Víctima, 7 de agosto: Francisco Gil Mendoza

Libertad Digital.


Pasadas las diez y media de la noche del día 7 de agosto de 1991 el etarra Juan Ramón Rojo González, encapuchado y armado con un subfusil, asesinaba a tiros en Irún (Guipúzcoa) a FRANCISCO GIL MENDOZA, mientras su hermano Alfredo, que se encontraba con él en la plaza de Urdanibia de la localidad guipuzcoana, consiguió huir antes de que lo asesinaran.
Esa noche los hermanos se encontraban sentados en un banco de la plaza cuando advirtieron la presencia de un encapuchado que, mientras se dirigía hacia ellos, sacó un subfusil que llevaba escondido debajo del jersey. Los dos jóvenes empezaron a correr, momento en el que Rojo González, desde una distancia aproximada de treinta metros, lanzó una ráfaga de disparos, alcanzando a Francisco en la cabeza y en la espalda. En el lugar de los hechos se recogieron doce casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.
Francisco Gil pudo andar todavía unos metros hasta que, gravemente herido, cayó desplomado. Fue atendido primero en el Hospital Comarcal del Bidasoa y, debido a su gravedad, lo trasladaron a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, donde ingresó cadáver. Antes, un grupo de proetarras se negó a socorrer al joven herido, cuando su hermano, desesperado, entró en el Bar Deportivo, situado en la misma plaza, pidiendo ayuda a los dueños y clientes del establecimiento. Los encargados del bar, frecuentado por simpatizantes de Herri Batasuna, subieron el volumen de la música y una de las camareras arrojó un vaso contra Alfredo que arremetió contra el equipo de música (ABC, 9/08/1991).
Desde mayo de 1980 la banda asesina ETA abrazó la causa de la lucha contra supuestos traficantes de drogas, cometiendo auténticos disparates, pues en la mayoría de los casos o los asesinados no tenían nada que ver con el tráfico de drogas, o simplemente eran consumidores que trapicheaban con pequeñas cantidades sólo para conseguir la dosis que necesitaban para su propio consumo. Este es el caso de Francisco Gil que, al igual que su hermano Alfredo, era consumidor de droga, pero que en ningún caso era un narcotraficante, que es de lo que les acusaba la banda asesina. Según fuentes de la Policía Municipal de Irún habían sido detenidos alguna vez por traficar con drogas a pequeña escala.
Apenas quince días antes de que ETA iniciase en 1980 su campaña de asesinatos para acabar supuestamente con el narcotráfico, la Mesa Nacional de Herri Batasuna había hecho pública una declaración en la que afirmaba que la heroína se estaba introduciendo de forma masiva en el País Vasco con clara intencionalidad política. El objetivo era, según HB, apartar a los jóvenes vascos de cualquier otro tipo de intereses y preocupaciones, como los sociales, políticos, culturales etc. Una campaña parecida, pero contra las discotecas, la había iniciado ETA con ese mismo tipo de argumentaciones -"destrozar a nuestro pueblo, enajenarlo", conducirlo "a un mundo falso"- en 1972 afirmando, además, que la Policía estaba muy interesada en el mantenimiento de las salas de fiesta e, incluso, que las financiaban ("Comunicado de ETA al pueblo trabajador vasco", abril 1972,Documentos Y, vol. 12, citado por Alonso, Domínguez y García Rey en Vidas rotas, pág. 816).
