Víctima, 15 de febrero: Ignacio Arocena Arbeláiz

Libertad Digital.




El viernes 15 de febrero de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Oyarzun (Guipúzcoa) al taxista IGNACIO AROCENA ARBELÁIZ. Ignacio tenía posiciones ideológicas próximas a Alianza Popular y era amigo de Fernando Rodríguez Espínola, guarda forestal de Icona, que compatibilizaba su trabajo con colaboraciones con El Diario Vasco y La Voz de España. Rodríguez Espínola había sido asesinado por ETA el 12 de noviembre de 1979, y la banda terrorista lo acusó, en el comunicado de reivindicación, de ser confidente de la Guardia Civil. Lo mismo hicieron con Ignacio Arocena.
El cadáver de Ignacio fue hallado a primeras horas de la mañana del sábado 16 de febrero, después de haber desaparecido de su domicilio a las siete de la tarde del viernes.
Como otras veces haría ETA con profesionales del taxi, el método utilizado para asesinarle fue solicitar sus servicios. En torno a las 18:00 horas alguien pidió un taxi con la excusa de que su automóvil estaba averiado en un paraje conocido como Castillo del Inglés. Ignacio aceptó llevar al cliente hasta esa zona, pero el cliente le obligó a desviarse por un camino vecinal donde le asesinaría. Fueron los propios familiares los que, alarmados al comprobar que la víctima no regresaba, avisaron de madrugada a la Guardia Civil. El taxi fue localizado a primera hora de la mañana con Ignacio muerto en su interior. Tenía dos impactos de bala en la cabeza.
En el comunicado que reivindicaba la muerte de Ignacio Arocena Arbeláiz, los terroristas hablanpor primera vez de sus condiciones para un alto el fuego: la aceptación de las exigencias contenidas en su "alternativa KAS" (la independencia del País Vasco, la retirada de la región de las fuerzas policiales y la excarcelación de los presos de la banda). En el mismo comunicado la banda asesina justificaba su acción acusando a Ignacio de ser un confidente y chivato de las Fuerzas de Orden Público.
Por el asesinato de Ignacio fueron condenados dos miembros del grupo Arizta de ETA: José Javier Arnaiz Echevarría y Pedro Aira Alonso (en 1988).
Ignacio Arocena Arbeláiz, de 43 años, había nacido en Oyarzun. Estaba casado y tenía tres hijos. Compatibilizaba su trabajo como taxista con la gestión del Bar Toki Alai en Oyarzun. Años antes fue concejal del Ayuntamiento en su localidad natal.
Desde que iniciamos este blog homenaje a las víctimas mortales de ETA, hemos reseñado ya varios casos en los que la banda asesina ha justificado los asesinatos de estas personas bajo la acusación,siempre sin pruebas, de que esas personas eran confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este tipo de acusaciones en las que ETA se erigía en juez y verdugo no eran casuales, sino que obedecían a una estrategia perfectamente diseñada por la banda que perseguía objetivos concretos. Lanzar sombras de sospecha sobre una persona era muy fácil y no había necesidad de probarlo: ese es confidente y hay que ejecutarlo. Así de fácil y así de siniestro.
Por ello merece la pena que analicemos brevemente este fenómeno de los supuestos confidentes, porque esas víctimas y sus familias fueron objeto de auténticas campañas difamatorias que se sumaban al "algo habrán hecho" con el que se mancillaba el nombre de tantas víctimas de la banda asesina durante los años de plomo, aunque también posteriormente. A la muerte física, sumaban la muerte civil, el desprestigio dentro de la sociedad vasca y, consecuentemente, el aislamiento social.
Florencio Domínguez, uno de los principales investigadores sobre el terrorismo etarra en este país, en su obra ETA: estrategia organizativa y actuaciones 1978-1992 (págs. 238-245) ha analizado con minuciosidad esta auténtica persecución a un sector muy determinado de la sociedad vasca. Bajo la acusación de ser confidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han cometido cerca de un centenar de atentados que han llevado al asesinato de más de 70 personas a manos de la banda terrorista.
La primera campaña de ataques contra personas acusadas de colaborar con la policía se inició en 1971, pero hasta 1975 no se produjo el primer asesinato basado en esa acusación: el 7 de julio es acribillado a tiros Carlos Arguimberri Elorriaga, conductor de autobús y ex alcalde de Icíar.
Tras este atentado, la banda asesina afirmó que "los chivatos representan en Euskadi Sur una verdadera organización de información". Y añadía: "a diferencia de los miembros de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía (naturales en su casi totalidad de otros pueblos del Estado) los chivatos son en gran parte nacidos en Euskadi Sur. Su conocimiento de los movimientos obreros y populares vascos les convierte en los ojos y oídos del aparato de represión". Argumento que el propio Florencio Domínguez demuestra como radicalmente falso, pues de sus investigaciones concluye que un 64,6% del casi centenar de personas que sufrieron ataques por este motivo habían nacido fuera del País Vasco.
