Víctimas, 2 de noviembre: José Díaz Fernández, José Luis Legasa Ubiría, Rafael Recaola Landa, Juan Cruz Hurtado Fernández, Antonio Mesa Portillo y Genaro García de Andoain Larrinaga

Libertad Digital.


A las 20:15 horas del 2 de noviembre de 1977 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún al sargento de la Policía Municipal de esta localidad guipuzcoana JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ. Tres terroristas le dispararon a bocajarro cuando entró en el portal de su domicilio y se disponía a subir las escaleras, siendo alcanzado por siete disparos. El policía municipal tenía por costumbre pasar a esa hora de la tarde por su domicilio para comer algo y reincorporarse a continuación a su trabajo. Uno de sus hijos lo encontró, aún con vida, en el portal, pero falleció poco después.
Los etarras utilizaron un taxi para acudir al lugar del atentado y huir posteriormente. El propietario del mismo apareció a últimas horas de la noche amordazado cerca de Oyarzun, después de que una llamada anónima informase de su paradero a las 22:30 horas, mientras que el vehículo fue encontrado en Rentería.
El Ayuntamiento irunés se reunió por la mañana a puerta cerrada, y por la tarde se instaló la capilla ardiente en la Sala Capitular del mismo. Al día siguiente, a las seis de la tarde se celebró el funeral por su alma en la Iglesia de Nuestra Señora del Juncal. El féretro iba envuelto en la bandera nacional y precedido por quince coronas de flores. El funeral fue oficiado por el párroco del Juncal, Santiago Balenciaga, y asistieron al mismo el jefe superior de Policía de la zona, Eduardo López; el jefe superior de la Policía Municipal de Irún, José Luis Hornilla, y diversos representantes de las policías municipales de otras localidades guipuzcoanas y vizcaínas, así como representantes de la Guardia Civil y Policía Armada.
Horas antes se habían recibido numerosos telegramas de condolencia de policías municipales de distintas localidades de España y del comité provincial del Partido Comunista de Euskadi en el que transmitían el pésame a los familiares de la víctima y calificaban el asesinato de "crimen contra la democracia". El asesinato de José Díaz fue también condenado enérgicamente por el PNV, el PSOE y el Movimiento Comunista de Euskadi, entre otros.
ETA militar reivindicaba el 3 de noviembre, mediante llamada telefónica a Radio Popular de Bilbao, el atentado contra José Díaz, así como la bomba que había hecho explosión el día 31 de octubre en los cuarteles de la Policía Armada de Vitoria, hiriendo de gravedad al sargento Antonio Blanco, y de menor consideración al cabo primero Tomás Serrano y al policía Celedonio Alventosa. Ambos atentados estarían encaminados, según el anónimo comunicante, "a obligar al Estado a retirar de Euskadi los cuerpos armados que imposibilitan el normal acercamiento de nuestro pueblo a los cauces democráticos y a la libertad popular".
ETA justificó el asesinato del sargento de la Policía Municipal de Irún acusándole de ser el principalrepresor de manifestaciones y huelgas en la cuenca del Bidasoa, de cobrar primas especiales porcolaboración con la Policía española y de haber dado muerte, veinticinco años antes, a una persona que se trasladaba clandestinamente a Francia en los alrededores del monte San Marcial. Anteriormente la Policía Municipal de Irún había sido objeto de amenazas por parte de ETA. Unos meses antes se difundió en Irún un comunicado con el sello de ETA en el que acusaban y amenazaba a José Luis Hornilla, jefe de los municipales de esa localidad. Al final de aquel comunicado se anunciaba que el próximo haría referencia a José Díaz Fernández (El País, 04/11/1977).
El asesinato de José Díaz Fernández quedó impune y sus autores se beneficiaron de la ley de Amnistía de 1977, pese a que ésta fue aprobada el 15 de octubre de ese año y este caso fue posterior y no está recogido en ninguno de los supuestos que la ley contempla en su artículo primero: ser anterior al 15 de diciembre de 1976, o atentados anteriores al 6 de octubre de 1977 "siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas".
José Díaz Fernández, de 54 años, era natural de Asturias. Estaba casado y tenía dos hijos. Desde veinte años antes pertenecía al cuerpo de la Policía Municipal.
El 2 de noviembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba a un constructor en Irún, a un carpintero en Guernica y a un albañil en Lezo. El primero de los atentados fue el cometido en Irún (Guipúzcoa), una venganza de ETA contra el empresario y constructor JOSÉ LUIS LEGASA UBIRÍA por haber denunciado ante la Policía francesa dos años antes un intento de extorsión de la banda terrorista ETA al que José Luis no estaba dispuesto a ceder.
A primera hora de la mañana del 2 de noviembre de 1978 el grupo Argala de ETA cometía el que sería su primer asesinato. José Luis se disponía a bajarse de su vehículo para visitar, junto a su hermano Miguel, una obra en construcción próxima a la variante norte de la carretera de Irún. Tres miembros del grupo Argala, entre ellos Henri Parot, se acercaron a Legasa Ubiría y lo tirotearon. La víctima recibió cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Tras caer al suelo, fue rematado con un disparo a quemarropa. Su hermano Miguel, que llegó a forcejear con uno de los terroristas, resultó herido en una pierna.
Los antecedentes de este atentado se remontan a mayo de 1976. El empresario había recibido una carta de la banda asesina exigiéndole que se trasladase al sur de Francia y entregase una determinada cantidad de dinero. José Luis Legasa hizo lo que le pedían pero, previamente, había denunciado ante la Policía gala el chantaje. Gracias a esa denuncia fue detenido Francisco Javier Aya Zulaica, alias Trepa. La noche del miércoles 25 de mayo de 1976, gendarmes de la Policía judicial de Bayona, apoyados por la Policía judicial de Burdeos, irrumpían en el Bar Euskaldun de la localidad francesa procediendo a detener al etarra, a Enrique Errazpi y al barman del local, Jesús Murua. Previamente José Luis se presentó en el bar y preguntó por "Otxia", clave establecida por la banda para la entrega del dinero. Al parecer Otxia no era sino el acrónimo de Organización Txomin Iturbe Abasolo, la trama de extorsión de ETA. Cuando el receptor se identificó, Legasa lo señaló a la Policía para que procedieran a la detención.
En septiembre de ese mismo año Aya Zulaica fue condenado a tres años de cárcel por el Tribunal de Bayona y a pagar un franco simbólico al empresario extorsionado. Los medios locales reprodujeron durante el juicio, que se celebró en medio de enormes medidas de seguridad, una de esas cartas de extorsión que la banda enviaba a los empresarios. "Si no hace entrega del dinero en el día fijado, le buscaremos hasta ajusticiarle. Si avisa a la policía o en la entrega sucede cualquier contratiempo de cualquier tipo que fuere será igualmente ejecutado allá donde se encuentre". Laacusación privada en el juicio fue hecha por José Luis Legasa, que exigió de indemnización un franco, que en la justicia francesa es el símbolo para reconocer la razón del denunciante. El etarra declaró durante el juicio que "se limitaba a ayudar a sus compatriotas que pasaban dificultades al llegar a Euskadi Norte". José Luis Legasa, que fue amenazado en diversas ocasiones por haberle hecho frente a la banda terrorista, afirmó que era el único empresario que se había negado a ceder al chantaje de ETA, y que si todos hiciesen lo mismo "no se financiaría el terrorismo para causar más muertes".
Para la criminal lógica de ETA esta ejemplar actuación de Legasa Ubiría no podía quedar impune. Por este motivo Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, dio órdenes dos años después a Henri Parot y su grupo, recientemente constituido, de que cruzasen a España y asesinasen a José Luis. Para poder localizarlo, Iturbe les había proporcionado los datos del vehículo y una fotografía, tal y como declaró Parot tras su detención en 1990.
El cadáver de José Legasa fue trasladado al depósito municipal de Irún una vez que el juez ordenó el levantamiento del mismo, mientras su hermano Miguel fue trasladado al centro de la Cruz Roja de la localidad, donde se le curó del impacto de bala con orificio de entrada y salida en el muslo.
