Víctimas, 15 de diciembre: Eduardo Navarro Cañada, Francisco Arín Urcola y Alfonso Morcillo Calero.

Libertad Digital.

La banda terrorista ETA terminó el año 1983 con 41 víctimas mortales, siendo las dos últimas las provocadas en sendos atentados cometidos el mismo día 15 de diciembre en San Sebastián y Tolosa (Guipúzcoa).

A mediodía del 15 de diciembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián al policía nacional EDUARDO NAVARRO CAÑADA, y hería gravemente a su compañero de patrulla, Clemente Medina Monreal, que tardó 637 días en curar de sus heridas pero quedó incapacitado para desempeñar su profesión de policía. También resultó herido de bala un transeúnte, Crescencio Martínez Lecumberri, que pasaba por el lugar de los hechos en el momento del atentado y que fue asistido en la Casa de Socorro.

Eduardo y Clemente formaban parte de un dispositivo policial, incluido en el plan ZEN, puesto en marcha ocho meses antes, que tenía por objetivo normalizar la presencia de agentes de las Fuerzas de Seguridad en las calles de las capitales vascas y lograr una mayor cercanía con los ciudadanos.

Por ese motivo, el 15 de diciembre ambos paseaban a pie y vestidos de uniforme, por el centro de San Sebastián. Hacia las 11:45 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA, vestidos con el uniforme de la Policía Municipal, se apearon de un vehículo de ese Cuerpo policial que habían robado horas antes. Los etarras se acercaron a los agentes de Policía por la espalda y los tirotearon a bocajarro en la cabeza. A continuación emprendieron la huida en el vehículo de la Policía Municipal robado, haciendo sonar la sirena para sortear las señales de tráfico y eludir la persecución policial, pues nada más producirse el asesinato, un compañero de servicio de las víctimas salió tras los terroristas disparando su arma en dirección al coche en el que huían los etarras, en el que les aguardaban otros dos terroristas, una mujer y un hombre.

El atentado se produjo a la puerta del comercio Sederías de Oriente, cuyas empleadas intentaron evitar que los policías se desangraran, taponando con toallas sus heridas. Una de estas empleadas relató así el atentado:

Oímos varios disparos, cuatro o cinco, y al mirar al ventanal vimos caer a los policías que habían estado paseando por delante del comercio. Un hombre que tenía rasgada la gabardina y la cazadora en el hombro, porque le había rozado una bala, vino a refugiarse en la tienda, y también un matrimonio en plena crisis nerviosa. Al poco rato salimos a ver a los heridos, y era horrible. Uno de los heridos, pobrecito, sangraba por la boca, las orejas y los ojos, y no se movía, no decía nada. El otro intentó levantarse, pero volvió a caerse; había ya un gran charco de sangre y nosotras trajimos toallas para cortar las hemorragias. Uno de ellos se metía la mano en la boca, porque por lo visto la bala le había atravesado el paladar. Enseguida, llegó un chico joven que dijo que era médico, y nos ordenó que no moviéramos a uno de los heridos, al que parecía estar peor. Luego vinieron más policías, pero la ambulancia no apareció hasta mucho después.

Los etarras se habían hecho con el vehículo policial reduciendo a dos municipales que se habían desplazado a la zona de tiro al pichón del monte Ulía, tras haberse recibido una llamada en la Inspección de la Policía Municipal en la que se les indicaba que un hombre desnudo estaba paseando por las inmediaciones del merendero Irati. Los dos guardias municipales, que iban desarmados, fueron encañonados, reducidos y atados a unos árboles. A continuación los terroristas se apoderaron de los uniformes y del vehículo municipal, un Seat 1430 blanco, que fue localizado tras el atentado en la calle de la Salud, en el barrio de Amara. La Policía encontró en el interior del mismo dos armas cortas que, al parecer, fueron las que se utilizaron para tirotear a los dos policías nacionales.

Eduardo Navarro y Clemente Medina pertenecían a la Compañía de Reserva de la Policía con sede en Valencia, destinada en el País Vasco desde hacía dos semanas para reforzar las medidas de seguridad antiterroristas.

Todas las fuerzas políticas, menos Herri Batasuna, emitieron comunicados de condena. También hubo condenas a título particular, como la del alcalde Ramón Labayen o la del lehendakari Garaikoetxea, que estaba en la toma de posesión del nuevo gobernador militar de Álava.

La capilla ardiente con el féretro de la víctima fue instalada en el Gobierno Civil de San Sebastián y el funeral por su alma se celebró al día siguiente 16 de diciembre en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián, con asistencia del ministro de Interior, José Barrionuevo, y otros representantes políticos, de la Diputación Foral y del Gobierno vasco. Durante el acto pudieron oírse los gritos de algunas mujeres pidiendo el "estado de excepción". Tras finalizar el funeral, una comitiva fue hasta el lugar del atentado para depositar un ramo de flores y rezar un responso.

El atentado contra los dos agentes de Policía fue cometido por el agente de la Ertzaintza y miembro del grupo Bianditz de ETA Pedro María Briones Goicoechea, que en 1987 fue condenado por la Audiencia Nacional a 26 años de prisión mayor por un delito de atentado con el resultado de muerte, y a otros 17 años de reclusión menor por un delito de asesinato en grado de frustración. Tres años después, en 1990, fue condenado por los mismos delitos y a las mismas penas el también miembro de ETA Pablo José Gómez Ces, que fue detenido en Italia en 1987. Un tercer etarra,Rafael Echebeste Garmendia, no pudo ser juzgado porque falleció, junto a la también etarra María Teresa Pérez Sever, en agosto de 1987 en San Sebastián por la explosión de un coche-bomba que preparaban para cometer otro atentado. De los tres, los autores de los disparos fueron Echebeste y Gómez Ces, mientras que el ertzaina Briones permanecía en el vehículo policial con el que emprendieron la huida.

Eduardo Navarro Cañada tenía 27 años. Era natural de Burjasot (Valencia), estaba casado y teníados hijos de corta edad. Sus restos mortales fueron trasladados por avión hasta Valencia tras terminar el funeral en San Sebastián. Fue enterrado esa misma tarde con la presencia de numerosos ciudadanos, en un ambiente de gran tensión.

Pocas horas después, en torno a las 19:00 horas del 15 de diciembre de 1983, los Comandos Autónomos Anticapitalistas secuestraban en su domicilio en Tolosa (Guipúzcoa) y asesinaban poco después al empresario FRANCISCO ARÍN URCOLA, por negarse a ceder a la extorsión de la banda asesina y no pagar el llamado "impuesto revolucionario".

Las circunstancias de su secuestro por tres terroristas armados que se identificaron como miembros de los CAA, las narró su hijo Gerardo en el libro de Cristina CuestaContra el olvido (Temas de Hoy, 2000):

El 15 de diciembre de 1983 volvía de clase. En casa estaban mi madre y mi hermano con dos chicos que no conocía. Pensé que eran amigos de mi hermano y que estaban de visita. Fui a mi habitación a dejar las cosas y cuando salí me encontré con que esas dos personas nos decían que iban a secuestrar a mi padre. Mi padre aún no había llegado a casa. Estuvimos durante un tiempo hablando con ellos, preguntándoles cuál era el motivo por el que iban a secuestrarle. Nos comentaron que era un problema económico y que no nos preocupáramos, que se solucionaría.

Cuando Francisco Arín llegó al domicilio al cabo de una hora, los dos terroristas se lo llevaron consigo, no sin antes advertir a su esposa e hijos de que no dieran aviso a la Policía. Poco después se presentó en el domicilio una patrulla de la Guardia Civil preguntando a la familia si pasaba algo, a lo que estos contestaron que no, pero no consiguieron convencer a los agentes. El hallazgo del cadáver de Francisco Arín se produjo después de que un hombre, a través de una llamada telefónica en nombre de los CAA, informara al diario Egin del lugar exacto donde se encontraba. En la llamada se indicaba que la víctima se encontraba en un automóvil situado cerca de la autopista a la entrada de Irura. Dos periodistas del diario proetarra se trasladaron al lugar indicado y, tras comprobar la veracidad de la información, dieron aviso a las autoridades. Una patrulla de la Guardia Civil y efectivos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar de los hechos. El vehículo, con el maletero abierto y el cadáver de Francisco Arín en su interior, fue encontrado junto a una antigua factoría en la que había trabajado la propia víctima como directivo hasta que, seis años antes, la fábrica tuvo que cerrar.

A las 12:30 horas del 16 de diciembre, el pleno del Ayuntamiento de Tolosa redactó una nota de condena apoyada por todos los partidos políticos con representación municipal, salvo Herri Batasuna. En la misma se condenaba el secuestro y asesinato de su convecino y se denunciaba el chantaje de la banda terrorista, además de convocar una manifestación de repulsa y pedir el diálogo y la "negociación pacífica por vías políticas". El representante de HB en el Ayuntamiento dijo que lamentaba la muerte por "absurda", pero que se abstenía de votar el comunicado de condena porque, visto el "acto" en su contexto, la responsabilidad era del Gobierno. Además, los compañeros de estudio de los hijos del empresario asesinado en las Escuelas Pías de Tolosa, entregaron al alcalde una carta de condena. A las 19:30 horas tuvo lugar una manifestación encabezada por una pancarta portada por los alumnos de las Escuelas Pías en la que se podía leer "Bakea eta askatasuna. Patxi gogoa zaitugu". Mil quinientas personas, entre las que estaban dos de los hijos de la víctima, además de representantes políticos locales, desfilaron en silencio. Otro de los hijos de Francisco no pudo asistir porque estaba haciendo el servicio militar en Alicante.

Francisco Arín Urcola tenía 48 años. Estaba casado y tenía cuatro hijos, dos de ellos estudiantes de periodismo en Bilbao. Directivo de Construcciones Electromecánicas Irura, había sido amenazado por la banda por negarse a pagar el chantaje que ésta le exigía. Las cartas de extorsión habían llegado a nombre tanto de ETA militar como de los CAA. En dos ocasiones el empresario se había trasladado al sur de Francia para explicar a ETA que no tenía el dinero. Pese a que recibió garantías de que no le pasaría nada, un año más tarde del primer encuentro con los dirigentes de la banda, su domicilio fue tiroteado. Francisco Arín volvió a cruzar la frontera y, de nuevo, obtuvo la misma respuesta tranquilizadora de la banda terrorista. "Al menos en una ocasión entregó cierta cantidad de dinero a los terroristas, aunque se ignora a cuál de las ramas de ETA" según contó el diario El País citando "fuentes próximas a la familia" (El País, 16/12/1983). No obstante, esta posibilidad fue rotundamente desmentida años después por uno de sus hijos: 

Tenía clarísimo que jamás soltaría un duro a ETA, porque sabía que ese dinero se iba a utilizar para matar gente. Aunque hubiera tenido dinero no lo habría pagado, eso lo tengo clarísimo (Cristina Cuesta Contra el olvido, Temas de Hoy, 2000).

El funeral por el alma de Francisco Arín se celebró el 17 de diciembre en Tolosa, en una iglesia completamente abarrotada. El acto fue oficiado por uno de los hermanos de la víctima, acompañado por otros tres sacerdotes. Entre los políticos y personalidades asistentes estaban el delegado del Gobierno, Ramón Jáuregui, el nuevo líder del centro-derecha vasco, Jaime Mayor Oreja, y el presidente de los empresarios José María Vizcaíno que declaró que cuando los socios de Francisco Arín propusieron trasladar la empresa a Madrid, el empresario se negó, pese a que estaba siendo extorsionado por la banda terrorista. Y añadió que dos días antes de ser asesinado había comprado unos locales cerca de San Sebastián para una ampliación de la misma.

El mismo día que se celebraba el funeral por Arín Urcola, en Bayona tuvo lugar una manifestación por la desaparición de los miembros de ETA Lasa y Zabala. Un millar de personas recorrieron las calles del centro de la localidad entre gritos a favor de ETA militar, la independencia, "González asesino, Mitterrand cómplice". Un policía francés fuera de servicio fue reconocido y agredido, robándole el arma que portaba en la cintura.

A las ocho y cuarto de la mañana del jueves 15 de diciembre de 1994 Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, y un segundo miembro de la banda terrorista ETA, asesinaron por la espalda y a bocajarro en Lasarte (Guipúzcoa) al sargento de la Policía Municipal de San Sebastián, ALFONSO MORCILLO CALERO. Hasta ahí los había trasladado, en un vehículo propiedad de su padre, Valentín Lasarte que, además, se había ocupado de hacer el seguimiento previo a la víctima. Una vez cometido el asesinato, Lasarte ayudó a los pistoleros de la banda a huir del lugar del crimen. Alfonso Morcillo acababa de salir de su domicilio, con el uniforme reglamentario, y se disponía a ir a su puesto de trabajo en San Sebastián. Apenas había recorrido unos metros cuando fue tiroteado por los asesinos de la banda. A su mujer, Caty Romero, la avisaron por el telefonillo:

"A los quince minutos de irse sonó el telefonillo y pensé que se habrían equivocado. Yo apenas conocía gente en el barrio y él era un hombre muy atento, y si se había olvidado algo estaba segura de que, antes de molestar, subiría los cuatro pisos de nuevo"(...) El interfono volvió a sonar y a la tercera decidió descolgarlo. "Al otro lado, una persona me dijo que bajara, que mi marido estaba mareado en el suelo. Bajé corriendo, con el pijama puesto y un anorak para resguardarme de la llovizna. Justo debajo de la ventana de mi habitación me lo encontré tumbado, al lado de la salida de un garaje. Creía que se había tropezado con el bordillo y se había dado un fuerte golpe en la cabeza, porque estaba en medio de un enorme charco de sangre" (soitu.es, 07/09/2009).

Allí tirada en la acera, cogida a la mano de su marido, permaneció bajo la lluvia durante unos veinte minutos sin que nadie acudiera en su ayuda. Los efectivos de la Cruz Roja y de la Ertzaintza atendieron a Alfonso y a Caty (en estado de shock) y los trasladaron a cada uno en una ambulancia a la Residencia Nuestra Señora de Aránzazu.

Esa clínica estaba a tres minutos de mi casa, pero yo veía que mi ambulancia iba muy lenta. Claro, estaba hecho con la intención de que no coincidiera con mi marido en la entrada. Al llegar me encontré en la puerta a Odón Elorza, a Gregorio Ordóñez, Mikel Gotzon Santamaría, jefe de la Policía Municipal... Allí me comunicaron que Alfonso había sufrido un atentado de ETA y acababa de morir en el traslado (soitu.es, 07/09/2009).

Según el primer parte médico emitido por el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, Alfonso Morcillo presentaba al ser ingresado "herida de bala con entrada a nivel frontoparietal derecho con salida a nivel occipital izquierdo". En el lugar de los hechos la Ertzaintza encontró un casquillo de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

La víctima era el máximo responsable de la la Unidad de Investigación, lo que le convertía en el número dos del cuerpo de la Policía Municipal, por debajo de Santamaría. En los últimos meses del año 1994, Morcillo estaba investigando a los topos que la banda terrorista ETA tenía dentro de la Policía Municipal lo que le puso en el punto de mira de la banda. Su viuda, Caty Romero, lo contó en septiembre de 2009 en el reportaje de la serie "10 viudas más fuertes que ETA" del diario digitalsoitu.es:

Se sospechaba que había 'topos' etarras dentro de la Guardia –como quedó demostrado posteriormente con varias detenciones – y que la organización criminal aprovechaba las instituciones democráticas precisamente para acabar con ellas. Por aquel entonces, Gregorio Ordóñez, que era teniente de alcalde y parlamentario en Vitoria, lo sacó a la luz, justo cuando Alfonso estaba realizando una investigación interna. Enrique Nieto, jefe de la lucha antiterrorista en Guipúzcoa también tenía sus sospechas (soitu.es, 07/09/2009).

Durante muchos meses "Morcillo se afanaba en hacer acopio del suficiente número de pruebas como para demostrar, por saturación, que había agentes de la Policía Municipal de San Sebastián con doble vida; por la mañana regulaban el tráfico, por la tarde pasaban información a ETA" (José María Calleja, ¡Arriba Euskadi! La vida diaria en el País Vasco, Espasa Calpe, 2001).

En poco menos de diez meses ETA asesinó a Morcillo, Ordóñez y Nieto, poniendo de manifiesto que sus investigaciones iban, como finalmente se demostró, en la buena dirección. El alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza, señaló tras el atentado que Alfonso Morcillo era "un guardia municipal excelente, uno de los mejores miembros de la plantilla y querido por todos sus compañeros".

Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, inició su sanguinaria carrera precisamente con el asesinato de Alfonso Morcillo. Tanto él como Valentín Lasarte han sido juzgados por asesinatos como los de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Miguel Ángel Blanco o Enrique Nieto. En 1998 la Audiencia Nacional condenó a 29 años de reclusión mayor a Valentín Lasarte Oliden por cooperación necesaria en un delito de atentado con resultado de muerte y a indemnizar a los herederos legales de Alfonso Morcillo. Meses después, la viuda de Alfonso Morcillo se encontró con la madre y la compañera sentimental del asesino de su marido portando un cartel con su foto por las calles del barrio donostiarra de Gros. Caty no pudo reprimirse y cruzó la calle para recordarles que llevaban la imagen de un criminal. "Ellas me espetaron a la cara un 'anda, que se joda tu marido bajo tierra' y otros familiares de presos intentaron agredirme" (soitu.es, 07/09/2009). En 2006 fue condenado Txapote a 29 años de prisión mayor por el asesinato del sargento Morcillo. Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata, que presuntamente fue el pistolero que acompañó a Txapote el día del atentado, fue juzgado en septiembre de 2011 por el asesinato de Morcillo, quedando absuelto por falta de pruebas pese al testimonio incriminatorio de Lasarte Oliden. El tribunal valoró como insuficiente y "manifiestamente falaz" la declaración del disidente de ETA Valentín Lasarte en contra de Zapata. Por otra parte, el atentado contra el sargento Morcillo fue ordenado por Francisco Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, según se recoge en la sentencia por la que se absuelve a Carasatorre de su participación en los hechos.

