Víctimas, 16 de septiembre: Pablo Sánchez César, Francisco Cebrián Cabezas, José Luis Jiménez Vargas, Víctor Manuel Puertas Viera y Juvenal Villafañe García

Libertad Digital.


A las 7:55 horas del viernes 16 de septiembre de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Urnieta (Guipúzcoa) al policía nacional PABLO SÁNCHEZ CÉSAR mientras esperaba la llegada del tren para trasladarse al cuartel de San Sebastián donde prestaba servicio. Todas las mañanas, a la misma hora, el agente hacía el mismo trayecto hasta el apeadero del tren para dirigirse al cuartel. Ese día, Pablo Sánchez se dio cuenta de que tres individuos, que le resultaron sospechosos, se acercaban a él, por lo que intentó protegerse en el edificio de la estación. Sin embargo, el agente, que iba desarmado y vestía de paisano, fue alcanzado por disparos de un subfusil y rematado con un disparo en la cabeza por uno de los terroristas, que actuaron a cara descubierta.
Los disparos de los terroristas provocaron el pánico entre las numerosas personas que esperaban en los andenes la llegada del tren. Tras el asesinato, los terroristas huyeron en un taxi estacionado en las proximidades. El vehículo había sido robado en Hernani una hora antes a su propietario, el taxista Manuel Garayar Otegui, que relató posteriormente que, cuando estaba en la parada, se le acercaron dos individuos que le dijeron en euskera: "Somos de ETA, entre en el coche".
En el lugar de los hechos la Policía Municipal de Urnieta encontró siete casquillos de bala marca FS, del calibre 9 milímetros parabellum.
El cuerpo de Pablo Sánchez César fue trasladado a las nueve y media de la mañana al cementerio donostiarra de Polloe, después de que el juez ordenara el levantamiento del cadáver. Una vez practicada la autopsia, los restos mortales del agente fueron conducidos al Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa donde se instaló la capilla ardiente.
El lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, presidió por la noche del mismo día del atentado, junto al ministro del Interior, José Barrionuevo y el presidente de la Junta de Extremadura, el funeral por el alma de Pablo, que se celebró en Urnieta. La ceremonia religiosa se inició con un retraso considerable porque tuvieron que esperar a que los padres del policía llegasen desde Badajoz. Finalizado el acto Garaikoetxea y Barrionuevo se trasladaron al apeadero de Urnieta, el lugar del atentado. Allí, el lehendakari manifestó que el asesinato del policía nacional era igual de brutal que todos los demás. "Como nacionalista vasco y como lehendakari de este pueblo, quiero expresar una vez más mi dolor y repugnancia, sentimientos que he sentido siempre y que transmito en nombre de mi pueblo al presidente de la Junta de Extremadura".
En 1986 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui y José Antonio Pagola Cortajarena, miembros del grupo Donosti de ETA, a sendas penas de 29 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte.
Pablo Sánchez César tenía 24 años de edad, estaba casado con Amalia García Mora y era padre deuna niña de 13 meses. Natural de Badajoz, estaba destinado desde dos años antes de su asesinato en el cuartel de la Policía Nacional de Aldapeta, en San Sebastián. Desde un año antes vivía en Urnieta con su mujer, sus suegros y su hija. El sábado 17 de septiembre más de dos mil personas asistieron en Hoyos (Cáceres), localidad natal de la esposa de Pablo, a un segundo funeral y al entierro del agente asesinado. El cadáver había sido trasladado en avión desde San Sebastián hasta la base aérea de Talavera la Real y desde allí, por carretera, hasta Hoyos, donde fue recibido por la corporación municipal en pleno y miembros de la Guardia Civil. Prácticamente todo el pueblo desfiló por la capilla ardiente, instalada en el Ayuntamiento. En el funeral, oficiado por el cura párroco de la localidad, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el gobernador civil de Cáceres, autoridades locales y militares, además de policías nacionales y guardias civiles desplazados desde Cáceres, Badajoz, Salamanca y Valladolid. La esposa, padres y ocho hermanos del policía asesinado se negaron a hacer declaraciones, dejando como portavoz a la alcaldesa de Hoyos, Asunción Merino, que transmitió esta frase de los familiares: "Por favor, que se arregle esta situación. Ya está bien que cada día caiga un hombre por la Patria". Amalia y su hija fijaron su residencia en Hoyos tras el asesinato de Pablo. El 16 de marzo de 2001 el Consejo de Ministros concedió, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a diez personas que perdieron la vida en atentados de ETA, entre ellos a Pablo Sánchez César.
