Héroes, 1 de marzo: Emilio Guezala Aramburu y Pedro Ortiz de Urbina

Libertad Digital.

El 1 de marzo de 1976 ETA asesinaba a tiros en Lezo (Guipúzcoa) a EMILIO GUEZALA ARAMBURU bajo la acusación de ser confidente de la policía.
Emilio, en compañía de su primo Fernando Inchaunderreta, salía de un bar de la localidad guipuzcoana de Lezo. En ese momento, dos miembros de ETA le ametrallaron desde un coche en marcha. Recibió ocho impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el acto. Su primo resultó con heridas en una pierna.
Por este asesinato fue detenido en 1976, ingresando en prisión, Enrique Pagoaga Gallastegi, hermano de José Manuel Pagoaga, Peixoto. Posteriormente estuvo refugiado en Francia. En 1987 fue nuevamente detenido y expulsado a Argelia. Tras la ruptura de las conversaciones de Argel, fue deportado a Venezuela.
Emilio Guezala Aramburu tenía 49 años y era veterinario, profesión que ejerció durante varios años en Rentería. Desde 1961, y ante la posibilidad de ser trasladado a Canarias, prefirió cambiar de oficio, pasando a trabajar como inspector de la línea de autobuses interurbanos San Sebastián-Fuenterrabía, donde era enlace sindical. Había enviudado cuatro años antes de su asesinato y vivía con su madre octogenaria en Lezo. Tenía un hijo de 21 años haciendo la mili en Canarias, y cuatro hijas de 12, 14, 17 y 18 años. Anteriormente había recibido amenazas de la banda terrorista.
A las 08:35 horas del 1 de marzo de 1984, ETA asesinaba en Vitoria al subcomisario del Cuerpo Superior de Policía jubilado PEDRO ORTIZ DE URBINA GARAYALDE.
En torno a las 7:30 horas tres personas intimidaron, a punta de pistola, a Jesús María Díaz de Heredia, propietario de un vehículo Seat Ritmo, que se disponía a salir del garaje de su casa. Los jóvenes situaron al propietario del vehículo en la parte trasera y, sin mediar palabras, se dirigieron al domicilio del ex subcomisario retirado, en la avenida de Judizmendi de la capital alavesa. Tras penetrar en el edificio, dos miembros del comando subieron hasta el piso de los porteros mientras un tercero permanecía en el coche robado con el propietario.
Al cabo de cinco minutos los tres terroristas se reunían en el octavo piso del inmueble y, tras maniatar al portero y al propietario del vehículo, bajaron con la portera al tercer piso, obligándola a llamar a la puerta del domicilio de Pedro Ortiz de Urbina. Al no responder nadie porque el ex policía se encontraba en misa, como cada mañana, los agresores tuvieron que repetir la operación al cabo de unos minutos.
Eran ya las 8.35 horas cuando los tres miembros del grupo terrorista se personaban de nuevo en el tercer piso, utilizando a la joven portera para que pulsara el timbre. En cuanto Pedro Ortiz de Urbina abrió la puerta, retiraron a la portera y dispararon contra el funcionario de policía retirado. Un proyectil le alcanzó en el pecho y otro en la cabeza. Cayó muerto en el mismo umbral de la puerta, en donde posteriormente fueron recogidos cuatro casquillos del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.
Los asesinos huyeron en el mismo coche robado y lo abandonaron después en una de las calles adyacentes al lugar del atentado.
En 1990 fue condenado como autor material del asesinato de Pedro Ortiz de Urbina Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y Carlos Torrecilla Parra como cómplice. En 2002 fue también condenado por el asesinato del ex policía Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri.
Pedro Ortiz de Urbina tenía 63 años. Natural de la localidad de Gamarra Mayor a las afueras de Vitoria. Era viudo desde tres años antes de su asesinato y no tenía hijos. Pedro había sido comisario de policía. Posteriormente ejerció de veterinario en el matadero municipal de Vitoria, tras pedirse una excedencia en la Policía. Se jubiló de subcomisario en 1982. Los vecinos de la víctima aseguraron que era una persona algo introvertida, muy conocida en el barrio por su gran pasión por los animales.

Madre del preso Rolando Castro maltratada en la visita familiar

Dania Virgen García.



Desde el destacamento 1 de la Prisión Kilo 9, en la provincia de Camagüey, destacamento uno, informa el preso Rolando Castro Sánchez, que su madre fue maltratada cuando lo visitó el martes 14 de febrero.

Cuando se encontraba en la entrada de la prisión en horas de la mañana para la visita familiar, fue dejada bajo el sol por espacio de ocho horas, refiere Castro Sánchez.

Su madre, Zoila Castro Sánchez, de 69 años de edad, y enferma de cáncer, es la única persona que lo ha atendido en los 25 años que lleva en prisión.

La anciana vive a 79 kilómetros de la cárcel de Kilo 9.  Siempre va temprano a las visitas por la situación del transporte, ya que donde reside, después de las cuatro de la tarde no hay vehículos. El día 14  llegó a la prisión a las 7 y 45 de la mañana; cuando los familiares comenzaron a pasar a las nueve de la mañana, ella era el número tres, pero un funcionario de orden interior  preguntó que quienes eran los familiares del reo Rolando Castro, y cuando ella respondió, el militar la sacó de la cola, y le dijo que tenía que esperar afuera hasta que la llamaran. La anciana estuvo bajo sol hasta las 3  de la tarde, que le permitieron pasar.

Cuando llegó al salón de visita, el hijo le preguntó  qué le había pasado, y cuando ella le contó lo sucedido y Castro le pregunto al militar, este le respondió que él no tenía nada que ver con la situación, que era una orden que le habían dado, que él “sabía quiénes”.

Rolando Castro sólo pudo estar con su madre 18 minutos en la visita, ya que la anciana se sentía mal y tenía sangramiento.

Asegura Rolando Castro: “Estas torturas sicológicas  son una venganza que usan los oficiales de la Seguridad del Estado contra los que se oponen al régimen.”

Refiere Castro Sánchez que el pasado 2 de febrero, una tía suya fue acosada por tres oficiales de la Seguridad del Estado, dos mujeres y un hombre,  quienes  le advirtieron que le sería  quitada la chequera que recibe por ser un caso social “porque el dinero se lo estaba dando a su sobrino para hacer contrarrevolución y  dar informaciones a los contrarrevolucionarios de La Habana. Los oficiales  le advirtieron que podían hacer lo mismo que hicieron a la madre de Rolando, que después que le dieron un televisor, por ser un caso social, se lo quitaron.

“Este tipo de crueldad lo que hace es fortalecerme, llenarme de fuerza, voluntad, y razones para continuar luchando hasta el último segundo de mi vida”, advirtió  Rolando Castro.

dania@cubadentro.com

Nuevos vientos en la lucha antidrogas

Andrés Oppenheimer.



Por primera vez desde que Estados Unidos lanzó su “guerra contra las drogas” hace cuatro décadas, hay signos de que las fuerzas que apoyan la legalización de drogas ilegales están ganando terreno en todo el continente.
Es cierto que se trata de un debate que recién empieza a nivel gubernamental, y pasarán años antes de que se produzcan resultados concretos. Pero hay varios factores nuevos —incluyendo un recorte de la ayuda antinarcóticos de Estados Unidos a Latinoamérica que salió a relucir en el presupuesto para el 2013 enviado al Congreso por el presidente Barack Obama la semana pasada— que reflejan desafíos cada vez más serios a la tradicional estrategia antinarcóticos de Estados Unidos basada en la interdicción y prohibición de drogas ilegales.
Veamos:
En primer lugar, los presidentes latinoamericanos en ejercicio por primera vez están pidiendo abiertamente discutir la posibilidad de legalizar o descriminalizar las drogas ilícitas. Hasta ahora, se trataba de una propuesta de ex-presidentes, como los ex mandatarios Vicente Fox y Ernesto Zedillo de México, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y César Gaviria de Colombia.
Los actuales presidentes de México y Colombia han dicho que están abiertos al debate del tema, pero que no van a tomar la iniciativa.
La semana pasada, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina dijo que propondrá a sus contrapartes centroamericanas legalizar las drogas y descriminalizar el transporte de drogas en toda la zona. Un asistente de Pérez Molina me dijo que el Presidente llevará el tema a un encuentro de países centroamericanos programado para marzo.
“Quiero poner este tema sobre la mesa”, dijo Pérez Molina, según reportó The Associated Press. “No sería un delito transportar ni trasladar la droga. Todo eso tendría que ser regulado”.
Simultáneamente, Estados Unidos planea disminuir su ayuda anti-droga a Latinoamèrcia en un 16 por ciento el año próximo, según el presupuesto 2013 que Obama envió al Congreso.
Según esa propuesta de presupuesto, los fondos para control y cumplimiento de la ley entregados a México serán recortados en casi 50 millones de dólares, o 20 por ciento respecto de los niveles del año pasado, mientras los fondos antidroga destinados a Colombia caerían en un 11 por ciento, y los destinados a Guatemala en un 60 por ciento.
Los partidarios de los recortes de ayuda antinarcóticos dicen que las nuevas cifras reflejan en parte la creciente capacidad de los países latinoamericanos para combatir a los carteles del narcotráfico. Los críticos cuestionan, eso diciendo que es difícil argumentar que México y Guatemala, entre otros, necesitan menos ayuda externa para la lucha contra los carteles.
En tercer lugar, aunque la legalización o despenalización de la droga sigue siendo un tema tabú en el Congreso de Estados Unidos, las fuerzas pro-despenalización están haciendo significativos progresos a nivel estatal. Ya hay 13 estados que han aprobado el uso de la marihuana con propósitos médicos, y otros tres que lo propondrán a nivel estatal en las elecciones presidenciales de noviembre.
Además, algunos expertos predicen que la iniciativa de legalización de la marihuana en California, la Propuesta 19, que perdió por un margen de apenas 8 por ciento de los votos en el 2010, probablemente sea aprobada en noviembre. Según razonan estos expertos, en California habrá más gente joven —que tiende a apoyar la legalización— que votará las elecciones presidenciales de este año, de las que votaron en las elecciones legislativas del 2010.
Antes de terminar esta columna, le pregunté al profesor de la Universidad de Miami Bruce Bagley, un experto en la lucha contra las drogas, cómo ve los diversos desafíos a la tradicional política de Estados Unidos centrada en la interdicción y prohibición de narcóticos.
“Esto se está convirtiendo en una suerte de avalancha”, me dijo Bagley, que respalda la despenalización de la marihuana. “Hay un creciente cuestionamiento de las políticas antidrogas de línea dura, tanto en Latinoamérica como aquí en Estados Unidos”.
Bagley agregó: “La prevención, la educación, el tratamiento y los programas de rehabilitación son más eficaces que la represión contra la oferta de drogas”.
Mi opinión: Estoy de acuerdo. Es cierto que la despenalización de la marihuana produciría al principio un aumento del consumo. Casi todos los estudios revelan que cuando Estados Unidos levantó la prohibición del alcohol, el precio del alcohol bajó, y el consumo aumentó. Lo mismo puede ocurrir con las drogas.
Pero la mayoría de los estudios también demuestran que —de manera semejante a lo que ocurrió con el cigarrillo—, las campañas eficaces pueden reducir drásticamente el consumo de drogas, sin la secuela de delincuencia, criminalidad y “guerras” como las que están dejando decenas de miles de muertes por año en México y Centroamérica.
Hasta ahora, este debate estuvo limitado a los ex presidentes, académicos y periodistas. Ahora, estamos viendo los primeros signos de que se esta empezando a llegar a los palacios presidenciales.

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2012/02/18/v-fullstory/1130892/andres-oppenheimer-nuevos-vientos.html#storylink=cpy

Cato Journal Immigration Symposium Round-Up

Bryan Caplan.


I've now read the full Cato Journal immigration issue cover-to-cover.  Leaving aside my lead article, here are my brief reactions:

1. Gordon Hanson, "Immigration and Economic Growth."  Pretty good, especially on the interaction between high-skilled native labor and low-skilled immigrant labor:

One contribution of low-skilled immigrants is to make it possible for high-skilled workers to spend more time on the job and less time doing non-work related chores... The majority of highly educated women are married to highly educated men (Isen and Stevenson 2010: 13). For both to work outside the home often requires hiring outside labor to care for children, clean the home, launder clothes, and tend to the yard. In a study of immigration's impact on U.S. cities, Cortes (2008) finds that metropolitan areas that have had larger influxes of low-skilled immigrants have lower prices for dry cleaning, child care, housing cleaning, yard care, and other labor-intensive services. Lower prices for these services translate into more hours spent at work for high-skilled workers, particularly among women with a professional degree or PhD (Cortes and Tessada 2009). Low-skilled immigration thus indirectly contributes to productivity growth by raising the effective supply of high-skilled labor.
2. Giovanni Peri, "Immigration, Labor Markets, and Productivity."  If all labor is identical, the effect of immigration on domestic wages is clearly negative, at least in the short-run.  But in reality, immigrant labor and native labor are very different - and it matters.  Peri provides an excellent survey of the evidence.  One highlight:
In Peri and Sparber (2009) we show that, due to the limited knowledge of the language, immigrants have a comparative advantage in manual type of jobs. Hence they specialize in those, and in firms and sectors that hire immigrants, this produces higher demand for jobs of coordination and interaction typically staffed by natives, whose language skills are superior. This dynamic specialization in tasks according to skills pushes natives to upgrade their jobs (as communication-intensive occupations pay better than manual intensive ones) and protects their wages from competition with immigrants.
3. Joel Kotkin and Erika Ozuna, "America's Demographic Future."  A good intro to the demographic effects of immigration.  Immigration is keeping America young and working:
Mexican and other immigrants are one key reason why America boasts a fertility rate 50 percent higher than Russia, Germany, or Japan, and well above that of China, Italy, Singapore, Korea, and virtually all of eastern Europe (The Economist 2002; United Nations 2005; Longman 2004: 60). Consequently, it is widely believed America's workforce will continue to grow even as that of Japan, Europe, Korea, and eventually even China will start to shrink.

Between 2000 and 2050, for example, the U.S. workforce is projected to grow by over 40 percent, while that of China shrinks by 10 percent, the EU by 25 percent and, most remarkably, Japan's by over 40 percent (U.S. Census Bureau International Database).
4. Stuart Anderson, "America's Incoherent Immigration System." A solid moderate reformist piece:
[M]uch can be accomplished by simply raising the quotas for temporary visas for both low- and high-skilled workers and increasing the number of green cards available for family and employer-sponsored immigrants.
5. Pia Orrenius and Madeline Zavodny.  "The Economic Consequences of Amnesty for Unauthorized Immigrants."  Pretty good, but most readers will get more out of the broader articles on the labor market and fiscal effects of immigration.

6. Edward Alden. "Immigration and Border Control."  Alden wants people to acknowledge the trade-off between the ease of legal immigration and the cost of border enforcement.  Perhaps he's just being strategic, but Alden shows little concern for the well-being of immigrants or the immorality of treating people like criminals for doing an honest day's work:
There are certainly many--indeed the majority of the American public at the moment--who would argue against higher levels of immigration. That is perfectly reasonable. But the debate should be an honest one. Larger legal quotas, especially for less-skilled workers, would reduce the need for enforcement; smaller quotas would increase it. Instead, the discussion is a disingenuous one in which many in Congress insist that the border must first be "secured" before any serious consideration of immigration reform can be permitted.
7. Jim Harper. "Internal Enforcement, E-Verify, and the Road to a National ID."  A frightening picture of rapid technological progress in the war on illegal immigration.  But like Alden, Harper shows little concern for the rights of immigrants.  And he frustratingly equivocates between the "values of the people" as expressed in private behavior, and the "values of the people" as expressed in the voting booth:
[T]he goal of many of E-Verify's proponents is to bring the rule of law to the immigration environment. Fealty to law is important for the maintenance of a just and stable society, and immigration law is widely disrespected and often broken. But good law is not a hammer waved over the heads of subservient people. Good law gives expression to the values of the people.

Immigration law is disrespected and broken not because it is poorly enforced, but because it is inconsistent with the will of the people. In the main, the majority of the American people express their will quietly but insistently in their decisions to hire good, hard workers, and to enjoy the product of these workers' labor, indifferent to where the worker was born.
8. Margaret Stock. "Is Birthright Citizenship Good for America?" Stock's answer, of course, is yes.  But her piece is not persuasive.  People oppose birthright citizenship because they oppose immigration.  If you don't change their minds about immigration, you won't change their minds about birthright citizenship, either.

9. Daniel Griswold. "Immigration and the Welfare State."  The best in the bunch.  Griswold provides a careful survey of the literature on the fiscal effects of immigration, and never forgets that immigrants count, too.  I'll blog the highlights in a separate post.

10. Raul Hinojosa-Ojeda. "The Economic Benefits of Comprehensive Immigration Reform."  Provides a computable general equilibrium model of the effects of different immigration reform scenarios.  Unfortunately, this approach just isn't transparent enough to change a skeptic's mind.  And I can't understand how the same model could imply that:

(a) Comprehensive immigration reform (amnesty, more or less) "results in higher wages--and higher worker productivity--for all workers in industries where large numbers of immigrants are employed."

AND

(b) Under mass deportation, "Wages do rise for less-skilled native-born workers under this scenario, but they fall for higher-skilled natives and the U.S. economy loses a large numbers of jobs."

Perhaps I'm missing something, but how can amnesty and mass deportation both boost wages for less-skilled natives?

11. Joshua Hall, Benjamin VanMetre, and Richard Vedder. "U.S. Immigration Policy in the 21st Century: A Market-Based Approach."  A lot of good material, but it ends on a disappointingly agnostic and amoral note:
As has been shown in this article, for every pro-immigration argument there is an opposing anti-immigration argument and thus it is unlikely that there will be an immigration policy that everyone will agree on. It is possible, however, to devise an immigration policy that would appeal both to those supporting more immigrants and to those who complain about the character of immigration after 1965.
Namely:
[C]reating an international market for visas. To start, each business day of the year 5,000 visas for entry to the United States would be sold in a NASDAQ-style marketplace by the federal government and each immigrant would need a visa to enter the country. There would also be a limited number of visas, maybe 100,000 annually, provided free by the federal government to refugees fleeing political, religious, or other persecution as is
done under current law.
My question for the authors: You find it "unlikely that there will be an immigration policy that everyone will agree on."  Fair enough.  But what makes you think that your proposal will have broader appeal than any other proposal on the table?  Indeed, how many non-economists would even consider your approach?

Syria: the horror of Homs, a city at war

Fuente: Jordi Pérez Colomé.

Jane Lund

American Gallery.






 





Déficit Público en España (2): Prestidigitación Contable

Xavier Sala i Martín.

