Víctimas, 9 de enero: Ciriaco Sanz García, Sebastián Arroyo González y José Ignacio Iruretagoyena

Libertad Digital.

En la tarde del 9 de enero de 1979 fallece el guardia civil CIRIACO SANZ GARCÍA, como consecuencia del atentado sufrido cuatro días antes, el 5 de enero, cuando recibió varias ráfagas de ametralladora que le dispararon desde un vehículo Seat cuando salía de su domicilio. Eran poco después de las dos de la tarde y el agente se tiró al suelo para esquivar los disparos. La primera persona que lo atendió fue una de sus hijas, que se encontró a Ciriaco tendido en mitad de un gran charco de sangre.
El conductor de la ambulancia municipal que trasladó a Ciriaco Sanz a la Ciudad Sanitaria de Cruces manifestó que éste le comentó, antes de perder el conocimiento: "Me he salvado porque me he tirado al suelo en el momento en que me dispararon". Sin embargo, su estado fue calificado de grave por los médicos que lo atendieron. La víctima presentaba heridas múltiples por arma de fuego en ambos glúteos y piernas, además de shock hipovolémico provocado por la hemorragia. Falleció en la tarde del 9 de enero de 1979.
Ciriaco Sanz García, de 50 años, era natural de la localidad de Santa Inés, en la provincia de Burgos. Estaba casado y tenía cuatro hijos, uno de ellos también guardia civil destinado en el mismo cuartel que el padre. Residía en Llodio desde hacía veintisiete años donde era una persona muy conocida.
El 9 de enero de 1980 fallece SEBASTIÁN ARROYO GONZÁLEZ, que el día anterior fue ametrallado cuando se dirigía en su vehículo a su domicilio desde la empresa en la que trabajaba en Alsasua. A consecuencia del ametrallamiento, realizado desde otro coche en marcha en el que viajaban varios terroristas, Sebastián perdió el control del coche y se salió de la calzada. Había sido alcanzado por seis disparos en el hígado, el abdomen, un pulmón, muslo y brazo derechos.
Tras recibir las primeras curas en la casa de socorro de Alsasua, fue trasladado al Hospital de Navarra. El equipo quirúrgico intervino a Sebastián durante casi ocho horas, y se le tuvieron que hacer veinticuatro transfusiones de sangre. Poco después de las diez de la mañana fallecía a causa de una insuficiencia renal aguda por necrosis.
Por este atentado sólo fue condenado -por realizar labores de vigilancia sobre la víctima- Jesús Razquin Mendinueta a un año de prisión menor y a indemnizar con 8 millones de pesetas a la familia.
Sebastián Arroyo González, guardia civil retirado de 53 años, era natural de la localidad de Sobradillo (Salamanca). Desde hacía diez años trabajaba en la empresa Igartex, dedicada a la fabricación de guantes. Estaba casado y tenía cuatro hijos.
Dieciocho años después, el 9 de enero de 1998, era asesinado en Zarauz el concejal JOSÉ IGNACIO IRURETAGOYENA, cuarto edil del PP vasco que moría víctima de ETA desde que Gregorio Ordóñez, con el que había mantenido una estrecha relación, recibió un tiro en la cabeza en 1995. Además de ser uno de los dos concejales que el PP consiguió en Zarauz en mayo de 1995, José Ignacio era maderero de profesión.
Dos días antes del atentado que le costó la vida, Gervasio Jáuregui, uno de los militantes históricos del PP vasco, paró a José Ignacio y le regañó por haber renunciado a llevar escolta: "No puedes ir de un lado a otro sin escolta; las cosas están muy mal". José Ignacio le contestó con una pregunta: "¿A mí qué me va a pasar?".
Durante la noche, los terroristas forzaron la puerta del copiloto de su vehículo y colocaron bajo el asiento del conductor una bomba activada con un temporizador. Salió de su casa, en el barrio de Pilartxo Enea, a las siete y media de la mañana. A los pocos minutos, paró a desayunar en el bar Gaztelu. Luego reemprendió su camino hacia la empresa de su familia, Maderas Iruretagoyena. Llegó a recorrer más de un kilómetro con la bomba colocada bajo su asiento. La explosión provocó que el cuerpo de José Ignacio quedase mutilado, con la pierna y el brazo izquierdo amputados, con el resto del cuerpo destrozado y el corazón roto.
El 10 de enero de 2001, durante un homenaje a José Ignacio Iruretagoyena, ETA intentó asesinar a los líderes del PP vasco colocando una bomba -escondida en una maceta junto a la tumba del edil- que debía ser accionada con un mando a distancia. Carlos Iturgáiz, entonces presidente del PP del País Vasco, declaró que, según le había informado la Ertzaintza, un fallo en el mando a distancia evitó que explotase el artefacto mientras la dirección de los populares y familiares del concejal asesinado participaban en el acto homenaje en el cementerio de Zarauz.
En 2006 la Audiencia Nacional condenó a Gregorio Escudero a 42 años de prisión por haber facilitado la información que permitió cometer el atentado. En diciembre de 2009 se condenó a los etarras Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegui Sudupe a 46 años por el mismo asesinato. Ambos son de los etarras con un historial más sangriento dentro de la banda terrorista, y autores de algunos de los asesinatos que más han conmocionado a la sociedad española, como el de Miguel Ángel Blanco, del que se considera que fueron autores materiales.
José Ignacio Iruretagoyena tenía 35 años, estaba casado con María José Imaz y tenía dos hijos de 3 años y seis meses, Mikel y Eneko.

Economic growth & Egalitarianism and Inequality

Por Don Boudreaux.

One of the first things I do each morning is to check EconLog for any new insights from Arnold, Bryan, or David that might have arrived overnight.  This morning’s discoveries – both from Bryan Caplan – are simply too good not to share.
The first is Bryan’s take on Will Wilkinson’s take on Ken Rogoff’s take on economic growth.  Here’s Bryan:
“Economic growth seems like an extremely good thing.  But growth could have undesirable side effects so severe that growth is actually bad.”  This position is totally reasonable – and totally uninteresting.  Could?  Could?!  If something seems extremely good, you need a let more than “coulds” to counter it.  Indeed, you need strong evidence that side effects of the seemingly-extremely good-thing are on balance extremely bad.
I tell my students that time is too short to worry about what’s merely possible.  Nearly everything that is possible will never occur.  The range of the possible is enormously larger than is the range of the plausible; the range of the plausible is larger than is the range of the probable; and the range of the probable is bigger than what (if we’re speaking of the past) has actually occurred or (if we’re speaking of the future) what will actually occur.
Part of what separates good thinkers (including those who are formal scholars) from poor thinkers is their wisdom in sensing what is relevant enough for analysis.  I know of no recipe for instilling such wisdom.  And I realize that if you lack such wisdom you necessarily lack the ability to understand that you lack such wisdom.  We all think we have it; we all understand that not everyone does have it.
(BTW, I do not mean here to suggest that Ken Rogoff lacks such wisdom.  I emphatically believe that he does not lack it.  While I agree with Bryan and Will that Rogoff hits a sour note in discussing the tradeoffs involved in economic growth, what struck me in Bryan’s post is his general point that “could” is uninteresting – uninteresting, I add, except to thinkers whose cleverness overwhelms their wisdom.)
….
The second gem today from Bryan is his post entitled “How Egalitarianism Increases Inequality.”  This post highlights the fact that good economists understand that money is not all that matters – or, put differently, highlights the point that David Friedman makes that “everything can be measured in [DB: or, traded-off against] anything.”  This insight from Bryan is spot-on – and it suggests yet another agreeable consequence of norms and rhetoric that applaud bourgeois virtues and, hence, give dignity to the bourgeoisie:
Imagine people become more egalitarian, to the point where they heap scorn on the rich and successful.  What is the effect on inequality?  By the previous logic, the effect is directly counter-productive.  The more you scorn rich people, the more people you scare away from high-income professions.  The more you scare away, the lower their supply.  And the lower their supply, the higher their income!
Lesson: If you really want a materially more equal society, stop beating up on the 1%.  Do a complete 180.  Smile upon them.  Admire them.  Praise them.  Sing songs about how much good they do for the world.  The direct result will be to raise their status.  But the indirect result will be to pique the envy of status-conscious people, increasing the competition among the top 1%, and thereby moderating income inequality.

America’s Most Lethal Navy SEAL Sniper Tells O’Reilly How He Dealt With 150 Kills



Navy SEAL Chris Kyle is, almost without a doubt, the single most interesting person to appear on cable news in some time. With 150 kills in his pocket, he is America’s most lethal sniper, and he has quite the number of stories to tell. On tonight’s O’Reilly Factor, he told Bill O’Reilly how he rationalized killing these terrorists individually, his only regrets, and the story of when he had to knock out Jesse Ventura.
Kyle, whose memoir, American Sniper, was recently released, was initially asked about the Ventura incident. Apparently, the wrestler (also a SEAL) was at a bar in 2006 when he began “badmouthing the [Iraq] war, badmouthing Bush, badmouthing America.” Kyle told him to stop upsetting family members of a recently killed SEAL and Ventura responded, “ya’ll deserve to lose a few guys.” He knocked Ventura out cold and “took off running.”
The interview got significantly more gripping after the warm-up chat, as Kyle explained why he referred to Iraqi kills as “savages” for what they did to civilians in their own villages, for hanging and other tortures. He said he had no qualms about killing “to protect my fellow Americans… it’s not a problem taking out someone who wants your people dead.”
As for any regrets, Kyle had no problem with the kills themselves, but did have regrets: “the people who I couldn’t save… the Americans, the Iraqis.” He told O’Reilly that “war is hell” and that civilian Americans are given a fairly sugarcoated depiction of war from the media. “Hollywood fantasized about it, makes it look good,” he explained, and in his line of work, “you cannot think of [the enemy] as human beings.”

New Year's Concert 2011-Vienna Philharmornic


Fuente: Sophie Leung

Un mercado de la vivienda que no funciona

Por FEDEA.

El inadecuado marco regulatorio del mercado inmobiliario en España ha generado importantes distorsiones económicas tales como la escasez artificial de viviendas de alquiler, una elevada absorción de la inversión productiva por parte de este sector e, indirectamente, un bajo crecimiento de la productividad. Sin embargo, son mucho más importantes sus consecuencias sociales, como el excesivo endeudamiento de las familias, la disminución de la accesibilidad de la vivienda o las distorsiones a la movilidad de los trabajadores. La corrección de esta situación requiere un cambio profundo de la regulación de este mercado.


El mercado inmobiliario español presenta un conjunto de rasgos que lo diferencian de otros países europeos. El más notorio es la alta tasa de propiedad, que supera el 85% del total de viviendas principales y que implica que el mercado de alquiler sea muy débil (en torno al 13%). Esta tasa es especialmente baja si se compara con la de otros países europeos como Alemania o Francia (con tasas superiores al 40%) o el Reino Unido (en torno al 30%). Al mismo tiempo, en España la tasa de viviendas vacías supera el 16%, una cifra excepcional.


Con estas características, la economía española ha experimentado un gran aumento del precio de la vivienda, que se ha doblado en términos reales entre 1999 y 2007, crecimiento tan solo comparable al observado en el Reino Unido en los mismos años. Como consecuencia, se ha construido un número de viviendas muy alto: dos tercios de las viviendas construidas en el Unión Europea entre 1999 y 2007 se sitúan en España.


Además, en los últimos años, la accesibilidad de la vivienda por parte de la sociedad española se ha reducido notablemente. El esfuerzo de los hogares para acceder a la vivienda ha crecido de forma ininterrumpida sin que las políticas de vivienda protegida o los incentivos fiscales hayan producido efectos positivos. En diciembre de 1997, el precio medio de la vivienda representaba 3,6 veces la renta disponible bruta media de los hogares, mientras que diez años después suponía 7,7 veces esa renta. Este endurecimiento del acceso a la vivienda es especialmente destacable en el colectivo que la adquiere por primera vez. Que esta dificultad quede encubierta en momentos como el actual por unos bajos tipos de interés no cambia las cosas: nadie puede imaginar que el Euribor pueda seguir indefinidamente en torno al 1%.


La actual situación de crisis ha puesto aún más de manifiesto las implicaciones negativas que tienen estas características del mercado de la vivienda sobre la economía y la sociedad españolas:


(a) La debilidad del mercado de alquiler limita la movilidad de los trabajadores, que no pueden hallar de forma rápida alojamiento en otras provincias en las que podrían encontrar empleo o mejores condiciones laborales. Por su parte, en Europa se observa que las economías con una mayor tasa de alquiler –como Francia o Alemania– también muestran una mayor movilidad geográfica. Asimismo, en la literatura económica se ha comprobado que la baja movilidad de los trabajadores se asocia a un mayor desempleo. Esto es especialmente grave en un contexto en que la tasa de paro ha alcanzado en España el 18% de la población activa.


(b) El mercado de alquiler no ha sido una alternativa eficaz al mercado de la propiedad, debido en gran parte a sus características institucionales. En consecuencia, no ha conseguido atraer a las viviendas vacías ni ha supuesto un colchón frente a los altos incrementos de los precios de la vivienda.


(c) Muchas personas no encuentran un lugar adecuado para vivir. En especial, la población joven que intenta acceder a su primera vivienda ha soportado gran parte de la carga generada por los desequilibrios mencionados. Cabe señalar que más del 65% de los jóvenes españoles con edades comprendidas entre 25 y 29 años viven con sus padres, frente al 20%-22% en Francia, Holanda o el Reino Unido.


(d) Mientras los jóvenes no encuentran donde vivir, existe un enorme exceso de viviendas en venta. Aunque es muy difícil saber a ciencia cierta el número de viviendas nuevas sin vender, una estimación conservadora lo sitúa en algo más de un millón de viviendas, lo que equivale al número de viviendas que se venden normalmente en tres años. Esta es una cifra muy alta. Por ejemplo, a pesar de los excesos inmobiliarios experimentado en Estados Unidos, el parque de viviendas en venta en ese país es inferior a las ventas de un año (alrededor de 9 meses). El exceso de oferta en España supone un freno importante a la recuperación económica, que resulta difícil de imaginar si la construcción de vivienda libre se paraliza durante tres años.


La paradójica coincidencia de un elevado exceso de oferta con la existencia de una gran bolsa potencial de demanda por parte de muchos jóvenes con salarios reducidos y empleos inestables es un signo inequívoco de un mercado que no funciona: los precios no se ajustan suficientemente a la baja.

Consideramos, por tanto, que es urgente adoptar medidas para remediar esta situación. Primero, porque tales medidas podrían ayudar a salir de la crisis, al contribuir a eliminar el exceso de viviendas sin vender y a ajustar los precios con mayor rapidez. Segundo, porque mejorarían drásticamente la accesibilidad de la vivienda, particularmente para los jóvenes. Tercero, porque permitirían aumentar los ingresos de los pequeños propietarios y reducir los efectos de la crisis sobre las economías familiares. Y, finalmente, porque contribuirían a reducir el paro.


Medidas propuestas

Medida 1: Potenciar el mercado de alquiler mediante la liberalización de los contratos, el aumento de la seguridad jurídica de los propietarios y la reducción de las trabas a los inquilinos

El mercado de alquiler en España está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que limita la libertad contractual de las partes de dos maneras distintas. Por un lado, impone una duración mínima de los contratos de alquiler de cinco años. Por otro, restringe los aumentos en la renta pagada a la variación del índice de precios de consumo (IPC), que no necesariamente refleja la evolución del mercado de alquiler. Además, este mercado sufre una grave falta de seguridad jurídica, en gran parte derivada de la lentitud judicial a la que se enfrentan los propietarios ante posibles impagos de la renta. Lamentablemente, la reforma de los procedimientos civiles en el año 2000 no supuso avances destacables en esta área.


Numerosos estudios apuntan a que tanto las restricciones a los contratos de alquiler como la falta de seguridad jurídica afectan negativamente al mercado, reduciendo el número y la calidad de las viviendas alquiladas.


Las restricciones a los contratos y el subdesarrollo del mercado de alquiler reducen la movilidad de los trabajadores, disminuyendo la eficiencia de la economía y elevando la tasa de paro. La debilidad del mercado de alquiler impide, además, que éste constituya una alternativa eficaz al mercado de propiedad y que pueda mitigar los incrementos de los precios.


Por tanto, para estimular el mercado de alquiler en España conviene reformar las limitaciones introducidas por la LAU, acercándolas a las vigentes en otros países europeos con mayores tasas de alquiler. Así pues, proponemos reducir la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler, que se encuentra entre las más altas de Europa, y fijarla en un año, para aproximarnos a la situación de otros países europeos. Consideramos que plazos muy inferiores al actualmente vigente en España seguirían dando la estabilidad necesaria al inquilino, sin generar a la vez una carga excesiva sobre el arrendador.


Además, es necesario aumentar la seguridad jurídica y la rapidez del procedimiento de resolución del contrato y del desahucio en caso de impago del alquiler. Para ello se debería mejorar tanto la regulación procesal (Ley de Enjuiciamiento Civil) como los medios a disposición de la justicia para poder acelerar este tipo de procedimientos. Proponemos también una reforma legal que permita a los notarios acreditar el incumplimiento en el pago del alquiler y declarar el desahucio del inmueble en el caso de que las partes lo hayan acordado así en el contrato de alquiler, en un proceso similar al utilizado en las ejecuciones hipotecarias o de prendas. En caso de resistencia del inquilino a abandonar la vivienda la intervención del juez sería inevitable, aunque los plazos se acortarían significativamente: el juez simplemente visaría el acta y daría la orden de ejecutar.


El incremento de la seguridad jurídica evitaría que los propietarios adoptasen medidas de autoprotección como la exigencia de fianzas elevadas. En particular, pensamos que la ley no debe imponer la obligatoriedad de la fianza.

Medida 2: Suprimir con carácter inmediato todos los incentivos fiscales a la compra de vivienda

En la actualidad existe en España una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por la compra de la primera vivienda habitual que implica una reducción de la cuota del impuesto por el pago tanto del principal como de los intereses pagados. Esta deducción en la cuota puede alcanzar un máximo de 9.015,18 euros por año. Además, las comunidades autónomas (CCAA) han ido añadiendo en los últimos años otras deducciones a la compra de vivienda aplicables según diversas circunstancias, aunque de menor cuantía. La deducción general por vivienda puede calificarse de generosa y ocasiona un alto coste fiscal, que es muy gravoso en la situación actual de elevado déficit público de la economía española.


Por el contrario, los incentivos fiscales al alquiler de vivienda han sido escasos en los últimos años. Si bien existen algunas deducciones muy limitadas en las CCAA, los únicos incentivos destacables para el inquilino se introdujeron en 2008 con la aplicación de la “renta básica de emancipación” (210 euros mensuales para la población de 22 a 30 años, durante un periodo máximo de cuatro años) y la aprobación de una deducción en el IRPF dirigida a contribuyentes con renta inferior a 24.020 euros anuales, que puede ascender al 10% del alquiler abonado.


Tomando en conjunto el sistema, la evidencia apunta a que los incentivos fiscales en España han beneficiado a la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler, con los efectos negativos ya citados. Una simulación numérica de la eliminación de las deducciones a la compra de vivienda indica que esta tendría un efecto a la baja tanto en los precios de la vivienda como en el volumen disponible. Las deducciones, además de haber incentivado una asunción de riesgos excesivos, han tenido un carácter claramente regresivo en tanto que no han tomado en consideración la renta de los compradores de vivienda (al menos en el caso de las deducciones por adquisición de vivienda en el IRPF).


En consecuencia, proponemos que se supriman los subsidios a la compra de vivienda y que se dediquen los recursos así obtenidos a financiar temporalmente una desgravación para el alquiler de vivienda. En este sentido valoramos positivamente la iniciativa propuesta por el Presidente del Gobierno en el último Debate del Estado de la Nación (12/05/2009) de eliminar, al menos parcialmente, las deducciones por compra de vivienda.

Medida 3: Suprimir la vivienda de protección oficial en propiedad y reorientar la protección social hacia el mercado de alquiler

La dotación de vivienda con algún grado de protección en España ha estado orientada tradicionalmente hacia la vivienda en propiedad. Así, la vivienda pública en forma de alquiler constituye solo el 1%-2% del parque de viviendas, muy lejos de Francia o el Reino Unido, que tienen tasas superiores al 15%.


La asignación de vivienda protegida en propiedad, en tanto que su volumen es muy limitado y la demanda muy alta, toma la forma de una lotería en que muy pocos beneficiados reciben una subvención muy elevada. Además, una vez obtenida la vivienda, los cambios de la renta del hogar no suponen la pérdida o la devolución de la subvención disfrutada. De hecho, el régimen de protección vinculado a la vivienda tiene un periodo fijo de 30 años (como regla general), después del cual la vivienda puede ser descalificada. Este régimen es, asimismo, fuente de numerosos fraudes que solo recientemente se han intentado atajar mediante la inscripción de las circunstancias de la vivienda en el registro de la propiedad. Por otra parte, no está claro que la vivienda protegida ayude a moderar los precios de la vivienda libre.


La reorientación de la vivienda protegida desde el mercado de la propiedad hacia el de alquiler es aún muy reciente y limitada. El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 plantea como objetivo que un 40% de la nueva oferta de vivienda protegida sea en alquiler. Sin embargo, se niega en parte su objetivo al incluir la posibilidad del alquiler con opción a compra.


Pensamos que, debido a los factores expuestos, se debería suprimir la creación de nueva vivienda protegida en propiedad, especialmente en un contexto de exceso de oferta como el actual, y dedicar los recursos disponibles a financiar ayudas al alquiler de vivienda libre para personas con bajos niveles de renta.

Medida 4: Suprimir o reducir drásticamente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compraventa de vivienda

El sistema fiscal español incluye, además de las deducciones en el IRPF, otros impuestos que afectan a la vivienda. Así, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) es recaudado por los ayuntamientos y grava la propiedad de la vivienda. Por su parte, otros impuestos suponen un gravamen sobre la transmisión de las viviendas: el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), que recaudan las comunidades autónomas.


En un momento en que las transacciones en el mercado de la vivienda están cayendo considerablemente (entre 2006 y 2009 el número total de transacciones de compraventa ante notario se ha reducido en más de la mitad), proponemos la eliminación o reducción drástica del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Esta medida dinamizaría la compraventa de viviendas y por tanto favorecería la movilidad geográfica de los propietarios, sin provocar una caída importante de la recaudación. Sugerimos, además, que la pérdida de recaudación por la desaparición de este impuesto podría compensarse a través de un aumento del IBI, que podría tener un tramo autonómico para compensar la reducción de ingresos sufrida por las comunidades autónomas por esta medida. El IBI es un impuesto óptimo desde un punto de vista económico, ya que afecta a un bien como la propiedad inmobiliaria que es completamente inelástico.

Conclusión

Pensamos que una reforma en la regulación del mercado inmobiliario es una condición necesaria para comenzar un nuevo período de crecimiento sostenido.


Esta reforma debería potenciar el mercado de alquiler mediante la liberalización de los contratos y el aumento de la seguridad jurídica de los propietarios, eliminar los incentivos fiscales a la compra de vivienda, reorientar la política de vivienda protegida hacia el mercado del alquiler y suprimir o reducir drásticamente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compraventa de vivienda. Estas medidas contribuirían a lograr un crecimiento más sostenido de la economía española y a la salida de la crisis actual.

Amy Lind



Star

Amaryllis

Nostalgia

The Pleated Dress, Eleanor Profile

He Loves Me, He Loves Me Not

Hello Up There

Belle Fleur

Profile of Tarren

Illuminated

Fortunate

San Francisco Light

By The Window

Alexa

Profile Of Annie With Dreadlock

Red

Tarren

Unveiling Grace

Waiting

Turn Of The Season

The Jolly Joker And The Gentle Giant




Fuente: American Gallery y web de Amy Lind.

Señores políticos: ¿Sacrificios?, Vale, ¡¡Pero para todos!!

Recortes para todos.

Firmar petición.

Señor Presidente del Gobierno de España, Señor Presidente del Congreso de los Diputados, Señor Presidente del Senado, Señores Presidentes de Comunidades Autónomas:
Somos un grupo de ciudadanos, de las más diversas procedencias, a los que nuestras ideas en común, nos han hecho conformar esta plataforma para expresar nuestras ideas.
Creemos que los ciudadanos debemos tomar una actitud más activa en la política española, pero al mismo tiempo nos resistimos a creer que la única forma de que ustedes, los políticos, escuchen a los ciudadanos sea tomando violentamente las calles, plazas y sitios públicos.
Hace unos días, el 30 de Diciembre, nos enteramos de las primeras medidas que aplicará el gobierno para reducir el déficit. Y son medidas dolorosas, congelación de sueldos de funcionarios, subida del IBI, subida del IRPF y otras, pero esas medidas, no deben ni pueden ser las únicas medidas.
Nosotros estamos convencidos de que dichas medidas, necesarias por lo demás, deben venir, por un imperativo moral, acompañadas de señales, de medidas simbólicas y de medidas dictadas por el sentido común, que nos hagan a los ciudadanos convencernos de que seremos todos, absolutamente todos, incluidos ustedes, nuestros políticos, los que compartiremos los sacrificios por nuestro país.
Por lo anterior, aceptamos las medidas recientemente anunciadas. También sabemos que habrá más recortes que tendrán que implementarse forzosamente y que tendrán un resultado impactante por la magnitud de las cifras involucradas, pero también creemos que dichas medidas no pueden tomarse si antes no nos demuestran ustedes que también tienen voluntad de sacrificio y sentido común.
Creemos que los ciudadanos debemos decir, Vale, recortemos, pero no sin antes………
.......no sin antes acometer por vuestra parte los siguientes recortes, tanto simbólicos, para transmitir que todos nos sacrificaremos por nuestro país; como de sentido común, para evitar que lo que podamos ahorrar con sacrificios, sea despilfarrado en tonterías que no aportan nada a los ciudadanos.
NUESTRAS PROPUESTAS:
Si ustedes, representantes de todos nosotros ciudadanos españoles, acometen las siguientes medidas de reducción de gasto (recortes) sabremos que, como nosotros, también ustedes están dispuestos a asumir los mismos sacrificios que nos piden a los españoles.
RECORTES SIMBÓLICOS:
(Recortes de poco calado económico, no recaudarán grandes cifras, pero serán una señal potente a los ciudadanos de que la situación es seria y nos sacrificaremos todos.)
- Eliminar de sueldos de diputados y senadores el ADSL de sus casas, taxis, comidas, viajes, hoteles, teléfonos, ayudas al alquiler y todo tipo de gastos que no correspondan a misiones oficiales de dichas instituciones.
- Que Diputados y Senadores tributen por el 100% de sus ingresos.
- Acabar con los sueldos que ministros, diputados, senadores y otras autoridades siguen percibiendo durante dos años una vez que dejan sus cargos. A cobrar de la Seguridad Social como todos los ciudadanos, hasta dos años o hasta que encuentren un nuevo empleo.
- Eliminar las “ayudas” que paga el congreso, graciosamente, a 61 viudas de parlamentarios por un monto de 70.464 euros/mes. (Algunas cobran sobre 3 mil/mes). Lamentablemente, las señoras que tengan derecho, que cobren de la Seguridad Social, como todas las viudas de España.
- Acabar con las subvenciones a Sindicatos, Partidos Políticos y Patronal. No nos vale que se reduzcan en un 20%. Deben eliminarse, y que subsistan sólo los que puedan vivir de sus afiliados. El resto, si no es capaz de mantenerse, que desaparezcan.
- Crear una "Escala de Sueldos" para Presidentes de CC.AA., Consejeros autonómicos, Diputados autonómicos, Alcaldes y Concejales, indexada a la población que atienden. Sueldo máximo, Presidentes de CC.AA. similar a un Ministro de Estado.
RECORTES DE SENTIDO COMÚN:
- Reducir a Cero euros el presupuesto de la Secretaría de Cooperación Internacional, al menos hasta que las cuentas públicas tengan superávit. No podemos regalar dinero a nadie cuando tenemos el estado al borde de la quiebra y millones de españoles sufriendo en la pobreza.
- Eliminar el 90% del “Personal Eventual”, de la Administración Pública, es decir, cargos de confianza y asesores nombrados por políticos. Fijar por Ley cuotas de “Eventuales” para Gobierno, Ministros, Presidencias CC.AA. Consejerías autonómicas, Alcaldes, según la población que atienden.
- Eliminar todo tipo de subvenciones a medios de comunicación privados.
- Eliminar o reducir a un 20% de las cifras actuales, las devoluciones a partidos políticos de Gastos de Campaña y eliminar o reducir a un 20% de las cifras actuales los pagos por escaños obtenidos.
- Eliminar o privatizar las TVs públicas, salvo las que no sean deficitarias (ninguna).
- Eliminar la SEPI y privatizar todas las empresas y participaciones de empresas que obran en su poder. Creemos que el estado no tiene nada que hacer entrometido en el negocio de los astilleros, tabaco, aceite, televisión, radios y otras áreas.
- Los políticos y altos cargos de la administración nombrados fuera de la escala funcionarial, dada sus altos ingresos, muy por sobre el promedio de España, deben dar ejemplo bajándose el sueldo un 10%. El primer 5% para acompañar la bajada que tuvieron los funcionarios el año pasado, y el segundo 5% para dar ejemplo de austeridad. Acto seguido, se congelan sus sueldos igual que los funcionarios.
- Privatizar todas aquellas empresas de las CC.AA. que compitan en su ámbito con empresas privadas. En una segunda acción, privatizar todas las empresas dependientes de la administración en todos sus niveles.
- Control riguroso del objetivo de reducción del endeudamiento de cualquier corporación ya sea estatal, autonómica o local, aplicando a los incumplidores las penalizaciones oportunas mediante la suspensión de ayudas y subvenciones además de hacerles responder civilmente con sus bienes.
- Eliminar las subvenciones a personas o entidades que no generen actividad económica alguna, sino que han sido fundadas y promovidas para actividades de ocio, o simples asociaciones de amigos.
RECORTES EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO:
- Estudiar seriamente la posibilidad de eliminar el Consejo de Estado, organismo caro e improductivo, que nada aporta a los españoles, salvo retiros dorados a políticos alejados de la primera fila.
- Estudiar seriamente la posibilidad de eliminar el Senado.
- Estudiar seriamente la posibilidad de eliminar el Tribunal Constitucional y traspasar sus competencias al Tribunal Supremo. Políticos con toga haciendo justicia en nombre de la Constitución Española es un espectáculo que además de lamentable, es caro.
- Estudiar seriamente la posibilidad de eliminar las diputaciones o convertirlas en organismos técnicos, de 20 a 50 personas, que realmente usen el dinero para favorecer a los pequeños municipios y no permitir las monstruosas organizaciones actuales, cada una con más de mil funcionarios que en su gran mayoría sobran.
- Estudiar con seriedad la situación absurda de que en algunos ayuntamientos haya cuatro cuerpos de policía con competencias. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local. Esta situación, además de absurda y ridícula, es cara.
- Estudiar seriamente la posibilidad de gestionar adecuadamente, con valentía y sentido común, nuestro absurdo ordenamiento territorial, con 17 estaditos con sus ministritos, direccioncitas generales, parlamentitos, tribunalitos de cuentas, defensorcitos del pueblo, Etc. Duplicaciones y triplicaciones de funciones, y de funcionarios, nos cuestan mucho dinero.
MODIFICACIONES NECESARIAS DE TEXTOS LEGALES:
- Incluir en el Código Penal, CAPÍTULO V. DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS, un artículo que describa un nuevo tipo penal que sancione a aquellos gestores de dinero público que gasten más allá de lo permitido por sus presupuestos, creando déficit y deuda.
- Eliminar Cap. II Título III R.D.L. 3/2011 y prohibir las “revisiones” al alza de los contratos con la administración, excepto los autorizados por un juez competente o por el Tribunal de Cuentas. Actualmente el 90% de los contratos con la administración se revisan al alza, lo que podría constituir, desde nuestro punto de vista, un fraude de ley que nos cuesta muchísimo dinero a los ciudadanos.
- Modificar el fuero que actualmente gozan los políticos. En lo sucesivo el fuero solamente les protegerá por expresiones vertidas dentro del Congreso, Senado o Consejo de Ministros. Para todo lo demás, será competente el juzgado que lo sea para todos los españoles.
- Modificar Código Penal, Art. 31 bis. Eliminar la exclusión de Partidos Políticos y Sindicatos en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Todos iguales ante la Ley.