La Unión Europea planteó, ya en 2001, la necesidad de una reconversión o sustitución progresiva de las costosas oficinas nacionales de empleo por eficientes y más baratas agencias privadas de colocación. Se trata de que empresas privadas de intermediación y formación laboral colaboren en la tarea pública de proveer estos servicios. En países como Francia, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, las compañías privadas se han convertido en un operador ágil y eficiente, que ofrece apoyo y asistencia al trabajador en función de sus necesidades y expectativas a lo largo de toda su trayectoria profesional. La colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos de empleo está así otorgando una solución global a las necesidades del capital humano en un entorno exigente, cambiante y plural.
Los objetivos del Bilma serían los siguientes:
– Crear un sistema más dinámico y eficaz a través de la competencia y la libre elección de los usuarios, incorporando las empresas privadas de colocación (acreditadas ante el Servicio Regional de Empleo Estatal) a la elaboración y gestión de los programas de orientación, formación e intermediación laboral de responsabilidad pública.
– Ampliar la oferta para apostar, especialmente en tiempos de crisis, por la formación ocupacional con el fin de incentivar la pronta vuelta al mercado laboral y no las subvenciones por desempleo.
– Conferir al usuario la libre elección de un plan de reinserción laboral basado en sus necesidades específicas y asistido por las agencias profesionales, que competirán por su elección y que por ello se verán obligadas realmente a poner al usuario en el centro.
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