La Administración Pública española –incluyendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial– necesita profundas reformas, no solo recortes. Un buen ejemplo de esto lo proporciona la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de eliminar los sueldos de los diputados en 2013, pasando estos a cobrar solo dietas por asistencia a plenos y comisiones, que me parece una muy mala idea. No sé si la remuneración de los diputados de esa comunidad es adecuada o no, y si se considera que no lo es, se debería revisar el nivel. También su desempeño, si es necesario. No obstante, si queremos exigir a los representantes políticos que hagan bien su trabajo tenemos que pagarles un sueldo. Remuneración adecuada, transparencia y rendición de cuentas deberían ser las reglas principales. A estos efectos, quiero recordar a los lectores la entrada sobre asunto que escribió Antonio Cabrales en marzo de 2010, en la que destacaba que cuanto menos cobren, peores políticos tendremos (recomiendo también la discusión posterior).
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