Los precios que se están pagando no cubren los costes de producción y distribución y se genera un déficit de tarifa. Este déficit suele pasar sin pena ni gloria por los medios de comunicación porque parece una pelea interna en el entramado estado-empresa que domina el sector de la energía. Sin embargo, lo pagamos todos por la vía de los impuestos y ya roza los 20.000 millones de euros. La nueva medida del ejecutivo socialista incrementará de esta manera el problema de deuda que tenemos en España, generando más desconfianza en los mercados financieros que no quieren asumir el riesgo de un impago y exigen tipos muy altos.
Existe otra segunda derivada que puede ser tan catastrófica a largo plazo como el déficit y es que las eléctricas, al no cobrar lo que se les adeuda, se ven obligadas a buscar financiación para mantener sus inversiones y sus costes de operación. Esta financiación no es gratis y en definitiva supone una reducción del dinero del que disponen. De esta manera, se pueden ver afectados las inversiones y el mantenimiento. Además, las empresas del sector, con una gran proyección internacional, se plantean si deben invertir en un mercado problemático como el español o en otro donde las garantías de cobro y la estabilidad regulatoria es mucho mayor. En definitiva, se puede producir una fuga importante de inversiones hacia otros mercados más atractivos por su elevado crecimiento y seguridad.
Fuente: Francisco Capella.
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