El 16 de septiembre de 1991 dos policías municipales, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ VARGAS y VÍCTOR MANUEL PUERTAS VIERA, y el conductor de la grúa municipal, FRANCISCO CEBRIÁN CABEZAS, fueron asesinados por la banda terrorista ETA al estallar un coche-bomba que trasladaban a un depósito de vehículos en Muchamiel (Alicante).
La banda terrorista ETA quiso repetir ese 16 de septiembre la salvajada que tres meses y medio antes, el 29 de mayo, había perpetrado en la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), o la que cuatro años antes había cometido contra el acuartelamiento de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987. Esta vez el objetivo era cometer una masacre en la casa cuartel de la Benemérita en Muchamiel, donde vivían seis guardias civiles, tres de los cuales estaban casados y residían allí con sus familias, de los que cinco eran niños pequeños. Junto al edificio se encontraba, además, el Colegio Público El Salvador, cuyos alumnos iniciaban las clases en la mañana de 16 de septiembre. Pero nada de eso fue un impedimento para que la banda de asesinos pusiese en el punto de mira el acuartelamiento de Muchamiel.
Para cometer el atentado, los asesinos de la banda trasladaron a la localidad alicantina un coche robado meses atrás en el País Vasco. Tras cargarlo con una potente bomba, el coche fue lanzado sin conductor contra la casa cuartel, con una barra antirrobo en el volante para orientar la dirección, el contacto puesto y una marcha metida. Sin embargo, el coche no se dirigió hacia la casa cuartel, sino que se estrelló contra la fachada de una sucursal bancaria, en la acera opuesta de la avenida Carlos Soler donde estaba el acuartelamiento de la Guardia Civil.
Tras fallar en el objetivo, los terroristas no accionaron el iniciador del artefacto explosivo por lo que, cuando el director de la oficina bancaria llegó al trabajo a las ocho de la mañana, avisó a los agentes de la Guardia Civil que en esos momentos abrían la puerta de la casa cuartel.
Minutos después, se personaron en el lugar dos policías locales que llamaron a una grúa paratrasladar el vehículo al depósito, un solar al aire libre situado a unos doscientos metros del cuartel. Hacia las 9:40 horas, cuando estaban bajando el vehículo, estalló la bomba matando en el acto a Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa, y a los policías municipales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera. Ni el director de la oficina bancaria, ni la Guardia Civil, ni los policías municipales sospecharon en ningún momento que el vehículo fuese un coche-bomba cargado con 50 kilos de explosivo, sino que creyeron que se trataba de un accidente de tráfico.
Además de las tres víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas de gravedadMaría del Carmen López Amador, incapacitada durante 330 días; María África Antón González, impedida 331 días; Felisa Azor Troyano, que no recibió el alta médica hasta 470 días después, y Juan Capella Valls, que tardó 158 días en curar sus heridas. Otras treinta y seis personas, entre ellas Noelia Berenguer, un bebé de un mes, resultaron heridas de diversa consideración y precisaron de atención médica.
La explosión provocó también cuantiosos estragos materiales en los vehículos e inmuebles de los alrededores, cuyas estructuras, ventanas y balcones quedaron seriamente afectados por la onda expansiva. Todos los cristales estallaron y quedaron destrozados los toldos y persianas de muchos edificios.