A lo largo de su historia, la banda terrorista ETA ha fagocitado causas que, a priori, podían contar con el apoyo de parte de la sociedad, como la causa ecologista o la supuesta lucha contra las drogas. Sin embargo, la familia de Francisco Gil, a diferencia de lo que ocurrió en otros casos, no quiso callarse, y dio la cara por el joven que, sí, era consumidor de drogas, pero no era un narcotraficante. En una carta a varios medios de comunicación decían: "Es posible, casi seguro, que trapicheara con algunas dosis para conseguir las pesetas suficientes para su autoconsumo" pero "no era un narcotraficante. No hacía dinero con la droga, ni tenía bienes ni un gran tren de vida (...) No entendemos por qué nos lo han matado, pero sí sabemos que su muerte no servirá para nada, que los drogadictos no dejarán la droga porque hayan matado a uno de ellos, ni los que realmente trafican y hacen dinero con la desgracia ajena van a pararse por eso (...) Esperamos que los padres y familiares de drogadictos comprendan nuestro dolor por su muerte violenta y griten con nosotros: ¡Basta ya de asesinatos, de marginación y de desprecio!" (Agencia Efe, 13/08/1991).
El asesinato de Francisco Gil Mendoza fue cometido por miembros del grupo Irún de ETA (Juan Ramón Rojo González, Iñaki Recarte Ibarra y José Ramón Goñi Ruiz), grupo ‘legal’ de la banda de apoyo al grupo Iparhaizea de ETA que actuaba en la comarca de Irún. Las Fuerzas de Seguridad consideran que los tres no sólo asesinaron al joven, sino que robaron armas en un cuartel y colocaron explosivos en un bar de Irún y bajo el vehículo de un vecino de Fuenterrabía.
Juan Ramón Rojo González fue detenido por la Guardia Civil en enero de 1992 en Basauri (Vizcaya) junto a Pedro Urra Guridi. Desde un primer momento, el etarra exculpó a José Ramón Goñi Ruiz,hijo del ex gobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu, del asesinato de Gil Mendoza. Por su parte, Iñaki Recarte, detenido un año después del crimen, confesó que se había jugado a cara o cruz con Rojo González quién de los dos perpetraba el asesinato de los hermanos Gil Mendoza. Finalmente fue Rojo el que disparó. De Goñi Ruiz no se sabe nada desde 1992, cuando se dio a la fuga tras las detenciones de Rojo González y Recarte Ibarra. Pasó a la clandestinidad y está en paradero desconocido (elcorreo.com 21/12/2008).
En 1996 la Audiencia Nacional condenó a sendas penas de 30 años de prisión mayor a Juan Ramón Rojo González y a Iñaki Recarte Ibarra por el asesinato de Francisco Gil. En la sentencia se recoge el motivo por el que decidieron matarlo: "como entre los objetivos de ETA figuraba eliminar corporalmente a dicha clase de traficantes, los procesados decidieron dar muerte a los hermanos Gil".
Francisco Gil Mendoza, de 27 años, era natural de San Sebastián, aunque en el momento de su asesinato residía en la localidad vasco-francesa de Hendaya. Su padre, pintor de profesión, residía en dicha localidad desde su juventud, con su mujer y sus cinco hijos, varios de los cuales, entre ellos Francisco y Alfredo, no vivían ya en el domicilio familiar.

