Víctimas, 30 de octubre: Jesús Escudero García, José Francisco de Querol y Lombardero, y Armando Medina Sánchez

Libertad Digital.


A las 9:10 horas de la mañana del lunes 30 de octubre de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid, mediante un coche-bomba, al policía nacional JESÚS ESCUDERO GARCÍA, al magistrado del Tribunal Supremo JOSÉ FRANCISCO DE QUEROL Y LOMBARDERO y al chófer de éste, ARMANDO MEDINA SÁNCHEZ, hiriendo de gravedad al conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez, que fallecería finalmente el 8 de noviembre, nueve días más tarde.
El atentado tenía como objetivo fundamental acabar con la vida del magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, el general togado José Francisco de Querol y Lombardero, así como de aquellas personas que lo acompañaran en el coche oficial, como su chófer y el escolta que viajaba a su lado para protegerle. Para llevar a cabo la acción, los terroristas del grupo Madrid de ETA prepararon un coche-bomba con cerca de 40 kilos de dinamita y grandes cantidades de metralla y lo hicieron estallar a las 9:10 de la mañana al paso del vehículo en el que viajaban el magistrado, su escolta y el chófer del Parque Móvil del Estado. El explosivo estaba contenido en una olla de aluminio, metida en el maletero del coche, y la metralla consistía en tornillos y trozos de varillas metálicas como las empleadas en la construcción para dar consistencia a las estructuras de hormigón. El coche-bomba, un Renault 19 rojo que había sido robado en el barrio de Fuencarral el 17 de agosto, estaba aparcado en la avenida Badajoz, en el cruce de ésta con la calle Torrelaguna, cerca de una parada de autobús y de una sucursal bancaria, en el barrio de La Concepción.
La zona escogida para situar la bomba era un punto del recorrido diario que hacía el coche del general José Francisco de Querol, ya que el domicilio de éste estaba situado en la calle Torrelaguna. El magistrado caminaba varias decenas de metros hasta reunirse con su chófer para tomar el vehículo oficial y dirigirse al trabajo. A menos de cien metros del lugar de la explosión se encontraban un centro de atención a la infancia y un colegio, por lo que la zona era transitada habitualmente por niños. Los terroristas accionaron la bomba mediante un mando a distancia en el momento en que el coche en el que viajaban las víctimas, un Renault Megane que carecía tanto de blindaje como de inhibidores de frecuencia, se situó a la altura del Renault 19.
Los más de 35 kilos de dinamita provocaron una explosión de magnitudes descomunales, hiriendo a más de sesenta personas y provocando cuantiosos daños materiales. Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, conducido por Jesús Sánchez Martínez, quedó completamente destrozado debido a la onda expansiva y al incendio que se desató, quedando finalmente calcinado. Un edificio tuvo que ser desalojado por las Fuerzas de Seguridad, después de que siete de sus plantas se vieran afectadas por la terrible explosión. Varias decenas de vehículos, medio millar de viviendas de tres bloques distintos de edificios y decenas de comercios en un radio de ciento cincuenta metros sufrieron desperfectos de algún tipo. El automóvil en el que viajaban José Francisco de Querol y Jesús Escudero, conducido por Armando Medina, quedaría convertido en un amasijo de hierros, completamente destrozado, después de volar literalmente por encima del autobús municipal.
Como en otros atentados de los asesinos etarras, la fortuna quiso que la tragedia no acabara convirtiéndose en una masacre sin precedentes. Al hecho de que la zona fuera un lugar de tránsito habitual de los niños que salían de los colegios próximos se unió la circunstancia de que, en el momento de la explosión, había numerosos transeúntes en las proximidades del coche-bomba. En el instante mismo de la explosión, el autobús municipal, en el que sólo viajaban seis pasajeros, se acababa de interponer entre el coche-bomba y los peatones, absorbiendo la mayor parte de la onda expansiva y convirtiéndose en un aterrador escenario del que los supervivientes trataban de huir por los huecos de las ventanillas.
La confusión generada por lo dantesco de la escena y el hecho de que los terroristas accionaran la bomba a distancia impidieron que hubiera testigos de la huida de éstos. Los heridos más graves, entre los que se encontraban una mujer embarazada y una niña de 11 años con fractura total de la tibia, fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos, mientras que el resto fue atendido en el mismo lugar del atentado por los sanitarios del SAMUR, que tuvieron que improvisar un hospital de campaña ante la gran cantidad de heridos. Hasta el lugar acudieron los bomberos, una decena de ambulancias y personal sanitario de varios lugares, como el centro de salud Canal de Panamá.
La esposa de José Francisco de Querol, María Josefa Orozco, sufrió una crisis nerviosa cuando le comunicaron la noticia del atentado y tuvo que ser trasladada a un centro sanitario. Baltasar Garzón, de guardia el día de la tragedia, fue el juez encargado de ordenar el levantamiento de los cadáveres del magistrado De Querol, Armando Medina y Jesús Escudero.
El hecho de que el coche robado hubiera sido sustraído más de dos meses antes del atentado confirmaba que ETA contaba con una notable infraestructura en la capital madrileña. La matrícula del Renault robado había sido troquelada con una máquina robada durante la última tregua-trampa de la banda terrorista. Respecto al modus operandi empleado contra el vehículo oficial del general De Querol, fuentes de la lucha antiterrorista manifestaron que posiblemente los terroristas accionaron la bomba desde una zona alta de la calle Torrelaguna, desde donde, además, había fácil acceso a la M-30 y a una estación de metro, que habría facilitado la huida de los asesinos.
El atentado fue interpretado como una consecuencia directa de la amenaza que había vertido poco antes el sanguinario etarra Francisco Múgica Garmendia, Pakito, a los jueces de la Audiencia Nacional: "Para nosotros todos vosotros sois Tagle". El terrorista hacía referencia con sus palabras al atentado contra la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle, asesinada a tiros por miembros de ETA el 12 de septiembre de 1989.
La catedral de Granada acogió el funeral en honor de Jesús Escudero ante casi dos mil personas. Hacía sólo tres semanas que Granada había sido testigo del asesinato a manos de ETA del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. La misa fue oficiada por el arzobispo Antonio Cañizares, que se refirió a los etarras con durísimas palabras de condena. El cuerpo de Jesús Escudero fue transportado en un avión militar, acompañado por el director general de la Policía, Juan Cotino, para su posterior entierro en el cementerio municipal de San José, en Granada. El Ayuntamiento de esta ciudad decretó tres días de luto oficial. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, fue el responsable de oficiar la misa en el funeral por las almas deArmando Medina Sánchez y José Francisco de Querol y Lombardero, un día después del atentado, en el Salón de Pasos Perdidos del Tribunal Supremo. Tras el funeral, los restos mortales de Armando Medina fueron trasladados al cementerio de La Almudena, donde tuvo lugar el entierro. También en el cementerio madrileño de La Almudena, en un acto íntimo, fueron inhumados los restos de José Francisco de Querol. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital decretaron dos días de luto oficial tras el atentado.
El mismo día del atentado se celebraron concentraciones espontáneas de repulsa en Madrid, Barcelona, Murcia y otras capitales españolas. Para el día siguiente, 31 de octubre, numerosos ayuntamientos, sindicatos, administraciones públicas, universidades y asociaciones como Gesto por la Paz convocaron cientos de actos de repulsa y condena a la violencia terrorista.
El rey Juan Carlos condenó el atentado y aseguró tener "la seguridad de que los asesinos pagarán, tarde o temprano, por sus crímenes". En el ámbito internacional, Nicole Fontaine, presidenta del Parlamento Europeo, dijo sentirse profundamente impresionada y afectada por el monstruoso atentado de la banda terrorista ETA, añadiendo que "por su voluntad de reaccionar a ciegas, por su falta de humanidad y por su comportamiento que no se puede calificar, los miembros de ETA han mostrado de nuevo su verdadera naturaleza, que consiste en destruir la vida y la democracia". Kofi Annan, secretario general de la ONU en esos momentos, condenó "enérgicamente" el terrorismo y expresó su "conmoción" ante la barbarie etarra.
El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tuvo duras palabras de condena no sólo hacia los terroristas, sino también hacia los partidos nacionalistas que en ese momento integraban el Gobierno vasco: Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco. Aznar rechazó cualquier opción posible de recuperar la unidad con dichos partidos, advirtiendo al PSOE que dicha unidad sería "imposible" porque tanto EA como el PNV "deben sus cargos a pactos con ETA", sosteniendo posturas incompatibles con la lucha contra la banda terrorista. El líder del Partido Popular preguntó retóricamente "¿Es posible la unidad con quienes deben sus cargos políticos a pactos escritos o no escritos con ETA? ¿Es posible la unidad con quienes deslegitiman el Estado de derecho y legitiman la violencia?" y sobre los partidos nacionalistas gobernantes manifestó, sin dejar lugar a dudas, que "no se puede lograr la unidad con quienes creen a los terroristas, hablan con ellos o se dicen sus amigos. O con aquellos que condenan los asesinatos un día y al siguiente lo legitiman con sus actos [...] Ya sabemos lo que duran las condolencias. Lo que se tarda en dar un pésame [...] ¿Se puede lograr la unidad con quienes deslegitiman de ese modo el Estado de derecho y legitiman la violencia? ¿Se puede trabajar por la unidad con quienes llaman desalmados a los servidores de un Estado del que se dice que además viola los derechos humanos?".
Juan María Uriarte, obispo de San Sebastián, condenó el atentado e hizo un llamamiento a ETA para que pusiera "término a tanto dolor". Por su parte Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao fue más allá y dirigió su condena no sólo a los asesinos, sino también "a los que los encubren y los justifican".
Los miembros del brazo político de ETA hicieron gala una vez más de su deplorable demagogia y de su más absoluto desprecio por las víctimas del terrorismo, equiparando de la forma más vil a víctimas y verdugos. Joseba Permach, portavoz de Euskal Herritarrok,  comparó la muerte de Jesús Escudero, José Francisco de Querol y Armando Medina con la de los etarras Urko Gerrikagoitia, Zigor Aranbarri, Francisco Rementeria y Ekain Ruiz, fallecidos en agosto de 2000 al estallarles el coche la bomba que, según la propia ETA, iban a utilizar para cometer un atentado.
Durante la tregua-trampa decretada por ETA en 1998 la banda terrorista aprovechó para reorganizar varios de sus grupos operativos. En noviembre de 1999 ETA volvía a asesinar y varios de sus grupos iniciaban una macabra campaña de atentados contra jueces, fiscales y personalidades del mundo jurídico en general. Numerosos etarras estuvieron dedicados a vigilar a posibles objetivos y a recabar información de éstos. Los miembros del grupo Madrid y los del grupo Buro Ahuste centraron su actividad en esa auténtica cacería de personas dedicadas profesionalmente al mundo del Derecho. El atentado contra el general togado José Francisco de Querol estaba enmarcado en esa sangrienta campaña de la banda terrorista, de forma que aunque sólo un terrorista accionó el mando a distancia que activó la bomba, fueron muchos los que, de una forma u otra, participaron en las labores de vigilancia y obtención de información para llevar a cabo tanto éste como otros atentados de la misma época.
En noviembre de 2001 la Policía detenía a Ana Belén Egües, alias Dolores, responsable máxima del grupo Madrid de ETA en esas fechas. Ana Belén Egües, que fue durante cinco años como concejal de Herri Batasuna, había participado en todos los atentados cometidos por ETA en Madrid desde enero de 2000 hasta el momento de su detención. Según la propia Egües, la única acción en la que no había actuado fue la colocación de un coche-bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas. Ana Belén Egües se encargó de la planificación y la dirección del atentado que le costó la vida al policía Jesús Escudero, al chófer Armando Medina, al magistrado José Francisco de Querol y, días más tarde, al conductor de autobús Jesús Sánchez. Egües fue detenida junto con el también etarra Aitor García Aliaga en noviembre de 2001 después de que, días antes, cometieran un atentado con coche-bomba. La detención fue posible gracias a un ciudadano anónimo que los siguió durante quince minutos y dio aviso a la Policía. El Ministerio Fiscal solicitaba para Ana Belén Egües prisión incondicional por diez delitos de asesinato consumado, tres delitos de asesinato en grado de tentativa y siete de conspiración para el asesinato, así como pertenencia a banda armada, depósito de armas y de explosivos, falsificación de documento oficial y sustracción de vehículos. En octubre de 2005 la Audiencia Nacional condenaba a Ana Belén Egües Gurruchaga y a Aitor García Aliaga a 1042 años de cárcel, estimando que la petición de la Fiscalía de los siete delitos de conspiración para el asesinato no era procedente, debido a que el grupo Madrid contaba con numerosos miembros que podrían haber recabado la información necesaria para cometer algunos de los atentados llevados a cabo por la banda, no estando probado que esta labor hubiese corrido a cargo de Egües y García Aliaga. La sentencia sí consideraba probado que ETA había utilizado la tregua de 1998 para rearmarse y reorganizar sus grupos operativos.
En junio de 2006, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaba al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la reapertura del caso del asesinato del general De Querol. En las declaraciones iniciales de Ana Belén Egües, ésta había testificado que los etarras Gorka Palacios Aldai y Juan Luis Rubenach Roig habían participado directamente en la comisión del atentado y les había reconocido en fotografías. El segundo era responsable de "logística operativa" de la banda. Sin embargo, en su declaración judicial Egües desmintió dichas acusaciones, alegando haber sido golpeada durante el primer día de su detención. La terrorista se negó a declarar ante Grande-Marlaska, quien dirigió una comisión rogatoria a las autoridades francesas para poder interrogar a Rubenach y Palacios por el atentado cometido contra De Querol. Éstos habían sido detenidos en Pau (Francia) en diciembre de 2003.
La exconcejal batasuna Ana Belén Egües, con uno de los historiales más sangrientos de la banda terrorista ETA, actúa desde 2006 como portavoz de los presos etarras, permitiéndose hablar de amnistías y condiciones para el diálogo, cuando hace tan sólo tres años, en julio de 2008, se jactaba ante los jueces de que haber colaborado con el grupo de ETA al que pertenecía Iñaki de Juana Chaos había sido "un honor" para ella.
Por otra parte, en abril de 2003 la Audiencia Nacional condenaba a nueve años y medio de cárcel a Nerea Garro y Ainara Esteranz, acusadas de formar parte del grupo Madrid y de haberse desplazado en octubre de 2000 a la capital para recabar datos sobre objetivos de ETA, semanas antes del atentado contra De Querol.
En junio de 2007 la Policía Montada de Canadá detenía en Quebec a Iván Apaolaza Sancho, acusado de formar parte del grupo Buro Ahuste –junto con la propia Ana Belén Egües, Gorka Palacios y Javier Abaunza– en las fechas en las que se produjo el atentado contra el magistrado José Francisco de Querol. El 17 de octubre de 2011 comenzaba el juicio contra varios de esos miembros del grupo Buro Ahuste, acusados de numerosos crímenes cometidos tras el final de la tregua-trampa de 1998. Entre éstos estaban Juan Antonio Olarra Guridi, Oier Goitia Abadía y los ya citados Ivan Apaolaza Sancho y Gorka Palacios Aldai. La Fiscalía ha pedido 1015 años de prisión para Olarra Guridi, 55 para Iván Apaolaza, 45 para Gorka Palacios y 20 para Goitia Guridi.
Jesús Escudero García, policía nacional de 53 años y natural de Colomera (Granada), estaba casado con Ana María Turpín y tenía cuatro hijos de entre 23 y 27 años. Aunque tenía un destino fijo en el Grupo de Informes de la Brigada de Policía Judicial de Granada, llevaba varios meses trabajando como escolta de fiscales y jueces en diversas ciudades españolas para redondear su salario y poder financiar las carreras universitarias de varios de sus hijos. Jesús había solicitado el traslado a Madrid para estar cerca de uno de sus hijos, el mayor de los cuatro, y ayudarle en la búsqueda de piso, ya que el trabajo del muchacho, ingeniero electrónico, no le dejaba tiempo libre suficiente. Llevaba treinta y un años sirviendo en el Cuerpo Nacional de Policía, estando próximo a la jubilación cuando fue asesinado, y estaba afiliado al Sindicato Unificado de Policía (SUP). El secretario provincial de este sindicato en Granada, Pedro Cuadra, definió a Jesús Escudero como "un gran amigo y un gran compañero". Los compañeros de Jesús manifestaron su indignación tras el atentado por las deficientes medidas de seguridad con las que policías como él tenían que desarrollar su trabajo, sin inhibidores ni coches blindados. El SUP, UGT y CCOO convocaron una manifestación en la capital granadina como muestra de repulsa al atentado, mientras que el Ayuntamiento puso a disposición de la familia del policía asesinado un equipo de psicólogos para ayudarles a superar la situación en la que se vieron sumidos tras el asesinato de Jesús. De acuerdo con el Real Decreto 308/2005 de 18 de marzo de 2005, Jesús Escudero fue ascendido a título póstumo y con carácter honorífico al puesto de Oficial de Policía. Las autoridades granadinas decidieron darle el nombre de Jesús Escudero a una de sus plazas y, en 2003, hicieron entrega a la familia del policía asesinado de la Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad de Granada, a título póstumo.
El general togado José Francisco de Querol y Lombardero tenía 69 años y había nacido en Cartagena (Murcia) el 30 de noviembre de 1930. Estaba casadocon María Josefa Orozco y tenía cuatro hijos y varios nietos. En el momento de su asesinato era magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo y le faltaba un mes para alcanzar la jubilación. Desde 1988 era general consejero togado y había ingresado en la Sala Militar del Tribunal Supremo en 1992, pasando a la segunda reserva en su condición castrense. José Francisco de Querol pertenecía al Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa. Su vocación por el Derecho despertó ya en su juventud, siendo Murcia y Barcelona las ciudades en las que su inició su formación. Ingresó en la Armada como marinero pero, cuatro años después, su licenciatura le valió el salto a la escala de oficiales dentro del Cuerpo Jurídico de la Armada, en el que ingresó por oposición, con el número uno de su promoción, en diciembre de 1953. Entre los numerosos cargos que llegó a desempeñar a lo largo de su carrera están el de teniente fiscal, capitán vocal ponente en Auditoría, asesor jurídico en distintas comandancias de Marina, juez togado, director de Justicia de la Armada, general auditor de la Armada, juez marítimo permanente en Ferrol y Bilbao y auditor de la zona marítima del Cantábrico. En 1988, a la edad de 58 años, José Francisco de Querol y Lombardero obtenía la graduación de general consejero togado.
La Revista Española de Derecho Militar, editada por el Ministerio de Defensa, dedicaba su ejemplar del primer semestre de 2001 a la memoria de José Francisco de Querol. En ella, el presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, José María Ruiz-Jarabo Ferrán, se refería al militar con estas palabras:
Yo definiría a Querol, sobre todo, como un hombre de bien, con una extraordinaria bondad natural, que vivía totalmente entregado a su familia, a Pepita, su mujer, a sus cuatro hijos, a sus nietos [...] siempre su familia era una constante en su vida. Pipo, como le llamábamos sus amigos, era un hombre de destacadas cualidades, un inagotable conversador –con gran sentido del humor– y un buen escritor [...] todo ello acompañado de una exquisita habilidad para el dibujo y la pintura [...] Su trato fácil y su talante conciliador, trabajador y discreto, fueron siempre constantes en su hacer profesional.
En 2005 José Francisco de Querol y Lombardero fue ascendido a título póstumo al puesto de Teniente General. También a título póstumo las autoridades decidieron otorgarle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo amarillo, la Gran Cruz de la Real Orden del Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y la Gran Cruz de la Real Orden de San Raimundo de Peñafort, que se sumaban a las condecoraciones que ya había recibido en vida, entre las que se contaban la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, las Tres Cruces del Mérito Naval con distinto blanco y la Cruz, la Placa y la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como la Insignia de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de El Ferrol. En 2003 el Ministerio de Defensa decidió darle el nombre de José Francisco de Querol y Lombardero a un certamen en el que se premia a los mejores estudios de investigación jurídica relacionados con los temas de Defensa.
Armando Medina Sánchez, de 57 años y natural de Melilla, estaba casado y tenía un hijo de 30 años sirviendo en la Guardia Civil y destinado en el País Vasco. Armando trabajaba en el Parque Móvil del Estado desde hacía quince años y era el chófer de José Francisco de Querol desde 1998. Quedó adscrito a la Sala Quinta en 1997 y trabajaba para el Tribunal Supremo desde 1992. Armando Medina estaba afiliado al sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT). Tanto Comisiones Obreras como UGT convocaron paros de protesta en toda España como muestra de rechazo al terrorismo. Según los camareros del Bar Valencita, donde Armando paraba cada día para tomar el café antes de recoger al general De Querol, "era un hombre muy simpático y muy atento", amable con todo el mundo y que se interesaba por los problemas de la gente con la que trataba.

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