiría alcanzar un gasto equivalente al del usado en la actualidad por los países desarrollados.

La transición al Estado mínimo

Rallo advierte que "en la medida en que el Estado ocupa una porción gigantesca de nuestras economías, a corto plazo su achicamiento acarreará efectos contractivos." Por ejemplo, los países que salieron del régimen comunista sufrieron a la hora de integrarse en el sistema capitalista, en concreto, “el PIB de Hungría cayó un 18 por ciento entre 1989 y 1993, y no fue capaz de regresar al nivel de 1989 hasta el año 2000; Polonia, por su parte, vio disminuir su PIB un 12 por ciento entre 1989 y 1992, retrasando hasta 1995 la mejora en su nivel de actividad."

Ante "el riesgo de que la privatización de amplios sectores del Estado termine siendo capturada por lobbies y oligarcas”, Rallo propone que "la transición debería efectuarse de abajo arriba y no de arriba abajo; a saber, de lo que se trata es de que el Estado se retire de aquellas áreas que jamás debería haber ocupado y no de que planifique un nuevo orden liberal desde cero." ¿Va a ceder el Estado y todos los que lo apoyan tan fácilmente? Afirma Rallo que "no es función de los políticos imponer sus programas de reforma a las convicciones de la población, sino que debe ser la población la que exija y reclame la retirada del Estado." Las reformas, en el caso de que se dieran, debería ser graduales en su mayor parte.

Las privatizaciones se harían de tres maneras principalmente: “subasta al mejor postor, su transferencia a sus trabajadores y gestores, y su transferencia al conjunto de los ciudadanos." Rallo propone que “como pauta general, sí podemos indicar que las grandes empresas y las propiedades que, como los hospitales, implican una enorme inversión en capital fijo deberían privatizarse mediante reparto de acciones entre los ciudadanos; las propiedades cuyo valor derive esencialmente del trabajo que desempeñan sus empleados (como sucede con los colegios) podrían repartirse entre ellos; y las tierras, edificios e infraestructuras en manos del Estado —cuya valoración es más sencilla que la de una empresa y en muchos casos deben venderse de una sola pieza— podrían enajenarse mediante pública subasta."

También propone que "el retorno al patrón oro debería efectuarse de un modo gradual y multilateral". En el tema de las pensiones la transición sería costosa y “por consiguiente, la transición del sistema de pensiones requiere de dos pasos: primero, estabilizar el gasto de las pensiones de jubilación y de viudedad, alargando la edad de jubilación a los setenta años y extendiendo el período mínimo de cotización para cobrar la totalidad de la pensión hasta los cuarenta años; segundo, crear un impuesto extraordinario de transición sobre las rentas del trabajo y los beneficios empresariales que oscilaría entre el 8,5 por ciento y el 10,5 por ciento según el ritmo de crecimiento económico. En estas condiciones, el sistema se volvería residual en cincuenta años y desaparecería de facto antes de terminar el siglo." Igualmente discute las transiciones para el sistema sanitario, la disminución de la deuda pública y otros.

Conclusiones del autor

"Lo que desde luego no se deriva de la presunta conveniencia de un Estado mínimo es la necesidad de un Estado máximo: que la sociedad humana no pueda subsistir sin un Estado que nos proporcione coactivamente defensa frente a agresiones externas e internas no significa que la sociedad humana no pueda subsistir y prosperar sin un Estado que nos proporcione coactivamente educación, sanidad, pensiones, carreteras, aeropuertos, subvenciones a la cultura, gasto en innovación y desarrollo o ayudas a las grandes empresas. En suma, de la necesidad de un Estado que ocupe el 5 por ciento del PIB no se deriva la necesidad de un Estado que cope el 50 por ciento del PIB e hiperregule el otro 50 por ciento."

"Ojalá este libro contribuya a proporcionar algunas de esas ideas y evidencias y, al hacerlo, a reforzar el ideal de una sociedad libre."