Lee Guk Hyun

Cuaderno de Retazos

Víctimas, 6 de agosto: Antonio Ligero Hec y Rafael Mucientes Sanz

Libertad Digital.


A las cuatro de la tarde del 6 de agosto de 1987 la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria mediante la explosión de un coche-bomba a los policías nacionales ANTONIO LIGERO HEC yRAFAEL MUCIENTES SANZ, en un atentado en el que también resultó herida por la metralla Obdulia Vega Solac. El atentado se produjo en plenas fiestas patronales de Vitoria en honor de la Virgen Blanca.
Los agentes formaban parte de una patrulla de rutina compuesta por dos coches de la Policía que transitaban por el Alto de Armentia. Miembros de la banda terrorista habían colocado un coche-bomba en la cuneta de una curva situada en la carretera que va desde el Alto de Armentia hasta el paseo de San Prudencio en Vitoria. El coche-bomba estaba cargado con treinta kilos de explosivo y cuarenta de metralla. En el momento en el que los coches se pusieron a la altura de la bomba, uno de los terroristas accionó el detonador a distancia. La explosión alcanzó de lleno al segundo turismo, que resultó materialmente destrozado, y sus dos ocupantes, Antonio Ligero y Rafael Mucientes, fallecieron prácticamente en el acto. Restos del turismo se esparcieron por los alrededores encontrándose trozos del mismo a un centenar de metros. En el lugar de los hechos se recogieron también bolas de rodamiento de considerable diámetro y tuercas que formaban parte de los cuarenta kilos de metralla del artefacto. Los agentes asesinados pertenecían a la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria, y llevaban varios años destinados en la capital alavesa.
Los dos policías nacionales fueron trasladados urgentemente al Hospital de Santiago, donde ingresaron cadáveres. Presentaban fractura de cráneo con salida de masa encefálica y graves quemaduras por todo el cuerpo. Fragmentos de la metralla que integraba el artefacto se incrustaron en viviendas situadas a centenares de metros del lugar de la explosión. Parte de esta metralla alcanzó la pierna de Obdulia Vega Solac, que fue dada de alta tras ser atendida en un centro sanitario de Vitoria.
La zona en la que se produjo el atentado era un lugar de esparcimiento de la capital alavesa. En el momento de la explosión, numerosas personas comían en restaurantes de los alrededores. Los cristales de domicilios y restaurantes quedaron hechos añicos y algunas puertas se desencajaron por la violencia de la explosión, escuchada en un radio de varios kilómetros.
A los pocos minutos de producirse el atentado llegó al lugar de los hechos Julen Elorriaga, delegado del Gobierno en el País Vasco. Su residencia oficial, Los Olivos, situada en el Alto de Urbieta, está muy cerca del lugar de la explosión.
Durante la celebración del funeral, un grupo de agentes de la Policía Nacional increpó a los representantes políticos presentes y reclamó que sus miembros fueran trasladados a otros puntos de destino en España. Por este motivo, la Dirección General de la Policía abrió expediente a una docena de policías. En esa época eran frecuentes las protestas sindicales por las pésimas condiciones y la deficiente calidad de los acuartelamientos de los policías destinados en el País Vasco, unido a que muchos agentes sufrían el denominado síndrome del Norte derivado de la alta tensión que padecían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el terrorismo y el rechazo social. En los días posteriores al asesinato de Antonio Ligero y Rafael Mucientes el Ministerio del Interior anunció la puesta en marcha de gabinetes psicológicos para atender a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco y en Navarra.
Un día después del asesinato de Rafael y Antonio, la banda terrorista ETA lanzó siete granadas contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaráuz (Guipúzcoa), hiriendo de gravedad por una esquirla en el cerebro a Borja Blanco Vega, un bebé de doce meses hijo de un guardia civil. Su hermano de siete años y la abuela del niño también resultaron heridos.
Diferentes sentencias de la Audiencia Nacional especifican que los responsables del atentado fueron José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto. Para ello contaron con la colaboración del matrimonio formado por Miren Gotzone López de Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa, que les alojaron en su domicilio desde finales de julio y les ayudaron a huir a Francia.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a 57 años de reclusión mayor a Juan Carlos Arruti Azpitarte, además de a otras penas de reclusión menor. En la misma sentencia fueron condenados a las mismas penas Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga porque "ayudaron a los miembros del comando en los preparativos". En enero de 2008 fue condenado José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, a 82 años de cárcel. En febrero de 2010, la Audiencia Nacional impidió que Arruti Azpitarte, Paterra, saliese de prisión -en la que está desde 1989 cumpliendo penas que suman un total de 403 años- al aplicarle la doctrina Parot. De este modo, la excarcelación de este asesino se verá aplazada hasta el año 2019.
María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, fue detenida en Francia en octubre de 2004. Con un currículum espeluznante como miembro de los grupos Araba y Madrid de ETA, ha sido la etarra que más lejos ha llegado en la cúpula de la banda, después de María Dolores González Katarain, Yoyes. Estaba huida desde 1981. El 24 de septiembre de 2010 el Consejo de Ministros aprobó continuar con el procedimiento de solicitud a Francia de la ampliación de extradición activa de Iparraguirre concretamente por el atentado del 6 de agosto de 1987. La etarra se encuentra actualmente en la prisión francesa de Fresnes en París, mientras Francia decide sobre otras solicitudes anteriores de extradición.
Antonio Ligero Hec, de 30 años, era natural de Conil de la Frontera (Cádiz), donde una calle lleva su nombre. Estaba casado y tenía dos hijos. Había ingresado en 1979 en el Cuerpo Nacional de Policía. En marzo de 1984 le fue asignado el destino de Vitoria. Antes de incorporarse a la Policía Nacional había sido mecánico naval.


Rafael Mucientes Sanz, de 37 años, era natural de la localidad vallisoletana de Mojados. Estaba casado y tenía dos hijas. Había ingresado en 1971 en el Cuerpo Nacional de Policía. Desde 1982 prestaba servicio en la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria.