Víctimas, 18 de agosto: José Manuel Juan Boix y José María Picatoste González de Echávarri

Libertad Digital.


El 18 de agosto de 1979 fallecía en el Hospital de La Paz el joven atleta JOSÉ MANUEL JUAN BOIXveinte días después de quedar gravemente herido como consecuencia de la explosión de la segunda bomba de una cadena de atentados indiscriminados de la banda terrorista ETA en elaeropuerto de Barajas y en las estaciones de tren de Chamartín y Atocha. Con su muerte se elevaba a siete el número de víctimas mortales provocadas por las explosiones: cinco de ellas murieron el mismo 29 de julio de 1979 y la sexta víctima, Dionisio Rey Amez, falleció el 2 de agosto.
José Manuel fue herido por la segunda de las bombas, la de la estación de Chamartín, que mató en el acto a la estudiante danesa Dorothy Fertig. Ingresado en La Paz, se le diagnosticó un politraumatismo de pronóstico muy grave y, aunque los primeros partes médicos indicaban una evolución favorable, la situación empeoró, falleciendo el 18 de agosto.
José Manuel Juan Boix tenía 18 años y era natural de Zaragoza. Estudiante y prometedor atleta, se le vaticinaba un gran futuro como corredor de fondo. Cuando fue asesinado por ETA era el atleta aragonés de fondo con mayor proyección internacional y acababa de ganar el Campeonato de España junior de tres mil metros lisos. Poco antes, se había proclamado campeón del mundo en Limerick (Irlanda), como parte del equipo junior de campo a través, y había conseguido la mínima para participar en el Campeonato de Europa Junior al Aire Libre. Su corta vida deportiva la desarrolló en dos clubes aragoneses: el Iris y el Scorpio 71. La pista de atletismo de Zaragoza lleva su nombre y cada año, desde su asesinato, se organiza un Memorial en su nombre en esa ciudad. La primera vez que se disputó la prueba fue el 5 de julio de 1980, ganándola Jorge García, compañero de José Manuel en la selección española que ganó el Campeonato Mundial de campo a través junior en el año 1979.
En la tarde del 18 de agosto de 1986 la banda terrorista ETA asesinaba en Villareal de Álava a JOSÉ MARÍA PICATOSTE GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI, coronel del Ejército de Tierra en la reserva activa, que se encontraba en la localidad alavesa pasando unos días de vacaciones con su familia.
El asesinato se produjo en el aparcamiento del restaurante Casa Astola poco después de las 18:20 horas. Dos jóvenes le dispararon varias veces cuando el militar, que iba de paisano, acababa de entrar en su vehículo, un Seat 1.500, acompañado de su mujer, dos hijos, una sobrina y otro matrimonio, después de haber tomado un café en el local y despedirse de uno de sus hijos que se marchaba a Francia. La víctima fue alcanzada tres veces, dos de ellas en el costado y una en el cuello, falleciendo prácticamente en el acto. Su mujer resultó herida por los cristales del vehículo rotos por los disparos de los terroristas. En el lugar de los hechos se hallaron cuatro casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.
En el momento de producirse el asesinato se encontraban en la barra del establecimiento media docena de personas. Al parecer, dentro del mismo local se encontraban los etarras, miembros del grupo Araba de ETA, tomando un refresco a la espera de que el militar saliese del mismo.
El coche usado por los asesinos, un Ford Fiesta rojo, fue encontrado hora y media después de que se cometiera el crimen en el kilómetro 22 de la carretera 625, a la altura del puerto de Cruceta, en la localidad alavesa de Aramayona. Fuerzas expertas en la detección de explosivos inspeccionaron el interior del vehículo y rastrearon los alrededores por si pudiera tratarse de un coche-trampa.
Un hijo de la víctima, José María Picatoste, mientras esperaba la llegada del juez que ordenara el levantamiento del cadáver, se dirigió a los periodistas gritando: "Nosotros no perdonamos. Desde ahora, están sentenciados a muerte. Esto no es política, son muertes, y han matado a mi padre. Lo único que hacen es destrozar familias. Y que conste bien claro que queremos al País Vasco".
De forma sorprendente, porque lo habitual en el brazo político de la banda terrorista ha sido lo contrario, un concejal de Villarreal perteneciente a Herri Batasuna, José Enrique Martínez de Sarriá, apoyó la moción del Ayuntamiento que condenaba el asesinato del coronel Picatoste y que calificaba a la víctima de "un hombre de bien" (ABC, 20/08/1986).
El asesinato del coronel de Artillería coincidió en el tiempo con el debate entre las fuerzas políticas vascas sobre la conveniencia o no de negociar con la banda terrorista ETA. Un día antes,Arzalluz había hecho unas polémicas declaraciones, en las que recordaba que "ETA había querido negociar, y Madrid no", añadiendo que "en Madrid hay gente que no quiere que ETA acabe". Por ese motivo, su partido y el Gobierno vasco estaban haciendo gestiones para establecer relaciones con la banda terrorista. El dirigente socialista Ricardo García Damborenea, por su parte, manifestó que estas polémicas sólo servían para hacer propaganda a ETA y que la banda "no quiere negociar y no ha dado todavía el primer paso para manifestar su voluntad de diálogo, que es dejar de matar". En opinión de García Damborenea, "al PNV se le ha quedado pequeño el Estatuto de Autonomía y no encuentra fórmula jurídica ni excusa política para romper el techo del Estatuto y se agarra a un clavo ardiendo con la esperanza de que, a través de la negociación con ETA, se amplíen los techos".
En 1989 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Antonio Cabello Pérez y a Juan María Gabirondo Agote por el asesinato de José María Picatoste, con los agravantes de alevosía y premeditación, a 29 años de prisión. En el mismo fallo se condenó a Eduardo Sainz Lobato a 27 años de prisión por los delitos de atentado y pertenencia a banda armada, pero sin el agravante de alevosía y premeditación. Por último, Jon Joseba Arrejolaleiba Madina fue condenado por pertenencia a banda armada a 7 años de prisión. Arrejolaleiba había realizado labores de información desde dos años antes de que se cometiera el asesinato.
José María Picatoste González de Echávarri, de 58 años de edad, estabacasado y tenía cuatro hijos. Era coronel de Artillería en la reserva activa y estaba destinado en el cuartel general de la brigada de Artillería de Burgos cuando fue asesinado. Pertenecía a la séptima promoción de la Academia General de Zaragoza y era especialista en artillería antiaérea. El coronel acostumbraba pasar algunos días de vacaciones en Villarreal de Álava. Iba a pasar a la reserva tres meses después y nunca había recibido amenazas, según comentaron sus familiares. El cuerpo del coronel asesinado fue trasladado en la noche de su asesinato al depósito de cadáveres del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, para practicarle la autopsia. Después sus restos mortales fueron llevados hasta Logroño, donde se instaló la capilla ardiente en las dependencias del Gobierno Militar. El funeral tuvo lugar el 20 de agosto en esta ciudad, de donde era natural su mujer y dos de sus hijos menores. Fueron presididos por el ministro de Defensa, Narcís Serra, y el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, José María Sáenz de Tejada.