El asesinato de Carlos Arguimberri fue seguido de otros dos. Al año siguiente, otras cinco personas fueron asesinadas bajo la acusación de colaborar con la policía. La campaña de atentados continuó hasta 1985. Posteriormente, añade Florencio Domínguez que "solamente en 1991 se volvió a registrar un asesinato por esta motivación". Sin embargo hemos reseñado al menos otro caso posterior al período analizado por Domínguez (1978-1992): el asesinato de Eugenio Olaciregui Bordael 30 de enero de 1997, que también se hizo alegando que era un chivato.
Otros datos interesantes los arroja el análisis de la ocupación laboral de estas personas, pues casi un 71% desempeñaban trabajos que les obligaba a estar en contacto con el público en general: comerciantes, propietarios de bar o camareros, taxistas, empleados o propietarios de talleres mecánicos... Lo que le lleva a concluir al autor que "se puede afirmar que existe un perfil socialque, especialmente en localidades de pequeño y mediano tamaño, sirve a la colectividad nacionalista afín a ETA para caracterizar a los supuestos confidentes". Personas que suscitan sospechas "en el mundo cerrado y receloso que sirve de sustrato social a ETA".
Para ilustrar "el proceso de formación de las sospechas sobre los confidentes en el seno de la comunidad nacionalista", Domínguez trae el testimonio de Marianne Heiberg, autora de La formación de la nación vasca, y que vivió en Elgeta, una pequeña localidad vasca de 1.200 habitantes, entre febrero de 1975 y septiembre de 1976. La investigadora alemana señala que "los vascos del pueblo creían firmemente que en Elgeta vivían muchos informadores de la policía –chivatos-. Durante mi estancia allí confeccionaron dos listas de informadores locales. En una de ellas se nombraba a 33 personas de las que 28 eran inmigrantes y 5 vascos. Se sobreentendía que, a su debido tiempo, ETA se ocuparía de estas personas". Eran "personas que, de una manera u otra, quebrantaban las normas del lugar, revelándose con ello como antivascos". Y concluye Heiberg: "El paralelismo entre las acusaciones de ‘chivatazo’ y las acusaciones de brujería de otras partes del mundo era realmente sorprendente".
Volviendo al análisis de Florencio Domínguez, es importante reseñar "que ETA ha extendido la acusación de confidentes a todas las personas que ha asesinado por supuesto tráfico de drogas, en un intento de vincular a la policía con esta actividad delictiva".
El autor incluye como un caso particular dentro de los asesinatos de supuestos confidentes "los atentados contra miembros o ex miembros de ETA, que son vistos como ‘traidores’ por el grupo terrorista", numéricamente inferior, pues contabiliza exactamente seis. Que hayamos reseñado ya,José Luis Oliva, asesinado en 1981, y Miguel Solaun, en 1984.
Por último, hay que señalar que "la acusación de confidente ha servido para enmascarar lo que en Irlanda del Norte se califica de ‘asesinato sectario’, la muerte de un miembro de una confesión religiosa distinta por el mero hecho de serlo". En el caso del País Vasco, en lugar de ser por causa religiosa, las víctimas elegidas lo son por no ser nacionalistas. En muchos de esos asesinatos sectarios ETA ha utilizado, una vez más, la cortina de humo de que eran confidentes. ETA se plantea expresamente el asesinato de "enemigos políticos" en un Zutabe de finales de 1979, aunque anteriormente ya puso en marcha la campaña contra alcaldes franquistas, ex alcaldes y otros cargos públicos, que se mantuvo desde 1975, cuando se asesina al alcalde de Galdácano,Víctor Legorburu, y durante los cuatro años siguientes.
Las investigaciones de Florencio Domínguez nos llevan a concluir que la banda terrorista utilizó la acusación de confidente para llevar a cabo una suerte de limpieza étnica de personas que, en su particular imaginario, rayano con la esquizofrenia, podían ser calificadas de antivascas. Esta esquizofrenia les ha llevado a acusar de ser confidentes de la Guardia Civil a miembros del propio cuerpo, como a Félix de Diego, asesinado en 1979. O a lanzar campañas difamatorias sobre personas que eran molestos para sus fines, como ocurrió con Pagazaurtundua, sobre el que se extendió el rumor de que era un agente del CESID infiltrado que informaba a la Guardia Civil.
Todo vale para justificar los asesinatos y para ilustrar el supuesto carácter antivasco de las víctimas. Pero, además, esta siniestra estrategia de ETA consiguió otros objetivos: disuadir a la población de colaborar con las fuerzas de orden público, por un lado, y provocar el exilio de muchos vascos que, cansados de vivir en un ambiente tan opresivo e irrespirable, prefirieron rehacer sus vidas fuera de la comunidad autónoma vasca.

