No va a ser Rajoy, como no lo habrían sido Zapatero o Rubalcaba, quien saque la economía española adelante. Esa fundamental tarea corresponde a los empresarios, a los ahorradores y a los trabajadores tanto nacionales como extranjeros; son ellos quienes han de sanear su situación patrimonial, rehacer sus planes de negocio y, en definitiva, volver a generar riqueza. Así, la misión de Rajoy a partir de hoy no consiste en ser un “buen gestor”, sino en dejar de meterles el dedo en el ojo o en la llaga a quienes sí les corresponde y sí son capaces de serlo dentro de sus propias economías: empresarios, ahorradores y trabajadores.
En una economía libre, semejante prescripción equivaldría a que Rajoy se encerrara en La Moncloa e incordiara lo menos posible al personal; en una economía ultraintervenida como la española, significa justo todo lo contrario: los populares, si es que de verdad aspiran a que podamos superar la crisis, tendrán que desfacer todo el entuerto gestado no sólo por el zapaterismo, sino por el dirigismo socialista que ha gobernado este país durante décadas. Y para ello tendrán que pisar muchos callos: los de unos sindicatos ultraprivilegiados, los de los grupos de presión apesebrados y, sobre todo, los de una sociedad española acostumbrada a vivir amamantada por el Estado.
Bien está, pues, que el PP haya ganado las elecciones con una holgada mayoría absoluta. La necesitará. Mas por sí misma la mayoría absoluta no soluciona ninguno de nuestros problemas. Lo que requerimos con urgencia son reformas, no nuevos gestores políticos que no deberían gestionar nada. El momento de la verdad empieza ahora, tanto para una derecha que deberá demostrar si está dispuesta a llegar hasta el final en la senda reformista o, en cambio, opta por dejarnos a casi todos tirados por el camino, como también para una izquierda que tendrá que recomponerse y decidir si aspira jugar la carta del populismo socialista e indignado.
Cambio de Gobierno sin reformas –y sin reformas drásticas– no servirá de nada: ahí está el caso de Passos Coelho en Portugal, cuya prima de riesgo sigue estancada por encima de los 1.000 puntos básicos desde que en junio llegó al poder aun cuando está haciendo caso a las directrices de la Unión Europea. Cambio de Gobierno con reformas sí podría servir: ahí está el caso de Irlanda, que desde julio ha reducido los tipos de interés que paga por su deuda desde el 15% al 8% gracias a que está adaptando su mercado mucho más rápido de lo encomendado por Bruselas.
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