Por la tarde se instaló la capilla ardiente en la Iglesia arciprestal de El Salvador en Muchamiel. Unas seiscientas personas acudieron al funeral por los tres fallecidos, que fue oficiado por el obispo de Orihuela-Alicante, Francisco Álvarez Martínez. Al día siguiente se celebró en el mismo lugar un segundo acto religioso, concelebrado por doce sacerdotes, al que asistieron entre otras autoridades el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el presidente de la Generalidad de Valencia, Joan Lerma, y el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Más de diez mil personas asistieron a la misa en un ambiente de consternación y rabia contra la barbarie de la banda terrorista.
En enero de 2007 el Ayuntamiento de Muchamiel aprobó por unanimidad dar a tres calles de esa localidad alicantina los nombres de los asesinados en este atentado. "Todos recordamos lo sucedido y este gesto era algo que estaba pendiente con ellos y con sus familiares", manifestó Josep Antoni Miquel, portavoz del grupo socialista en la corporación municipal, el día que se aprobó la moción.
El recorrido judicial de este atentado fue largo, celebrándose el primer juicio en 1995. Ese año la Audiencia Nacional condenó a Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun a sendas penas de 136 años de prisión como autores de los delitos de utilización ilegítima de vehículos de motor, sustitución de placas de matrícula, tenencia de explosivos y como cooperadores necesariosde un delito de atentado, tres de asesinato, cuatro de lesiones y uno de terrorismo. El tribunal consideró hechos probados que los dos etarras robaron en junio de 1991 en Zarauz (Guipúzcoa) un Ford Fiesta y que, tras cargarlo de explosivos en una lonja preparada al efecto en Oyarzun, le cambiaron la matrícula por otra falsa y lo entregaron a los miembros del grupo Levante de ETA.
En 1999, la Audiencia Nacional condenó al etarra Fernando Díez Torres a 38 años de cárcel. Este etarra fue quien facilitó a los miembros de la banda la infraestructura necesaria para cometer diversos atentados en las provincias de Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia entre finales de 1991 y marzo de 1992. En el año 2002 fueron condenados por la Audiencia Nacional José Luis Urrusulo Sistiaga e Idoia López Riaño que, como integrantes del grupo Ekaitz de ETA, cometieron diversos atentados terroristas durante el mismo período de tiempo que Díez Torres y en las mismas provincias. La sentencia les impuso sendas penas de 38 años de prisión por los delitos genéricos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de explosivos y armas, y por falsedad documental.
Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa municipal, tenía 40 años. Natural de Cedrillas (Teruel) ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado al cuartel de San Juan (Alicante), según publicó el diario Información(17/09/1991). Allí conoció a una vecina de Muchamiel, con la que se casó y tuvo cuatro hijos, que en el momento de su asesinato tenían entre 17 y 8 años. Posteriormente se licenció de la Benemérita y montó una fábrica de hilatura junto a otro socio. Cuando fue asesinado, Francisco era propietario de la grúa que tenía arrendado el servicio de recogida de vehículos en Muchamiel. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Tres días después del asesinato, el padre de Francisco contó qué sentía tras perder a su hijo: "Qué te puedo decir, que Francisco era un hombre bueno, que era muy de su casa, que por suerte o por desgracia todos en la familia somos de la Guardia Civil y mira por dónde nos ha ido a tocar la china ahora cuando él creía que ya podría vivir tranquilo. No sé, sólo siento que me han quitado a mi hijo y pienso en mis pobres nietos" (Información, 19/09/1991).
José Luis Jiménez Vargas, policía municipal de 28 años, no estaba casado pero tenía novia. Entre sus funciones como agente municipal estaba regular el tráfico en las inmediaciones del colegio público de educación primaria El Salvador situado a escasos metros de la casa cuartel de la Guardia Civil. Los restos mortales de José Luis fueron enterrados en el cementerio de Muchamiel, donde residía.

Víctor Manuel Puertas Viera, policía municipal de 21 años, ocupaba una plaza como interino desde dos años antes de ser asesinado. Era vecino de Alicante, donde fueron enterrados sus restos mortales. Pese a su juventud, había sido voluntario de la Cruz Roja y, tras cumplir el Servicio Militar, colaboró con la organización en el área de salvamento marítimo y socorrismo. Dos de sus hermanos pertenecían también a la Policía Municipal (La Verdad, 18/09/1991).
A las 17:20 horas del 16 de septiembre de 1993, la banda terrorista ETA asesinaba en Andoain (Guipúzcoa) al subteniente de la Guardia Civil retirado JUVENAL VILLAFAÑE GARCÍA mediante una bomba colocada bajo el asiento del conductor de su vehículo particular que explotó nada más poner en marcha el coche.
El atentado se produjo en las proximidades de su domicilio en Andoain. La explosión arrojó a la víctima a la calzada, que quedó con la mitad inferior de su cuerpo completamente destrozada y una pierna prácticamente amputada. Una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, de San Sebastián, donde ingresó cadáver.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) señaló en un comunicado que "sobra la intolerancia y el fanatismo: sobra ETA", añadiendo que, "a buen seguro, los miembros de KAS de Euskal Herria, y más en concreto los de Andoain, aplauden y jalean este tipo de atentados, aunque sea en la intimidad. Tienen que saber que tarde o temprano serán descubiertos". Un día antes del asesinato de Juvenal Villafañe, el proetarra Jon Idígoras (Herri Batasuna) había avisado de que los atentados de ETA seguirían hasta que se cambiara la Constitución y se reconociera el derecho de autodeterminación de los vascos. También advertía que, aunque se produjesen detenciones de miembros de ETA, "la situación social permite que ETA se pueda regenerar rápidamente".
El asesinato de Juvenal Villafañe, reivindicado por la banda terrorista ETA en un comunicado publicado en Egin el día 28 de septiembre, ha quedado impune.
Juvenal Villafañe García, de 78 años, era vecino de Andoain desde veintiséis años antes, aunque había nacido en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas en 1915. A principios de la década de los sesenta fue destinado al cuartel de la Guardia Civil de Andoain, por lo que los vecinos del pueblo le apodaban "el sargento". En septiembre de 1968 se retiró de la Guardia Civil y trabajó durante una década como funcionario de la Diputación de Guipúzcoa. Desde que se jubiló se dedicaba a tramitar licencias de caza y pesca, pasaportes y todo tipo de documentación para los vecinos de Andoain, por lo que era muy conocido en la localidad. Juvenal Villafañe estaba casado, era padre de tres hijas y abuelo de un nieto. Sus restos mortales fueron enterrados en Islares (Cantabria), localidad natal de su viuda, la tarde del 18 de septiembre. Ese mismo día, Blanca Villafañe, una de las tres hijas de la víctima, declaró que ella perdonaría a los asesinos de su padre "si sintiesen que necesitan ser perdonados, pero como no lo van a sentir, no se me ocurre hablar de perdón". A lo que añadió que los que habían asesinado a su padre - "un padrazo, el mejor marido del mundo y una buena persona"-, "ni son gente ni son personas, son bestias" (ABC, 18/09/1993).

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Revolucionemos la educación: privaticémosla por Juan Ramón Rallo

Página Personal JRR.


Hace un año traté de explicar por qué resultaba necesario privatizar la educación superior en España. Sucede que uno de los más claros beneficios de abrir verdaderamente un mercado a la competencia es que los modelos tradicionales de satisfacer al consumidor son día a día puestos en solfa no ya por los asentados y acomodados empresarios, sino por la savia nueva que intenta sobreponerse a los caducos planes de negocio tradicionales: cualquier persona está legitimada para presentar su propuesta de valor a un inversor que la financie y, finalmente, al consumidor soberano que decida convalidarla o rechazarla.