Finalmente el ministro de finanzas publicó los datos del déficit fiscal en España para el año 2011, el último año del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como era de esperar “el déficit era mucho más alto de lo esperado”. Concretamente, el déficit global de todas las administraciones ha sido de 91.000 millones de euros (el 8,51% del PIB). Es decir, las administraciones públicas han gastado 91.000 millones más de lo que han ingresado. Si tenemos en cuenta que la recaudación impositiva del estado es de unos 160.000 millones, un déficit de 91.000 millones representa un déficit de cerca del ¡60% de los ingresos! Para hacer un paralelo sin tantos ceros, es como si una familia que cobra 16.000 euros al año (es decir, una familia mileurista) gastara un total 25.100 euros al año, cosa que le obligaría a poner unos 9.100 euros en la tarjeta VISA. Una situación claramente insostenible ante la que nuestra primera reacción tiene que ser: ¡Señores! ¡Están ustedes despilfarrando una cantidad ingente de nuestro dinero!
La interpretación de estos datos contables debe ser hecha con suma precaución. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que la contabilidad no es una ciencia exacta y muchos gastos (sobre todo los que acaecen cerca del momento de cambio de gobierno) pueden ser contabilizados en un año u otro, cosa que da lugar a un mayor o menor déficit para Zapatero según le convenga al partido que hace los números (en este caso el Partido Popular). En este sentido, no es de extrañar que el déficit sea “mucho más grande de lo esperado”. Al fin y al cabo, ese déficit superlativo no hace sino demostrar que “el otro partido” hizo las cosas muy mal para que, en comparación, nosotros quedemos bien. Además, un déficit tan grande es un déficit difícil de recortar, cosa que nos permitirá ir a Bruselas a mendigar clemencia para que no nos obliguen a recortar tanto el próximo año.
Pero el aspecto más interesante de las cuentas presentadas por Montoro hacen referencia a la división entre el déficit de la administración central y el del resto de las administraciones del estado. Según ha comunicado el ministro Montoro (ver Tabla 1 abajo), de los 91.000 millones de déficit total 54.700 son de la administración central (5.1% del PIB), 31.550 coresponden de las comunidades autónomas (2.94% del PIB), 4.100 son de los entes locales como ayuntamientos y diputaciones (0.38% del PIB) y 0.974 millones son de la seguridad social (0.09% del PIB). Es decir, más de la mitad del déficit (54.700 de los 91.000 millones) corresponden a déficit de la administración central del Estado, presidida por don Mariano Rajoy. No es verdad, por lo tanto, que el máximo responsable sean las comunidades autónomas o los entes locales.
Curiosamente, la noticia aparecida en todos los medios fue que el problema del déficit en España no era de la administración central sino de las autonomías. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión si la casi el 60% del déficit corresponde al gobierno central? Pues muy fácil: no se habla del déficit que tiene cada uno sino de la “desviación respecto al objetivo”. La administración central tenía como objetivo un déficit del 4.80% del PIB y como finalmente su déficit ha sido del 5.1%, se ha desviado un 0,30%. En cambio, las Comunidades Autónomas tenían un objetivo de 1.3% y han tenido 2.94% (desvío de 1,64%). Los entes locales, por su parte, tenían objetivo de 0.30 y han tenido 0.38% (desvío de 0,08%) y la seguridad social tenía objetivo de superávit de +0.40 y ha tenido déficit de 0.09% (desvío de 0,49%). Es decir, todos se han pasado “poco respecto al objetivo” pero las comunidades autónomas se han pasado mucho. ¡Alehup! Si en lugar de hablar de déficit se habla desviaciones, se llega a la conclusión contraria: ¡el culpable de la situación de déficit no es quien más déficit tiene (la administración central) sino quien más se ha desviado del objetivo (las comunidades autónomas)!
La pregunta es: ¿Y quien decide el objetivo que permite a la administración central tener un déficit casi cuatro veces superior al de la suma de todas las comunidades autónomas (4.8% versus 1.3%)? Respuesta: ¡el gobierno central! Uno debería suponer que como la administración es cuatro veces más grande que las autonomías, es justo que su déficit debería también ser cuatro veces superior. Al fin y al cabo, lo justo es que uno haga recortes de gasto proporcionales a los gastos que tiene y si el gobierno central gasta cuatro veces más que las autonomías, es normal que se permita a sí mismo tener un déficit cuatro veces superior.
A mí, este argumento me parece razonable... pero tiene un pequeño problema: la administración central del estado no gasta cuatro veces más que las autonomías. De hecho, ni siquiera gasta más que las autonomías. De hecho, según datos del IGAE, el gobierno central gasta el 21% del total del gasto del estado (principalmente defensa, ministerios, infraestructuras y ayuda exterior), las autonomías mantienen el 35% (básicamente sanidad y educación), los entes locales el 13% y la seguridad social el 30%.
Si el objetivo de déficit se hubiera fijado con ese criterio justo (ver Tabla 2, abajo), es decir, si se hubiera permitido a la administración central tener déficit proporcional a su importancia global en el conjunto del estado, el objetivo para el gobierno central hubiera sido del 1.25% del PIB (el 21% de 6). Dado que, según Montoro, el resultado para el gobierno central fue de un déficit de 5.1%, la desviación de la administración central del estado hubiera sido de 3.85! Por su parte, las comunidades autónomas hubieran tenido un objetivo de 2.14 y, por lo tanto, su desviación hubiera sido del 0.8.
Es decir, si hubiéramos empleado un criterio que en principio parece justo de déficit para cada administración, hubiéramos llegado a la conclusión de que no sólo la mayor parte del déficit proviene de la administración central sino que la mayor parte del desvió también es culpa de la administración central.
Se podrían utilizar otros criterios para decidir quien debe recortar. Por ejemplo, se podría pensar qué administración puede hacer recortes con mayor facilidad y con menor perjuicio para el ciudadano. Si utilizáramos este criterio, también llegaríamos a la conclusión de que la administración central debe recortar más que las comunidades. Al fin y al cabo, la mayor parte de los presupuestos de éstas últimas se gastan en educación y sanidad y ni las necesidades escolares ni las médicas caen durante la crisis. Por contra, las principales partidas de la administración central son defensa e infraestructuras, y ambas podrían ser recortadas durante la crisis a cambio de aumentarlas de nuevo cuando vuelvan las vacas gordas.
Con todo esto no pretendo llegar al criterio perfecto para delimitar los objetivo de déficit de cada administración ni pretendo argumentar que el déficit no es demasiado grande (ya he explicado que lo es y que debe ser reducido). Lo que sí quiero demostrar es que uno puede llegar a la conclusión de que España tiene un problema de déficit por culpa de la administración central o por culpa de las autonomías dependiendo única y exclusivamente del objetivo fijado para cada uno. Y quien ha fijado el objetivo actual es pura y simplemente el gobierno central.
La última pregunta es obligada: ¿Y cómo se fijó el objetivo en España? Pues la verdad, no lo sé. Pero mucho me temo que la respuesta está en la primera columna de la tabla que presentó Montoro: ¡el déficit inicial! Vemos que en 2010, el déficit de la administración central era del 5.72% mientras que el de las comunidades era de 2.94% por lo que se decidió rebajar un poco tanto el uno como el otro. Es decir, se tomó la historia como punto de partida para establecer los recortes. Si eso se hubiera decidido así (y repito que desconozco el criterio que se utilizó en su momento) no sería ni justo, ni científico, ni reflejaría la capacidad de reducir el gasto de cada uno sino que sería el fruto de la locura del gobierno de Zapatero que, al empezar la crisis, se volvió loco y empezó a regalar dinero a todo el mundo (¿recuerdan los planes renove, planes e, cheques bebé y demás políticas de "estímulo" que figuraba que tenían que sacara a España de la crisis?), generando un déficit desorbitado. Si se toma ese momento de la historia como punto inicial a partir del cual hay que hacer recortes, tenemos que la administración central tiene un déficit inicial superior  y, por lo tanto, su insensata política acaba teniendo premio porque le permite tener déficits superiores a las comunidades autónomas durante muchos años.
La lección para las autonomías es: cuando venga la próxima crisis, empiecen a gastar como locos. Lejos de perjudicarles, esa insensata política les beneficiará gracias a la prestidigitación contable que van a llevar a cabo los sucesivos gobiernos de la administración central.


TABLA 1: Datos presentados por el ministro Montoro.


Tabla 2: datos de déficit si utilizamos el "objetivo" de que cada admnistración debe tener un déficit proporcional a su importancia dentro de los gastos globales del estado y, además, la suma global de los déficits debe ser el 6% impuesto por Bruselas.

Hospital pediátrico de la provincia de Holguín en pésimas condiciones

Dania Virgen García.



Fidel García Roldan, ex-preso político, quien reside en la calle 13 número 12, entre 11 y Mariana Grajales, Holguín, informa acerca de las pésimas condiciones higiénicas en que se encuentra el hospital pediátrico de esa provincia.
  
Asegura la fuente que varios familiares de pacientes menores de edad que se hayan ingresados en ese hospital se quejan de las condiciones en que se encuentran.

“En el hospital no hay agua, los baños están inmundos y no tienen puertas, no hay ropa de cama, el alimento para los niños es insuficiente y mal elaborado porque se la roban, y no hay comida  para los familiares acompañantes”, refiere la fuente.

Añade que en el hospital no hay siquiera termómetros ni aparatos para medir la presión arterial.  Muchos de estos padres  se han quejado en la dirección del PCC, pero no les  han prestado atención.

dania@cubadentro.com