Punto final

Arcadi Espada.



El juicio a Garzón ha llegado al New York Times, que ha dedicado a su defensa un editorial insolvente y perdonavidas, perfectamente inscrito en la tradición de trato de la prensa extranjera respecto a España. Como todos los de su clan, el editorialista insiste en que Garzón ha sido llevado al banquillo por querer juzgar al franquismo. Sus concluyentes insinuaciones son las que podían esperarse: España tiene un déficit democrático. No voy a negarlo. En el año 1977, mediante su ley de Amnistía, España decidió que ni los franquistas ni los antifranquistas habían cometido ningún delito. No decidió el olvido y el perdón del indulto, como a veces se cree: decidió algo mucho más profundo, en beneficio de la estabilidad. Uno de esos momentos en que un Estado cierra los ojos. El editorialista del Times debería reconocer el instante porque América pasó por él cuando el presidente Obama mandó asesinar a Bin Laden en beneficio de la estabilidad y la venganza. El editorial de entonces, por cierto, no insinuaba nada sobre inaceptables ecos totalitarios. ¡Quia!: Obama era descrito como un líder strong and measured. Fuerte y mesurado.
El doble fondo socialdemócrata no conoce fronteras, pero ahora no es ese el asunto. El asunto es exponer de qué modo el déficit español pudo subsanarse y cómo el auténtico responsable del editorial del Times y de los desquiciados juicios de Garzón y a Garzón es el presidente Zapatero; el que de un modo etimológicamente irresponsable diseminó las noticias sobre la caducidad del pacto de la transición, pero sin atreverse jamás a tomar la decisión política correspondiente: la proposición a las Cortes de la derogación de la ley de Amnistía. Lo que había hecho el Congreso argentino con la ley de Punto Final.
Cada generación tiene el derecho de organizar su vida colectiva, sin las ataduras de sus viejos. Así pues el joven Zapatero podía suspender esa ley y hacer aprobar otra donde se distinguiera con nitidez entre los crímenes de Franco y los crímenes de ETA, y donde se especificara que los primeros quedaban acogidos a la imprescriptibilidad establecida por la ONU. Habría sido un bonito debate. Abierto en canal plus. De resultas hasta habríamos enterrado a Fraga sin tanta gaita. Pero no. El presidente se limitó a extraer los beneficios propagandísticos de la impugnación del olvido sin asumir la difícil responsabilidad subsiguiente. La responsabilidad se la dejó al ingenuo juez Garzón; que él resolviera, como la más alta instancia penal que es en sí. Su oportunismo y su falta de coraje le llevaron a favorecer ladinamente el camino del juzgado, cuando el único legítimo, eficaz y valiente era el de la política. Pena grande. Perdió la oportunidad de que el Times le echara el doble chafarrinón, strong and measured.
(El Mundo, 7 de febrero de 2012)

Desde las alambradas

Luis Felipe Rojas.












La culpa (también) es NUESTRA y NO es solo de los políticos

Xavier Sala i Martín.

Interesante artículo de Raghuran Rajan sobre por qué los políticos parecen hacer poco para evitar situaciones catastróficas como la que vive Europa hoy: ellos sólo responden a las demandas del público (nosotros) y el público no cree que los problemas sean grandes y no acepta que los líderes tomen decisiones drásticas hasta que se ve al borde del abismo.
En este sentido, Rajan dice que la intervención del BCE que desde el 9 de diciembre está prestando a bancos para que compren deuda soberana, cosa que ha limitado la temida prima de riesgo de España e Italia, puede ser una mala noticia porque da a entender al público español e italiano que la cosa no está tan mal como dicen en Europa. Si estuviéramos al borde del abismo como estábamos el 8 de diciembre, quizá los mossos no harían manifestaciones, los trabajadores del TMB no planearían el boicot del congreso mundial de telefonía y los sindicatos no harían huelga el día 19.
Yo de estos temas de percepción política no entiendo, pero en cualquier caso, esta visión de Raghu me parece interesante.

The Public and Its Problems

Raghuram Rajan.