Nada lejanamente parecido a esto sucede en España. Acaso por ello, el fracaso de su sistema educativo sea patente a todos los niveles desde hace años: la “generación mejor preparada de la historia” lo es sólo por bulto, no por calidad ni por adecuación de su formación a las necesidades del mercado; por número bruto de titulados, que no por capacidad de generación de riqueza de cada uno de ellos. Sólo así se explica que en la década del conocimiento, del alto valor añadido o de la especialización técnica, alrededor del 40% de los graduados de menos de 34 años esté siendo empleado, según la OCDE, en trabajos escasamente cualificados o que, de acuerdo con el INE, la prima salarial entre los licenciados y los simplemente escolarizados no haya dejado de estrecharse en los últimos veinte años. Y todo ello a pesar de que nuestro gasto público por alumno se ha duplicado en los últimos diez años hasta ubicarse en 2009 (últimos datos disponibles de Eurostat) en el tercero más elevado de toda la Unión Europea: por delante, sí, de Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, Reino Unido u Holanda.
Sonoro fracaso atribuible no ya a la LOGSE y a cuantas otras reformas educativas impulsoras de deficientes métodos pedagógicos y contenidos curriculares, sino a la concepción centralizadamente planificada del sistema: al arrogante error de querer que el método de enseñanza sea único para todo el mundo, sin permitir que cada escuela o cada universidad experimente con el suyo propio hasta descubrir cuál es el más adecuado en cada contexto histórico. ¿Qué daño habría hecho la LOGSE en caso de que sus principios sólo se hubiesen aplicado en una escuela de un barrio de Madrid? Pues apenas ninguno: constatado por los padres y por el director del centro la pobre preparación del alumnado, pronto habrían cambiado de método y pocos colegios cometerían la torpeza de emular una estrategia tan perdedora. En cambio, en nuestro centralizado sistema –público, concertado o privado sometido a draconianas regulaciones– no sólo se la ha impuesto a todo el mundo, sino que, por espurias consideraciones políticas de unos y de otros, se ha tornado en anatema siquiera el plantear modificarla.
En suma: lo que necesita la enseñanza es libertad para probar nuevos métodos, para componer planes de estudio, para rediseñar el papel del profesor, para adaptar el horario y el calendario lectivo, etc. El espectro de experimentaciones, incluso de experimentaciones exitosas según el tipo de alumno, es muy amplio: desde regresar al muy tradicional método de la educación personalizada en casa (el homeschooling) hasta aprovechar internet para impartir clases y titulaciones online a grupos más amplios.
Algunas de estas alternativas están simplemente prohibidas en España (el homeschooling) y otras se encuentran muy restringidas. A las trabas regulatorias para siquiera iniciar la actividad empresarial de crear un centro de estudios, se le une el sangrado fiscal a la ciudadanía para costear una educación pública carísima y, en muchos ámbitos, de baja calidad y adecuación a las necesidades del mercado. Por supuesto que, pese al páramo económico y normativo de España, aparecen muy dignas flores –como el centro de estudios online OMMA y su fundamental máster sobre teoría austriaca y value investing–, pero muchas menos de las que surgirían si el sistema fuera privado y estuviera desregulado. Acaso ésa sea la perversa finalidad última de su estatización: controlar y maniatar, a conveniencia del Gobierno, el natural y creativo desarrollo de la instrucción.
Esta crisis, no sólo presupuestaria sino también de patrones de especialización productiva, constituye el mejor momento para revolucionar la educación devolviéndosela a alumnos, padres e inversores. No tengamos miedo a innovar. Al fin y al cabo, si por alguna alineación planetaria acaeciera que la presente organización del sistema educativo español es la óptima, empresarios y consumidores lo descubrirían y lo conservarían en su actual forma. Pero creo que todos somos muy conscientes de que nada de eso sucedería: señal de que algo falla, esto es, de que no tenemos un sistema orientado a la mejor formación profesional del alumno sino a la perpetuación de centenares de miles de intereses creados.