Víctimas, 8 de diciembre: Francisco Javier Collado Azurmendi, Ramón Díaz García, Juan José Escudero Ruiz, Juan Gómez Salar, Eduardo Hidalgo Carzo, Miguel Marcos Martínez y Francisco Pérez Pérez

Libertad Digital.


A las dos menos cuarto de la tarde del 8 de diciembre de 1983 la banda terrorista ETA asesinaba en Cegama (Guipúzcoa) al empresario FRANCISCO JAVIER COLLADO AZURMENDI. Minutos antes, dos miembros de la banda entraron en el Bar Bastacho de la localidad guipuzcoana donde Francisco Javier jugaba una partida de billar con unos amigos, algo que hacía habitualmente. Tras comprobar que la víctima estaba dentro, salieron a la calle y esperaron a que terminara la partida. A las 13:45 horas Collado Azurmendi abandonó el bar y, nada más pisar la calle, los etarras abrieron fuego contra él a bocajarro y por la espalda.
Francisco Javier Collado cayó de bruces a la acera con el cráneo destrozado por tres impactos de bala y con un cuarto impacto en el pecho. Una bala se incrustó en un marco de la puerta del bar y otra bala, rebotada, hirió en un tobillo a Juan Sarraoa Gallastegui, uno de los clientes del bar, que se encontraba muy concurrido a esa hora.
Tras cometer el asesinato los terroristas huyeron en un Renault 5, robado a punta de pistola horas antes en el mismo pueblo de Cegama a su propietario, un joven de la localidad vecina de Idiazábal, que estaba acompañado de un amigo. Ambos fueron abandonados, sin maniatar, en un pinar situado a tres kilómetros del casco urbano, tras ser advertidos de que no dieran aviso a la Policía hasta pasadas las tres de la tarde. Según los dos jóvenes, los terroristas hablaban en castellano y las pocas palabras que intercambiaron en euskera las pronunciaron con un acento distinto al habla de la zona.
La corporación del Ayuntamiento de Cegama, compuesta por ocho concejales del PNV y uno de una agrupación independiente, aprobó esa misma tarde en un pleno extraordinario, una moción de condena por el asesinato, e hizo un llamamiento enérgico a las organizaciones y grupos que practican la violencia para que desistiesen de su actitud. Los funerales por el alma de Francisco Javier se celebraron al día siguiente a las siete de la tarde con la asistencia de gran número de amigos y familiares. Al mismo asistió el alcalde de Cegama, Eduardo Tellería, y los concejales del Ayuntamiento. A continuación fue enterrado en el cementerio local.
ETA reivindicó el atentado mediante llamada telefónica en la que acusaba a la víctima de introducir droga en Guipúzcoa y de ser informador de la Policía.
Francisco Javier Collado Azurmendi, tenía 37 años y era natural de Cegama. Estaba casado conMaría del Carmen Artano Irastorza y el matrimonio tenía tres hijos de 12, 11 y 9 años. Una hermana de la víctima afirmó que no tenían conocimiento sobre si Francisco Javier había recibido amenazas, y vecinos de la localidad lo describieron como un hombre normal, aficionado a la caza y muy relacionado en el pueblo. Collado Azurmendi era un pequeño empresario que se dedicaba a la compra-venta de vehículos usados. Además, tenía gran afición a la caza y era un buen deportista. En su juventud había practicado el atletismo, en la especialidad de 1.500 metros lisos, como miembro de un club del barrio de San Bartolomé, y también había participado en varias ediciones del Cross Internacional de Lasarte.
A las cinco menos cuarto de la tarde del día 8 de diciembre de 1990, seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía fueron asesinados por miembros del grupo Barcelona de la banda terrorista ETA mediante la explosión de un coche-bomba en la confluencia de las calles Josep Aparici y Robot i Serra de Sabadell (Barcelona). Los agentes acudían a prestar servicio al estadio de fútbol de la Nova Creu Alta, donde a las 18:00 horas se iba a disputar el partido de segunda división entre el Club Deportivo Sabadell y el Málaga Club de Fútbol. El dispositivo policial lo formaban dos furgones sin blindaje que, minutos antes, habían salido de la comisaría. La onda expansiva provocada por el coche-bomba alcanzó de lleno al segundo furgón del convoy, provocando la muerte en el acto de seis policías nacionales: RAMÓN DÍAZ GARCÍA, natural de Cáceres; JUAN JOSÉ ESCUDERO RUIZ, conductor del furgón, natural de Granada; JUAN GÓMEZ SALAR, natural de Barcelona; EDUARDO HIDALGO CARZO, natural de Badajoz; MIGUEL MARCOS MARTÍNEZ, natural de Cáceres; y FRANCISCO PÉREZ PÉREZ, natural de León.
Otros dos agentes que viajaban en el mismo furgón policial, Enrique Fernández González y Cruz Adeva Usera, resultaron heridos de gravedad. Ambos agentes fueron ingresados en el Hospital de la Santa Fe de Sabadell. El agente Adeva Usera sufrió amputaciones en las extremidades superiores. Además, nueve civiles que transitaban por la zona cuando se produjo la explosión resultaron heridos de diversa consideración. Al más grave de ellos, Manuel Rosillo González, se le incrustó metralla en el tórax y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Santa Fe con contusión pulmonar. En el mismo hospital fueron atendidos el resto de los heridos, casi todos ellos por rotura de los cristales de los edificios colindantes.
Según el alcalde de Sabadell, Antoni Farrés (de Iniciativa per Catalunya), unos doscientos vecinos resultaron afectados de una forma u otra porque la explosión ocasionó cuantiosos estragos materiales en las viviendas y automóviles que se encontraban en las inmediaciones del coche-bomba. La metralla llegó despedida hasta cuatrocientos metros de distancia del lugar de la explosión. En el cruce donde se produjo el atentado había un colegio y varios comercios que se encontraban cerrados al ser día de fiesta. Esta circunstancia evitó, probablemente, que la explosión causase un número más elevado de víctimas mortales.
Los vecinos que salieron a sus balcones y ventanas alarmados por el brutal estruendo de la explosión pudieron ver cómo ardía el furgón de la Policía, convertido en chatarra, junto al coche-bomba completamente destrozado. Entre los restos del furgón policial quedaron atrapados los cuerpos de cinco agentes. Dos de ellos no pudieron ser separados del amasijo de chatarra, de modo que los restos del vehículo tuvieron que ser retirados del lugar con los dos cadáveres en su interior. El sexto fallecido salió despedido del furgón y fue a estrellarse contra la verja de una escuela.
Los terroristas habían estacionado el coche-bomba a las 14:30 horas, según el testimonio de dos vecinos, de tal manera que obstaculizaba el paso del vehículo policial, por lo que éste tuvo que aminorar la marcha para maniobrar, momento en que el artefacto hizo explosión.
La Policía dispuso inmediatamente diversos controles en Sabadell y en las carreteras y autopistas catalanas, especialmente en los accesos a Barcelona. Hasta el lugar del atentado se desplazaron el alcalde de Sabadell, en primer lugar, y posteriormente el presidente de la Generalidad y el gobernador civil de Barcelona, Ferrán Cardenal.
El encuentro de fútbol entre los equipos del Sabadell y el Málaga, al que se dirigían los agentes asesinados, comenzó con un minuto de silencio y el servicio de seguridad del partido tuvo que ser prestado por agentes de la Guardia Urbana de Sabadell.
El atentado se produjo exactamente dos semanas después de otro de idénticas características, aunque sin víctimas mortales, contra el cuartel de la Guardia Civil de San Carlos de la Rápita, en Tarragona. Ambos fueron realizados después de que la Policía interviniera documentación a la dirigente etarra Carmen Guisasola en la que se revelaban los planes de la organización terrorista para boicotear los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.
A esta circunstancia aludió el presidente del Gobierno, Felipe González, en unas declaraciones en las que también negaba que hubiese ninguna negociación en marcha tras el fracaso de las conversaciones de Argel de 1989, tal y como se había especulado insistentemente en medios políticos y mediáticos en las semanas previas al atentado. González manifestó que la política antiterrorista no iba a cambiar y añadió que los terroristas "se están engañando porque no habrá ninguna negociación política de ninguna manera, ya sea [por] el horizonte de los Juegos Olímpicos, el de la Expo o el del año 94". El asesinato de los seis policías nacionales era el primer atentado con víctimas mortales en Cataluña desde la masacre de Hipercor el 19 de junio de 1987.
El funeral por el alma de los seis agentes fue celebrado el 9 de diciembre en la Iglesia de San Félix de Sabadell, al que asistieron más de tres mil personas. La mayoría tuvo que seguir el acto religioso desde la plaza del Ayuntamiento. Entre otras personalidades, estuvieron presentes el presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, y el ministro de Interior, José Luis Corcuera.
El arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, que ofició la ceremonia, hizo referencia en su homilía a una de las secuelas que el terrorismo de ETA ha provocado durante sus más de cinco décadas de asesinatos, que es el de los centenares de huérfanos que el historial criminal de la banda ha dejado. Dirigiéndose a los asesinos dijo que quería hacerles una pregunta:
¿No dice nada a vuestros corazones el que ayer a esta hora trece niños tenían padre y esta mañana de domingo esos trece niños ya no tienen padre, y que, por mucho que se esfuercen con amor y sacrificios los que los quieren, la vida de estos niños ya no será nunca como lo ha sido hasta ahora?
Durante el traslado de los féretros desde el Ayuntamiento a la iglesia, y al terminar el funeral, se vivieron momentos de mucha tensión y de manifiesta hostilidad hacia los políticos asistentes. Entre aplausos al paso de los ataúdes, se oyeron gritos contra ETA, pidiendo la pena de muerte para los terroristas y "menos negociación", y contra los políticos. José Luis Corcuera fue abucheado con gritos de "fuera, fuera".
El 11 de diciembre a las 12 de la mañana, y siguiendo la convocatoria del Ayuntamiento de Sabadell, la ciudad quedó paralizada durante cinco minutos, incluido el tráfico rodado que también se detuvo, mientras los campanarios de todas las iglesias tocaban a difuntos.
El asesinato de los seis policías fue cometido, según la investigación policial y judicial, por dos de los participantes en la masacre contra la casa cuartel de Vic que fallecerían al día siguiente del brutal atentado en un enfrentamiento con la Guardia Civil en la localidad de Llissá de Munt (Barcelona). Se trata de Juan Carlos Monteagudo Povo (jefe del grupo Barcelona de ETA y exdirigente de Terra Lliure) y Juan Félix Erezuma Uriarte, que se resistieron a ser detenidos haciendo uso de sus armas de fuego.
Ramón Díaz García, de 42 años, era natural de Casillas de Coria (Cáceres) y llevaba destinado en Sabadell catorce años. Estaba casado y tenía cuatro hijos. A Ramón no le tocaba trabajar ese día, pero le hizo el favor a un compañero que se encontraba enfermo. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de la Salud de Sabadell.

Juan José Escudero Ruiz, de 52 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Natural de Gor (Granada), llevaba veintidós años de servicio en Sabadell. Pertenecía al Parque Móvil de Barcelona, y era el conductor del furgón policial. Estuvo a punto de dejar la Policía Nacional poco antes de ser asesinado, pero algunas circunstancias familiares "le hicieron solicitar una nueva prórroga" (Ideal, 09/12/1990). Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de la Románica, en Barberá del Vallés (Barcelona). El 11 de diciembre de 2008 el Ayuntamiento de su localidad natal puso el nombre del agente asesinado a una de las calles principales del pueblo. El alcalde de Gor, el popular Francisco Porcel, señaló que, a pesar de que no vivía habitualmente en el municipio granadino, Juan José Escudero lo visitaba todos los veranos en compañía de su familia.
Juan Gómez Salar, de 36 años, era natural de Barcelona. Estaba casado y teníaun hijo. Residía con su familia en Barberá del Vallés y sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de Cerdanyola. Llevaba cinco años destinado en la comisaría de Sabadell.


Eduardo Hidalgo Carzo, de 43 años, era natural de Badajoz y llevaba doce años de servicio en Sabadell. Estaba casado y tenía dos hijos. Fue enterrado en el cementerio de la Salud de Sabadell.


Miguel Marcos Martínez, de 53 años, estaba casado con Isabel Martín y teníados hijos de 14 y 9 años, Antonio y Gustavo. Era natural de Cilleros (Cáceres), donde fue enterrado, y llevaba destinado en Sabadell siete años. A su entierro en su localidad natal dos días después asistieron más de dos mil vecinos, además de autoridades políticas, policiales y militares. En abril de 2007, organizado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y el Ayuntamiento de Cilleros, se celebró un homenaje en memoria de Miguel Marcos, con la asistencia de la viuda y los dos hijos del agente asesinado. Se descubrió una placa en la calle que lleva su nombre y se hizo una ofrenda floral en el cementerio local donde reposan los restos mortales de la víctima.
Francisco Pérez Pérez, de 29 años, era natural de Torre del Bierzo (León) y llevaba tres años de servicio en Sabadell. Se había casado tres meses antes de ser asesinado. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de la Salud de Sabadell.


El 8 de diciembre de 2005, quince años después del brutal atentado que conmocionó a la ciudad de Sabadell, se descubrió una placa en recuerdo de los policías asesinados en el parque de Catalunya de la localidad, cerca de la plaza donde se ubica el monolito que rinde homenaje a otra víctima del terrorismo de ETA, Ernest Lluch. El acto fue organizado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). El vicepresidente de la misma, Roberto Manrique, lamentó que se hubiese tenido que esperar tanto tiempo para rendir homenaje a los seis policías asesinados.

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