2012-02-13
CHICAGO – On a recent visit to Europe, I found economists, journalists, and business people thoroughly frustrated with their politicians. Why, they ask, can’t politicians see the abyss that yawns before them, and come together to resolve the euro crisis once and for all?
Even if there is no consensus on what a solution might be, can’t they meet and thrash out a plan that goes beyond their repeated half-measures? It is only because of the European Central Bank’s bold decision to lend long term to banks that we have seen some respite recently, or so their argument goes. Politicians, in contrast, are failing Europe by being forever behind the curve. Why do they find it so hard to lead?
One answer that can be easily dismissed is that politicians simply don’t understand the gravity of the situation. Political leaders need not be economic geniuses to understand the advice that they hear, and many are both intelligent and well-read.
A second answer – that politicians have short time horizons, owing to electoral cycles – may contain a kernel of truth, but it is inadequate, because the adverse consequences of timid action often become apparent well before they are up for re-election.
The best answer that I have heard comes from Axel Weber, the former president of Germany’s Bundesbank and an astute political observer. In Weber’s view, policymakers simply do not have the public mandate to get ahead of problems, especially novel ones that seem small initially, but, if unresolved, imply potentially large costs.
If the problem has not been experienced before, the public is not convinced of the potential costs of inaction. And, if action prevents the problem, the public never experiences the averted calamity, and voters therefore penalize political leaders for the immediate costs that the action entails. Even if politicians have perfect foresight of the disaster that awaits if nothing is done, they may have little ability to persuade voters, or less insightful party members, that the short-term costs must be paid.
Talk is cheap, and, in the absence of evidence to the contrary, the status quousually appears comfortable enough. So leaders’ ability to take corrective action increases only with time, as some of the costs of inaction are experienced.
Calamity can still be averted if the costs of inaction escalate steadily. The worst problems, however, are those with “inaction costs” that remain invisible for a long time, but increase suddenly and explosively. By the time the leader has the mandate to act, it may be too late.
A classic example was Winston Churchill’s warnings against Adolf Hitler’s ambitions. Hitler’s plans were outlined in Mein Kampf for all to read – and he did not disguise them in his speeches. Yet few in Britain wanted to give them credence, and many thought that communism was the greater threat, especially in the bleak years of the Great Depression.
The Nazis’ dismembering of Czechoslovakia in 1938 made the sincerity of Hitler’s ambitions all too clear. But it was only after the invasion of Poland the following year that Churchill was appointed First Lord of the Admiralty, and he became Prime Minister only after the invasion of France in 1940, when Britain stood alone.
Britain might well have been better off had Churchill held power earlier, but that would have meant costly rearmament, which was unacceptable so long as there was a chance that Hitler proved to be a paper tiger. And, of course, it would also have meant entrusting Britain’s fate to a politician who, though now regarded as an indomitable leader, was widely distrusted at the time.
Non-linear costs of inaction are most obvious in the financial sector. At the same time, financial-sector problems may be particularly difficult to address: if politicians emphasize the need for action too strongly in order to get a mandate, they might precipitate the very turmoil that they seek to contain.
Between the Bear Stearns crisis and the failure of Lehman Brothers, the United States government could do little to get ahead of the growing problem (though, of course, the government-backed mortgage underwriters Fannie Mae and Freddie Mac were placed under conservatorship in the interim). It took the post-Lehman panic for Congress to authorize the Troubled Asset Relief Program, which threw a financial lifeline to banks and the auto industry, among others. And only frenetic action by the Federal Reserve and Treasury (with authorities around the world joining) prevented a systemic meltdown. A subprime-mortgage problem that was initially estimated to imply losses of a few hundred billion dollars imposed far higher costs on the entire world.
Similarly, eurozone politicians have obtained a mandate to take bolder action only as the markets have made the costs of inaction more salient. Even setting aside Germany’s understandable attempt to limit how much it would have to pay, it is difficult to see how politicians could have gotten ahead of the problem.
While the ECB has bought the eurozone some time, the calming effect on markets may be a mixed blessing. Have Europeans seen enough of the abyss to tolerate stronger action by their leaders? If not, markets might have to deteriorate further to make possible a comprehensive resolution to the eurozone crisis.
Similarly, with government bond yields as low as they are in the US, the public has little sense of urgency about its fiscal problems, though some doomsayers, like Peter Peterson of the Blackstone Group, have been trying their best to awaken it. One hopes that the coming US presidential election will lead to a more enlightened public debate about tax and entitlement reform. Otherwise, a rapid escalation of yields in the bond market might be necessary for the public to accept that there is a problem, and for politicians to have the room to resolve it.
Don’t blame the leaders for appearing short-sighted and indecisive; the fault may lie with us, the public, for not listening to the worrywarts.
Raghuram Rajan is Professor of Finance at the Booth School of Business, University of Chicago, and the author of Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy.