Lecturas 17.11.2012

Los MBA y la educación superior en España, por Carlos Rodríguez Braun.

Cualquier universidad española, si tuviera las instituciones de Harvard, podría ser excelente, y seguiría siendo española. Pero sería una universidad privada, gobernada por un patronato de donantes, donde nadie más tomaría las decisiones; los profesores no serían seleccionados por ellos mismos sino por un comité de contratación; los alumnos pagarían el coste de su educación, y habría becas en función de la dedicación y el rendimiento; los contribuyentes no pagarían nada, y ningún burócrata, ningún político, ningún sindicalista, y ninguna entidad oficial nacional o extranjera tendría nada que decir sobre cómo se organiza la Universidad, ni sobre las matrículas, ni sobre la selectividad, ni sobre los programas, ni sobre las carreras, ni sobre nada; habría menos y mejores estudiantes, y habría menos y mejores profesores. Y podríamos hacer el ejercicio inverso: imaginar que sucedería con la Universidad de Chicago si mañana… Dios Santo, prefiero no pensarlo.

Todas las islas de la isla, por Raúl Rivero.

En otra, la activista de derechos humanos Ailer González hacía esta descripción de la razia policial: “Eran muchos y estaban por encima de la ley todo el tiempo, parecía fascismo, pura mafia. Luego me pasé la noche en un calabozo frío y mugriento, sin saber a dónde llevaron a los demás. Nunca nos dijeron por qué nos detenían, bajo qué acusaciones”.

Desahucios y parches jurídicos, por José García Montalvo.

La solución a largo plazo no es poner parches jurídicos sino formular una legislación integral para hacer frente al sobreendeudamiento familiar. El motivo por el cual se aceptan las daciones de los promotores es que su responsabilidad está limitada por la legislación mercantil. Las familias necesitan un procedimiento similar, pero menos gravoso, de suspensión de pagos y limitación de responsabilidad que genere una segunda oportunidad. A corto plazo hay que buscar fórmulas que produzcan los incentivos adecuados para que las entidades financieras renegocien con más intensidad las condiciones de las hipotecas incluyendo no solo cambios en el tipo de interés o el plazo, sino también quitas o la posibilidad de aceptar un alquiler social. Los beneficiarios deben ser obviamente los “deudores de buena fe”. Pero ante la imposibilidad de definir con claridad la buena fe no queda otra alternativa que imponer condiciones, como hacen los programas estadounidenses HOPE o HAMP o el actual Código de Buenas Prácticas en España. Evidentemente es muy difícil encontrar un conjunto de condiciones que garanticen la buena fe del deudor, pero en todo caso no sería razonable que estos programas generen incentivos que beneficien a aquellos que compraron con motivos especulativos.

"Nos dejan sin futuro", por Carlos Rodríguez Braun.

Lamentan que “el sacrificio no es compartido por toda la sociedad” pero jamás exigen la supresión de los impuestos que pagan los ciudadanos corrientes. De hecho, se oponen al objetivo de lograr “cueste lo que cueste, el equilibrio de las cuentas públicas”, pero nunca consideran qué puede suceder con un déficit creciente ni qué ventajas tendría para las trabajadoras y los trabajadores la reducción de la coacción política y legislativa sobre el llamado mercado laboral. Protestan porque no hay crédito, pero no porque sí lo haya, y muy copioso, para el sector público. Sostienen que las prestaciones sociales y los derechos laborales “hace cien años no existían y fueron conquistados a base de huelgas muy duras”. Es falso: el crecimiento del Estado no fue ninguna “conquista social” sino al revés: el Estado conquistó la sociedad extendiéndose en todas partes con excusas benévolas y redistributivas, haya habido huelgas o no.

La codicia de la banca propició la concesión de hipotecas a insolventes, Íñigo de Barrón.

En opinión de algún veterano gestor de una antigua caja, que son las entidades que acumulan tienen la peor parte de este problema, estas entidades confundieron su “vocación social con entrar de lleno en el segmento hipotecario de los inmigrantes, así como las clases sociales más populares. Tomaron este camino, ya de por sí arriesgado, sin contar con los sistemas de control de riesgos adecuados. La mezcla ha sido una bomba”.

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Una oferta de aquellos tiempos fue la “hipoteca bienvenida”. Era un producto financiero especialmente pensado para los inmigrantes y lo ofrecía, en 2005, la intermediaria financiera CreditServices. Con solo tres meses de trabajo en España, el inmigrante podía acceder a un crédito que cubría el 120% del valor de una vivienda. Todos los gastos y comisiones de gestión quedaban cubiertos y pasaba a ser propietario de un piso en España sin poner un euro. El crédito lo concedían entidades de Estados Unidos. La hipoteca bienvenida conseguía unos 50.000 clientes al año.

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Todas las entidades realizaron campañas masivas, aunque no con la misma intensidad. Por eso no han caído todas las entidades, sino algo más de la mitad del sector y ningún banco ha recibido ayudas públicas. Las cajas aprovecharon la burbuja inmobiliaria para crecer apoyándose en las promociones inmobiliarias. Entre 1993 y 2008 pasaron de 14.000 a 25.000 oficinas mientras que los bancos redujeron las sucursales de 18.000 a 15.000.

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Pero allí estaban los “vicios que todos nos sabemos”, como dijo Sáenz. Un elevado porcentaje del valor (en general, se considera arriesgado un préstamo que cubra más del 80% del valor del bien hipotecado), una tasa de esfuerzo alta (que el comprador tenga que dedicar más del 35% de su renta a pagar los plazos) y las tasaciones “forzadas” que subían los precios. Los desahucios son la mutación más salvaje de estos errores en cadena y las entidades prometen medidas severas para evitar más escándalos. No será fácil.

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