Crisis y conflictos: realidad y ficción


Represión en el funeral de Oswaldo Paya



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The economics and history of cronyism


“When you leave the honey jar open, expect ants.”
—anonymous
When I speak of the benefits of economic freedom and free markets, many people in my audiences do not think of those terms the way I think of them. In the question-and-answer sessions that follow my talks, it seems people often think they are taking issue with free markets when they are actually rejecting cronyism—a term that encompasses government favoritism, special privileges, and special interests.
For example, people will object to the Wall Street bailouts carried out by the Bush and Obama administrations. As do I, because those bailouts violate free-market principles. They will object to government regulation that makes it difficult for small food producers to produce and sell food not inspected and approved by the U.S. Department of Agriculture. As do I.
As we shall see, cronyism has been around for a long time and is a bipartisan problem that has thrived under Democratic and Republican presidents and congresses. Cronyism not only picks winners based on political connections rather than on the extent to which they serve consumers, but also is destructive of wealth, sometimes highly so.
This is not a comprehensive overview of cronyism. No short study could be. Rather, it provides a perspective of cronyism: what it is, what’s wrong with it, some examples of it, why it happens, and how to reduce it.
WHAT IS CRONYISM?
What is the difference between free markets and cronyism? In free markets, buyers and sellers are free to agree on price; no government agency restricts who can buy or sell, and no one is told how or what to produce.[1] In contrast, under cronyism the government rigs the market for the benefit of government officials’ cronies. This takes various forms. Governments sometimes grant monopolies to one firm or limit the number of firms that can compete. For example, most U.S. municipalities allow only one cable company to operate in their area even though there is no technological reason more could not exist. The same is true for most other utilities.
Governments sometimes use quotas or tariffs to limit imports with the goal of protecting the wealth and jobs of domestic producers who compete with those imports. President George W. Bush did this in 2002, for example, when he imposed tariffs ranging from 8 to 30 percent on some types of imported steel.[2] Governments sometimes subsidize favored producers, as the Obama administration did with the politically connected solar-energy firm Solyndra. Governments may use antitrust laws to prevent companies from cutting prices so that other, less-efficient companies can prosper: For example, beginning in 1958, the U.S. government prevented Safeway from cutting prices for a quarter of a century.[3]
The entities governments help with special regulations or subsidies are not always businesses; sometimes they are unions. The federal government’s National Labor Relations Board’s (NLRB) complained against Boeing in April 2011, for example. In response to a complaint from the International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), the NLRB sought to require Boeing to produce its 787 Dreamliner in Washington State rather than in Boeing’s chosen location of South Carolina. According to the NLRB, by saying that “it would remove or had removed work from the [Puget Sound and Portland] Unit because employees had struck” and by threatening that “the Unit would lose additional work in the event of future strikes,”[4] Boeing was making “coercive” statements to its employees. As a matter of fact, it was not. Boeing was simply telling the employees some likely consequences of the union’s actions.
The Boeing-IAM case is not as simple as most of the press implied. It turns out there was a prior case of cronyism. The government of South Carolina promised Boeing “$900 million in tax relief and other incentives” in exchange for moving production to South Carolina.[5] Such is the tangled world of cronyism.