En su comunicado de reivindicación el 3 de noviembre, la banda terrorista ETA lo justificaba por haberse negado a pagar el "impuesto revolucionario" y por haber propiciado que se detuviese y condenase al "refugiado político Francisco Aya".
En 1993 la Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de José Luis Legasa, y a otros tres años de prisión menor por las lesiones sufridas por Miguel, el hermano de la víctima.
José Luis Legasa Ubiría tenía 49 años. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Era contratista de obra y propietario de un garaje.
Once horas después, a las 22:00 horas del 2 de noviembre de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba en Lezo (Guipúzcoa) al albañil RAFAEL RECAOLA LANDA. La víctima fue salvajemente ametrallada por miembros de la banda cuando regresaba a su domicilio en una motocicleta después de acabar su turno de trabajo en la empresa en la que estaba contratado como albañil, la Fábrica Orbegozo. Tras derribarlo de la motocicleta con una primera ráfaga de disparos, la víctima fue rematada cuando cayó al suelo. La Policía recogió en el lugar de los hechos veinte casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, de las que cinco alcanzaron a la víctima, dos en la pierna, una en el pecho y dos en la cabeza, provocándole la muerte instantánea.
Rafael Recaola Landa, de 30 años, era albañil de profesión y estaba empleado en la empresa Esteban Orbegozo desde seis años antes. Fue acusado por ETA de tener vinculaciones con la Policía en el mismo comunicado de reivindicación del asesinato de Juan Cruz Hurtado Fernández, cometido minutos después. Rafael había estado afiliado a UGT durante un tiempo. Antes de ser asesinado ya había sido tachado públicamente de ser confidente policial y había recibido alguna llamada anónima amenazándole por este motivo.
Apenas cuarenta y cinco minutos después, en torno a las 22:45 horas de ese 2 de noviembre de 1978, ETA volvía a asesinar, esta vez en Guernica (Vizcaya), al carpintero JUAN CRUZ HURTADO FERNÁNDEZ. El joven se encontraba con su novia, Manuela Mosquera, en el Bar Azul de la localidad. Varios individuos irrumpieron en el local con la cara tapada, se acercaron a la barra donde se encontraba la pareja y, sin que mediase palabra alguna, dispararon cuatro veces contra Juan Cruz. Su novia fue herida por uno de los disparos en el pecho y por otro en una pierna. Fue trasladada en estado grave a la residencia sanitaria de la Seguridad Social de Bilbao donde la intervinieron quirúrgicamente. Dentro del bar se recogieron siete casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.
ETA llevaba varias semanas vigilando los movimientos de Juan Cruz Hurtado con el objetivo de asesinarlo. Para cometer el atentado los terroristas habían sustraído previamente un vehículo en un garaje, tras amenazar a su propietario, con el que se dirigieron al bar a esperar que apareciesen la víctima y su novia, pues el bar era muy frecuentado por la pareja.
En el comunicado de reivindicación enviado el 4 de noviembre, y en el que también se hacían responsables del asesinato de Rafael Recaola Landa, cometido poco antes en Lezo (Guipúzcoa), acusaban a Juan Cruz Hurtado de ser de extrema derecha y de colaborar con la Policía, igual que a Recaola Landa. Se decía de ellos que eran miembros ultrafascistas "pertenecientes al grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey" y confidentes y colaboradores directos de las fuerzas de la Policía.
En 1982 la Audiencia Nacional condenó a José María Sagarduy Moja, José Antonio Echevarri Ayesta, Juan Carlos Gorrindo Echeandía y Enrique Aguirre Echeita por el atentado contra Juan Cruz Hurtado. Cada uno de ellos fue condenado a 23 años de prisión por el asesinato, además de a indemnizar a los herederos de la víctima y a la novia del fallecido por las heridas sufridas en el atentado. Sagarduy Moja, alias Gatza, salió de prisión en abril de 2011 tras cumplir 30 años y 9 meses de prisión, lo que le convirtió en el preso más antiguo de la banda. Detenido en julio de 1980, cuando tenía 21 años, había sido condenado a un total de 71 años de cárcel por dos asesinatos.
Juan Cruz Hurtado Fernández, de 25 años, era natural de Villaro (Vizcaya), pero vivía en Amorebieta. Su novia, Manuela Mosquera, de 21 años, era natural de Sevilla, aunque vivía en Guernica. Tres meses después, el 7 de febrero de 1979, la banda terrorista asesinaría a un amigo de Juan Cruz, Vicente Irusta Altamira, en Ibarruri (Vizcaya), acusado también de estar relacionado con la extrema derecha.
El 2 de noviembre de 1979 fallece en el Hospital de Basurto el comisario de Policía ANTONIO MESA PORTILLO, que no pudo superar las graves heridas sufridas en el atentado terrorista del que fue víctima el 11 de octubre de ese mismo año en Guecho (Vizcaya).
En torno a las 14:35 horas de ese día Antonio Mesa salió de la comisaría de Policía de Guecho acompañado por el inspector Miguel Ángel González Fuentes. Ambos se dirigían a sus respectivos domicilios a comer e iban en el mismo vehículo, un Seat 127, conducido por Miguel Ángel. Cuando el vehículo se detuvo en un semáforo en rojo de la entonces llamada avenida del Ejército, en el barrio de Algorta de la localidad vizcaína, varios miembros de la banda terrorista ETA ametrallaron el coche por su parte derecha, donde iba sentado el comisario Mesa Portillo. Herido al recibir la primera ráfaga de metralleta, Antonio logró salir del vehículo y repeler el ataque, antes de caer al suelo alcanzado por veinte impactos de bala. Miguel Ángel González resultó herido con cuatro impactos de bala en la pierna derecha. También resultó herido leve un vecino de Algorta, Francisco Andrés Cobreros, que se encontraba en un bar cercano al semáforo cuando se produjo el ametrallamiento. Los terroristas huyeron en un vehículo 1200 de Transportes Damper robado a punta de pistola a las 12:30 horas.
El inspector González Fuentes, pese a estar herido, condujo el vehículo, que había recibido casi cuarenta impactos de bala, hasta la casa de socorro de la localidad y de ahí, en ambulancia, hasta el Hospital Civil de Basurto. El estado de Antonio Mesa se complicó irremediablemente dos semanas después de ser ametrallado, falleciendo finalmente el 2 de noviembre.
En la Jefatura Superior de Policía de Bilbao se celebró a las doce y media del mediodía del 3 de noviembre el funeral de cuerpo presente en memoria del comisario en la más estricta intimidad. Mandos de la Dirección General de Seguridad se desplazaron expresamente a Bilbao para estar presentes en el acto fúnebre, al que también asistieron familiares y compañeros de la víctima. Al término del mismo, el féretro con los restos mortales del comisario Antonio Mesa fue trasladado por vía aérea hasta Sevilla, recibiendo sepultura en el cementerio de San Fernando.
Antonio Mesa Portillo tenía 42 años y estaba casado. Era natural de Rosal de la Frontera (Huelva). Había prestado servicio en la Jefatura de Sevilla y, cuando ascendió a comisario, fue trasladado a Guecho como jefe de la comisaría, puesto en el que estaba destinado desde julio de ese año 1979. Antonio Mesa era, además, licenciado en Ciencias Físicas y en Farmacia. Antes de ingresar en la Policía había sido profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. En mayo de 1981 su localidad natal le dedicó una calle. Su madre, María Escobar Portillo, fue la encargada de descubrir la placa de mármol con el nombre de su hijo.
El 2 de noviembre de 1986 la banda terrorista ETA asesinaba en las estribaciones del monte Gorbea a GENARO GARCÍA DE ANDOAIN LARRINAGA, delegado para Asuntos de Policía del Gobierno vasco, cuando una unidad especial de la Policía Autonómica se enfrentó con los etarras que tenían secuestrado al industrial Lucio Aguinagalde Aizpurúa desde dieciocho días antes.
El empresario y militante del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Lucio Aguinagalde, de 69 años, fue secuestrado por la banda terrorista el 15 de octubre a las puertas de su domicilio en Vitoria. Tras quitarle las gafas y ponerle otras oscuras, lo metieron en un vehículo y huyeron del lugar por carreteras y caminos forestales, hasta llegar a un monte de la sierra del Gorbea, en Ubidea (Vizcaya). Ahí, en una cueva, los secuestradores pretendían mantener a Aguinagalde hasta obtener cien millones de pesetas a cambio de su liberación.
Tras las investigaciones pertinentes para dar con el posible paradero del empresario, la Policía Autonómica llevaba varios días sometiendo a vigilancia las zonas de alrededor de la cueva donde estaba secuestrado Aguinagalde. El 1 de noviembre la casualidad jugó a favor de la Ertzaintza, ya que a un agente libre de servicio que paseaba por el monte le llamó la atención que la entrada a la cueva estuviera tapiada y oculta con espinos secos. Al acercarse a ella descubrió que la puerta estaba tapiada con una losa y, al intentar retirarla, escuchó voces en el interior. La dejó caer con cuidado, pero desde dentro los etarras oyeron el ruido, por lo que, como declararon posteriormente en el juicio, establecieron un servicio de vigilancia fuera de la cueva. Ante la confirmación de las sospechas de que ahí estaba el empresario, hacia las tres de la tarde del 2 de noviembre se desplegó un operativo de la Ertzaintza, dirigido por Genaro García de Andoainquien, además, era amigo personal del empresario secuestrado y que en los días previos había tratado "de convencer a ETA de que Aguinagalde carecía de recursos económicos para hacer frente al rescate (...) y les advirtió de que la Ertzaintza iba a trabajar intensamente para liberar al secuestrado" (El País, 14/12/1986).
En las inmediaciones de la cueva, los agentes de la Ertzaintza vieron a un individuo sospechoso que les dijo que estaba recogiendo setas. Cuando le dijeron que iban a cachearlo, intentó huir, pero fue detenido. Se trataba de Francisco Cabello Pérez, alias Patxi. Los miembros de la Policía Autonómica iban armados, pero vestidos de paisano y sin chalecos antibalas. Al llegar a las proximidades de la cueva, se identificaron a gritos y pidieron a los secuestradores que se entregaran. En esos momentos otros dos terroristas –Juan María Gabirondo Agote y Luis Enrique Gárate Galarza– armados con una metralleta y una pistola, abrieron fuego contra los policías,alcanzando con varios disparos a Genaro García de Andoain. Gárate Galarza consiguió huir monte abajo, y Gabirondo Agote fue herido y detenido. El empresario secuestrado fue liberado sin sufrir daños y en buen estado de salud.
Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, confirmó tras la liberación de Aguinagalde que la Ertzaintza había llevado a cabo el operativo al margen de la Policía Nacional. No obstante, manifestó que la liberación del empresario suponía "un importante salto cualitativo en la colaboración antiterrorista del Gobierno vasco con la Administración central".
El 4 de noviembre, la banda terrorista ETA culpaba en un comunicado al PNV de la muerte de García de Andoain, por no facilitar "un final satisfactorio al arresto" de Aguinagalde y haber "puesto en grave riesgo la vida de éste" y provocado "la muerte de Genaro García-Andoáin, para mayor satisfacción de los enemigos reales del pueblo vasco". La situación creada, según la banda terrorista, podía desembocar en un "enfrentamiento civil entre vascos", que es lo que, en opinión de estos descerebrados, desea el Gobierno central. En el mismo comunicado, la banda afirmaba que era sumamente grave la colaboración de la Ertzaintza con las "fuerzas de ocupación españolas" y acusaba al PNV de intentar convertir a la Policía Autonómica en una fuerza represiva y colonial, advirtiendo de que no se dejaría engañar y seguiría considerando que su enemigo es "el Estado opresor español".
En 1989 la Audiencia Nacional condenó a Juan María Gabirondo Agote, alias Chispas, y a Francisco Cabello Pérez, Patxi, miembros del grupo Araba de ETA, a 29 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte. En este juicio también fueron juzgados los colaboradores en el secuestro de Aguinagalde: Juan Ramón González Mendizábal, alias Juanra, Garbine Ibarguchi Larrinoa y Juan Manuel Vélez Bilbao. Fueron juzgados en rebeldía Gárate Galarza e Itziar Alberdi Uranga, colaboradora en el secuestro.
Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, fue detenido en el sur de Francia el 9 febrero de 2004cuando pretendía introducir en España, junto a Ibón Elorrieta Sanz, una furgoneta Renault Kangoo cargada con material explosivo y armas. Considerado autor del disparo que acabó con la vida de García de Andoain, en junio de 2006 España solicitó su extradición, y en marzo de 2010 fue entregado temporalmente a España para ser juzgado por diversos atentados cometidos en la década de los ochenta. Durante el juicio en la Audiencia Nacional en abril de 2011 Gárate Galarza reconoció su participación en el secuestro, pero negó ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de García de Andoain. La Fiscalía solicitó 78 años de cárcel por el secuestro del empresario y como autor material de la muerte de jefe de la Ertzaintza.
Genaro García de Andoain Larrinaga, de 64 años, era natural de Bilbao y tenía tres hijos. Veterano militante nacionalista, con 17 años formó parte del batallón de soldados vascos Arana Goiri. Al finalizar la Guerra Civil estuvo encarcelado hasta 1943. Fue director de Tráfico del Gobierno vasco y, en octubre de 1985, fue nombrado delegado para Asuntos de la Policía, puesto de confianza deLuis María Retolaza, consejero de Interior de 1980 a 1988 y amigo desde la infancia de García de Andoain. Antes, en 1983, a Genaro García de Andoain le encomendaron las tareas de información e investigación en la lucha antiterrorista dentro de la Ertzaintza, aunque el Gobierno vasco no había confirmado oficialmente que existiese dentro de la Policía Autonómica una unidad, la Ekintza (Acción), dedicada a estas actividades, unidad que sería el embrión de la futura brigada criminal del Cuerpo. En abril de 1985, el consejero de Interior, Luis María Retolaza, compareció ante el Parlamento vasco para dar cuenta de la existencia de Ekintza (Acción), unidad de la Ertzaintza coordinada desde la Dirección de Tráfico, con García de Andoain al frente, que desarrollabalabores de información sobre drogas y orden público. Retolaza informó al Parlamento de que la Ekintza fue creada en julio de 1983 mediante la integración de cuatro agentes de la Ertzaintza en el servicio de la Dirección General de Tráfico, comandados por García de Andoain. El consejero de Interior dijo entonces que "debido a la eficacia de esta sección, se vio evidente la necesaria ampliación de los mismos a otras actividades policiales". Seis meses después de la polémica parlamentaria sobre la existencia de esta unidad, de la que se había afirmado entonces que investigaba el asesinato del dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard, Genaro García de Andoain fue nombrado delegado general para Asuntos de Policía del Gobierno vasco. El cargo era de nueva creación y respondía a la política de la Consejería vasca de otorgar el mando de la Policía Autonómica a un civil. El delegado general, según la definición de sus funciones publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, tenía asignado "el mando directo y la coordinación de los servicios de la Ertzaintza" en toda la comunidad autónoma y bajo la dependencia de la Viceconsejería de Interior, cargo que Eli Galdós había ocupado en todos los Ejecutivos autónomos. García de Andoain había negociado en los meses previos a su muerte con la dirección de ETA, en representación del Partido Nacionalista Vasco y con conocimiento del Gobierno español (Irujo, J.M. y Arqués, R., ETA: la derrota de las armas, Plaza y Janés, 1993). Enviado directamente por Retolaza, tuvo contactos en Hendaya con Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito (El Correo, 23/04/2007).
Genaro García de Andoain fue el segundo mando de la Policía Autonómica asesinado por ETA, trasCarlos Díaz Arcocha, asesinado en Vitoria mediante una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo el 7 de marzo de 1985.


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