Héroes, 16 de agosto: Antonio López Carrera y Clément Perret


El jueves 16 de agosto de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad vizcaína de Sondica a ANTONIO LÓPEZ CARRERA, antiguo miembro de la Guardia de Franco.
Esa noche Antonio y su mujer habían salido a cenar con unos amigos a un restaurante en Sondica, algo que hacían una vez por semana. Tras terminar de cenar, regresaron a su domicilio. Cuando ya estaban cerca, la mujer se dio cuenta de que se había olvidado un jersey, por lo que Antonio volvió al restaurante a recogerlo, mientras ella subía al domicilio. Una vez recogido el jersey, Antonio emprendió de nuevo la vuelta a su casa, pero en el camino le esperaban tres terroristas de la banda ETA en un Renault 7 que habían robado media hora antes. Fue ametrallado por la espalda y alcanzado por siete disparos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, muriendo en el acto.
Según el propietario del automóvil utilizado por los terroristas, éstos le interceptaron en la carretera de Guecho y le ordenaron que bajara del coche. Posteriormente, lo ataron a un árbol con cadenas y le quitaron el Documento Nacional de Identidad. Lo abandonaron allí advirtiéndole que no diera cuenta del hecho a la Policía hasta pasadas dos horas.
En 1982, la Audiencia Nacional condenó como autores del atentado a José María Astola Iruretagoyena, Juan Bilbao Moro y Luis Alberto Pastor Landa a 26 años de cárcel.

Antonio López Carrera, más conocido como Gento, tenía 66 años. Había nacido en Camposanto (Cantabria) y tenía cuatro hijos, tres de los cuales estaban ya casados. Llevaba residiendo unos cuarenta años en Vizcaya. Hasta su jubilación había trabajado en la factoría de Astilleros Españoles en Olabeaga. Había pertenecido a la Guardia de Franco y, al parecer, había recibido amenazas. Algunos vecinos de Sondica manifestaron tras el atentado que Antonio López tenía vinculaciones con la extrema derecha.
A las tres y cuarto de la tarde del viernes 16 de agosto de 1985, miembros del grupo Argala de ETA asesinaban en Benicasim (Castellón de la Plana) al empresario francés CLÉMENT PERRET. Dos etarras se presentaron en la pizzería que regentaba junto a su hermano Gilbert en la localidad castellonense y, tras localizarle, abrieron fuego contra él. Perret recibió trece impactos de bala que le provocaron la muerte en el acto, y Miguel Palanques Sanahuja, camarero de 19 años, resultó herido de bala en una pierna.
Los dos terroristas irrumpieron en el restaurante, por puertas diferentes, y dispararon contra Clément Perret, que en ese momento se encontraba sirviendo una de las mesas. La víctima recibió un primer disparo, mortal de necesidad, y luego fue rematado en el suelo. Seguidamente, los terroristas huyeron a bordo de un vehículo con matrícula francesa en el que les esperaba un tercer terrorista. En el momento de cometerse el atentado, el restaurante estaba lleno de clientes. Además, estaban también presentes Gilbert Perret, un hermano de ambos, la esposa de Clément y un sobrino.
Al día siguiente, la banda terrorista ETA reivindicó el asesinato de Perret a través de un comunicado dictado telefónicamente, en catalán y en euskera, a una telefonista del Avui. También hubo una segunda reivindicación al diario Egin. La banda terrorista anunciaba, además, la continuación de su campaña de atentados contra organismos del Estado español, especialmente el estamento militar y sus servicios de inteligencia.

Clément Perret y su hermano Gilbert, además de Jean Pierre Chérid, habían sido citados en varios medios de comunicación españoles en abril de 1985 como presuntos integrantes de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Según estas informaciones los tres habrían pertenecido a la Organisation de l´Armée Secrète (OAS), banda que se opuso a la descolonización de Argelia. Como miembros de los GAL, y según esas informaciones, el 23 de noviembre de 1980 los tres habrían cruzado la frontera franco-española de Irún minutos después de haber cometido un atentado en un bar de Hendaya frecuentado por proetarras. En el atentado murieron ametrallados dos ciudadanos franceses, Jean Pierre Aramendi y José Camio, y resultaron heridas otras diez personas.
Sin embargo, desde que salieron esas informaciones en la prensa vinculándolos con la guerra sucia contra ETA, los hermanos Perret habían recibido numerosas amenazas de muerte, y en algunos momentos recibieron protección de la Policía. Fuentes francesas confirmaron que un responsable de ETA militar, muy próximo al por entonces jefe de la organización terrorista, Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin, estuvo buscando información en París a principios de 1985 en medios oficiales y periodísticos sobre supuestos miembros de los GAL refugiados en España, y especialmente en la comunidad valenciana.
Además, el nombre de los hermanos Perret había salido en la prensa valenciana con motivo de la explosión de un artefacto que destruyó el restaurante El Rincón del Arrantzale, ubicado en el Grao de Castellón. El diario Levante de Valencia atribuyó al accionista mayoritario de la sociedad y propietario del restaurante, José Luis Araquistain, de origen vasco, amistad con los hermanos Clément y Gilbert Perret, de los que el rotativo decía que eran comensales habituales en el local. Estas circunstancias fueron desmentidas por el propio Araquistain.
Fuentes del Gobierno Civil de Castellón desmintieron en el periódico ABC que los hermanos Perret tuvieran nada que ver los GAL (17/08/1985). En el mismo periódico, Gilbert Perret declaró que su "hermano hacía once años que no salía de aquí y sólo se dedicaba a sus negocios. La Prensa ha facilitado abundante información en los últimos tiempos sobre nuestras residencias y propiedades (...). La Prensa ha matado a mi hermano" (ABC, 18/08/1985).
En 1992 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot como autor del asesinato a la pena de 29 años de reclusión mayor. En 1997 el Tribunal Criminal de París condenó a cadena perpetua a Jacques Esnal y Jean Parot. El primero fue considerado autor material, mientras que el segundo era el conductor del vehículo en el que huyeron del lugar de los hechos. Este mismo tribunal condenó en rebeldía en 1998 a cadena perpetua a José Luis Arrieta Zubimendi, alias Azkoiti, por complicidad en el asesinato del empresario francés. El caso de Arrieta Zubimendi fue uno de los más polémicos en las relaciones entre Francia y España en la lucha antiterrorista. Azkoiti fue puesto en libertad vigilada por las autoridades francesas en febrero de 1993, cuando Francia ya había concedido su extradición a España. El etarra aprovechó para huir y a finales de los noventa se situó de nuevo en la dirección de la banda terrorista. En octubre de 1994 se dictó contra él orden de busca y captura. José Luis Arrieta Zubimendi murió de un ataque al corazón en la clandestinidad en Toulouse en el año 2001.
El grupo Argala de ETA, también llamado Itinerante y Francés, se creó en 1978 y fue desarticulado en marzo de 1990. La nacionalidad francesa de sus integrantes y su movilidad dificultaron su captura. Se les considera responsables de numerosos atentados, principalmente en Madrid y Zaragoza, que provocaron la muerte de treinta y siete personas y lesiones a decenas.
Clément Perret, industrial francés de 45 años de edad, había nacido en Aix-en-Provence (Francia) el 13 de diciembre de 1939. Estaba casado y residía en Benicasim (Castellón de la Plana). Vino por primera vez a España en 1971 y fue expulsado en 1974.

La Habana agoniza por los derrumbes

por Augusto Cesar San Martin.


Edificio Majestic, en La Habana. Fotos: Cubanet.
LA HABANA, Cuba, 14 de agosto (Augusto Cesar San Martin Albistur, www.cubanet.org) – El derrumbe en enero del edificio habanero ubicado en Zanja, entre Zapata y Salud, fue la continuidad del efecto dominó que promete más colapsos de edificaciones en la capital.
Seis meses después, las ruinas del edificio adyacente causaron otra muerte y desde la pasada semana las edificaciones colindantes están siendo desalojadas ante el inminente peligro de nuevos derrumbes.
Los vecinos del edificio de cuarenta y cuatro apartamentos ubicado en Jesús Peregrino número 508, con esquina en la avenida Infanta, del municipio Plaza, sintieron los estremecimientos de los anteriores derrumbes. Narran que las sacudidas derribaron algunos adornos en las casas y resintieron las columnas y placas del edificio, cuyo estado técnico es ya crítico.
Previniendo una nueva catástrofe, las autoridades locales comenzaron a evacuar a las personas que habitan en la zona posterior del edificio, la más crítica del inmueble. Hasta la fecha han sido trasladados hacia los municipios de Guanabacoa, Alamar, Boyeros y Playa.
Otro edificio afectado en la misma dirección es el Majestic, cuya construcción data de 1920. El segundo piso del inmueble ya fue desalojado, aunque la intención es vaciarlo para su demolición.
El edificio se ubica en la avenida Infanta entre Jesús Peregrino y Salud y, aunque se encuentra en condiciones peligrosas para sus residentes, la disponibilidad de albergues en este municipio es crítica por lo que la evacuación tomara algún tiempo.
Aunque existe incertidumbre entre los vecinos de los 58 apartamentos, algunos afirman que solo se desalojaran los pisos superiores y la zona posterior del edificio, resentida por los derrumbes. Otros esperan que, por motivos de seguridad para el resto del vecindario, evacúen todo el edificio porque las columnas que soportan el inmueble están visiblemente quebradas.
Hasta el momento en las edificaciones pertenecientes al municipio Plaza las autoridades de la Dirección Municipal de Vivienda no han encontrado resistencia para desalojar los inmuebles. El estado crítico de las construcciones y las muertes recientes de personas sepultadas por los escombros han sido demasiado poderosos para los agobiados residentes.
“La Habana nos está cayendo encima y no le cae ni una piedra a los culpables”, protesta una vecina que vende sus mercancías en el portal del edificio.
“Mi casa está apuntalada por dentro. Casi no puedo dormir, cuando pasa un camión o una guagua por Infanta parece que va haber otro derrumbe”, confiesa otro vendedor, residente del edificio.
acesar2004@gmail.com

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¿Y si bajamos el salario mínimo antes de extender el subsidio?

por Juan Ramón Rallo.


Ante la polémica sobre si, como proponía recientemente el BCE, había que reducir el salario mínimo y ante la otra polémica sobre si había que mantener el subsidio extraordinario de 400 euros para los parados, se me ocurrió plantear por Twitter la siguiente pregunta: “¿Por qué trabajar por 400 euros al mes es indigno e ilegal pero recibir un subsidio estatal de 400 euros es un derecho social?”.
La cuestión no iba particularmente dirigida a defender la eliminación del subsidio de 400 euros (algo que podría defenderse, pero por otras razones) sino, simple y llanamente, a abrir un debate más sencillo: si consideramos digno y aceptable que una persona sobreviva con una renta estatal de 400 euros, ¿por qué elevamos a la categoría de indigno e ilegal el que una persona se gane esos 400 euros trabajando a tiempo completo (posibilidad prohibida merced a nuestras leyes de salario mínimo)?
La diferencia económica entre percibir un subsidio y un salario es fundamental: un trabajador recibe un salario porque contribuye a generar una riqueza que luego es vendida a los consumidores, mejorando el bienestar de estos últimos; un parado, en cambio, recibe un subsidio a partir de los impuestos que pagan los agentes que siguen generando riqueza, esto es, se apropia de una parte de la riqueza de esas personas sin entregarles nada a cambio.
Malos argumentos económicos
Entendería, y hasta cierto punto vería coherente, que una persona abogara por reducir el salario mínimo a, al menos, 400 euros al mes y, para aquellas personas que ni siquiera así hallen ocupación, promueva que se les asigne una ayuda temporal de 400 euros. Lo que me resulta incomprensible es que se opte por prohibir relaciones laborales de 400 euros (leyes de salario mínimo) y, en cambio, se considere imprescindible el mantenimiento del subsidio. ¿Acaso trabajar por 400 euros es indigno pero recibirlos sin trabajar no lo es?
La respuesta más inmediata para oponerse a la reducción del salario mínimo es que “con 400 euros no se puede vivir”. Pero si eso fuera así, ¿entonces qué ganamos conservando un subsidio de 400 euros con el que no se puede vivir? Ante esto, rápidamente se argumenta que la ayuda estatal de 400 euros constituye un auxilio transitorio a la espera de encontrar un trabajo. Pero, ¿un trabajo por el que se perciben 400 euros al mes no es una situación provisional a la espera de encontrar una ocupación mejor y con mayor remuneración?
Constatada la flagrante contradicción, entonces comienza el despliegue de malas intuiciones económicas. La más primaria y la que, en el fondo, más indignación genera es que si se pagaran salarios de 400 euros mensuales, “alguien se estaría aprovechando”. Ese alguien es, claramente, el empresario capitalista que, según este punto de vista, se lucraría a costa de abonar bajos salarios a los seis millones de parados.
Sin embargo, semejante explicación se topa con obstáculos muy serios. Si los empresarios españoles pudiesen pagar salarios de 400 euros mensuales a los seis millones de parados, ¿obtendrían una rentabilidad normalita (equivalente al 4-5% de su inversión) o una extraordinariamente alta? Si el caso es el primero, simplemente estaríamos diciendo que para crear negocios viables en España (que cubran el coste del capital) necesitamos salarios más bajos y, por tanto, no habría motivo para oponerse a la rebaja salarial (salvo que queramos impedir que se creen negocios viables en España). Si fuera el segundo caso, esto es, si pagar salarios de 400 euros fuera un auténtico chollo en relación con los ingresos que un empresario puede obtener mediante la venta de la producción de los trabajadores, nuestra predicción debería ser que, rebajando el salario mínimo a 400 euros, no sólo los seis millones de parados desaparecerían (pues sería una ganga contratarles y “explotarles”), sino que además la inversión extranjera entraría a tropel en nuestro país para dar empleo a las masas depauperadas. O dicho de otro modo, la inversión seguiría entrando en España hasta que el paro desapareciera, los salarios subieran y la rentabilidad de las empresas dejara de ser extraordinaria: si eso no sucediera, entonces es que la rentabilidad empresarial por pagar salarios de 400 euros al mes no sería tan extraordinariamente alta.
Pero, si lo fuera, ¿cuál sería entonces el problema de que los salarios se ajustaran a la baja transitoriamente hasta que se crearan en España nuevos modelos de negocio que permitieran ir abonando sueldos mayores con el paso del tiempo y la mejora de la productividad? ¿Acaso es preferible la alternativa de que el Estado se endeude hasta la bancarrota para proporcionarles a los parados subsidios de 400 euros que no contribuyen a crear esos modelos de negocio? No lo parece: a corto plazo, un parado que pasa a trabajar a cambio de 400 euros crea riqueza para los consumidores y a largo plazo contribuiría a relanzar la economía. Todo lo contrario que con los subsidios estatales.
Llegan entonces quienes sostienen que pagar salarios de 400 euros deprimiría aún más el consumo y hundiría la economía. De nuevo, el problema de esta tesis es triple: el primero, que lo mismo puede decirse de los subsidios de 400 euros. El segundo, que el crecimiento de las economías capitalistas no depende del consumo, sino del ahorro y la inversión. Y el tercero, que la situación española acredita que sus dificultades no vienen de la falta de consumo, sino la falta de inversión derivada de insuficiencia de oportunidades de negocio rentables. Y la falta de oportunidades de negocio no procede de la caída del consumo interno, sino de que no somos lo suficientemente competitivos como para vender mucho más al extranjero, y no lo somos por una cuestión de costes empresariales (entre ellos, el coste interno del trabajo). España se sigue endeudando con el exterior para financiar su gasto interno; un endeudamiento que ya no podemos permitirnos y que por tanto hay que reducir a cero (consumiendo menos y exportando más).
Esclavitud versus pobreza
Y en este punto es cuando todo intento por razonar colapsa y el interlocutor se limita a exclamar que con tales condiciones laborales volveríamos al esclavismo, lo cual constituye un disparate mayúsculo. Primero, porque entonces el subsidio de 400 euros al mes se convertiría, por idénticos motivos, en una forma con la que el Estado esclaviza o compra en propiedad a sus ciudadanos. Segundo, porque las relaciones esclavistas son coactivas, hasta el punto de que el esclavo no puede cambiar de trabajo si encuentra una oferta laboral mejor. Y tercero, por una falta de perspectiva geográfica e histórica: en muchos países europeos, salarios de 400 euros son la pauta general y hace 30 años en España se percibían sueldos medios reales de 900 euros (lo que significa que una parte de la población los percibía de 400 o 500) sin que nada de todo ello constituyera esclavitud.
No se trata, claro, de que uno desee volver a esas épocas pretéritas, sino simple y llanamente de diferenciar pobreza de esclavitud: ser más pobres (o mucho más pobres) de lo que lo somos ahora no nos convierte en esclavos, sino en más pobres. Y, de hecho, deberíamos ser conscientes de que la burbuja inmobiliaria, provocada y agravada por el intervencionismo estatal, sí nos ha pauperizado enormemente: negarnos a reconocerlo y a adaptarnos en consecuencia sólo hace que agravar nuestra ya de por sí precaria situación actual.
Al final, pues, toda esta instintiva crítica a los salarios bajos y su paralela defensa del subsidio estatal probablemente sólo sean un mecanismo de autodefensa: dado que si nos halláramos en una situación de desempleo preferiríamos cobrar un subsidio sin trabajar que trabajar por un salario tan bajo, tratamos de convencernos y de convencer a los demás de que tal escenario es el deseable, aunque objetivamente no lo sea. Desde un punto de vista social, sería mucho más generoso fabricar algo de riqueza para la comunidad (a partir de la cual cobrar un salario mensual de 400 euros) que arrebatar parte de la riqueza que generan los demás. Pero, desde el punto de vista individual, obviamente todos preferiríamos consumir sin producir (sin trabajar), de ahí que, incluso inconscientemente, se retuerzan los razonamientos para justificarlo.
La cuestión, sin embargo, sigue siendo: ¿por qué antes de entregar una renta estatal de 400 euros a los parados no descubrimos si puede crearse empleo y riqueza con salarios mínimos de 400 euros mensuales?

Nueva acción represiva contra el proyecto Estado de SATS

por Ernesto Santana Zaldívar.

LA HABANA, Cuba, agosto, www.cubanet.org -El viernes 10 de agosto, un operativo de la Seguridad del Estado impidió que la mayor parte de los que acudieron al espacio Cine a Toda Costa, del proyecto Estado de SATS, pudieran llegar a la casa donde se llevan a cabo habitualmente los encuentros, en la calle 1ra entre 48 y 60, en el municipio capitalino de Playa. Esa noche, a las 8 p.m., se realizaba la exhibición del documentalKnockout, de Darsi Ferrer, a la que algunos, burlando el cerco de la policía política en las calles que conducían al lugar, pudieron asistir de todas formas. Al parecer no se efectuaron detenciones, pero a todo el que llegaba a unas dos cuadras de distancia se le pedía el carné de identidad y se le preguntaba a dónde se dirigía. En caso de responder que iba a la dirección mencionada, se le informaba que no se le permitía el paso hasta allí a nadie. Su nombre era informado de inmediato por walkie-talkie y, luego de la verificación correspondiente y algunas preguntas intimidatorias de rigor, se le devolvía el documento de identidad y se le decía que debía retirarse inmediatamente del sitio.
El espacio Cine a Toda Costa fue inaugurado hace más de tres meses con la proyección del documentalDespertar, censurado en la XI Muestra de Jóvenes Realizadores, con la presencia de uno de los directores, Ricardo Figueredo Oliva, y de Raudel Collazo, rapero a quien está dedicado el documental. Posteriormente se han exhibido otros filmes, como El arte de hacer ruinas o Los nietos de la revolución. Pero el espacio principal del proyecto Estado de SATS ha sido desde hace más de un año el que se dedica a los paneles de análisis y debate sobre importantes temas de la actualidad política y social del país, como fueron, por ejemplo, los que se realizaron en torno a la visita del papa Benedicto XVI a Cuba y la operación Voto de Silencio con el que las autoridades intentaron controlar y silenciar a opositores y activistas. Notable importancia ha tenido, además, laDemanda ciudadana por otra Cuba, anunciada allí en el pasado mes de junio, donde se le exige al gobierno cubano la ratificación de los pactos internacionales sobre derechos humanos ya firmados en 2008 en la ONU.
El hecho de que la policía política haya intentado evitar con ese despliegue de agentes la reunión en que se exhibiría un documental, tiene, entre otros motivos, la relevancia de su realizador, el doctor Darsi Ferrer, destacado opositor y ex preso político, director del Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas, que fue considerado por Amnistía Internacional “prisionero de conciencia”, muy conocido por sus sistemáticas denuncias sobre la situación del sistema de salud cubano y por haber organizado varias marchas en La Habana por el Día Mundial de los Derechos Humanos, además de que hace dos años participó en el Consenso Cívico que, “en nombre de la sociedad civil cubana”, pidió al mandatario Raúl Castro que reconociera a las organizaciones independientes y (lo mismo que la Demanda ciudadana posteriormente ) que ratificara los pactos internacionales de Naciones Unidas firmados por el gobierno.
Otro motivo es la creciente hostilidad de la policía política contra el proyecto Estado de SATS. Ya en varias ocasiones habían sido detenidos algunos invitados a los encuentros y habían sido intimidados algunos asistentes para evitar su participación. Antonio Rodiles, coordinador del proyecto, había sido amenazado de múltiples maneras y, finalmente, tras la trágica y sospechosa muerte del líder opositor Oswaldo Payá, en la marcha hacia su entierro, había sido arrestado violentamente (igual que decenas de disidentes y activistas) y retenido en una estación de policía durante veinticuatro horas. Así que este resulta ser otro eslabón de la misma cadena.
En una comunicación telefónica en esa misma noche del 10 de agosto, Antonio Rodiles relató: “Primero tenían organizado un mitin de repudio, pero nos enteramos y lo informamos de inmediato, y entonces decidieron impedir que llegara la gente hasta aquí”. Por otra parte, reconoció que “un hecho como este no había ocurrido antes, nunca un cerco así”. Finalmente, dijo que a Estado de SATS le resultaba imposible quedarse con los brazos cruzados. “Esta medida de ellos tendrá una respuesta por parte de nosotros”, aseguró Rodiles.