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Una alternativa privada para Bankia

Juan Ramón Rallo.



Hace apenas tres meses escribí que la peor parte de la reformilla financiera de Luis de Guindos era que “precisamente por tratarse de una reformita con escaso contenido y menos ambición, no servirá para cerrar definitivamente los milmillonarios agujeros de la banca y, por consiguiente, la amenaza de que en cualquier momento se eche mano a la menguante cartera de los españolitos seguirá muy viva”. Es triste comprobar que el tiempo ha confirmado tan negros augurios, pues al final, sí, habrá inyecciones de dinero de los contribuyentes (que no de dinero público) en el sistema financiero, comenzando, cómo no, por Bankia.
Los problemas de una quiebra bancaria
¿Es esencial rescatar a este enjuague de cajas de ahorros? Desgraciadamente, el actual sistema financiero basado en el dinero fiduciario se haya podrido de raíz: dado que la práctica totalidad de los medios de pago de la economía son pasivos bancarios, una quiebra generalizada de los bancos ocasionaría una espiral deflacionista devastadora. Las cosas no cambiarían demasiado si, como proponen algunas voces con bastante sensatez, procedemos a liquidar los bancos insolventes, pagar con las resultas y con el fondo de garantía de depósitos los 100.000 primeros euros de los depositantes, e impagar la deuda de los restantes acreedores. Por desgracia, como comprobaron con crudeza Bearn Stearns o Lehman Brothers en 2008, el pánico bancario moderno no se circunscribe a los depósitos a la vista, sino a la totalidad de las deudas a corto plazo (operaciones repo y pagarés). Si algunos acreedores a corto sufren cuantiosas pérdidas, la refinanciación del resto de la banca se resentirá de manera muy significativa, acrecentando los riesgos de colapso sistemático.
Descartada, pues, una quiebra y liquidación de Bankia que correría el riesgo de extenderse al conjunto del sistema financiero, el Gobierno se ha plegado a la más expeditiva de las alternativas: nacionalizar Bankia para posteriormente inyectar, CoCos mediante, entre 7.000 y 10.000 millones de euros para reforzar el capital de la entidad. Los inconvenientes de esta medida son palmarios: primero, todo banco público tiene inexorables problemas de gestión e intereses (sólo hace falta observar el comportamiento de las que, hasta la fecha, eran los bancos públicos de facto de este país:las cajas de ahorros); segundo, el país en su conjunto necesita mejorar su solvencia desapalancándose, todo lo contrario de lo que logramos si el Estado emite deuda (degrada su solvencia) para tapar los agujeros de Bankia; y tercero, los riesgos de la operación son tan altos que, de entrada, ningún inversor privado, ni el más codicioso de los especuladores, está dispuesto a emprenderla: sólo el Gobierno español posee el aplomo y la osadía suficientes para inyectar semejante capital de los contribuyentes. ¿Tiene sentido que todos ellos se conviertan en accionistas forzosos de un hedge fund estatal de alto riesgo expuesto a una entidad con un balance tan poco claro como el de Bankia?
Mas si la nacionalización no es la vía de actuación adecuada, ¿qué queda? Pues acercarnos tanto como podamos al mecanismo de una quiebra sin implosionar todo el tenderete financiero edificado sobre los pantanosos terrenos del dinero fiduciario. En concreto, podemos aplicar la hoja de ruta que ya tracépara recapitalizar el conjunto del sistema bancario español al caso de Bankia-BFA.
La capitalización privada de deuda
Recordemos: la solución menos lesiva para el sistema económico sería capitalizar parte de los pasivos de la banca, es decir, que los actuales accionistas pierdan toda su inversión y que una porción de sus acreedores se convirtieran en los nuevos propietarios. De este modo, mataríamos tres pájaros de un tiro: los bancos se recapitalizarían reduciendo su deuda (y no incrementando la de nadie más); los perjudicados por la medida no serían los inocentes contribuyentes sino los inversores que erraron al confiar sus ahorros a la entidad; y, por último, la gestión del banco quedaría en manos privadas (en la de los nuevos accionistas), de modo que éstas podrían decidir su esquema de remuneración, el equipo directivo y la política crediticia de la entidad. Sin interferencias gubernamentales y habiendo soportado en sus carnes las pérdidas de sus desmanes previos, los nuevos propietarios tendrían una plena legitimidad para decidir cuál debe ser el futuro del banco, tal como acaece en cualquier otra empresa privada que no ha pasado por las fauces del rescate.
Pero, ¿acaso es viable que Bankia sobreviva capitalizando parte de sus pasivos? Bueno, es justo lo que ha hecho el Gobierno hasta el momento: transformar en acciones de la matriz de Bankia sus 4.500 millones de euros de participaciones preferentes en la entidad, convirtiéndose así en su único propietario. Con la mucho más conveniente conversión de los siguientes pasivos privados en acciones, sin embargo, Bankia-BFA habría logrado aflorar cinco veces más capital que lo cosechado con su nacionalización, en concreto, más de 23.000 millones: el 100% de los 15.000 millones de pasivos subordinados, el 40% de los 14.600 millones en cédulas hipotecarias (casi 6.000 millones de euros) y los alrededor de 2.500 millones de euros en intereses anuales para los tenedores de pagarés y para los impositores a plazo fijo. Es decir, trocando estos pasivos en fondos propios se lograría recapitalizar el banco sin comprometer un solo euro del contribuyente en tan arriesgada operación y facilitando un saludable desapalancamiento de la entidad y de la economía española.
Es simplemente inaudito que el Gobierno haya preferido convertir sus 4.500 millones de deuda subordinada en acciones –nacionalizando la entidad y socializando sus pérdidas­– antes que los 15.000 millones de deuda subordinada privada –preservando el dominio privado del banco y concentrando las pérdidas en quienes invirtieron erróneamente en sus pasivos–. Aunque, ciertamente, de este Ejecutivo ya cabe decir cualquier cosa salvo que sus nocivas intervenciones sobre la economía nos muevan lo más mínimo a la sorpresa. Lo importante: ser conscientes de que, como ya sucediera conel atraco de la subida de impuestos, sí existe una alternativa al intervenconismo estatal; una alternativa mucho más conducente hacia la recuperación y una alternativa infinitamente más respetuosa con nuestras libertades.

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