Alfonso Morcillo Calero tenía 40 años y era natural de Medellín (Badajoz). Estaba casado en segundas nupcias con Caty Romero Lucas y tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Era miembro de la Policía Municipal de San Sebastián desde hacía diecisiete años y compaginaba su puesto en la Unidad de Investigación, sección dedicada principalmente a luchar contra el "tráfico de drogas, la delincuencia común, robos, atracos y delitos similares", con sus estudios de Derecho en la Facultad de San Sebastián. Caty se enamoró de Alfonso en el verano de 1990, cuando tenía 28 años. Los hijos del agente habían sacado malas notas en sus estudios y su padre los envió a Medellín a estudiar. Pidió a la madre de su primera mujer, de la que ya estaba divorciado, que les buscase una profesora particular para los meses de julio y agosto, y su exsuegra pensó en su sobrina Caty, licenciada en Historia. A finales de ese mes de agosto, Alfonso fue al pueblo a recoger a sus hijos. "Yo me quedé prendada de él. No sé lo que nos atrajo, pero me invitó a pasar unos días en San Sebastián y a la semana de estar allí me pidió que me quedara", rememoraba Caty en soitu.es, así como el momento en el que dio la noticia a su familia "tradicional y muy católica, donde no sentó muy bien que me fuera a vivir con un hombre separado y que me sacaba ocho años".

En la capilla ardiente, Caty se hizo la promesa de quedarse en el País Vasco para luchar por la memoria de su marido a costa de estar sola y lejos de su familia. Tras el funeral en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, los restos mortales de Alfonso fueron trasladados a Medellín donde le hicieron un homenaje en la plaza del pueblo bajo una fuerte tormenta – "pues el párroco se negó a ceder la iglesia porque Alfonso era evangélico" – antes de enterrarlo. Tras descansar unos días decidió regresar al País Vasco. En Lasarte el ambiente era asfixiante por lo que, tras una temporada en Madrid, decidió ir a San Sebastián y pedir ayuda en el Ayuntamiento para encontrar algún trabajo. Ella, que era profesora, empezó a hacer sustituciones limpiando colegios. Además de lo que se tardaba en tramitar las indemnizaciones en esa época, Caty era la segunda esposa, y la pensión se dividía en función de los años de casada. Además de la precaria situación económica, Caty ha tenido que soportar, como tantos otros familiares de asesinados por la banda, el vacío social por parte de sus compañeras de trabajo cuando éstas se enteraban de que era viuda de un asesinado por ETA.

Con motivo de un homenaje que el Ayuntamiento de San Sebastián rindió a Alfonso Morcillo en 2006, al que asistieron también sus dos hijos y su madre, la primera mujer de Alfonso, Caty Romero recordó que ETA asesinó a su marido para "extender el terror", porque su asesinato hizo que "algunos callaran" ante el temor de "que pudiera ocurrirles lo mismo. El miedo selló algunas bocas". Dos años antes, cuando se cumplió el décimo aniversario, Caty había pedido a Odón Elorza que se colocase una placa en recuerdo de Alfonso Morcillo en las dependencias de la Guardia Urbana en el Ayuntamiento, petición que quedó en el olvido. La viuda del agente Morcillo lo denunció mediante carta pública a los medios de comunicación, lo que provocó una airada respuesta de Elorza.

Caty no se plantea irse del País Vasco porque "todavía queda mucho por hacer" (El País, 10/11/2010). Desde Covite realiza una gran labor de apoyo a las víctimas de ETA: "Ha sido un bálsamo para mí. Escuchar sus historias, con hijos, solas, sin posibilidad de trabajar, ha hecho que pueda relativizar un poco mi propio dolor" (soitu.es, 07/09/2009).

Alfonso Morcillo fue la decimotercera y última víctima mortal de la banda terrorista ETA en el año 1994.