Hace pocos días se conoció el informe “Centros de Internamiento de Extranjeros en España: régimen vigente y propuestas de futuro” elaborado por la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía española (CGAE), donde se denuncia la crítica situación existente en lo referido a la garantía de derechos humanos, que presentan los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) localizados en España.
Según los últimos datos oficiales disponibles sobre estos establecimientos de detención, que datan del año 2009, casi 17.000 personas fueron recluidas en los mismos como paso previo – según lo establecido en la legislación – para su expulsión de territorio español, por encontrarse en situación irregular desde el punto de vista administrativo. De esas personas, casi la mitad no resultó expulsada finalmente y fueron puestas en libertad después de pasar varios meses encarcelados. Es decir, a pesar de no haber cometido ningún delito, ya que no poseer permiso de residencia es una infracción administrativa, fueron privados de su libertad en condiciones de indefensión jurídica. Mientras se encuentran dentro de dichos recintos, los extranjeros no gozan de tutela judicial ni derecho a visitas, entre otras intolerables vulneraciones de sus derechos básicos.
“Este informe viene a confirmar el limbo legal en que se encuentran los extranjeros internos en estos centros, los cuales funcionan bajo un régimen imposible de justificar dentro de un sistema democrático y respetuoso de la dignidad humana” expresó Eduardo Martínez Narváez, Coordinador General del P-LIB en Cataluña. “Hace pocos meses un ciudadano de origen guineano, falleció en el CIE de Barcelona, en circunstancias que no han podido ser esclarecidas, debido a las trabas e impedimentos que el Ministerio de Interior pone a organizaciones de ayuda humanitaria, abogados, familiares de los internos e incluso al Defensor del Pueblo de Cataluña” continuó Martínez.
El informe del CGAE recoge también la necesidad de que los procedimientos de expulsión estén sometidos a un riguroso control judicial, dado que según la actual regulación no existen cauces a través de los cuales, se puedan denunciar por parte de los internos las posibles violaciones de sus derechos.
Para concluir, el Coordinador del P-LIB catalán declaró: “Es vergonzoso que esto ocurra en un país donde teóricamente rige un Estado de Derecho. Exigimos la inmediata supresión de los CIE, o como mínimo que se apruebe por la vía de urgencia un reglamento de funcionamiento de los mismos, que garantice la plena vigencia de los derechos individuales en estos recintos”.
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